Sentencia 4792 de septiembre 12 de 1996 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA

PERJUICIOS MATERIALES

POR LA MUERTE DE UNA PERSONA

EXTRACTOS: «Ha dicho la jurisprudencia de la Corte que la legislación colombiana consagra, en el título 34 del libro 4º del Código Civil, la responsabilidad por los delitos y las culpas, y de acuerdo con dicha normatividad, quien con una falta cause un perjuicio a otro está en la obligación de reparárselo. “La ley positiva, y con ella jurisprudencia y doctrina al unísono, dicen que el perjuicio es uno de los elementos esenciales y constitutivos de la responsabilidad civil, sin cuya existencia y demostración no nace a la vida jurídica la obligación indemnizatoria” (Cas. Civil de 26 de octubre de 1982). Y de conformidad con los principios regulativos de la carga de la prueba, “quien demanda indemnización del perjuicio que ha sufrido le incumbe demostrar, en todo caso, el daño cuya reparación depreca” y la extensión del perjuicio, puesto que la condena por tal aspecto no puede extenderse a más allá del detrimento patrimonial padecido por la víctima (Cas. Civ. de 10 de agosto de 1976). Con mayor precisión y distinguiendo los perjuicios morales de los materiales, la jurisprudencia ha dicho que si bien el fallador puede, para determinar la condena por perjuicios morales subjetivados, acudir al arbitrio judicium, tal criterio no puede extenderse y aplicarse a los perjuicios materiales y morales objetivados.

Precisamente, la Corte en sentencia de 5 de marzo de 1993, sobre el punto que se viene analizando, afirmó lo siguiente:

“Ahora bien, el arbitrio judicium que ha desarrollado la jurisprudencia de esta corporación, si bien se ha fundado en la potestad del juzgador para decidir en equidad la condena por perjuicios morales, de un lado, no lo ha hecho por fuera de las normas positivas sino con fundamento en ellas (C.C., art. 2341 y L. 153/887, art. 8º), y, de otro, sólo se ha aplicado a falta de norma legal expresa que precise la fijación cuantitativa. Es decir, se trata de una potestad especial que supone, de una parte, la prueba del daño moral, que, cuando proviene del daño material a la corporeidad humana, va ínsito en este último, y, de otra, la aplicación supletoria de las reglas directas de la equidad con fundamento en las características propias del daño, repercusiones intrínsecas, probabilidad de satisfacciones indirectas, etc. Pero ello no ocurre con el daño material, ni con el daño moral objetivado, que, precisamente por su exteriorización en la vida individual y social, no solamente es posible de apreciarse y establecerse por los medios legales, sino que también puede cuantificarse conforme con las reglas ordinarias. Luego, se repite, es absolutamente improcedente el arbitrio judicial, para la determinación libre o limitada del resarcimiento del daño material y el daño moral objetivado. Porque se trata de un asunto que física y jurídicamente necesita de prueba y cuya carga corresponde al actor, sin que pueda el juzgador sustraerse a ella, ni dejarla de aplicar”.

3. Ahora la vida del hombre es el primero y más importante derecho de la personalidad, y como tal está protegida por el ordenamiento jurídico, al igual que la salud, la integridad física, la libertad de actuar, la intimidad y el honor (entre otros) con idéntica connotación, cuya restricción (no obstante depender y estar subordinados a la vida) genera no sólo un agravio a la dignidad del hombre sino una privación de goce para la propia existencia que afecta de suyo un interés legítimo de la persona, ante el cual la ley no puede mostrarse indiferente.

La vida y los demás derechos subjetivos mencionados son, pues, bienes en sentido jurídico, tutelados por el derecho, mediante los cuales la persona obtiene satisfacciones y realizaciones materiales, espirituales y estéticas como ser viviente, bienes de la mayor importancia porque le permiten alcanzar su ideal como ser social sobre la tierra. Por lo mismo, la lesión de cualquiera de esos derechos personalísimos produce, consecuentemente, un daño, en cuya reparación toma interés el orden legal, interés frente al que no ha sido ajena la doctrina y la jurisprudencia universal, previendo al respecto distintas soluciones de alcance más o menos general, según que el perjuicio resultante lo sufra la propia víctima (daño directo) o que, por contragolpe, lo padezca un tercero (daño indirecto).

En el primer evento, se ha dicho que el ilícito afecta (cuando a ello hay lugar por no producirse la muerte de manera instantánea) delantera y primordialmente un interés intrínseco, no patrimonial, si bien es posible que en algunos casos pudiera afectar inclusive, de manera mediata, un interés pecuniario de la propia víctima “...que puede consistir en daño emergente (v. gr. para el caso de lesiones, todos los gastos de curación y convalecencia del ofendido) o lucro cesante (en el mismo caso, todas las ganancias que éste dejó de hacer hasta el día de su completo restablecimiento)” (Eduardo A. Zannoni, El daño en la responsabilidad civil, Astrea, 1982, pág. 108), y respecto de las ganancias que la víctima deja de obtener (lucro cesante) hasta el día de la liberación en los delitos contra la libertad individual. En el segundo caso (daño que sufre por contragolpe un tercero) el ilícito compromete mediatamente un interés económico, al quedar el tercero privado de un ingreso de ese linaje (generalmente por lucro cesante) a consecuencia de la afección que sufre la víctima, y para cuyo resarcimiento éste deberá demostrar la ayuda económica efectiva recibida de aquélla.

