Sentencia 4810 de febrero 27 de 1992

CORTE SUPREMA .DE JUSTICIA

SALA DE CASACION LABORAL

SECCION PRIMERA

Rad. 4.810

Acta 5

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Iván Palacio Palacio

Santa fe de Bogotá D.C. veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y dos.

Resuelve la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto contra la sentencia del 31 de julio de 1991, dictada por el Tribunal Superior de Bogotá en el proceso de Jaime Torres Villarreal y la Asociación Nacional de Oficiales de la Marina Mercante Colombia, “Asommec”, contra la flota Mercante Grancolombiana S.A.

I. Antecedentes

1. Mediante demanda dirigida contra la Sociedad demandada a además contra el FONDO DE RETIRO DE EMPLEADOS GRANCOLOMBIANA “FOREGRAN”, los actores formularon como pretensiones, para Torres V: indemnización por despido, reembolso de dineros descontados de salarios y prestaciones, prima convencional de servicios, vacaciones convencionales del último año, indemnización moratoria, dineros depositados· en FOREGRAN y no pagados por razón de la calificación del despido, y costas; y para ASOMMEC, el valor de los perjuicios, que se le causaron por la violación de la convención realizada por la empresa, así como el de los perjuicios del actor, para cuyo cobro recibió delegación del mismo, y costas.

Como fundamento fáctico de sus pretensiones, los demandantes alegaron en síntesis:

El Capitán TORRES VILLARREAL prestó sus servicios a la empresa del 2 de julio de 1973 al 22 de octubre de 1982, cuando fue despedido en forma ilegal e injusta, por haber enviado una comunicación de denuncia al Presidente de la República y a otras altas autoridades y representantes de gremios y de la propia demandada, en obedecimiento de una consigna de lucha sindical por el incumplimiento por la Flota de una garantía convencional de sus trabajadores; impulsada por ASOMMEC, de la cual es miembro, comunicación que la empresa calificó constitutiva de injuria, maltratamiento y grave indisciplina contra su personal directivo. Que su último salario promedio fue de US$ 2.489.02 mensuales, Que la empresa ilegalmente le descontó de sus prestaciones US$2.703.50 por trabajos especiales efectuada dentro de la convención y US $ 72.61 por el sueldo de 22 de octubre de 1982; le retuvo sin causa alguna US $6.977.60 y le pagó deficitariamente la prima proporcional de servicios y de vacaciones, concepto que según la convención debían ser mayores. Que tanto el señor TORRES VILLARREAL como ASOMMEC derivaron perjuicios del desconocimiento por parte de la Flota de la Convención Colectiva.

En tiempo oportuno, la demandada dio contestación a la demanda, negó los hechos fundamentales de las pretensiones y lo relativo a la injusticia del despido, cuya calificación de justa reiteró. Del tiempo de servicios dijo no constarle el salario, atenerse a lo que se probara. Con abundancia de explicaciones, la empresa se opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso las excepciones de falta de jurisdicción o competencia, acumulación indebida de acciones y compensación, como previas; y como de fondo, las de pago total o parcial, en subsidio, prescripción extintiva, compensación, falta de legitimación en causa, “la constitucional” y la genérica.

El juicio fue tramitado por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito, el cual lo decidio en primera instancia con su fallo del 1º de Octubre de 1990, en el cual condenó a la Flota Mercante Grancolombiana a pagarle al demandante Jaime Torres Villarreal US $ 16.158 38 por concepto de indemnización por despido sin justa causa; US $ 2.703.50 y US$ 72.16 por salarios y prestaciones descontados al ex trabajador y US $ 76.58 diarios “desde la fecha del retiro hasta cuando se satisfagan las condenas aquí impuestas”, por indemnización moratoria. Absolvió a la demandada de las demás pretensiones del aludido demandante, así como de las deducidas por ASOMMEC para sí y para aquél. Impuso costas a cargo de la demandada.

Inconformes ambas partes, recurrieron en alzada y el Tribunal Superior de Bogotá, por medio de la sentencia objeto del recurso extraordinario, resolvió la apelación revocando íntegramente el fallo apelado y en su lugar, declarándose inhibido para resolver de mérito “ante la falta de presupuesto procesal de demanda en forma por indebida acumulación de pretensiones”. No condenó en costas.

II. El recurso extraordinario

En desacuerdo a la decisión de segundo grado, la parte actora interpuso el recurso extraordinario de casación, el cual solo fue admitido para TORRES VILLARREAL, no así para ASOMMEC. La Corte procede a decidir, agotado debidamente el trámite respectivo, con base en .la demanda de casación. No hubo réplica.

Alcance de la impugnación

Se propuso así:

“En pro de la transparencia de la justicia laboral y en defensa de los intereses que represento, pretendo el quebranto total de la sentencia objeto del presente recurso, por cuanto revocó la del a quo y, en su lugar, se declaró inhibido para conocer del fondo de la litis; y persigo esa casación total para que la H. Corte, en sede subsiguiente de instancia, MODIFIQUE el fallo del Juzgado en el sentido de aumentar la condena por indemnización moratoria en la cantidad de US$82.96 diarios a partir del 22 de octubre de 1.982 hasta cuando se produzca el pago total de las sumas retenidas por salarios y prestaciones, y se confirme en lo demás, con costas a cargo de la demandada, como es de rigor, tanto en las instancias como en el recurso extraordinario.

Con base en la causal primera del recurso extraordinario de casación en materia laboral, el impugnador formuló el siguiente.

