ACCIÓN REIVINDICATORIA

DEMANDADO QUE PRESENTA TÍTULO DE ADJUDICACIÓN DEL INCORA

EXTRACTOS: «3. La labor hermenéutica ha sido una preocupación constante de la disciplina jurídica, pues la aplicación del derecho supone como norma fundamental la cabal comprensión del ordenamiento positivo a cuya cabeza se encuentra la Constitución. Esta pauta interpretativa adquiere especial importancia tratándose de la aplicación de la ley, porque estando estructurado el sistema jurídico sobre la base de una organización jerarquizada, ésta debe consultar las pautas de orientación general trazadas par la Constitución Política, de la que emanan todas las demás normas de derecho; de donde el acierto en la aplicación de la ley está determinado entre otras cosas por el que una tarea de esa índole se lleve a cabo con apego a ese estatuto superior, de cuya interpretación dependerá a su turno el que pueda tomársele como norma jurídica de actuación directa y como pauta formal y material para la aplicación del ordenamiento en su conjunto. Dicho en otras palabras, la Constitución, en virtud de la supremacía que le es inherente según los términos de su artículo 4º, representa de suyo el contexto obligado al que ha de referirse cualquier proceso intelectual de aplicación de las leyes, luego es deber prioritario de jueces y magistrados ejercer la función jurisdiccional de la que son titulares de conformidad con los valores y principios de rango constitucional que la Carta Política reconoce y consagra; no es este principio, entonces, un criterio más de interpretación normativa que se sume en el mismo plano a los de tipo literal, lógico, sistemático e histórico previstos en el capítulo cuarto de título preliminar del Código Civil, sino que para decirlo mediante la expresión utilizada por autorizados expositores, es una “directiva preferente” que exige por su propia índole, un alto grado de cuidadosa atención de la Constitución en las operaciones hermenéuticas que en las sentencias por ellos proferidas lleven a cabo aquellos funcionarios, imponiendo por lo tanto la selección, entre las varias alterativas hermenéuticas posibles de uno o varios preceptos frente a las particularidades de cada caso, aquella que mejor encaje con esos valores y principios constitucionales, regla esta que cobra todavía mayor significación cuando lo que está en juego es la vigencia de los que se denominan genéricamente derechos fundamentales y libertades públicas.

Así, pues, hoy no admite duda, con miras a la aplicación de la ley, que ésta debe estar en perfecta armonía con la Constitución Política, entendida esta última con una dimensión que trascienda el carácter jurídico formal, es decir que esa aplicación debe consultar la fuerza normativa del ordenamiento superior en punto a principios, derechos y garantías consagrados en ella; de manera que al hacerla actuar (la ley) el operador judicial sea consciente que es deber ineludible suyo el de garantizar la vigencia del orden jurídico justo, como lo reclama el propio preámbulo de la Carta; labor esa que, consecuentemente, lo llevará de paso a ser certero al hacer uso de los preceptos que le están subordinados.

De manera que si la Constitución Política reclama en la actualidad una aplicación legal que consulte su valor normativo y no meramente organicista, y si constituye así mismo afirmación apodíctica la de que el orden legal debe estar en consonancia con la Constitución Política dado el sistema piramidal en el que se estructura el ordenamiento jurídico colombiano, cuando el juzgador aplica las normas sustanciales contenidas en la ley sin tomar las previsiones que se imponen para mantener la correspondencia entre ésta y la Carta Política, produce un dislocamiento del andamiaje jurídico en que se asienta el correspondiente derecho legal.

