Sentencia 4832 de mayo 6 de 1992 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SECCIÓN SEGUNDA

PRUEBAS DE CARÁCTER MÉDICO

PARA EFECTOS DE PRESTACIONES DEL SEGURO SOCIAL

EXTRACTOS: «Heybar Hernán Holguín Rodríguez, llamó a juicio ordinario al Instituto de los Seguros Sociales para que fuera condenado al pago de la pensión de invalidez por pérdida permanente total de su capacidad laboral y las costas.

Refiere el actor que como afiliado a la entidad de previsión solicitó la prestación económica por el riesgo de invalidez por enfermedad no profesional la que le fue reconocida por Resolución 04689 expedida el 19 de noviembre de 1984, obligación exigible a partir del 30 de julio del mismo año, en cuantía de $ 11.298 mensual; que posteriormente le fue suspendido el disfrute de su prestación por Resolución 0466 de fecha 9 de abril de 1986 y que contra este acto administrativo propuso su revocatoria directa con base en el concepto emitido por la oficina médico-legal del Ministerio de Trabajo, seccional del Valle, que expresó que persistían las causas de invalidez como consecuencia de la “amputación de la pierna izquierda por encima de la rodilla” petición que le fue denegada.

La respuesta a la demanda se opone a la prosperidad de sus peticiones. En cuanto a los hechos los admite, con la salvedad que según dictamen de los médicos del ISS el trabajador no es inválido para los efectos de la pensión suplicada conforme a lo dispuesto por el artículo 10 del Decreto 3041 de 1966. En su defensa propone las excepciones de falta de derecho para accionar y la genérica.

El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cali, por fallo pronunciado el 4 de diciembre de 1989, absuelve al demandado de todas las súplicas, con costas.

Apeló el demandante. Resolvió el recurso de alzada la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali por sentencia fechada el 31 de julio de 1991, por la cual revoca la del juez inferior y, en su lugar, condena al pago de la pensión de invalidez sin costas.

Interpuso el ISS el recurso de casación, que le fue concedido. Admitido por la Sala y debidamente preparado, se pasa a decidir.

(...)

Consideraciones de la Corte

El recto entendimiento del artículo 27 del Acuerdo 536 de 1974, aprobado por el Decreto 770 de 1975, sobre reglamento general del seguro de enfermedad y maternidad que preceptúa que las “únicas pruebas de carácter médico valederas serán las que expidan los servicios médicos del instituto” es norma que gobierna el régimen administrativo de la entidad de seguridad social para calificar las incapacidades de sus afiliados pero inaplicable en el régimen probatorio del procedimiento laboral.

En el sistema de la sana crítica que informa el artículo 61 del Código de Procedimiento Laboral en armonía con el 175 del Código de Procedimiento Civil, que faculta además al juez ordenar y practicar pruebas que regulan medios semejantes, según su prudente juicio, la regla limitativa transcrita en materia probatoria como si se tratase de hecho o acto que requiere prueba solemne, es decir, que únicamente son pertinentes las probanzas que sean autorizadas por los médicos del ISS, no es de recibo en los procesos laborales en donde se admiten todos los medios probatorios establecidos por la ley, con la salvedad de que la pericia sólo tendrá lugar cuando el juzgador estime que debe designar un experto o acudir a los médicos de la sección de medicina e higiene del Ministerio del Trabajo y, en su defecto, por los médicos legistas que lo auxilien en asuntos que requieran conocimientos especiales, regulada su práctica por los principios de publicidad y contradicción, como garantía plena para los litigantes en la solución de los conflictos jurídicos que debe resolver la jurisdicción del trabajo, actividad que solamente tiene operancia jurídica en juicio rituado con arreglo a las formalidades propias del debido proceso.

Tanto ello es así que en el caso sub-examine el Instituto de los Seguros Sociales por Resolución 0466 expedida el 9 de abril de 1986 y con apoyo en el oficio 1475 procedente del jefe de medicina laboral del mismo establecimiento resolvió suspender al demandante la “pensión por invalidez y de origen no profesional”, sin que el interesado tuviese la oportunidad de replicar ni objetar el referido informe que en lo pertinente dice que el asegurado “no es inválido, aunque sí queda con una incapacidad permanente parcial”.

De ahí que el juzgado del conocimiento en uso de la facultad discrecional que le confiere el artículo 51 del Código de Procedimiento Laboral decretó la prueba pericial para que la oficina de medicina e higiene del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ajena al presente conflicto dictaminara sobre la incapacidad laboral del promotor del litigio que fue calificada en un 70% conforme a la tabla de valuación que trae el artículo 209 del Código Sustantivo del Trabajo, experticio que fue controvertido por la parte demandada en el término de traslado y valorado por el Tribunal ad quem como idóneo para acoger la reclamada pensión de invalidez.

Visto lo cual, no prospera el cargo».

(Sentencia de mayo 6 de 1992. Radicación 4832. Magistrado Ponente: Dr. Rafael Baquero Herrera).

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