Cargo único

“Por vía directa, la sentencia recurrida viola, por infracción directa, los artículos 476 del CST, y 57 de la Ley 2a de 1.984, 82, 140.7, inciso quinto in fine, 144, 4.5 y 6. 331 y 357 del CPC, en armenia con los artículos 32 y 145 del CPL; violaciones que produjeron la aplicación indebida (en la modalidad de la falta de su aplicación) de las reglas del derecho contenidas en los artículos 6º, 7º y 8º literal e): del numeral 4º del Decreto 2351 de 1.965 (Ley 48 de 1968 artículo 3º, hoy artículo 6º de la Ley 50 de 1990), 591., 127,135, 142, 149 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo.

Demostración

“Buscando a ultranza la manera de indisponer el interés jurídico de la parte actora, representada entonces por el Dr. Diaz Granados, la ponente, antes de cualquier análisis procesal, empieza afirmando que ‘no se dio cumplimiento a lo consagrado en el artículo 82 del CPC, por lo cual existe una inepta demanda por indebida acumulación de pretensiones’. Rememora que desde la contestación de la demanda la empresa propuso ésta excepción fundamentándola en que no solo se demandaba a la Flota Mercante sino también al Fondo de Retiro “Foregran”, personas jurídicas distintas, frente a las cuales no podía reclamarse la solidaridad. Recuerda que el a-quo declaró probada esta excepción, pero que su proveído fue revocado ‘por otra Sala de este Tribunal en decisión del 26 de Febrero de 1984 (Fl. 600 y ss)”.

“En efecto, en sesuda providencia del entonces Magistrado Dr. ARTURO LINARES ORTEGA, se dijo (fl 604): ‘Ahora bien, concretamente frente a la declaración de probada de la excepción de inepta demanda por pretensa acumulación indebida de pretensiones, que fue el aspecto resuelto por el Juez a-quo, se advierte, del estudio exhaustivo del libelo demandatorio en el sub-lite, que no se detecta incongruencia alguna entre las diversas pretensiones de la demanda ni menos incompatibilidad entre las mismas con virtualidad de impedir pronunciar una decisión o sentencia de mérito, pues evidentemente la controversia sobre la existencia o no de solidaridad laboral se hace derivar directa o indirectamente de una relación de trabajo que exige el estudio de los aspectos eminentemente sustanciales de la obligación solidaria cuyo reconocimiento judicial se impetra y no enervar la acción mediante una simple decisión incidental procesalmente hablando, como lo es la decisión de una excepción que aunque propuesta o formulada como previa, no tiene el carácter de tal, de acuerdo con los elementos formales de la demanda que debe limitarse el Juez a revisar y controlar”.

“Por tal motivo la indebida acumulación de pretensiones alegada, fue revocada. Pero aun si hubiera sido oportuno estudiar el fondo del asunto, había necesidad de haber tenido en cuenta que el FOREGRAN es un fondo de ahorro interno y exclusivo creado en la Flota para sus empleados y que, de conformidad con el artículo 22 de sus Estatutos, si el empleado ‘se retirare o fuere retirado con calificación de mala conducta a juicio de la Junta Administradora del Fondo (la misma empresa), perderá a favor del mismo Fondo los aportes que a su nombre haya hecho la empresa durante los últimos cinco (5) años y las ganancias o dividendos de estos en el mismo período’. ‘Tiene calificación de mala conducta quien se retirare o fuere retirado de la empresa (...) por haber incurrido en alguna de las causales contenidas en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo Colombiano y disposiciones concordantes’. Por manera que, la devolución de los aportes en el Fondo, depende de la calificación del retiro · que haga la misma empresa, por lo cual la concatenación entre las dos entidades para otorgar o negar los aportes hechos por la empresa a nombre del trabajador, es evidente. Pero, a pesar de que la revocatoria hubiera sido dictada 'por otra Sala de este Tribunal', ella quedaba gravitando como ley del proceso, y mal podía la ponente, sin que se produjeran evidentes y protuberantes elementos de juicio que la contradijeran, en el estudio de fondo del proceso, desconocerla o, como lo hizo, pronunciarse contra ella. Pero es más, la acción contra el Foregran fue desistida por el suscrito apoderado y admitida por el Juzgado, como aparece en la audiencia del 24 de Junio de 1.985 al fl. 625, por lo cual la pretendida excepción quedó por fuera del proceso, por sustracción de materia. (fl.112).

“Pero insiste la ponente, y pretende ahora detectar una ineptitud de la demanda por indebida acumulación de pretensiones, que hace consistir en que el actor otorgó poder al Dr. Díaz Granados encaminado a obtener la indemnización por despido injusto, salarios y prestaciones, etc., y que en el mismo poder delegó en ASOMMEC la acción para cobrar los perjuicios que individualmente le hubieran sido causados. Infringe directamente el artículo 476 del CST cuando sostiene que en una misma demanda no se podían incluir las peticiones del actor (circunscritas a la indemnización por despido injusto, al cobro de la prima convencional, a la restitución de los dinero que sin motivo le fueron descontados, asuntos sobre los cuales se pronunció en su fallo el señor Juez) y la delegación al sindicato de los perjuicios individuales que se hubieren causado al actor y a ASOMMEC con su despido, alno provenir de la misma causa ni encontrarse entre sí en relación de dependencia.