Nótase además, que por mandato del citado artículo 4º superior “En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales”; mandato que tras establecer una actuación preferente de la norma constitucional sobre la simplemente legal que la contraríe, consagra muy especialmente el postulado de la aplicación “directa” de dicha norma, lo cual significa que los administradores de justicia, al hacer actuar la ley, deberán cerciorarse de su conformidad con la Constitución Política, de manera tal que si advierten contradicción con ella no sólo deben abstenerse de aplicarla sino de hacer valer en cambio el respectivo precepto superior. Los jueces no pueden desentenderse entonces, se puntualiza una vez más, de la conformidad que debe tener con la Constitución el resultado a que conduce la aplicación que en la sentencia hagan de disposiciones de rango inferior, so pena de infringir el principio de la supremacía constitucional, y en consecuencia, abrirle paso al recurso de casación por violación directa de normas sustanciales, para lo que basta la simple enunciación del principio, regla o postulado contenido en aquellas o que les infunde su razón de ser, por lo que no es preciso, en el plano de que se trata, el señalamiento del número que identifica, en la codificación superior, aquellas disposiciones.

4. En este orden de ideas, es de ver que al tenor del artículo 58 de la Constitución Política “Se garantiza la propiedad privada y los derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, por los cuales ha dicho la Corte deben entenderse “...aquellas situaciones individuales y subjetivas que han creado y definido bajo el imperio de una ley, y que por lo mismo han creado a favor de sus titulares un cierto derecho que debe ser respetado...” (sentencia de 17 de marzo de 1977).

Si, como lo dispone la norma transcrita, los títulos de propiedad que ampara la Constitución Política son aquellos obtenidos con arreglo a la ley civil, ello significa que el juzgador que tiene sobre si la tarea de resolver un conflicto de interés atinente al derecho de dominio, está obligado como primera medida, a no desentenderse a la ligera del origen de los títulos llevados al litigio, y además, a evitar que su decisión implique desconocer la garantía jurídica de la propiedad que el aludido texto constitucional consagra, no permitiendo en consecuencia que dicha decisión pueda llegar a significar, por sus efectos y para una de las partes, la cesión forzosa de la propiedad de la que demostró ser titular sin haber mediado sentencia judicial ejecutoriada que así lo ordene, recaída en un proceso expropiatorio de corte civil común. Por manera que si con fundamento en títulos fraudulentos o viciados de ilícitos, obtenidos obviamente en forma irregular, el juzgador atendiera la oposición planteada por un demandado respecto de una acción reivindicatoria aducida en proceso con apoyo en títulos del actor que no admiten reparo de ese mismo linaje, ciertamente que su decisión quebrantaría la garantía constitucional en cita en perjuicio del actor, garantía que le impone al sentenciador resolver amparando la propiedad del último en todos los casos en que ella sea anterior a la posesión del reo; es decir, que los sentenciadores están llamados a medir los alcances del artículo 946 del C.C. frente a situaciones litigiosas singulares en armonía con lo que de manera perentoria establece el artículo 58 de la Carta Política.

5. En el caso de este proceso, el reproche que le hace el censor a la sentencia impugnada consiste en haber desconocido el derecho de propietario del demandante consistente protegido, como consecuencia de haberle dada el Tribunal pleno valor jurídico a la resolución de adjudicación del Incora expedida en favor del demandado, pues de estarse a las consideraciones en que dicho fallo se asienta, la mediación de un acto administrativo de esa naturaleza en litigio judicial en el que se disputa el derecho de dominio, trae consigo de manera inevitable para el juez llamado a componerlo, el entender que el resultado de la decisión no puede ser otro que el de inclinarse necesariamente en favor del adjudicatario del mismo, porque ante la presencia de dicho acto y mientras conserve su eficacia no puede haber otro título oponible de propiedad que valga ante la ley.

En efecto, para despachar adversamente la pretensión reivindicatoria, el Tribunal se apoyó básicamente en que “no se cumple en el sub lite con el presupuesto de la acción reivindicatoria “Derecho de dominio o cualquier otro derecho real principal en el demandante que no se encuentre en posesión del mismo”...”, por cuanto el predio que se pretende reivindicar, fue adjudicado al demandado Álvaro Orjuela Bermúdez por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, mediante resolución debidamente inscrita en el registro inmobiliario, acto administrativo que “es título que acredita la plena prenda del fundo”, sin que pudiera por eso dejar “sin efectos el título presentado por la parte pasiva”, en tanto siendo el adjudicatario titular del dominio, la pretensión del demandante no podía alcanzar el resultado favorable esperado.

