Sentencia 4797 de mayo 20 de 1992 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SECCIÓN PRIMERA

INTERESES SOBRE LA CESANTÍA

APLICACIÓN DE LA SANCIÓN POR MORA

EXTRACTOS: «Se endereza el cargo por la vía directa y acusa al Tribunal de haber violado por interpretación errónea, al haberlo aplicado automáticamente, el artículo 1º de la Ley 52 de 1975, pues haciendo caso omiso de los elementos evidenciadores de buena fe del empleador, que le dieron base al ad quem para absolverlo de la indemnización moratoria que consagra el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, impuso, sin embargo, la que por el no pago oportuno de los intereses de la cesantía, establece aquella disposición legal.

Ha sido, ciertamente posición uniforme de la Sala Laboral de la Corte la de que al aplicarse automáticamente la indemnización que contempla el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo (o en su caso, el 1º del D. 797/49), es decir, sin examinarse por el fallador el aspecto subjetivo del empleador que omite o retarda el pago oportuno de salarios y prestaciones del trabajador cuando la relación laboral se extingue, se produce una infracción de la ley por el concepto de la interpretación errónea. Así, por ejemplo, expresó esta sección el 19 de octubre de 1982:

“La jurisprudencia de la Sala ha aceptado, como lo recuerda el censor, que la aplicación automática de las normas que consagran salarios moratorias (C.S. del T., art. 65 y D. 797/49, art. 1º) equivale a una interpretación equivocada de dichas normas, por cuanto no tiene en cuenta el elemento de buena o mala fe en la conducta del patrono incumplido o moroso”.

Y también lo dijo la Sección Segunda el 7 de febrero de 1990:

“Como se ve, el sentenciador incurre en la errónea interpretación legal que le imputa el cargo, por cuanto apartándose del genuino sentido del artículo 1º del Decreto 797 de 1949, omitió valorar la conducta patronal antes de aplicar la sanción allí prevista, siendo que la jurisprudencia tiene dicho que para imponer la carga moratoria es menester establecer previamente si el patrono deudor actuó o no de buena fe. Precisamente no estudiar este comportamiento y hacerle producir efectos a la norma aludida sin consideración a él, es lo que se ha dado en llamar la “aplicación automática”, como forma de interpretación errónea del texto sustancial.

Lo anterior se ha dicho las más de las veces respecto del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, pero como se sabe lo que se predique de esta última disposición puede igualmente decirse del artículo 1º del Decreto 797 de 1949, que reglamenta el artículo 11 de la Ley 6ª de 1945 en lo atinente a la indemnización moratoria”.

Pero lo que hasta ahora no ha dicho de manera expresa la jurisprudencia de esta corporación es que para imponer la indemnización derivada del no pago o del realizado tardíamente, de los intereses de la cesantía, conforme al artículo 1º, ordinal 3º de la Ley 52 de 1975, deba consultarse igual criterio jurisprudencial que el referido —el análisis del aspecto subjetivo del deudor incumplido.

Es propicia, entonces, la ocasión para que la Corte establezca la posición de la jurisprudencia al respecto.

El ordinal 3º del artículo 1º de la Ley 52 de 1975 expresa:

“3. Si el patrono no pagare al trabajador los intereses aquí establecidos, salvo los casos de retención autorizados por la ley o convenidos por las partes, deberá cancelar al asalariado, a título de indemnización y por una sola vez, un valor adicional igual al de los intereses causados”.

Es evidente, a primera vista, el carácter de carga moratoria que contempla la norma transcrita, idéntico al establecido en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo (y en el 1º del D. 797/49; y, según lo tiene dicho también esta corporación en repetidas oportunidades, en el 8º de la L. 10/72), pues en ambas disposiciones aparece claro que la causación de la indemnización se produce o es consecuencia del no pago en su oportunidad de determinadas obligaciones laborales en favor del trabajador. Así, pues, ambas suponen una conducta omisiva, negligente o descuidada del empleador frente a su trabajador y constituyen, así mismo, sin duda, herramientas concebidas por el legislador como adecuadas para restablecer el equilibrio jurídico alterado por aquella conducta.