“Precisamente el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil dice todo lo contrario de lo pretendido por la Sala, por lo cual fue infringido directamente, como violación de medio. Allí se dice que el demandante podrá formular en una misma demanda varias pretensiones contra el demandado, aunque no sean conexas, siempre que el Juez sea competente para conocer de todas; que las pretensiones no se excluyan entre sí, e inclusive que pueden formularse en una demanda pretensiones

de varios demandantes o contra varios demandados, siempre que aquellas provengan de la misma causa, o versen sobre el mismo objeto, o se hallen entre sí en relación de dependencia, o deban servirse específicamente de unas mismas pruebas, aunque sea diferente el interés de unos y otros. En el presente caso las pretensiones de los dos demandantes se propusieron contra un solo demandado, la Flota Mercante, puesto que la acción contra Foregran fue desistida; el Juez era competente para conocer tan o de los derechos del demandante como de los perjuicios que se le hubieren causado directamente con la afiliación al Seguro Social que el actor protestó y por lo cual precisamente fue despedido, porque ese perjuicio individual bien podía el actor delegarlo en su sindicato, con el cual estaba en relación de dependencia, y porque las pruebas eran las mismas, puesto que bastaba con que en el proceso quedara demostrada la violación del Artículo 8º de la Convención Colectiva de Trabajo para que quedara causado el perjuicio, cuyo efecto inmediato fue el despido injustificado del trabajador.

“El legislador no prohija las sentencias inhibitorias. Su propósito es el de que se produzcan siempre sentencias de mérito. Por eso llega inclusive a preceptuar que cuando se presenta una indebida acumulación de pretensiones, ‘se considera subsanado el defecto cuando no se proponga oportunamente la respectiva excepción previa’; entonces, a fortiori, si la excepción se propuso, pero fue despachada desfavorablemente al proponente, como lo hizo el Tribunal, el objeto de la excepción tuvo que haber quedado definitivamente subsanado, sin que pueda el Tribunal volver sobre el asunto, menos de oficio, porque la Sala no puede desconocer lo que ya había juzgado y definido por otra Sala Jurisdiccional de igual categoría respecto de un punto que se convirtió en ley del proceso y sin que exista ningún motivo de fondo que le permitiera al tribunal dudar siquiera de que el actor sí fue despedido injustamente y de que el despido pudo haberle producido un perjuicio individual que bien podía transferir en favor de su sindicato, puesto que el juzgado del conocimiento sí era competente para conocer de ambos asuntos y porque la delegación sí le estaba permitida por virtud del artículo 476 del CST.

“La transgresión del artículo 82 del CST es protuberante. El Tribunal lo transgredio absurdamente como si desde el principio se hubiera propuesto el propósito de desvirtuar este proceso, dentro del cual actuó la parte demandada con plena libertad, con ejercicio pleno de su derecho de defensa, sin insistir sobre una inexistente acumulación indebida, puesto que la concatenación de los hechos procesales fue evidente; el actor fue despedido concretamente por haber cumplido con la consigna sindical de protestar por un hecho contrario a sus intereses y a los del sindicato al cual pertenecía, del cual dependían sus derechos convencionales, pero sin que estuviera reclamando éstos, puesto que ya es- taba despedido, sino únicamente el perjuicio de que la actuación patronal personalmente se le hubiera inferido. El desconocimiento de la firmeza y ejecutoria de la propia providencia del Tribunal, legítimamente dictada, violentó directamente el artículo 331 del CPC.

“Pero es más: Llegó tan lejos la oficiosidad del ad-quem para desconocer una providencia ejecutoriada pronunciada por él mismo, que en ese afán no reparó que al recurrir el demandado (quién sí estimó definitivo este pronunciamiento ya explicado) no hizo alusión a ausencia de algún presupuesto procesal. En su escrito de sustentación del recurso de apelación (fls 702 a 707, cdno. 1) el demandado centra su discrepancia únicamente en los aspectos de fondo, más no en los procedimientos o de forma. Entonces, el Tribunal claramente se excedio de los límites que le impuso dicho impugnante y, de contera, infringió también directamente el artículo 57 de la Ley 2a de 1984. Ya la H. Corte en su Sala de Casación Civil aún antes de la vigencia de esa norma, se pronunció al respecto así:

“’Empero, no solo el principio antes aludido constituye una limitación a los poderes de decisión del sentenciador ad-quem puesto que no siendo absoluto e irrestricto, también se encuentra restringido por el objeto mismo sobre el cual versa el recurso de alzada, o sea, sobre la sujeta materia de apelación. El sentenciador de segundo grado no tiene más poderes que los que le ha asignado el recurso formulado, pues no está autorizado para modificar las decisiones tomadas en la sentencia que no han sido impugnadas por la alzada, puesto que al efecto no tiene competencia, como quiera que se trata de puntos que escapan a lo que es materia del ataque’”.

“Por consiguiente, si la composición del litigio es entre un demandante y dos demandados y el fallador de primera instancia decide en su fallo condenar a uno de los demandados y absolver al otro· y, contra esta sentencia únicamente apela el de andado condenado, o sea, que respecto de la resolución absolutoria no hubo recurso sino consentimiento por el acto y opositor favorecido a lo así sentenciado, no hay el menor asomo de duda acerca de que el objeto propio de la alzada quedó circunscrito definitivamente en este caso nada más que la resolución adversa al apelante y en lo desfavorable a este y que dentro de ese límite de competencia debió moverse la actividad jurisdiccional de ad-quem, para no desbordar su ámbito de competencia funcional. (Sentencia Julio 4/79, Código de Procedimiento Civil y Legislación Complementaria, pág. 270, la. Edición, Sep. /87).

