Sentencia 4826 de julio 9 de 1992 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SECCIÓN SEGUNDA

CORRECCIÓN MONETARIA

DE OBLIGACIONES LABORALES

EXTRACTOS: «Hay que concederle razón a la recurrente en su afirmación de que es el Estado el que en primer término debe velar por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda. Pero no puede la Sala, en cambio, compartir el criterio según el cual la pérdida de poder adquisitivo de la moneda afecta por igual al deudor y al acreedor en una concreta relación jurídica.

2. Que el pago deba hacerse “bajo todos respectos en conformidad al tenor de la obligación''”, como lo dispone el artículo 1627 del Código Civil, no significa que pueda efectuarse de manera incompleta, pues en los textuales términos del artículo 1649 ibídem, “El pago total de la deuda comprende el de los intereses e indemnizaciones que se deban”.

Así lo entendió la Sala de Casación Civil de la Corte cuando dijo:

“El pago, para que tenga entidad de extinguir la obligación, debe hacerlo el deudor al acreedor en las condiciones establecidas por la ley, entre las cuales merece destacarse la de que debe efectuar en forma completa, o sea, que mediante él se cubra la totalidad, a virtud de que el deudor no puede compeler al acreedor a que lo reciba por partes, salvo estipulación en el punto, pues sobre el particular establece el inc. 2º del art. 1626 del C. C. que el “pago efectivo es la prestación de lo que se debe” y, para que sea cabal, íntegro o completo, debe hacerse, además, con sus intereses e indemnizaciones debidas, tal como reza el inc. 2º del art. 1649 ibídem, cuando dispone que “El pago total de la deuda comprende el de los intereses e indemnizaciones que se deban''''”.

3. La depreciación monetaria reconocida como indemnización corresponde, al igual que los intereses por mora, al concepto de “daño emergenté'' y, como es apenas obvio, no afecta a todos los gobernados por igual sino solamente a aquellos que deban reconocer esa indemnización.

Cuando se presenta la relación jurídica que enfrenta a un acreedor insatisfecho con un deudor moroso, si bien es cierto que ambos desempeñan un papel simplemente pasivo frente al hecho económico de la devaluación, el perjuicio lo sufre solamente el acreedor y ese perjuicio será tanto mayor cuanto más grande sea la devaluación y por más tiempo se dilate el pago.

4. El pleno poder liberatorio de la moneda legal no se opone de ningún modo al mandato de la ley según el cual para que el pago sea completo debe comprender también los intereses y las indemnizaciones que se deban.

El mismo artículo 1617 del Código Civil permite reclamar y obtener por perjuicios moratorios una indemnización superior a los simples intereses. Además, no debe olvidarse, al interpretar la ley, cuáles eran las condiciones históricas y socioeconómicas existentes al momento de su expedición; y que por ello una ley que en materia de regulación de la moneda se pudo haber expedido en épocas de estabilidad económica, no puede ser aplicada en su escueta literalidad en épocas, como la nuestra, de un franco deterioro del poder adquisitivo del peso colombiano. El nominalismo como teoría económica está revaluado por la ley, por quienes regulan sus relaciones de intercambio mediante los contratos y por la jurisprudencia.

5. Es cierto que la moneda débil con la que paga el deudor es, en principio y nominalmente, la misma que con su trabajo adquiere; pero ese no es el problema. El problema se presenta cuando incumple su obligación de pagar oportunamente y efectúa el pago en una moneda aún más débil y desvalorizada. Por ello si el deudor paga oportunamente no habrá lugar a indemnizar daño emergente alguno por la mora y por tanto no habrá indexación alguna que reconocer.

Por lo demás, y dado lo específico de la previsión legal, lo preceptuado por el artículo 2224 del Código Civil no puede extenderse más allá de la vigencia del contrato de mutuo, que es a lo que expresamente se refiere esta norma invocada por la recurrente.

6. Tampoco puede compartir la Sala el criterio esbozado por la censura conforme al cual la indemnización por despido impuesta en la sentencia judicial al empleador constituya una obligación sin causa. El trabajador que pierde su empleo por un despido abusivo no se enriquece. Si de hecho la privación injusta de su ocupación le produce un daño, ese daño será necesariamente mayor si la indemnización que consagra la ley le es pagada con retardo y mediante una moneda devaluada.

