Sentencia 48045 de octubre 22 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 48045

SL 769-2013

Magistrada Ponente:

Dra. Elsy del Pilar Cuello Calderón

Acta 34

Bogotá. D.C., veintidós de octubre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Recurso de casación

Interpuesto por la parte demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, aspira a que se case la sentencia y, en sede de instancia se confirme la del Juzgado. Formula un cargo que tuvo réplica oportuna.

Acusa la sentencia de violar los “artículos 53 y 230 de la Constitución Nacional que condujo a la infracción directa de los artículos 36 de la Ley 100 de 1993, artículos 5º, 6º y 10 del Acuerdo 49 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de ese mismo año... violentando la condición más beneficiosa para mi cliente y dejó de aplicar la ley más favorable en este caso el artículo 6º del Acuerdo 49 de 1990”.

Concreta la acusación en que Romo Escobar satisfizo 675 semanas antes de la calificación de la invalidez, de forma que cumple las exigencias del citado Acuerdo 49 de 1990.

Transcribe un trozo de la sentencia de esta Sala, radicado 33760 de 21 de agosto de 2008, en la que se alude al principio de la condición más beneficiosa y recalca que ese debió ser el soporte para acceder a la prestación de la invalidez reclamada.

La réplica

Pide desestimar el cargo, en tanto al fundarse su reclamo en la falta de aplicación del principio de condición más beneficiosa debió acudir a la modalidad de interpretación errónea y no a la de infracción directa.

Afirma que de conformidad con lo puntualizado por esta Sala, no es posible aplicar el principio de la condición más beneficiosa cuando la contingencia ocurre en vigencia de la Ley 860 de 2003. En su apoyo cita la sentencia de esta Sala, radicado 27892 de 31 de julio de 2006, y la 32681 de 17 de junio de 2008.

Se considera

Dada la vía directa escogida, se parte de la total conformidad de la censura con los supuestos de hecho que encontró probados el tribunal, según los cuales el actor perdió la capacidad laboral en un 67,90% con fecha de estructuración de 15 de octubre de 2004; no cotizó 50 semanas dentro de los 3 años anteriores a la citada fecha, ni 26 en el año antecedente y que cotizó al Instituto de Seguros Sociales hasta el 31 de diciembre de 1994 un total de 675 semanas.

La discusión estriba en la viabilidad de aplicar el artículo 6º del Decreto 758 de 1990, que el censor estima infringido directamente, en tanto no se utilizó para resolver el caso, fundado en la aplicación del principio de condición más beneficiosa, que a voces de la sentencia del tribunal no es admisible cuando la contingencia ocurre en vigor de las leyes 797 y 860 de 2003, amparado en jurisprudencia de la Corte que así lo indicaba.

Es verdad que la mayoría de esta Sala, modificó la postura, en lo relativo a la aplicación del citado principio, para en su lugar admitirla, previo estudio de cada circunstancia particular, y así lo dejó consignado en la sentencia 35319 de 8 de mayo de 2012:

“La nueva composición de la Sala, pero con los argumentos que acá se exponen, permiten precisar que los cambios legislativos no pueden aniquilar el derecho pensional de quien empezó a cotizar bajo la égida de una disposición garantista y ante la ocurrencia del riesgo en otra normativa mucho más exigente, ve frustrada su prestación.

“En efecto, aun cuando es verdad que existe reserva legal del Congreso en materia, no solo de regímenes de transición, sino de toda la regulación estructural y sistémica de la seguridad social, de acuerdo con el artículo 48 de la Carta de 1991, lo cierto es que tal potestad regulatoria excluyente no se opone al papel del juez, quien está facultado y, además, obligado, a darle el cabal sentido a las normas cuando ellas son insuficientes, oscuras o dudosas, evento en los que puede acudir a los principios generales e integradores del ordenamiento jurídico, función que ha de desempeñar dentro del Estado social de derecho.

“El papel del juez se hace más patente en materia de derechos sociales, como el que aquí se trae a colación, pues su materialización está intrínsecamente ligada a la preponderancia que también realice en acompañamiento de principios inspiradores dado que, por virtud de normas constitucionales y tratados internacionales, poseen una fuerza vinculante reforzada.

“A tales postulados no escapa la materia pensional, que, desde la promulgación de la Ley 100 de 1993, sufrió una profunda transformación, en la medida en que el Legislador estableció un sistema dual o mixto de pensiones, en el que coexiste el anteriormente vigente de reparto simple, con un fondo común en el que la solidaridad entre las personas y las generaciones es elemento preponderante, con otro orientado por un criterio individualista y organizado bajo una técnica de capitalización de las contribuciones. A más de eso, mantuvo otros regímenes especiales, que no vienen al caso.

“En ese orden, la perspectiva con la que ha de mirarse la normativa pensional y su aplicación en un caso concreto no puede reducirse, a la escueta construcción de un silogismo lógico en el que, dada una premisa mayor de la norma formal vigente, en la cual se contiene un supuesto fáctico, si la premisa menor coincide con el hecho subsumido en la ley, deba hacerse efectiva la consecuencia que en abstracto la regla predica. Ahí está la razón por la cual el legislador tiene en cuenta valores y principios sociales que permitan dotar de justicia a la norma jurídica que la Constitución le ha encargado crear.