“Luego, ya dentro de la vigencia del artículo 57, la misma H. Corte ratificó tal jurisprudencia, en el sentido de que las razones de la sustentación enmarcan la competencia.

“En consecuencia, reitero el alcance de la impugnación para la casación total del fallo recurrido y la sustitución del mismo con la modificación del de primera instancia como lo solicito. El salario mensual fue de US$2.489.02 (fl.701)”.

Se considera

Como fundamento de su decisión meramente formal, el fallador de segundo grado adujo que como en la demanda introductoria del proceso se acumularon las pretensiones del demandante persona natural con las de la persona jurídica, siendo que esta había pedido no solo para sí, sino también para aquél, como delegada suya, existió desde el comienzo un vicio en la demanda, por acumulación indebida de pretensiones, que (impedía un pronunciamiento sobre el fondo e imponía la decisión inhibitoria.

En la parte central de su raciocinio dijo el Tribunal:

“De tal petición (la de ASOMMEC para sí y para el otro demandante, aclara la Corte) concluye la Sala que, ASOMMEC como organización sindical, podía perfectamente recibir la delegación del actor para reclamar los presuntos perjuicios individuales del demandante, pero en una misma demanda, (sic) no se podía, (sic) incluir con las demás peticiones del actor, para las cuales existía un mandatario judicial directo, sin la delegación del Sindicato, peticiones para la organización sindical, quien conforme los (sic) poderes de folios 1 y 2, obra en su doble calidad de delegataria del actor y como demandante.

“Las peticiones como demandante por el Sindicato, no se podían acumular a la luz del artículo 82 del CPC, al no provenir de la misma causa que las pedidas por el actor en el numeral 1º literales a) a e), no versan sobre el mismo objeto: contrato de trabajo del demandante y calidad de sindicalizado del actor, son diferentes y tampoco se encuentran entre sí en relación de dependencia. No se sirven de las mismas pruebas que las peticiones frente a las cuales el demandante otorgó poder al mandatario judicial y no delegó ello en el sindicato.

“Si se pretendio cobrar perjuicios por ASOMMEC para ella como Sindicato y en nombre del actor se debió iniciar un proceso distinto del que inició el demandante, y al incluirse en el mismo las peticiones del actor como demandante y de ASOMMEC en la misma calidad, existe la falta de presupuesto procesal de demanda en forma ante la indebida acumulación de pretensiones frente a la parte demandante, lo cual debe ser declarado aún de oficio por el Tribunal, dado que los presupuestos procesales, su cumplimiento, es requisito previo que el juzgador debe examinar, antes de entrar a dictar sentencia de fondo y su omisión como en el presente caso hace que la sentencia necesariamente debe ser inhibitoria” (folio 738. El paréntesis es de la Corte).

Para mejor comprensión del punto materia de la impugnación es pertinente el siguiente recuento:

El actor TORRES VILLARREAL tenía varias aspiraciones en busca de tutela judicial frente a sus demandadas iniciales: indemnización por despido injusto, reintegro de unas sumas de dinero ilegalmente retenidas, reajuste de primas y vacaciones, entrega de una cantidad de dinero que, en poder de FOREGRAN, no le fue pagada a consecuencia de la calificación que la Flota dio a la causa de su despido, indemnización moratoria y el valor de los perjuicios que le fueron causados con la violación, por la empresa, de una disposición convencional.

La otra persona demandante —ASOMMEC— estaba interesada frente a una de las demandadas —la FLOTA MERCANTE GRANCOLOMBIANA S.A—, en el reconocimiento judicial de un derecho suyo: la indemnización de los perjuicios que como agremiación recibió por la violación en que incurrió aquella de una disposición convencional.

El demandante TORRES VILLARREAL, en el mismo escrito en que constituyó apoderado judicial, manifiestó al Juez que hacía delegación, para la persecución en juicio de la indemnización de los perjuicios que le fueron irrogados con la violación de una norma convencional, en la organización sindical a que pertenecía —ASOMMEC—. Por tal razón, en la misma demanda en que TORRES VlLLARREAL formuló sus pronunció, primero, el Juzgado del conocimiento declarando la prosperidad de la excepción, y luego el Tribunal Superior, revocando y rechazándola. Sin embargo, con la decisión de TORRES VILLARREAL de desistir de su pretensión frente a FOREGRAN (folio 620, cuaderno 1), desistimiento que fue aceptado por el a quo (folio 625, ib), quedó por fuera de todo interés en el proceso cualquier referencia a aquella demandada inicial.

No obstante que el Tribunal, en la sentencia recurrida en casación, aludio a aquél pronunciamiento hecho "por otra Sala" del mismo Tribunal (folio 737, ib.), no fue ese el punto que determinó la decisión inhibitoria, sino el resaltado al comienzo de estas consideraciones.

Ahora, es evidente, a la luz de lo que prescribe el artículo 82 del CPC (aplicable en materia laboral según el principio de integración del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo), que las aspiraciones íntegras del actor TORRES VILLARREAL podían perfectamente ser introducidas por él en una misma demanda contra la Flota. Porque, en verdad, el Juez Laboral era competente para conocer de todas las pretensiones, estas no se excluían entre sí, y podían tramitarse por el mismo procedimiento.