7. El aumento del valor numérico de la suma de dinero que debe pagarse como consecuencia de la mora y la devaluación sufrida por el peso no es inequitativo. Bien al contrario, constituye un mecanismo que precisamente consulta la equidad. Al respecto la Sala de Casación Civil en la misma sentencia antes transcrita, dijo:

“Partiendo del postulado legal de que el pago para que extinga la obligación debe ser completo, no se da tal fenómeno, especialmente respecto de deudores morosos de obligaciones de dinero, cuando estos pagan con moneda desvalorizada, o sea, sin la consiguiente corrección monetaria, pues en tal evento se trata de un pago ilusorio e incompleto, como acertadamente lo sostienen la doctrina y la jurisprudencia, no sólo nacional sino foránea, la cual insiste en que si la obligación no es pagada oportunamente, se impone reajustarla, para representar el valor adeudado, porque esa es la única forma de cumplir con el requisito de la integridad del pagó”.

Y en relación con la aplicación de la revaluación monetaria al monto de la indemnización por despido prevista en el artículo 8º del Decreto 2351 de 1965, esta Sala explicó lo siguiente:

“Con criterio esencialmente práctico, el legislador de 1965 tarifó conjuntamente los perjuicios correspondientes al daño emergente y al lucro cesante teniendo en cuenta la modalidad del contrato y la antigüedad del trabajador.

Según las voces del artículo 1614 del Código Civil, se entiende “por daño emergente el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardo su cumplimiento; y por lucro cesante la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumplídola imperfectamente o retardado su cumplimiento''.

Ahora bien, cuando el patrono incumple su obligación de mantener vigente el contrato de trabajo en los términos convenidos y lo rompe sin justa cuasa se hace automáticamente responsable y deudor de una obligación distinta: la de pagar el valor de la indemnización correspondiente, que en la actual normatividad legal para el sector privado comprende, por regulación previa, el daño emergente y el lucro cesante.

En tales condiciones, esa obligación, la de pagar la indemnización, debe satisfacerse por el empleador en el mismo momento en que unilateralmente le pone fin al contrato. Es al producirse el despido entonces, y no después, cuando el monto de la indemnización debe salir del patrimonio del patrono para ingresar al del trabajador que se ha perjudicado con el incumplimiento del contrato y la pérdida de su empleo; la oportunidad del pago de la indemnización no es materia de convenio entre las partes, y tarifada como está ab-initio, tampoco es objeto de determinación posterior, razones por las cuales si el patrono deudor no la cubre al momento del despido se coloca en mora.

Es obvio entonces que el daño o perjuicio que por la depreciación monetaria sufre el trabajador como consecuencia del retardo o mora patronal en el cumplimiento de la obligación de pagar la indemnización que cuantificada previa y precisamente por la propia ley debió pagársele a la terminación del contrato, corresponde a la modalidad del daño emergente prevista en la primera parte del artículo 1614 del Código Civil.

De lo anterior se concluye que el pago de la indemnización por despido injustificado que se realiza efectivamente después del momento de su causación sólo será completo si comprende la corrección monetaria correspondiente al lapso del retardo o la mora en su incumplimiento”.

8. No puede aceptar la Corte el argumento de la recurrente de que sólo sería procedente aplicar la corrección monetaria al valor de la indemnización en aquellos casos en que el empleador no invoca justa causa, pues contra esta razón que trae el cargo cabría anotar, en primer término, que la sentencia que declara injusto el despido no es constitutiva, como se plantea en la censura, y, en segundo término, que de admitirse la tesis lo que de hecho ocurriría sería que se estaría estimulando el fraude, pues bajo ese presupuesto en adelante los empleadores podrían invocar siempre una justa causa, exista o no, con el solo propósito de beneficiarse con la devaluación que día a día disminuirá el real monto de la indemnización que a la postre, y luego de un juicio que puede ser dilatado, terminará pagando a quien despidió a sabiendas de que no contaba con un motivo que justificara su determinación de romper el contrato.

Para redargüir la argumentación que trae el cargo acerca del carácter constitutivo del fallo, cabe anotar que para la Sala una sentencia que se limita a declarar la ocurrencia del hecho del despido injusto y a condenar al pago de la correspondiente indemnización, jamás podría catalogarse como constitutiva, ya que ello equivaldría a afirmar que es la decisión del juez y no la conducta ilícita del empleador lo que produce el daño que debe ser reparado.

9. En el caso bajo examen Fabricato en verdad no está pagando más de lo que en su oportunidad debió pagar, puesto que no se trata de un real incremento de la deuda original sino simplemente de cumplir con la regla legal que dispone que solamente será completo el pago que cubre íntegra la indemnización correspondiente al daño emergente.