Así, agrega el Tribunal que “para pedir la reivindicación era necesario impugnar... la resolución de adjudicación, técnica forma de hacerle perder eficacia al acto administrativo” en cuestión; y así se deduce además del hecho de haberle impartido aprobación total a la sentencia del a quo en la que, para sostener el mismo criterio, éste hizo ver previamente cómo “si bien es cierto el demandante aportó la escritura pública Nº 504 del 26 de noviembre de 1976...no es menos cierto que este mismo inmueble fue adjudicado al demandado...por el Instituto de la Reforma Agraria, Incora...” (fl. 510 cuad. 1).

Al decidir en la forma en que lo hizo, el Tribunal condicionó entonces la procedencia de la acción reivindicatoria aquí incoada a la previa descalificación por vía contencioso administrativa de la resolución de adjudicación, pues en su concepto esto “era necesario” por ser la “única forma de hacerle perder su eficacia al acto administrativo”, agregando que al no mediar la invalidez o ineficacia del acto de adjudicación, era el adjudicatario el único titular de dominio en el proceso.

Para dar relievancia sustancial exclusiva a la resolución de adjudicación emanada del Incora, el ad quem aseveró que “al dejar esta Sala sin efectos el título presentado por la parte pasiva, estaríamos invadiendo áreas correspondientes a la jurisdicción contencioso administrativa, única competente para revisar la legalidad del acto administrativo que adjudicó el baldío, luego no le corresponde a la jurisdicción ordinaria, como lo pretende el apelante, dejar sin efecto la resolución tantas veces citada”, resolución que por ende debe presumirse auténtica y constituye el único título representativo de dominio.

6. Al decidir como acaba de indicarse el juzgador ad quem incurrió en el error jurídico que le atribuye la censura, atendidas las siguientes consideraciones:

6.1. Al tenor del artículo 946 del C.C. la acción reivindicatoria es por definición “la que tiene el propietario de una cosa singular, de que no está en posesión, para que el poseedor de ella sea condenado a restituirla”, lo que ha llevado a la Corte a sostener en reiterada y constante jurisprudencia que “toda acción de dominio se plantea sobre la situación jurídica que establece el artículo 762 del C.C. y tiene por objeto destruir probatoriamente la presunción que ella otorga...” (sent. 17 de diciembre de 1947, G.J. LXIII, pág. 631; 19 de noviembre de 1948, G.J. LXIV, pág. 801; y 2 de junio de 1958, G.J. LXXXVIII, pág. 65); y a exponer así mismo que “a quien alega el dominio como base de reivindicación, le basta presentar títulos anteriores a la posesión del demandado, no contrarrestados por otros que demuestren igual o mejor derecho del poseedor no amparado por prescripción. La presunción de dominio establecida por el artículo 762 del C.C., desaparece en presencia de un título anterior de propiedad que contrarreste la posesión material, pues el poseedor queda entonces en el caso de exhibir otro título que acredite un derecho igual o superior al del actor” (casación de 24 de junio de 1950, G.J. LXVII, pág. 417; 23 de septiembre de 1950, LXVIII, pág. 100; 18 de junio de 1958, G.J. LXXXVIII, pág. 192, entre otras).