Es así mismo cierto que la otra persona demandante tenía la posibilidad legal de acumular su propia pretensión a las de TORRES VILLARREAL (suponiendo que este no hubiere hecho la delegación antes anotada), pues entre las de éste había por lo menos una que como la suya, provenía de la misma causa (la violaci6n de una norma convencional por parte de la demandada común), versaba sobre el mismo objeto (la indemnización de los perjuicios derivados de esa pretensa violación), y en principio debía servirse de las mismas pruebas (la de la convención, primeramente, y las de la presunta violación); además de que existía el presupuesto de la identidad de una de las partes: la demandada Flota Mercante Grancolombiana S.A.

Sin embargo, precisamente la pretensi6n que posibilitaba la constituci6n de ese litis consorcio facultativo entre los demandantes fue la que se delegó, como ya se dijo, por TORRES VILLARBEAL a ASOMMEC. Este fue el aspecto determinante de la decisión del ad quem. Pues como vio que no existía verdaderamente conexidad entre las demás pretensiones de TORRES VILLARREAL y las de ASOMMEC —para sí y para su delegante— concluyó que la acumulación había sido indebida.

Empero el argumento del Tribunal tiene un punto débil. En efecto:

A la luz del principio jurídico de la representaci6n, los efectos de la actuación realizada por el representante se producen es para el representado, no para aquel. Claramente lo dice el artículo 1505 del C6digo Civil: “Lo que una persona ejecuta a nombre de otra, estando facultada por ella o por la ley para representarla, produce respecto del representado iguales efectos que si hubiere contratado él mismo”.

Así, entonces, si ASOMMEC pedía para TORRES VILLARREAL, el efecto jurídico perseguido radicaba en cabeza de éste, no de aquella. De igual manera que el apoderado de TORRES VILLARREAL pedía para éste y no para sí mismo y el efecto jurídico buscado vinculaba al representado y no al representante.

Luego, si por virtud de la representación la pretensión de TORRES VILLARREAL deducida por ASOMMEC debía entenderse como hecha por éste mismo, no había obstáculo para aceptar, con tal supuesto, que otro sujeto —ASOMMEC— que tenía igual pretensión pudiera acumularla a la misma demanda en que el primero formulaba otras pretensiones. Pues no desvirtúa la posibilidad de la acumulación el hecho de que este mismo sujeto recibiera del primero delegación para ejercer, para éste, la pretensión que precisamente posibilita la acumulación.

Visto de otra manera: Si TORRES VILLARREAL, que tenía —según se explicó— facultad para acumular sus pretensiones todas en una sola demanda no hubiera delegado una de ellas a ASOMMEC, esta, sin lugar a dudas, hubiera podido unir la suya a la de aquel, acumulada a las demás que TORRES VILLARREAL tenía. No hubiera existido en tal caso —se repite— motivo alguno de incertidumbre.

Por qué entonces dejar que aparezca la duda si TORRES VILLARREAL, en acto jurídicamente posible y que el Tribunal no niega, delega la petición común en la organización gremial y ésta decide acumular su pretensión y la que le fue delegada a otras propias de quien hizo la delegación? ¿Se violaría así el derecho de defensa de alguien? ¿Se quebrantaría la garantía del debido proceso o la igualdad de las partes? ¿Se entrabaría la función jurisdiccional? Obviamente que no.

No debe olvidarse nunca que “al interpretar la ley procesal, el Juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial”, como lo dice el artículo 4º del Código de Procedimiento Civil.

Sin embargo, y es lo relevante en el despacho del cargo, como quiera que constituye su argumento, aun aceptando que el anterior planteamiento fuera incorrecto e inaceptable, y la demanda introductoria del proceso en realidad contuviera una indebida acumulación de pretensiones, es claro que el Tribunal violó la ley instrumental y, de contera, la sustancial. Veamos:

De acuerdo con el último inciso del artículo 82 del CPC, introducido por la reforma que al mismo se le hizo por medio del Decreto 2282/89 —aplicable por el ad quem, no obstante haberse expedido ese Decreto con posterioridad a la demanda, conforme diáfanamente lo prescribe el artículo 40 de la ley 153 de 1887— “cuando se presente una indebida acumulación que no cumpla con los requisitos previstos en los anteriores, pero sí con los tres numerales dos incisos del inciso primero, se considerará subsanado el defecto cuando no se proponga oportunamente la respectiva excepci6n previa”.

Es decir, pretendio el Legislador, con el inciso transcrito, establecer una modalidad especial de saneamiento de un vicio que, si bien no constituía causal de nulidad —pues no está contemplado entre las causales taxativas de nulidad que establece el artículo 140 del CPC—, si debía llevar a una sentencia inhibitoria. O sea, que se quiso evitar a toda costa este tipo de fallos formales que frutran, sin utilidad para nadie, una en muchos casos prolongada, costosa y difícil actividad jurisdiccional.

No queda duda, con lo dicho hasta ahora, que aunque se admitiera la afirmaci6n del ad quem en el sentido de que las pretensiones acumuladas de TORRES VILLARREAL y ASOMMEC —la propia y la delegada— lo hubieran sido en modo indebido e incorrecto, había que entender que el vicio estaba saneado.

Pues era apenas lógico ver, con sobra de claridad, que dichas pretensiones podían ser conocidas por el mismo juez, no eran recíprocamente excluyentes y podían sustanciarse por el mismo procedimiento.

Por lo tanto, como el fallador de segundo grado al soslayar la aplicación del aludido aparte del artículo 82 del CPC, conforme lo puso de presente la censura, quebrantó también en el concepto denunciado las normas sustanciales de los derechos perseguidos por el actor, el cargo prospera y debe ser casada la sentencia objeto del recurso.

