Sentencia 4834 de febrero 17 de 2005 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN “B”

Ref.: Expediente 250002325000200006066 01

Número interno: 4834 - 2003.

Consejero Ponente:

Dr. Jesús María Lemos Bustamante

Autoridades nacionales.

Actor: Luis Alberto Vásquez Galvis.

Bogotá, D.C., diecisiete de febrero de dos mil cinco.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Se discute en el presente proceso si el actor, en su calidad de docente, tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión ordinaria de jubilación con base en la Ley 42 de 1933.

Considera el actor que el artículo 1º de la Ley 42 de 1933 contiene una normatividad especial vigente, la cual permite que quienes hubieren desempeñado puestos en el magisterio como profesores en establecimientos públicos o privados y tuvieren más de 70 años de edad tengan derecho a una pensión de jubilación.

Como sustento de sus pretensiones indica que prestó sus servicios docentes por más de 16 años y 8 meses en el Colegio La Salle de Zipaquirá, pero la entidad demandada, mediante los actos acusados, no tuvo en cuenta el tiempo laborado en dicha entidad por el lapso comprendido entre el 1º de enero de 1983 y el 22 de octubre de 1992 en razón de que no se acreditó su aprobación oficial.

El fundamento jurídico en que se apoya el demandante para solicitar el reconocimiento de la pensión de jubilación es la Ley 42 de 1933, cuyo artículo 1º dispone:

“ART. 1º—Los individuos que hubieren desempeñado durante más de quince (15) años puestos en el magisterio como profesores en establecimientos públicos o privados y que tuvieren más de setenta (70) años de edad, tendrán derecho a una pensión mensual vitalicia de jubilación de ochenta pesos ($ 80) pagaderos del erario público nacional.

PAR.—Las pruebas que deben presentar los interesados serán las de su edad, su buena conducta, su pobreza y los servicios prestados. Comprobarán éstos con los nombramientos que se les hubieren hecho para las cátedras y con los certificados de haberlas desempeñado satisfactoriamente”.

De la norma en cita se destacan los siguientes aspectos:

Eran beneficiarios de la pensión de jubilación los profesores de establecimientos tanto públicos como privados, que cumplieran los siguientes requisitos:

Tiempo de servicio: más de quince (15) años.

Edad: mayor de setenta (70) años.

Cabe observar que la pensión de jubilación en los términos de la Ley 42 de 1933 no fue concebida con base en los principios que caracterizan un sistema de seguridad social sino que se estableció como una “excepción” para quienes se encontraran en las circunstancias previstas en aquella ley porque el Estado estaba en la obligación de garantizar la vida digna y la subsistencia de los ancianos. Empero tal situación varió a partir del año 1967.

De 1933 en adelante se ha expedido abundante normatividad consagratoria de pensiones “especiales”, entre las cuales, a título puramente ilustrativo, se enuncian las siguientes:

Ley 28 de 1943 para servidores del Ministerio de Correos y Telégrafos; Ley 84 de 1948 para el personal científico que trabaja en servicios de lucha antituberculosa; Ley 7º de 1961 para radio-operadores del servicio móvil aeronáutico.

En el año 1945 fue expedida la Ley 6ª, por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial del trabajo. Esta norma estableció, en su artículo 17, literal b), el derecho a la pensión de jubilación para los empleados y obreros nacionales de carácter permanente.

Con posterioridad ha seguido expidiéndose un buen número de leyes que establecen pensiones especiales, ninguna de ellas destinada a regular las pensiones de quienes se dedican a las tareas del magisterio privado sin aporte obligado del beneficiario y a cargo del erario público.

Mediante la Ley 90 de 1946 se creó el Instituto de Seguros Sociales con el fin de garantizar las prestaciones sociales de los trabajadores particulares. Esta ley dispuso que estarían sujetos al seguro social obligatorio los trabajadores nacionales y extranjeros que, en virtud de un contrato de trabajo o de aprendizaje, prestarán sus servicios a un patrono de carácter particular siempre que no fueran expresamente excluidos por la ley.

El Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 del mismo año, indicó quiénes estaban sujetos al seguro social obligatorio contra los riesgos de invalidez y muerte y contra el riesgo de vejez. Entre ellos, en el literal a) del artículo 1º, enunció los trabajadores nacionales o extranjeros que, en virtud de un contrato de trabajo, presten sus servicios a un patrono de carácter particular, siempre que no sean expresamente excluidos por la ley.

Estas prestaciones dejarían de estar a cargo del patrono cuando el riesgo fuera asumido por el Instituto Colombiano de Seguros Sociales de acuerdo con la ley y dentro de los reglamentos que dicte el mismo instituto.

El actor, en su calidad de docente de un establecimiento educativo de carácter particular, cumplió su status pensional el día 31 de diciembre de 1995, ello es con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, que reguló todo el sistema de seguridad social, por lo que no es viable la aplicación de la Ley 42 de 1933.

Además, al actor, en su calidad de docente de establecimiento educativo de carácter particular, no le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación a cargo de la Caja Nacional de Previsión Social.

En estas condiciones no es posible acceder a las pretensiones de la demanda con base en la Ley 42 de 1933. Por las razones que anteceden, la sentencia que negó las súplicas de la demanda merece ser confirmada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Confírmase la sentencia de 26 de junio de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las súplicas de la demanda incoada por Luis Alberto Vásquez Galvis.

Publíquese en los anales del Consejo de Estado.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión».

________________________________