Como se observa, la acción reivindicatoria supone invariablemente la confrontación de un título con una posesión, sea que esta última esté a su turno amparada o no en un título similar, confrontación que corresponde hacer sin excepción al juez en orden a determinar cuál de los litigantes tiene un derecho prevalente, y no es verdad que aquel esté relevado de actuar de ese modo en frente de un título determinado del opositor, porque tal límite de actividad no lo ha impuesto el ordenamiento jurídico. Con razón ha dicho entonces esta Sala al cumplir con su misión de interpretar y aplicar la ley, que “un demandado en reivindicación bien puede suceder que tenga un título justo y posesión regular, y ser vencido, sin embargo, en un juicio de dominio, porque el reivindicador opuso a este título otro que prevalecía...”. (Casación de 30 de junio de 1931, G.J. XXXIX, pág. 160), y así mismo que “cuando el poseedor además de ampararse en su posesión presenta un título inscrito, entonces surge el problema de confrontar el del demandante con los del demandado para determinar a cuál de ellos asiste mejor derecho. Mas en este caso también la posesión material juega primordial papel, porque entonces los títulos del demandante deben comprender un período mayor que el de la posesión del demandado. Cuando los títulos de este y lo mismo su posesión son de fecha posterior a los del demandante, la acción de este prospera; pero al contrario, cuando el título inscrito del demandado es anterior al del demandante, la petición reivindicatoria de este no puede triunfar” (sent. de 6 de mayo de 1953, G.J. LXXV, pág. 35).

De ahí precisamente que cuando en un proceso reivindicatorio con las características poco frecuentes que ofrece el que ahora se estudia, se enfrenta el dueño demandante con una resolución de adjudicación emanada del Estado en la que apoya el demandado su oposición, no es acertado sostener como lo pregona el ad quem en una generalización a todas luces inaceptable, que el juez ordinario esté imposibilitado jurídicamente para efectuar la pertinente confrontación que por mandato legal le corresponde hacer según quedó visto a espacio en las líneas precedentes, pues no sólo no hay en principio ningún obstáculo legal que impida realizar esa actividad, sino que ella es imprescindible si por efecto de atribuirle mérito preponderante a la adjudicación que, en concepto de ser baldío, hizo el Estado respecto de un bien raíz determinado, ello implica sacrificar en forma definitiva y por fuera del marco de legitimidad que para tal fin representa la garantía expropiatoria consagrada en el artículo 58 inciso 4º de la Constitución Nacional, un derecho de propiedad particular que tiene por objeto el mismo predio y cuya existencia quedó demostrada a cabalidad en el proceso.

Es errado entonces sostener, como lo hace el Tribunal, que en ningún caso cabe cotejar el título de propiedad que exhibe el reivindicante con una resolución de adjudicación de baldío expedida por el Estado en que se ampara el demandado; y más aseverar así mismo, en la forma en que también lo hace el ad quem por tal motivo hay que desconocerle per se a aquél su aptitud legal para rivalizar con éste, o lo que es lo mismo asignarle al último una supremacía sustancial frente a todo dominio anterior. Se reitera que en parte alguna del ordenamiento jurídico está previsto el valor preferente o exclusivo que tienen por sí mismas las resoluciones de adjudicación de baldíos sobre los títulos de propiedad de índole similar al que a estos autos trajo el actor, por lo cual es indispensable que el juez ordinario, una vez efectúe la correspondiente confrontación mediante el análisis global del acervo probatorio, no antes, se pronuncie sobre la prelación de unos sobre otros. Y aún cuando nada se opone en verdad a que finalmente pueda resultar ganancioso el litigante beneficiado por la resolución de adjudicación, si es necesario hacer énfasis en que ello en ningún caso podrá darse sino como fruto del análisis de la realidad procesal concreta que haya tenido ante sí el juzgador.

Y menos aún comparte la Corte la afirmación del Tribunal según la cual darle prelación a un título como al que a estos autos trajo el actor por encima de la resolución de adjudicación esgrimida por el demandado, es tanto como invadir la esfera de atribuciones otorgada por la ley a la jurisdicción contencioso administrativa, pues con tal proceder no se invalida ni declara ineficaz como con alcance general recurriría en ese orden jurisdiccional, sino que simplemente se define el litigio por el juez competente mediante la pertinente declaración de prevalencia de un título sobre otro, cuyos efectos son obviamente relativos y están limitados por ello al proceso reivindicatorio mismo, descalificación que en ese caso se hace absolutamente necesaria si por obra de un imperativo superior de rango constitucional, las circunstancias obligan a impedir que el dominio y el poder de persecución sobre la cosa que le es inherente, no resulten inoperantes.

