Sentencia 4823 de octubre 19 de 1999 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

ACCIÓN RESTITUTORIA Y ACCIÓN REIVINDICATORIA

EXTRACTOS: «3. De entrada y por ser tema esencial para la definición del caso, la Corte debe distinguir la acción reivindicatoria que reglamente el Código Civil en el título XII del libro segundo, de la restitución de lo recibido como consecuencia de la resolución del contrato bilateral, de acuerdo con lo previsto en los artículos 1546, 1547, 1548 y 1933 ejusdem.

La acción reivindicatoria o de dominio, conforme a la definición del artículo 946 del Código Civil, comporta una pretensión principal y autónoma, amén de extracontractual. En cambio la restitución de lo recibido cuando tiene lugar la resolución del contrato bilateral, emerge del reconocimiento de una pretensión eventual consecuencial, derivada precisamente de la procedencia de la pretensión principal de resolución del contrato, razón por la cual es típicamente contractual. Por lo demás, mientras que la restitución como consecuencia de la resolución, no procede contra terceros poseedores subadquirentes de buena fe, en la acción reivindicatoria común esta calificación sólo resulta relevante para efectos de las restituciones mutuas, por cuanto la buena o mala fe del poseedor no es elemento estructural de la referida pretensión. En otras palabras, la acción reivindicatoria que reconoce el citado título XII, procede contra poseedores de buena o mala fe, pues como ya se anotó, esta circunstancia subjetiva juega papel significativo pero en el ámbito de las mencionadas restituciones, surgidas con ocasión de la orden reivindicatoria. Por último, como la acción resolutoria es personal, en cuanto va dirigida contra el otro contratante incumplido, de esa naturaleza participa la acción restitutoria que eventualmente apareja, en tanto que la reivindicatoria es una acción real, cuyo titular, tratándose del dominio es el propietario, quien puede perseguir la cosa singular, “de que no está en posesión, para que el poseedor de ella sea condenado a restituirla”.

Las diferencias que en abstracto se presentan, tienen su razón de ser mientras se trate de la acción resolutoria a la cual se le acumula la pretensión de restitución del bien, bajo el entendimiento de que el sujeto pasivo de una y otra pretensión es el contratante incumplido, a su vez detentador de la cosa. Pero, el problema que plantea el caso y que ha sido objeto de inquietud y debate doctrinal, surge de la enajenación del bien por parte del contratante incumplido, pues en este evento se cuestiona la naturaleza de la acción que se propone contra el tercero subadquirente que entra a ser poseedor del bien.

La doctrina extranjera se inclina por identificar esta acción como reivindicatoria, de naturaleza real. Sin embargo, examinado el punto en torno a la legislación colombiana y las diferencias antes formuladas, se debe tener en cuenta que así aquí también se califique de reivindicatoria tal acción, pues a esa denominación acude la propia ley (C.C., art. 1547), lo cierto es que ella no puede escindirse de la causa de la pretensión de resolución, no sólo por la relación de dependencia que sigue dándose entre ellas, pues la reivindicación pende de la prosperidad de la resolución, sino porque es la misma ley la que expresamente declara que si el que debe una cosa mueble, como es el caso, a plazo, o bajo condición suspensiva o resolutoria, la enajena, “no habrá derecho a reivindicarla contra terceros poseedores de buena fe” (C.C., art. 1547), como igualmente lo consagra el artículo 1933 ibídem, al establecer que “La resolución por no haberse pagado el precio, no da derecho al vendedor contra terceros poseedores, sino de conformidad a los artículos 1547 y 1548”, o sea que si el contrato ha versado sobre bienes muebles, el vendedor no tiene acción reivindicatoria contra terceros poseedores de buena fe a quienes el comprador les haya enajenado la cosa. En tal caso, el vendedor debe demandar a su comprador de conformidad con el artículo 955 del Código Civil, en ejercicio de la llamada acción ficta o presunta allí establecida, pretendiendo la restitución no de la cosa misma, sino de la equivalencia.

4. De conformidad con lo expuesto, los subadquirentes que no sean terceros poseedores de buena fe, pueden ser demandados en acción reivindicatoria por el contratante cumplido o que se allanó a cumplir, bien acumulándose en una misma demanda subjetivamente la pretensión de resolución dirigida contra el contratante incumplido y la pretensión reivindicatoria orientada contra el tercero subadquirente, dada la relación de causalidad o dependencia que existe entre una y otra (CPC, art. 82, num. 3º, inc. 3º), ya, presentando como en el caso ocurrió, demandas separadas que originaron sendos procesos, acumulados luego, precisamente porque las pretensiones formuladas de esa manera “habrían podido acumularse en la misma demanda” (CPC, art. 157, ord. 1º), por darse la condición del artículo 82 ibídem, atrás señalada, como con claridad lo predicó el apoderado de la parte demandante al solicitar la acumulación de los procesos y lo aceptó el juzgado al disponerla.

5. Elucidado lo atinente a la naturaleza de la acción propuesta contra el tercero a quien el contratante incumplido enajenó el automotor, procede averiguar si las pruebas cuya falta de apreciación acusa el cargo revelan, contrariamente a lo deducido por el tribunal, que aquel no obró de buena fe y por ende está llamado a afrontar la acción reivindicatoria instaurada por el contratante que, por haber obrado con sujeción al convenio, salió airoso en la acción de resolución.

En la tarea indicada, resulta conveniente recordar que la buena fe del tercero subadquirente que le cierra el paso a la prementada acción, en esencia consiste en su convicción de haber adquirido legítimamente el bien, por ignorar la existencia de la condición que afectaba al contrato que dio origen al derecho eventual de quien se lo enajenó, convicción a la cual ha debido llegar mediante “...las indagaciones mínimas que una persona medianamente diligente realiza antes de adquirir algo. Como ser, la averiguación sobre anterior dueño, el título de adquisición del actual; si es a título oneroso, la comprobación de estar pagado el precio” (Fueyo Laneri Fernando, De las obligaciones, vol. I, 140)».

(Sentencia de octubre 19 de 1999. Expediente 4823. Magistrado Ponente: Dr. José Fernando Ramírez Gómez).

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