Consideraciones de instancia

Para hacer el correspondiente pronunciamiento como Tribunal de instancia, la Sala debe respetar los límites trazados por el recurrente en el alcance su impugnación, que se contrajo a la confirmación de los pronunciamientos que le fueron favorables en la primera instancia, con la modificación del relativo a la indemnización moratoria, cuya cuantía solicita sea aumentada.

Las condenas proferidas por el a quo obedecieron a los conceptos de indemnización por despido sin justa causa, reintegro de sumas descontadas al actor en su liquidación final, y sanción moratoria. La Corte procede a examinarlas en este orden:

1. Indemnización por despido sin justa causa.

Como fundamento para solicitar el reconocimiento y pago de este concepto el actor alegó, de una parte, que el mensaje que dio base al despido no contiene expresiones injuriosas y que es simplemente producto del ejercicio de la libertad del expresión y del derecho de petición, consagrados constitucionalmente; y de otra, que frente a él no se cumplió el trámite pertinente establecido en el “Reglamento de buques”, además de que no se le dio la oportunidad de ser oído, con lo cual se quebrantó el artículo 10 del Decreto 2351 de 1965.

El juzgador de primera instancia acogió la segunda razón, a cuyo efecto expresó: “... observa el Juzgado que la entidad demandada, no cumplió el procedimiento previsto, en el reglamento de los buques (fl. 139 a 160) para dar por terminado el contrato de trabajo. En efecto en los artículos 17 y siguientes señala el procedimiento, el cual no aparece demostrado en el informativo, es decir, la demandada, no cumplió con su carga procesal de evidenciar el cumplimiento del procedimiento que se debió seguir previamente al despido el trabajador.

- Lo anterior, es suficiente para considerar el despido como injusto…” (folio 695, cuaderno 1).

Sin embargo, si se examina con detenimiento el contenido del “'Reglamento de los Buques” (folios 119 a 160, ibíd.) es necesario concluir que sus disposiciones se enderezan al mantenimiento del orden y la disciplina a bordo de las naves de la demandada. A cuyo propósito se establece en el artículo 18 (folio 33) que la “autoridad disciplinaria a bordo para imponer sanciones conforme se establece en este reglamento, reposa en el Capitán. Para estos fines el Capitán debe rvar (sic) el siguiente procedimiento...”.

Resulta entonces obvio que cuando se trate de faltas cometidas a bordo de un buque de la Flota Mercante Grancolombiana por el Capitán del mismo —y la de autos sucedio a bordo de uno de ellos, como lo testifican los tripulantes Jorge Trujillo Berbesi, al fl. 627, y Daniel Felipe Berna! Lozano, al fl. 652— el procedimiento consagrado en el reglamento no puede tener aplicación. Pues si el poder disciplinario, en tales condiciones, radica en el Capitán, no tiene lógica que sea él mismo quien observe frente a sí el trámite pertinente.

Ahora, de que el despido no es sanción disciplinaria no queda duda, al tenor de la jurisprudencia constante de esta Corporación al respecto. Jurisprudencia que encuentra su razón lógica en el argumento de que la sanción disciplinaria, que se deriva del poder subordinante del patrono, tiene como finalidad corregir, lo que presupone la persistencia del contrato de trabajo, en tanto que el despido, sea justo o injusto, persigue la extinción del vínculo jurídico. Y por ello, conforme a la Ley (artículo 10 del Decreto 2351 de 1965) no era indispensable tampoco cumplir, frente al actor despedido, un trámite que solo es perentorio en el caso de irse a aplicar una sanción disciplinaria. 

Resta examinar si el contenido de la carta que dio pie a la decisión de la empresa de dar por terminado el contrato de trabajo del demandante es realmente constitutiva de injuria o de malos tratamientos (no de grave indisciplina, la que, conforme a la jurisprudencia de esta Sala de la Corte, tiene una connotación diferente. Cfr. sentencia del 22 de marzo/85, en “Jurisprudencia y Doctrina”, T. XIV, p. 402).

Afirma al respecto la demandada que los siguientes apartes de la aludida carta son injuriosos o implican mal tratamiento: “Somos conscientes del abuso incalificable que los directivos de la Flota Mercante Grancolombiana han cometido al someter en forma arbitraria y mal intencionada a consideración su gobierno para aprobación mismo, proyecto resolución ISS venimos comentando... ”.

“.... engaños con que Directivos de la empresa han querido perjudicarnos y al mismo tiempo sorprender de manera farisaica de buena fe del gobierno creándole de esta manera una imagen desdibujada ante el gremio de marinos...” (fl. 38 ibíd.).

Conforme al artículo 7º del Decreto 2351 de 1965, letra A) num. 2º constituye justa causa para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo por parte del patrono —todo acto de violencia, injuria, malos tratamientos o grave indisciplina en que incurra el trabajador en sus labores, contra el patrono, los miembros de su familia, el personal directivo o los compañeros de trabajo.

No define la ley como debe entenderse cada uno de aquellos conceptos; por lo cual, conforme lo ha sentado la jurisprudencia de esta Sala de la Corte, es función de jueces y tribunales, en los casos específicos sometidos a su conocí- miento, atendiendo las particulares condiciones en cada uno de ellos establecidos, fijar el contenido y alcance de dichos conceptos.

