Sentencia 48373 de abril 2 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 48373

Magistrado Ponente:

Dr. Gustavo Hernando López Algarra

SL4119-2014

Acta Nº 11

Bogotá, D. C., dos de abril de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «IV. Se considera

Al estar encaminado el cargo por la vía directa, no se controvierte que el demandante trabajó para Álcalis de Colombia Ltda. (en liquidación), entre el 26 de agosto de 1969 y el 11 de febrero de 1991, y que mediante Resolución 596 de 10 de septiembre de 1999, le reconoció pensión de jubilación de origen convencional, en cuantía inicial de $319.501.oo, a partir del 24 de marzo de 1996.

Por ello es claro que la controversia que se suscita es la procedencia de la indexación de la primera mesada teniendo en cuenta su origen es la convención colectiva, para lo cual resulta pertinente referirnos que la indexación aludida, es un instrumento que busca hacer frente a la inflación, en la medida en que esta produce pérdida de la capacidad adquisitiva si no se actualiza. Se trata entonces, de una suerte de revaluación de las obligaciones pensionales debidas, que busca que quienes han trabajado durante su vida productiva, gocen de una prestación que les permita vivir dignamente.

Para la Corte es claro, que la pérdida del poder adquisitivo de la moneda es un fenómeno que puede afectar a todos los tipos de pensiones por igual, esto es, tanto las legales como las voluntarias o convencionales, sino también a las causadas con anterioridad o posterioridad a la Constitución de 1991, pues si bien es cierto la corporación venía limitando de tiempo atrás la viabilidad de aplicar la corrección monetaria solo a las pensiones que se causen con anterioridad a la Constitución de 1991, a partir de la Sentencia CSJ SL 736-2013, se amplió dicho criterio a todas las prestaciones económicas de cualquier naturaleza jurídica sin importar la fecha de causación; en cuanto allí se precisó:

De todo lo expuesto, la Sala concluye que la pérdida del poder adquisitivo de la moneda es un fenómeno que puede afectar a todos los tipos de pensiones por igual; que existen fundamentos normativos válidos y suficientes para disponer un remedio como la indexación, a pensiones causadas con anterioridad a la vigencia de la Constitución Política de 1991; que así lo ha aceptado la jurisprudencia constitucional al defender un derecho universal a la indexación y al reconocer que dichas pensiones producen efectos en vigencia de los nuevos principios constitucionales; que esa posibilidad nunca ha sido prohibida o negada expresamente por el legislador; y que, por lo mismo, no cabe hacer diferenciaciones fundadas en la fecha de reconocimiento de la prestación, que resultan arbitrarias y contrarias al principio de igualdad.

Todo lo anterior conlleva a que la Sala reconsidere su orientación y retome su jurisprudencia, desarrollada con anterioridad a 1999, y acepte que la indexación procede respecto de todo tipo de pensiones, causadas aún con anterioridad a la vigencia de la Constitución Política de 1991.

Como en este caso el tribunal consideró improcedente la indexación haciendo eco de la jurisprudencia que por medio de esta decisión se recoge, el cargo es fundado y procede la casación de la sentencia recurrida.

De lo anterior se deprende que la jurisprudencia ha predicado el carácter universal de la indexación de la primera mesada pensional. Lo siguiente, porque no existe ninguna razón constitucionalmente válida para predicar el derecho a la actualización de la primera mesada solo de algunos pensionados, cuando todos están en la misma situación. Hacerlo, por el contrario, constituye un trato discriminatorio.

Como se ha señalado, esta corporación, concluyó que todos los pensionados tienen derecho a la indexación de su primera mesada en tanto que, el derecho a la indexación de la primera mesada pensional es predicable de todas las categorías de pensionados. Por consiguiente, frente al caso que nos ocupa, procede la actualización reclamada del ingreso base que sirve para liquidar la pensión de jubilación del demandante en los términos en que fue condenada la accionada, y, en este orden, el tribunal no incurrió en la violación que se denuncia, dada su procedencia, además de la orientación jurisprudencial que ha prevalecido y a la que se hizo referencia anteriormente.

Sin duda, por todo lo dicho, no le asiste razón al recurrente en los planteamientos que hace en oposición a la decisión del ad quem, en cuanto consideró procedente la indexación del IBL, pues se infiere que el último salario devengado por el actor, con el cual debía liquidarse la prestación perdió valor adquisitivo debido a la devaluación del peso colombiano durante el lapso comprendido entre la ruptura del vínculo y la fecha a partir de la cual se le reconoció la pensión de origen convencional, a pesar de lo dicho por la accionada. De aquí que la decisión de segunda instancia es ajustada a derecho.

Así las cosas, como el tribunal no incurrió en el error jurídico que indica la censura, el cargo no prospera.

Sin costas en el recurso, dado que no hubo réplica.

Por lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en proveído de 19 de mayo de 2010, dentro del proceso ordinario laboral promovido por Alfonso Enrique Álvarez Martínez contra Álcalis de Colombia Ltda. (en liquidación).

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».