La Corte ha insistido repetidamente en que para la imposición de la condena establecida en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, es indispensable analizar la conducta del empleador al no pagar en el momento de la terminación del contrato de trabajo el valor de los salarios y prestaciones que deba a su trabajador. Lo que no puede, por demás, ser de otro modo si se recuerda la intención de la comisión redactora del código en lo pertinente a la norma en mención, la cual expresó:

“La fórmula que pudiera adoptarse debía consignar la doctrina sentada por el Tribunal Supremo del Trabajo, conforme a la cual, para establecer la sanción a cargo del patrono debe estudiarse si éste ha obrado o no de buena fe, eximiéndolo de ella en su primer caso”.

Igualmente, en sentencia del 9 de abril de 1959, dijo esta Sala de la Corte:

“... el entendimiento del artículo 65 (del C.S. del T.) conlleva a la luz de la jurisprudencia la apreciación de los elementos subjetivos de mala fe o de buena fe para la aplicación de la norma. La sanción por ella consagrada no opera de plano sobre los casos de supuestas prestaciones sociales no satisfechas por el patrono, ya que tal indiscriminada imposición de la pena pecuniaria entrañaría, en muchos casos, una tremenda aberración contraria a las normas del derecho que proponen el castigo como correctivo de la temeridad, como recíproco del ánimo doloso” (G.J., t. XC, Nº 2210, pág. 424. El paréntesis no es del original).

La semejanza de fines, de propósitos y aun del tenor literal entre los preceptos en referencia, en cuanto comportan una misma naturaleza normativa generadora de indemnizaciones moratorias, lleva necesariamente a concluir que la aplicación del relativo al no pago de intereses de la cesantía requiere o mejor exige, al igual que el caso del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, el examen del aspecto subjetivo del deudor incumplido, de su buena o mala fe, para eximirlo de la sanción correspondiente, en el primer caso, o imponérsela, en el segundo. Y así puede decirse, entonces, que aquélla, al igual que ésta, no es de aplicación automática.

Pero también implica la conclusión anterior, que en el caso del artículo 1º de la Ley 52 de 1975 —como en el del artículo 65 del Código Laboral y en los demás similares mencionados— la mala fe del patrono incumplido se presume y a él, en consecuencia, le corresponde probar —si quiere liberarse de la consecuencia gravosa que le impone la ley— su buena fe, sustentada en actos que cabalmente la demuestren.

Es que, además, no es lógico que si por efecto de la comprobación de buena fe en su actuar, un empleador se ve liberado de la carga pecuniaria consecuente al incumplimiento de unos débitos laborales, se le imponga, sin embargo, otra obligación derivada del no pago de otro concepto de la misma naturaleza, siendo que la situación fáctica dudosa afianzadora de su proceder de buena fe es común a todos los efectos jurídicos de la relación judicialmente definida.

En el caso sub examine el ad quem halló plenamente acreditados en la actuación elementos demostrativos de buena fe en la empresa demandada, suficientes para exonerarla de la indemnización consagrada en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. Sin embargo, a consecuencia de la errónea interpretación del artículo 1º de la Ley 52 de 1975 —que el cargo denuncia certeramente y que lo hace que prospere— aplicó automáticamente la indemnización en el mismo precepto consagrada.

En consecuencia, se casará parcialmente la sentencia materia del recurso extraordinario en cuanto condenó a la demandada a la indemnización referida».

(Sentencia de mayo 20 de 1992. Radicación 4797. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Iván Palacio Palacio).

SALVAMENTO DE VOTO

EXTRACTOS: «El artículo 1º de la Ley 52 de 1975 creó el derecho y consiguiente obligación de los trabajadores y empleadores, respectivamente, a percibir y pagar intereses del 12% anual sobre los saldos que en 31 de diciembre de cada año, o en las fechas de retiro del trabajador o de liquidación parcial de cesantía, tenga éste a su favor por tal concepto.

Estos intereses son, entonces, el fruto civil del capital o patrimonio dinerario del trabajador en poder de su empleador que, desde luego, se beneficia de su manejo del que bien podría en cambio, beneficiarse el dueño de tenerlo en su poder.