En el caso que ahora ocupa la atención de la Sala se observa, sin lugar a equívoco alguno, que los términos utilizados por el demandante en la carta tantas veces mencionada, realmente ostentan un carácter injuriante. Pues no de otra manera puede calificarse el que se afirme de una entidad, merecedora del respecto y la consideración, y amparada por la presunción de buena fe en sus actuaciones, que obra con arbitrariedad y mala intención al buscar, con acomodo el ordenamiento legal del país, la obtención de un determinado pronunciamiento jurídico de parte de un organismo estatal. O decir que con esa misma actuación lícita —para cuyo efecto favorable, por demás, el mismo ordenamiento jurídico consagra acciones a favor de quienes quieran contradecirlo por considerarlo ilegal o adverso a sus intereses— lo que se pretende es solo perjudicar a los trabajadores, sino también de manera farisaica sorprender al gobierno.

En concepto de la Corte, una persona de la dignidad del Capitán, que ostenta por ley el carácter de jefe Superior encargado del gobierno y la dirección de la nave, que ejerce la representación no sólo del armador a quien sirve, sino del mismo Estado Colombiano, como delegatario de cuya autoridad cumple funciones no solo civiles, sino disciplinarias y aún penales, y a quienes deben respeto y obediencia tanto la tripulación como los pasajeros, no es aceptable que carezca de la capacidad para dominar sus impulsos y que llegue a referirse de su representado, ante las más altas dignidades de la Nación, en términos desobligantes, descorteses e injuriosos.

¿Cómo se puede disculpar la actitud de quien, ante la presencia de un acto que lo contrarío, desborda su agresividad verbal y no tiene el autocontrol necesario para evitar el uso de palabras y conceptos desapacibles e hirientes de la dignidad ajena?

Es así entonces como se impone la conclusión de que el proceder de la demandada se ajustó a derecho al despedir, por la causa analizada, al Capitán TORRES VILLARREAL. Por lo tanto debe ser absuelta de la pretensión que se examina y revocarse el aparte pertinente de la decisión de primer grado.

2. Reintegro de sumas de dinero ilegalmente retenidas al trabajador.

Afirmó en su demanda el trabajador que “en la liquidación la empresa descontó de sus prestaciones sociales US 2.703.50 por concepto de trabajos especiales efectuados... dentro de la convención colectiva de 1980, y US 72,61 por un día de sueldo, el 22 de octubre de 1982, fecha del despido", des- cuentos que califica de ilegales, conforme a los artículos 59, ordinal lo y 149 del Código Sustantivo del Trabajo.

Para justificar el descuento de la primera suma adujo la empresa que a consecuencia de lo pactado en la Convención Colectiva firmada el 21 de mayo de 1980, el Capitán Torres Villarreal autorizó a la Flota el respectivo descuento y asumió ante ella responsabilidad por tal suma. Y de la segunda, dijo que el descuento obedeció a que se la había pagado equivocadamente al actor el salario del 22 de octubre de 1982, en que aquel no laboró, pues en ese momento “había entregado el comando de la motonave Ciudad de Bucaramanga a quien lo relevó”.

El juzgado del conocimiento expresó sobre el particular:

“... considera el Juzgado que se debe condena a la demandada a cancelar las sumas indicadas, ya que no aparece demostrado que el demandante hubiere autorizado, por escrito, el descuento efectuado. Además examinadas las excepciones consagradas en la misma norma 1 que no requieren autorización, no se encuentra (sic), previstas las causales alegadas por la demandada visibles en el renglón en que se señala el monto, como exentos de la autorización que debe otorgar el trabajador: ‘una GLOSA AUD. 117760 Jun. 17/81’ y un ‘día de sueldo’. Por lo anterior, como se dijo, se le condenará a pagar las sumas de US$2.703.50 y US$72.16” (folio 696).

Con respecto a la primera cantidad mencionada (los US$ 2.703.50) existe, sin embargo, en el expediente una carta dirigida por el Capitán Torres V. al Departamento de personal de la demandada (folios 525, 526) —carta cuya firma y contenido expresamente reconoció aquél en la diligencia de reconocimiento que obra al folio 644 del expediente— en la cual acepta de modo expreso como deuda a su cargo esa por valor de US$2.139.11 y, además, propone a la empresa una forma de cancelación de esa deuda con sus salarios y prestaciones. La empresa aceptó (fl. 527) la formula propuesta por el trabajador, pero sobre un supuesto que él no” había aprobado: que el monto de la misma fuera de US$2.703.50 y no de US$2.139,11.

Como el documento en que consta la admisión del débito indudablemente se refiere a la cuantía de US$ 2.139.11, en virtud del principio de la indivisibilidad de la prueba que resulta de los documentos (artículos 258, Código de Procedí- miento Civil), debe admitirse que la autorización del descuento que efectivamente dio el actor, se refiere a esa suma y que, por consiguiente, solo fue válido el descuento efectuado por la Flota hasta concurrencia de esa cantidad.

El excedente se retuvo, entonces, sin fundamento alguno, pues la autorización, se repite, sólo se refería al monto reconocido por el actor, no al que por sí y ante sí decidio señalar la demandada.

Y en relación a la segunda suma (de US$ 72.61) retenida —como se dijo— en concepto de corresponder a un pago hecho por error, para cubrir el salario de un día no laborado, encuentra la Corte que, conforme lo dedujo con acierto el a qua, no existe en el expediente legalmente aportada prueba alguna de que el trabajador autorizara a la empresa para descontar de sus salarios y prestaciones la cantidad de dinero en referencia, como perentoriamente lo exige la ley para cada caso (artículos 59, ord. 1º y 149, Código Sustantivo del Trabajo).

En consecuencia, respecto de las sumas analizadas se tiene que la empresa retuvo indebida e injustificadamente, de la primera, el valor que excedía la cantidad reconocida por el actor como deuda a su cargo y para cuyo descuento del salario y prestaciones había autorizado a aquella; y de la segunda, todo su monto.

Se confirmará el respectivo punto de la sentencia de primer grado, con la modificación de que la primera cantidad queda reducida a US$564.39.

3. Indemnización por mora.

Fue solicitada por el actor en su demanda, en cuantía de US$82.96 diarios, desde la fecha del despido y hasta la del pago de los dineros ilegalmente descontados y de los reajustes pretendidos de primas y vacaciones.

Contrayéndose la Corte a los puntos materia de esta decisión, cuales son las retenciones que vienen de analizarse, se encuentra que la demandada alegó, en síntesis, que la retención de los US$2.703.50 obedeció a una glosa al demandante por el concepto mencionado en el desarrollo del punto anterior; y la de los US$72.61, al pago indebido de un salario no causado.

El a quo acogió la pretensión —derivada exclusivamente de las retenciones mencionadas, desde la fecha del retiro y hasta el pago de las condenas que impuso— en cuantía de US$76.58 diarios. Fundamentó su decisión así: No sobra advertir que la aplicación de la norma en mención (el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo no es automática sino que se debe examinar si existe justa causa, para el no pago oportuno, que evidencie buena fe por parte de la demandada. Sin embargo, considera el Juzgado que no se puede presumir la existencia de la buena fe, ya que la demandada procedio quebrantando expresa prohibición legal, al efectuar los descuentos”. (Folio 698. El paréntesis es de la Corte).

La jurisprudencia de esta Corporación, desde los tiempos del Tribunal Supremo del Trabajo, ha dicho, invariablemente, que la correcta aplicación del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo supone de modo necesario el examen del aspecto subjetivo del deudor de salarios y prestaciones sociales, al abstenerse de pagarlos; de suerte que si de las pruebas se desprende que actuó de buena fe, debe exonerárselo de la sanción; de lo contrario tiene que imponérsele.

Viniendo al caso concreto, encuentra la Corte que en realidad de verdad no aparecen en el plenario elementos que demuestren de manera fehaciente la buena fe de la empresa en su omisión de pagar al actor sus derechos sociales. Pues lejos de serlo, las explicaciones que dio con respecto a la retención de sus salarios y prestaciones, ponen de manifiesto una actitud que no se compadece en la buena fe. En efecto: con respecto a la suma deducida por la empresa como correspondiente al dinero que debía el trabajador reintegrar a consecuencia de lo pactado en la convención de 1980, solo aparece la prueba del dicho espontáneo y sincero de aquél, en que se reconoce deudor de una cantidad menor; siendo inaceptable que, como se dijo en otro aparte de esta providencia, aquella decidiera, por sí y ante sí, establecer la cuantía de esa deuda y descontar al trabajador lo que excedía de su franco reconocimiento. Así como tampoco la excusa, del descuento del salario del día del despido, el pretexto de que el actor no lo había trabajado, porque, como antes se dijo, tenía que ser sabedora de la prohibición legal expresa de hacer cualquier tipo de descuento de salarios y prestaciones sin autorización del trabajador, escrita y para cada caso, o sin mandamiento judicial.

En consecuencia, el desconocimiento de una prohibición legal expresa no puede constituirse en factor demostrativo de buena fe, como con acierto lo resolvió el Juzgado, por cuya razón su decisión habrá de ser, así mismo, confirmada.

Pero la cuantía de esta indemnización, que el a quo, como quedó expresado, fijó en US$76.58 diarios, tiene que ser aumentada, pues como puede verificarse fácilmente con la copia de la liquidación final obrante en el proceso (a folio 77 y folios 544, 545), el salario tenido en cuenta por la demandada para efecto de computar el auxilio de cesantía fue de US$29.868.28 anuales, que arroja un último promedio mensual de US$2.498.02 suma esta con la cual debe calcularse el salario diario para la indemnización moratoria. Resulta, entonces, que el monto de la aludida indemnización debe ser de US$82.96 diarios. En tal sentido se modificará la respectiva condena de la sentencia de primer grado.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley CASA TOTALMENTE LA sentencia materia del presente recurso. En su lugar y en SEDE DE INSTANCIA

RESUELVE:

1. Revocar el literal a) del numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia y en su lugar ABSOLVER a la demandada de la indemnización por despido sin justa causa.

2. CONFIRMAR los numerales SEGUNDO Y TERCERO de la misma sentencia, así como los literales b) y e) del numeral PRIMERO, los cuales se MODIFICAN y quedan así:

B) (sic) Las sumas de US 564.39 Y DE US$72.16 por concepto de salarios y prestaciones descontados al demandante.

C) La suma de US$82.96 diarios desde el 22 de octubre de 1982 hasta cuando se paguen las mencionadas en el literal anterior.

3. Las costas de primera y segunda instancia correrán a cargo de la demandada en un 25%.

Sin costas en el recurso extraordinario.

Cópiese, notifíquese, insértese en la gaceta judicial y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Jorge Iván Palacio Palacio—Ramón Zúñiga Valverde—Manuel Enrique Daza Álvarez.

Secretario: Javier Antonio Fernández Sierra.