Así lo entendió la Sala cuando en la sentencia de que se ha hecho mérito atrás expresó lo siguiente:

“De todas maneras cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la indexación, con ella no se busca establecer un incremento, o un mayor valor de la deuda original, sino evitar una disminución en el patrimonio del trabajador, por el simple transcurso del tiempo y la depreciación monetaria, con lo cual fundamentalmente se está restableciendo la equidad y la justicia”.

10. En cuanto al efecto multiplicador que pudiera resultar del reconocimiento de la indexación al valor de la indemnización por despido en el derecho del trabajo, caben las siguientes observaciones:

a) La elaboración doctrinaria de la revaluación judicial de las obligaciones ha sido consagrada por la ley cada vez con mayor extensión, como lo reconoce la propia recurrente, y no solamente para el evento del deudor incumplido o moroso;

b) Jurisprudencialmente esta equitativa construcción se ha extendido a muchos campos del derecho, al extremo de poderse afirmar que se aplica normalmente en los contratos del derecho común; por ello si se excluyeran de la revaluación judicial las obligaciones laborales, al contrario de lo que considera la impugnante, la satisfacción de éstas se dejaría de última por el deudor que simultáneamente tuviere a su cargo obligaciones civiles, mercantiles, tributarias, etc., que sí se indexan, estimulándose de este modo el incumplimiento oportuno de las obligaciones laborales, contrariándose así la prelación que por ministerio de la ley tiene la solución de las obligaciones laborales sobre las civiles y mercantiles, y yendo en contravía de los esfuerzos que la Organización Internacional del Trabajo viene haciendo para internacionalizar esta prelación y privilegio de los créditos laborales, y

c) No puede aceptarse que el incumplimiento de las obligaciones laborales sea el mejor modo de evitar o limitar la devaluación de la moneda.

11. Finalmente, y para desvanecer cualquier posible impresión en contrario, debe destacarse que el Tribunal no revaluó una “obligación laboral de antemano satisfecha”. Al contrario, aplicó la indexación solamente bajo el entendimiento de que esta corrección monetaria de la indemnización correspondía al valor del daño emergente sufrido por el trabajador en razón de la mora del empleador en satisfacerla, desde cuando se hizo exigible y debió cumplirse hasta cuando efectivamente se hizo el pago.

La Sala reconoce expresamente la importancia y novedad de los planteamientos de la tesis que presenta la impugnadora, pero no obstante su valor teórico no alcanza a convencerla de la necesidad de modificar la jurisprudencia en vigor sobre el punto de derecho».

(Sentencia de julio 9 de 1992. Radicación 4826. Magistrado Ponente: Dr. Hugo Suescún Pujols).

SALVAMENTO DE VOTO

EXTRACTOS: «Pongo a salvo mi voto en este asunto que, en mi opinión, debió infirmarse el fallo acusado en cuanto mantiene la condena por “revaluación judicial” o “indexación”, con las razones que se expresan a continuación:

Lo dicho por la Corte —Sección Segunda—, a propósito de la improcedencia de la corrección monetaria en las obligaciones de origen laboral en la sentencia del 7 de mayo de 1987 (G. J., CXC, número 2429, págs. 250-262) tiene aplicación en el caso sub judice , orientación jurisprudencial que debe mantenerse por los razonamientos que consignó la Corporación en esa oportunidad:

(...).

De otro lado, obsérvese como antecedente que bajo el imperio del artículo 11 de la Ley 6ª de 1945 se estableció la cláusula resolutoria propia de los contratos bilaterales, en caso de incumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato de trabajo, lo que impone a la parte incumplida la indemnización de perjuicios a favor del otro contratante.

Esa norma legal fue el antecedente legislativo inmediato del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, que solamente tasó el lucro cesante, el cual, a su turno, fue subrogado por el artículo 8º del Decreto 2351 de 1965, norma esta última que optó por señalar con absoluta claridad y en forma específica, los valores que han de pagarse al trabajador, como indemnización compensatoria, cuando se termina unilateralmente el contrato de trabajo por decisión del patrono.

Así las cosas, no puede predicarse que opera en este caso el pago adicional de la corrección monetaria con los perjuicios por daño emergente y lucro cesante, como lo sostiene sin apoyo legal la sentencia impugnada.

Se cumple así la preceptiva del artículo 1626 del C.C. que el pago efectivo es la prestación de lo que se debe y para que sea íntegro, cabal y completo, ha de hacerse con las indemnizaciones debidas que no son otras que las tasadas rígidamente por el artículo 8º del Decreto 2351 de 1965.

Estimo, en consecuencia, que debió infirmarse el fallo recurrido en los términos y por las razones que consigna la demanda de casación sustentatoria del recurso extraordinario».

Rafael Baquero Herrera. 

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