Conceptualmente, en la teoría económica, el dinero es la mercancía que sirve de medida para la tasación del valor de las otras. Jurídicamente, un bien patrimonial susceptible de constituir objeto de transacciones comerciales, civiles, laborales, etc., ya a cambio de otros bienes, ya al facilitárselo alguien a otro para obtener como prestación el pago de un rédito o interés (es el caso del dinero de las cesantías consolidadas de los trabajadores en poder de los empleadores).

Teniendo en cuenta la precitada naturaleza del dinero, su función en el intercambio comercial y la facilidad de su inversión, el legislador reconoce, en general, su rentabilidad o aptitud para producir intereses que así constituyen los frutos civiles del dinero (C.C., art. 717) y, además puede establecer al respecto una serie de regulaciones que miran a varios fines, tales como el resarcimiento por el incumplimiento de las obligaciones a dinero, el de prefijar el monto anticipado de los intereses adicionales en la forma regulada en el artículo 1º de la Ley 52 de 1975 y en especial en su ordinal 3º.

Se tiene, entonces, que es la disposición legal de donde deviene la regulación indemnizatoria pertinente que recoge la situación relativa a los beneficios del empleador en la utilización del dinero de la cesantía de los trabajadores en compensación del derecho de éstos a percibir los frutos civiles de este patrimonio dinerario.

Siendo esto así, procede pensar en la presunción según la cual todo el mundo conoce la ley desde que esté en observancia (C.C., art. 9º y CPM, art. 56) que obviamente se proclama respecto de los jueces, ante quienes así sólo hay que acreditar los hechos constitutivos de las situaciones fácticas que sirven de presupuesto para la aplicación de aquélla (L. 52/75, art. 1º, ord. 3º).

Por tanto, cuando en materia laboral hay lugar al pago de los intereses sobre la cesantía fijados por el artículo 1º de la Ley 52 de 1975, sin que éstos se cubran oportunamente, la liquidación anticipada de perjuicios consagrada en su ordinal 3º de la norma en mención, opera o procede de jure, sin consideración a situaciones extrañas como la buena o mala fe del objetivamente aprovechado o beneficiado del dinero de la cesantía del trabajador sin que éste, su dueño, reciba lo que en derecho le corresponde.

Esto es lo que manda la equidad, nota y guía de toda hermenéutica jurídica. Agrégase a esta razón superior que, conforme a la tradición del derecho latino, el deudor doloso (de mala fe) es responsable aun de los perjuicios imprevisibles (C.C., art. 1616) y que la mora hace responsable al deudor hasta del caso fortuito sobreviniente (C.C., art. 1604) “pues solución contraria no se compadecería con el régimen general de la mora”. En tanto que el resarcimiento del artículo 1º ordinal 3º de la Ley 52 de 1975, limitado al doble de los intereses insolutos opera independientemente de la conducta dolosa o de mala fe del deudor pues de ser así, con arreglo a las disposiciones citadas, respondería más allá de lo establecido o sea, los intereses doblados para llegar a los perjuicios imprevisibles y/o hasta el caso fortuito sobreviniente.

(...).

Las normas legales citadas y los planteamientos sobre la teoría general de la mora en sus distintas formas e incluso la atinente a la del pago de los intereses sobre la cesantía, en relación con la indemnización por su falta de pago oportuno, dentro de la hermenéutica finalista de la ley y el debido rigor lógico-jurídico conducen a pensar en su procedencia de jure, independiente de la buena o mala fe del deudor pues este aspecto conduciría, según se ha examinado, a la imposición de la condena en perjuicios más allá de los imprevisibles con arreglo al artículo 1616 del Código Civil que no son de la estirpe de los que consagra el artículo 1º de la Ley 52 de 1975 limitados en su regulación a los intereses doblados y, por supuesto, también distintos a los consagrados en el artículo 1604 de la misma obra en cuanto van hasta el caso fortuito sobreviniente.

En suma, dada la naturaleza objetiva de la indemnización por la falta de pago de los intereses sobre la cesantía, considero desacertada la interpretación integrada de los artículos 1º de la Ley 52 de 1975 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo, que aunque de similar redacción tienen distintas teleologías, como se ha examinado, no sin manifestar que se hace total abstracción hermenéutica del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, por no ser del caso en el sub examine.

En los términos anteriores dejo sustentado mi salvamento de voto y la disconformidad con la sentencia de la referencia en lo pertinente».

Ramón Zúñiga Valverde 

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