Orientada por los mismos criterios, expuso la Corte en proceso en el que el contrato por el cual la cosa reivindicada le era inoponible al reivindicante actor, que “Parece que el recurrente quisiera indicar que es indispensable, para que prospere una acción reivindicatoria, demandar la nulidad del contrato por el cual la cosa que se reivindica fue enajenada. Esta aserción no puede sostenerse en derecho colombiano, porque si bien el artículo 1784 (se refiere al 1748, se agrega) da acción reivindicatoria cuando se pronuncia la nulidad, cierto es también que la acción de reivindicación puede intentarse sin demandar la nulidad del respectivo contrato, porque en esta acción se comparan títulos y de esa comparación resulta la preferencia o prevalencia de unos sobre otros. Si prevalecen los del demandante la acción prospera, si los del demandado, se le absuelve de los cargos de la demanda, sin necesidad de establecer acción de nulidad, que difiere esencialmente, por sus caracteres intrínsecos de la acción reivindicatoria” (Sent. 24 de marzo de 1942, G.J. Nº 1948, pág. 267).

La misma línea de pensamiento sostuvo posteriormente la Sala en sentencia de 21 de abril de 1954, al aseverar:

“El papel del juzgador en el juicio sobre reivindicación no se limita a la simple comparación de los requisitos formales extremos de las escrituras presentadas por las partes; pues, para decidir qué títulos de dominio tienen preferencia, debe examinar la validez y eficacia de los actos jurídicos que constan en esas escrituras, a fin de saber si ellos son consultivos, traslaticios o declarativos de dominio a favor de quien los invoca y qué valor relativo tienen esos actos jurídicos frente a los que la contraparte invoque y pruebe a su favor. Esta es la doctrina que ha sostenido la Corte (...). Por lo demás, en el presente juicio no se trata, como ya se vio atrás, de que los títulos exhibidos por la parte demandada sean nulos sino de que con ellos no se le transmitió el dominio de las cuotas reivindicatorias. Pero, aun cuando lo fueron, lo cierto es que no se necesita, para que prospere una acción reivindicatoria, demandar expresa o previamente la nulidad del acto por el cual la cosa que se reivindica fue enajenada. Si ese acto se invoca, por alguna de las partes, como título de dominio en la reivindicación, el juez no puede abstenerse de deducir sobre su validez o invalidez, sobre su eficacia e ineficacia relativamente a lo títulos invocados por la contraparte”. (G.J. Tomo LXXVII, pág. 388).

De consiguiente, aun dejando incólume la validez de la resolución tantas veces mencionada, queda claro que el Tribunal debió hacer la confrontación reclamada, reparando en el origen de los títulos enfrentados y verificando la conformidad del enunciado decisorio central en el que apoyó su sentencia, con el postulado constitucional en virtud del cual se protege la propiedad privada adquirida con arreglo a las leyes civiles.

6.2. Con algunas excepciones que más adelante se concretarán, la tendencia del legislador patrio ha sido la de proteger el derecho de terceros frente a las adjudicaciones de predios rurales hechas por el Estado, como lo demuestran los antecedentes que a continuación se mencionan:

6.2.1. El artículo 9º de la Ley 48 de 1882 consagró en su momento que “En toda adjudicación de tierras, por cualquier título que ella se haga, se entenderán expresamente salvados los derechos de propiedad de los ocupantes, los cuales serán amparados contra los adjudicatarios, en los términos de la presente ley”.

6.2.2. El Código Fiscal (L. 110/12) reguló posteriormente todo lo atinente a la adjudicación de baldíos dejando también a salvo los derechos del tercero propietario, al disponer en su artículo 47 que: el Estado no garantiza la calidad de los baldíos que adjudica; que por consiguiente no está sujeto al saneamiento “de la propiedad que transfiera en las adjudicaciones”; que las inexactitudes contenidas en las peticiones de adjudicación de baldíos lo mismo que en los planos levantados con tal propósito “sólo perjudican a los peticionarios y a sus causahabientes”; y que la “adjudicación en ningún caso perjudica a terceros, y deja a salvo los derechos de los cultivadores o colonos”.