“Por esta potísima razón, el juzgador debe asumir un enfoque multidimensional de ella, a fin de armonizarla en el contexto general del orden jurídico, alejándose de su aplicación mecánica que, a su vez, evite la posibilidad de efectos manifiestamente nocivos, por injustos o absurdos. Es en este sentido, en el cual debe enmarcarse la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia con relación al tema reseñado y que, a no dudarlo, emerge con contenido propio del principio protector de las normas de la seguridad social, así como de los postulados consagrados en la Constitución Política, y en particular de su artículo 53 que prohíbe el menoscabo de los derechos sociales.

“En ese contexto, la aplicación de principios responde a la naturaleza irrenunciable del derecho de la seguridad social, y a los valores de solidaridad, universalidad y progresividad de su cobertura, inspiradores del sistema integral adoptado en Colombia desde la Constitución de 1991.

(...).

“Los aludidos preceptos deontológicos surgen de las disposiciones del orden jurídico vigente, tanto de rango legal como supralegal, en la específica materia de la seguridad social. En efecto, la Constitución consagra el derecho fundamental de la seguridad social en su artículo 48; la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada el 10 de diciembre de 1948 establece en su artículo 22 que toda “persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social”.

“De esta garantía de orden prestacional y, por lo mismo, sujeta a las condiciones económicas y legales de cada Nación, fluyen derechos que, una vez consolidados, no pueden ser desconocidos ni aún en estados de excepción (C.N., art. 93), al igual que las reglas y principios contenidos en los tratados que sobre la materia ratifique el Estado colombiano, las cuales prevalecen en el orden interno y sirven de pauta interpretativa de la normatividad nacional. En este sentido, cabe citar la decisión de la Sala, del 8 de julio de 2008 (rad. 30581) en la que se sostuvo:

“Es más, remitiéndose esta corporación a las fuentes y acuerdos vinculantes de índole internacional del derecho al trabajo, incorporados a nuestro ordenamiento interno como Estado miembro a través de la ratificación de los respectivos convenios o tratados internacionales en los términos de los artículos 53, 93 y 94 de la Carta Política, y que pasan a integrar el bloque de constitucionalidad, es dable destacar que los mandatos de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, no se oponen a la aplicación de la condición más beneficiosa y por el contrario son compatibles con la orientación que a esta precisa temática le viene dando la Sala, al señalar en el artículo 19-8 de la constitución de la OIT que <En ningún caso podrá considerarse que la adopción de un convenio o de una recomendación por la conferencia, o la ratificación de un convenio por cualquier miembro, menoscabará cualquier ley, sentencia, costumbre o acuerdo que garantice a los trabajadores condiciones más favorables que las que figuren en el convenio o en la recomendación> (resalta y subraya la Sala) (sic)”.

“Como se ve, la Constitución de la OIT plantea el tema en el plano de la sustitución de normas, y no necesariamente alude a derechos consolidados, sino también a garantías o condiciones establecidas en la ley modificada.

“Incluso debe indicarse que el Pacto de San José que contempla el compromiso de los Estados de lograr progresivamente la efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales, impone una estructura programática en torno al citado derecho, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos que en su artículo 26 contempla el compromiso “para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales”.

“De otro lado, el artículo 272 de la Ley 100 de 1993 estableció que los principios mínimos señalados en el 53 de la Constitución tienen “plena validez y eficacia” en materia de seguridad social. Esa alusión expresa de los principios constitucionales allí señalados, es la fuente donde se sustenta los principios laborales, y así no puede estimarse que sea un postulado exclusivo del “derecho del trabajo”, sino lógicamente aplicable a la seguridad social.

(...).

“Esas, entre otras razones, obligan a que el juzgador asuma un visión amplia, en la que la aplicación mecánica de la norma dé paso a la realización de los principios mínimos fundamentales, que se encuentran plasmados en la Constitución Política, que garantizan la seguridad social y la imposibilidad de su menoscabo, lo que respalda la Ley 100 de 1993, que en su artículo 3º, no solo dispone su ampliación, sino su progresividad, de modo que esas preceptivas deben irradiar, a no dudarlo, una prestación como la de la invalidez”.

De lo anterior se colige que esas mismas consideraciones se extienden inclusive a las situaciones ocurridas en vigor de la Ley 860 de 2003, en tanto no existe sustento para diferenciar la aplicación de los principios enunciados, por ello se equivocó el tribunal al descartar tajantemente la condición más beneficiosa; el cargo es fundado; sin embargo, ello no traduce en que Romo Escobar tenga derecho a la pensión de invalidez, pues es claro que no es admisible, para el amparo del reseñado principio, indagar en la historia legal para encuadrar el asunto, pues ese no es su propósito. Para el caso, la norma precedente a la Ley 860 es el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, que en su literal b), exige “Que habiendo dejado de cotizar al sistema hubiere efectuado aportes durante por lo menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se produzca el estado de invalidez”, de modo que si aquel no satisfizo esa exigencia, en tanto las semanas que cotizó, 675, fueron previas a 1995, no puede acudirse al artículo 6º del Decreto 758 de 1990 para regular su riesgo.

Por lo visto, el cargo aunque fundado no prospera. Sin costas en el recurso extraordinario.

Según la petición que obra a folios 38 y 39 del cuaderno de la Corte, acéptese como sustituta procesal del Instituto de Seguros Sociales a la Administradora Colombiana de Fondos de Pensiones y Cesantías Colpensiones, en los términos del artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a los procesos laborales y de la seguridad social, por expresa remisión del artículo 145 del CPL y la S.S.

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN LABORAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el 30 de abril de 2010, en el proceso que Alejandro Romo Escobar le promovió al Instituto de Seguros Sociales.

Sin costas en el recurso extraordinario.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen».