Sentencia 4821 de febrero 7 de 1994 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

ACTOS GENERALES QUE AFECTAN A TRABAJADORES OFICIALES

DEMANDA ANTE LA JURISDICCIÓN ADMINISTRATIVA

EXTRACTOS: «Se trata de dilucidar en el caso sub judice la legalidad del artículo 1º de la Resolución 80 de 16 de marzo de 1989, por la cual se introducen modificaciones al manual administrativo de personal de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, expedida por el gerente general de esa entidad.

Dada la naturaleza y contenido del acto que se demanda, estima la Sala necesario hacer un previo análisis de la competencia para conocer de él.

Indudablemente es una decisión que afecta a trabajadores oficiales y siempre se ha sostenido, con base en lo dispuesto por el artículo 131 numeral 6º del CCA, que los derechos de los trabajadores oficiales no se dilucidan en esta jurisdicción porque provienen de un contrato de trabajo.

Sin embargo es necesario tener en cuenta que en este proceso se acusa un acto de contenido general y abstracto, no su aplicación a un caso concreto.

Es claro que el acto administrativo particular que afecte a un trabajador oficial, expedido en aplicación de normas generales como ésta, no seria acusable ante esta jurisdicción, pues la controversia versaría sin lugar a dudas sobre los derechos particulares y concretos que el trabajador estimara vulnerados.

Pero tratándose de la norma general, que como en este caso, establece reglas de conducta y faltas disciplinarias, cree la Sala luego de una análisis detallado que la lleva a rectificar decisiones anteriores, que tiene competencia para conocer. Primero, porque en manera alguna puede pensarse que provenga de un contrato de trabajo ya que fue expedido unilateralmente por el gerente de la entidad; y segundo, porque conforme al artículo 31 del Decreto 3130 de 1968, aquellos actos que se expidan en las empresas industriales y comerciales del Estado en cumplimiento de funciones administrativas que les haya confiado la ley, son actos administrativos. En este caso se expidió un acto de carácter general que conlleva ejercicio de una función administrativa y por lo tanto constituye acto administrativo no excluido del conocimiento de esta jurisdicción. Su control debe efectuarse por la jurisdicción contenciosa ya que ningún acto de tal naturaleza debe escapar al control jurisdiccional, precisamente para que se examine si quien lo expidió tenía competencia para ello y si al ejercerla lo hizo con observancia de las disposiciones superiores que gobiernan la materia. Y ese control no puede ser efectuado por la jurisdicción ordinaria, competente solo para conocer de los casos concretos derivados de la aplicación de normas generales.

Por las anteriores razones la Sala procede a efectuar el estudio de fondo de la cuestión planteada».

(Sentencia de febrero 7 de 1994. Expediente 4821. Consejera Ponente: Dra. Clara Forero de Castro).

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