6.2.3. El parágrafo del artículo 10 de la Ley 71 de 1917 complementó la protección del derecho de terceros al disponer que “...deberá reconocerse y respetarse en la adjudicación o entrega de terrenos denunciados como baldíos, el derecho del propietario o del adjudicatario que presente, debidamente arreglados, sus correspondientes títulos de dominio, si estos no han sido declarados judicialmente nulos”; para lo cual el artículo 2º de la Ley 97 de 1946 previó la oportunidad en que aquellos debían oponerse a la adjudicación.

6.2.4 Sin embargo, como de conformidad con la normatividad en cita, las resoluciones de adjudicación de baldíos ninguna seguridad ofrecían a las entidades de crédito que recibían esos bienes en garantía y a menudo veían cómo debido a la mencionada protección legal a terceros estos triunfaban en sus reclamaciones con el consiguiente perjuicio resultante para ellas, el legislador patrio —para acallar la inconformidad de esas entidades que no encontraban un “título firme” en las adjudicaciones y para conjurar, así mismo, las consecuencias negativas que de allí pudieran derivarse para la actividad productivo de la Nación—, estableció una garantía adicional para determinadas resoluciones de adjudicación y en favor del adjudicatario en tanto dispuso en el artículo 6º de la Ley 97 de 1946 “presúmese de derecho que todo terreno adjudicado por el Estado ha sido baldío, cuando la resolución de adjudicación haya tenido como base una explotación con cultivos o establecimiento de ganados por un período no menor de cinco años con anterioridad a la fecha de la adjudicación...”; a lo cual agregó que “la presunción de derecho que aquí se consagra, no surtirá efectos contra terceros sino después de un año, a partir de la fecha de la inscripción de la providencia de adjudicación en la oficina de registro competente...”.

En armonía con aquello, el artículo 8º de la misma ley ordenó a los institutos oficiales o semioficiales de crédito, aceptar “como legalmente válidos los títulos de adjudicación que estén amparados por la presunción de derecho, de que trata la presente ley”; y el artículo 8º del Decreto 547 de 1947 (reglamentario de la Ley 97 de 1946) pasó a señalar que “En la parte motiva de las resoluciones de adjudicación deberán analizarse ampliamente las pruebas allegadas sobre la explotación económica del predio, término de ella y la fuerza de convicción que le merezcan al ministerio para efectos de la presunción consagrada por el artículo 6º de la ley que se reglamenta”; y que “en la parte resolutiva debe hacer la declaración de si la adjudicación queda o no amparada por la presunción, especificando que ésta no surtirá efectos contra terceros sino pasado un año a partir de la fecha de inscripción de la resolución en la respectiva oficina de registro”.

6.2.5. Hoy, pues, si bien gozan de protección razonable los derechos de terceros frente a las resoluciones de adjudicación expedidas por el Estado, no puede perderse de vista que la limitación impuesta a esos derechos por el artículo 6º de la Ley 97 de 1946 debe aplicarse de acuerdo en un todo con las finalidades de interés general en que esta última norma se inspira, esto es, con sujeción a las pautas y propósitos allí perseguidos por el legislador, lo que obliga a admitir que aún después del año de producido el registro de la resolución de adjudicación en la oficina competente, la fuerza de la presunción de derecho en ella contenida de ser baldío el bien adjudicado descansa por lógica en que la expedición del acto administrativo en referencia no sea producto de maniobras abusivas o fraudulentas que de consumarse con la bendición aparente de la ley, darían lugar al enriquecimiento sin causa del adjudicatario a costa de los derechos del legítimo propietario.