En armonía, pues, con lo que viene de verse, los derechos subjetivos de la personalidad y en particular la “vida humana”, aun cuando son, como se dijo, bienes jurídicos protegidos por el ordenamiento, de ellos sólo cabe predicar que tienen contenido económico en la medida en que el goce o cabal disfrute de la misma le otorgue mediatamente a la misma ventajas de esa naturaleza, al vincular su existencia a los roles de una actividad productiva, pues cual lo precisa con acierto Adriano De Cupis es en el ámbito de la reparación de los daños no patrimoniales en donde debe situarse la pérdida del “valor vida” (El daño, Editorial Bosch, pág. 366).

Ello significa, entonces, que para que tenga lugar el daño patrimonial mediato de la víctima (cuando a ello haya lugar) por el hecho ilícito que afecta sus derechos subjetivos, es preciso que ésta (la víctima) haya tenido ingresos económicos ciertos al momento de producirse esa violación, que por esa circunstancia desaparecen, cesan o se disminuyen temporalmente mientras perseveran los efectos de la ilicitud. La misma exigencia cabe predicar, por consiguiente, para la configuración del daño patrimonial experimentado de contragolpe por un tercero por cuanto éste sólo se podría dar en la medida en que el hecho dañoso ocurrido a la víctima representara así mismo para él un perjuicio de esa estirpe, lo cual tendría lugar sin ninguna duda en el evento en que dicho tercero se viera privado de recibir la participación proporcional que en los ingresos de la víctima tenía.

Entonces, para que la pérdida de la “vida misma”, en particular, pueda ser retribuida como perjuicio mediato sufrido (de contragolpe) por un tercero, que en procura de su resarcimiento actúa iure proprio, éste tendrá que acreditar en qué consiste su interés y, consecuentemente, cuál el significado económico en concreto que para él tenía la vida de la víctima, por cuanto la pérdida de la existencia humana únicamente puede ser indemnizada como daño patrimonial en cuanto irrogue, según lo indicado, un detrimento económico para él. El daño patrimonial por la pérdida de la “vida humana” se da así como resultado de ser ésta (para dicho tercero) una fuente de posibilidades económicas ciertas pero frustradas con la muerte de la víctima, y no simplemente porque la vida, en sí misma considerada, tenga un valor económico determinado.

Del mismo criterio es, entre otros doctrinantes, Jorge Bustamante Alsina, para quien:

“La vida es potencialmente una fuente de ingresos económicos y de ventajas patrimoniales susceptibles de formar un capital productivo. En este sentido puede decirse que la vida tiene un valor económico para quien durante su existencia despliega una actividad lucrativa, pero esa vida no está en el comercio para ser vendida, permutada o alquilada, no vale por sí misma sino por los frutos que la actividad humana produce. Una vida al extinguirse no ocasiona perjuicio a quien fuera portador de ella durante su existencia, y ello es así simplemente porque la muerte determina el fin de la persona; de suerte que no habrá ya sujeto titular de un supuesto resarcimiento” (responsabilidad civil y otros estudios, tomo II, Abeledo-Perrot, págs. 31 y 32).

Esta corporación, en sentencia de 27 de septiembre de 1946, dejó consignadas sobre el mismo aspecto las reflexiones siguientes:

“En lo que respecta a perjuicios materiales habrá de decirse que no los constituye la vida en sí misma, sino los resultados de orden patrimonial que se derivan de su eliminación o su quebranto. Sería atentar contra los sentimientos de la naturaleza humana, afirmar que por la sola muerte de una persona sus parientes son acreedores al pago de perjuicios materiales, como si la vida de un hombre, a semejanza de la de un animal o de cualquier cosa, pudiera ser objeto del derecho, como ocurría en siglos ya abolidos en que el esclavo se apreciaba en dinero como una de tantas mercancías.

Con todo, la desaparición de una persona puede causar perjuicios materiales, comprendidos en el daño emergente y el lucro cesante con relación a quienes se ven privados de la ayuda económica que les proporcionaba la víctima de un siniestro”.

De manera que cuando el tribunal, en el caso a estudio, negó la indemnización de los actores por concepto de perjuicios materiales y morales objetivados aduciendo que ellos no probaron que esos perjuicios les hubieran sobrevenido como consecuencia de la muerte de la víctima, dicho sentenciador no incurrió en quebranto directo alguno de normas de derecho sustancial, mayormente cuando en el caso particular de este proceso la víctima no estaba recibiendo ningún ingreso económico al momento de su muerte, y habida cuenta además que el hecho comprobado de su corta o exigua edad impedía inclusive, como lo entendió sin duda el tribunal, abrigar la posibilidad de dar cabida siquiera, como tema a considerar, al fenómeno de la “pérdida de una oportunidad”, pues en verdad, ante tal circunstancia, el perjuicio sería meramente hipotético o eventual, es decir ubicado en el campo de lo incierto».

(Sentencia de casación, septiembre 12 de 1996. Expediente 4792. Magistrado Ponente: Nicolás Bechara Simancas).

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