Por eso es preciso puntualizar que no toda resolución de adjudicación está amparada con la presunción de derecho comentada, pues de tal privilegio sólo gozan aquellas que tengan como antecedente la buena fe del adjudicatario y no desconozcan derechos de terceros adquiridos con arreglo al artículo 58 superior. Bien puede suceder, entonces, que una resolución de adjudicación debidamente inscrita indique que el bien adjudicado queda amparado con la presunción de derecho ya aludida, y sin embargo ningún efecto legal pueda reconocérsele a esa declaración en punto a la consecución efectiva del resultado que de ordinario ella conlleva, lo que no puede acontecer, como se viene diciendo, sino en la medida en que la adjudicación misma no sea el producto de un comportamiento censurable del adjudicatario, porque no puede ser sino sobre la base de una actuación de buena fe de éste que una presunción con tales alcances puede desplegar su eficacia a plenitud, conclusión que encuentra firme respaldo en el artículo 21 de la Ley 200 de 1936 en armonía con el artículo 8º de la Ley 153 de 1887, norma en cuya virtud los jueces en el ámbito de la jurisdicción especializada para asuntos agrarios, “aplicarán el derecho teniendo en cuenta que el objeto de esta jurisdicción especial es que ley sustantiva se interprete con el criterio de que no deben protegerse el enriquecimiento sin causa, el abuso del derecho y el fraude a la ley”.

6.3. Acorde con lo vista, si el Tribunal no confrontó los títulos como correspondía, y si al decidir en la forma en que lo hizo dejó de aplicar las normas legales que regulan las acciones consagradas por el ordenamiento en defensa del derecho de propiedad, desentendiéndose de la Constitución Política que a su turno le imponía, al tener que hacer dicha confrontación, observar los principios, derechos y garantías que ella reconoce y prohíja, toda vez que como consecuencia de la decisión adoptada, el demandante, sin haberse vista sometido a la potestad expropiativa el Estado por los cauces procesales regulares, resultó privado de el derecho de propiedad del que probó ser titular, luego el Tribunal incurrió en el yerro jurídico que le atribuye la censura. Su omisión consistió en hacer de lado la dimensión constitucional del litigio, como lo plantea el cargo, sacrificando el derecho de propiedad aducido en proceso por el demandante, el que subestimó como consecuencia directa de haber otorgado, sin ocuparse de los alcances del título del actor, exclusivo valor jurídico al acto de adjudicación expedido en favor del demandado contradictor. Al actuar así el ad quem, ciertamente desatendió la garantía jurídica de la propiedad contenida en el artículo 58 de la Carta Política.

7. El cargo, por consiguiente, es próspero.

8. Sentencia sustitutiva.

8.1. A pesar de la relación tenencial inicial del demandado con el predio, no admite duda que éste está legitimado por pasiva para afrontar el litigio, pues al contestar la demanda adujo su calidad de adjucatario del predio en disputa según Resolución 944 del 25 de octubre de 1983, en la que cifra su carácter de legítimo propietario y poseedor material de ese bien. Así, resulta nítido que de la conducta procesal del demandado y de la eventual compra de derechos proindiviso de cuotas que en los alegatos de instancia dijo hacer, emerge la interversión de su título inicial de arrendatario, calidad que además no fue controvertida por nadie.

(...).

8.3. Los elementos que doctrina y jurisprudencia han señalado al unísono como configurantes de la acción de dominio, son: propiedad en el demandante; posesión en el demandado; identidad entre el bien perseguido por el primero y el que ostenta en posesión el segundo; y singularidad del objeto materia de pretensión, o cuota determinada de éste.

El primero de esos elementos está cabalmente acreditado con la escritura Nº 504 de 26 de noviembre de 1976, otorgada en la Notaría del Círculo de San Martín (Meta) (fls. 37 C. 1), mediante la cual el demandante compró el inmueble que reivindica a Luis Aldana Piñeros; y con el folio de matrícula inmobiliaria obrante al folio 40 del cuaderno 1, al tenor del cual el vendedor era titular de dominio sobre ese bien, que en virtud de la correspondiente inscripción del título fue traditado al comprador. En frente de esos documentos actúa la resolución de adjudicación expedida por el Incora en favor del demandado, que como se vio carece de efectos legales al menos respecto del actor; y una posesión del demandado reconocida por este al contestar el hecho sexto de la demanda (fl. 87 C. 1), corroborada por la inspección judicial practicada sobre el inmueble (fl. 398 C. 1), que es posterior al título del actor, lo que también se deduce de la prueba testimonial; por lo que ni esa adjudicación ni la comentada posesión contrarrestan el derecho de dominio del demandante.

Algo más, el predio en disputa había salido del patrimonio del Estado antes de que éste procediera a su adjudicación, y si como prueba corroborante de tal suceso está el hecho de que en el “folio de matrícula inmobiliaria” visible al folio 40 del cuaderno 1 del expediente se registra la inscripción de títulos de dominio correspondientes a antecesores del reivindicante que, debidamente eslabonados con el de este último, se remontan al 10 de junio de 1951, fecha en la que acorde con dicho documento y mediante escritura Nº 336 de la Notaría de la Vega José Aldana enajenó a José María Aldana Piñeros el precitado bien, de quien lo adquirió a su turno Luis Aldana Piñeros por escritura Nº 98 de 20 de abril de 1974 de la misma Notaría, para traspasarlo posteriormente al aquí actor mediante escritura Nº 504 del 20 de noviembre de 1976 otorgada en la nombrada Notaría, misma que dicha parte allegó en copia legal a los autos y que reposa al folio 37 del cuaderno 1, es evidente que, con arreglo a ello, el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria adjudicó por la Resolución 000944, tantas veces mencionada, un predio que por pertenecer al dominio privado de Miguel Antonio Aldana Bermúdez no podía adjudicar, lo cual significa de contera que ese inmueble estaba por fuera del marco de actividad señalado en la ley para esa institución (arts. 3º y 12 de las leyes 135 de 1961 y 160 de 1994).

Desde luego que tratándose de predios de dominio particular, es la prescripción y no la ocupación, como lo ha dicho insistentemente la Corte, el modo que transfiere el dominio; lo que explica que el Estado no tenga facultad legal para adjudicar esos bienes, menos cuando está a su alcance constatarlo así en virtud de la función de clarificación de tierras que tiene asignada, ante cuya realidad es otro el procedimiento que debe emplear si es que quiere hacer efectiva la función social de la tierra (extinción o expropiación del dominio).

El demandado tampoco planteó en la contestación de la demanda la adquisición de derechos diferentes a los que le fueron adjudicados y, por ende, menos acreditó respecto del predio pretendido en reivindicación calidad diferente a la de adjudicatario.

8.4. El título de adjudicatario que opuso el demandado para contradecir la pretensión del reivindicante actor, que el Tribunal tuvo ante sí para hacer la confrontación de derechos a que, consecuentemente, en este caso estaba convocado, no es empero de aquéllos adquirido con arreglo a la ley civil, como lo manda el artículo 58 de la Constitución Política para que sea eficaz, por las razones que seguidamente se concretan.

(...).

8.5. Los antecedentes relatados permiten advertir sin sombra de duda la mala fe con que actuó el adjudicatario Álvaro Orjuela Bermúdez al hacerse adjudicar por el Incora el inmueble aquí disputado en reivindicación, que lo condujo a obtener un título de propiedad fraudulento, el mismo que opuso al derecho de propiedad esgrimido por el actor. Ello significa, acorde con el artículo 58 de la Constitución Política antes transcrito, que el título de adjudicatario aducido por el demandado resulta ineficaz, por no haber sido adquirido con arreglo a la ley, lo que lo priva de consecuencias jurídicas para acreditar derecho de propiedad en el demandado. Así, el único título de propietario legalmente atendible que obra en el proceso es el aducido por el actor, al cual se sujeta la Corte en cumplimiento de la orden de prevalencia que como tribunal de instancia está llamada a efectuar, so pena de vulnerar el citado precepto superior, que impone acceder a la súplica reivindicatoria ventilada en el litigio».

(Sentencia de casación, diciembre 16 de 1997. Expediente 4837. Magistrado Ponente: Dr. Nicolás Bechara Simancas).

_______________________________________