Sentencia 48410 de julio 25 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 48410

Magistrada Ponente:

Dra. Elsy del Pilar Cuello Calderón

Recurso de revisión

Acta Nº 26

Bogotá, D.C., veinticinco de julio de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Se considera

En cuanto a lo argüido por el demandado, sobre el término de caducidad de la acción, debe decirse que no es posible acudir por analogía al Código de Procedimiento Civil, pues la normatividad laboral regula esa situación, en el artículo 32 de la Ley 712 de 2001 y, precisamente, frente a ese aspecto esta Corte se pronunció en reciente providencia de 15 de mayo de 2012, en la que consideró:

“En lo relativo a la oportunidad para interponer el recurso extraordinario de revisión en materia laboral, esta Sala, en sentencia de 16 de febrero de 2010, Radicación 31082, consideró que:

“El artículo 32 de la Ley 712 de 2001, al referirse a la oportunidad para ejercer la acción de revisión que dicha ley introdujo al procedimiento laboral, dispuso:

“Término para interponer el recurso. El recurso podrá interponerse dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia penal sin que pueda excederse de cinco (5) años contados a partir de la sentencia laboral o de la conciliación, según el caso”.

“Es de observar que la norma no se refiere ni a caducidad ni a prescripción sino al término dentro del cual se puede interponer el recurso, por lo que, entonces, no es dable extender al punto las regulaciones de aquellos institutos, y la oportunidad del ejercicio de este instrumento extraordinario se contrae, entonces, a lo particular y concretamente regulado sobre él.

“Dicho término de ejercicio de la acción de revisión corresponde, en principio, a ley anterior a la 797 de 2003. Esta última, consagró las dos nuevas causales de revisión y dispuso que se podría pedir en cualquier tiempo, pero la Corte Constitucional declaró inexequible la expresión “en cualquier tiempo”, a través de la Sentencia C-853 de 2003. La regulación del artículo 32 de la Ley 712 de 2001 permaneció, entonces, incólume en la estructura atrás transcrita.

“Este artículo toma como puntos de referencia para la oportunidad del recurso, de un lado, la existencia de una sentencia penal (dado que eran 4 causales iniciales que implicaban la comisión de delitos) y, de otro, que no se exceda de cinco años contados a partir de la sentencia laboral recurrida.

“Se da, pues, un margen razonable, a juicio del legislador, para que se tramite un proceso penal y se logre una sentencia en dicho campo que tendría la virtualidad de afectar un fallo laboral mediante revisión. Este recurso extraordinario podrá, entonces, ser presentado dentro de los seis meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia penal, pero siempre que no hayan transcurrido más de cinco años contados a partir de la ejecutoria de la sentencia laboral. Por lo tanto, es claro, que el término de cinco años es el lapso máximo vigente dentro del cual es posible presentar el recurso de revisión contra los actos jurisdiccionales o extrajudiciales susceptibles del mismo.

“Como las dos nuevas causales de revisión, contempladas por el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, no dependen, para su existencia, de la previa expedición de una sentencia penal, para la Sala es claro que el término máximo de cinco años, contado a partir de la ejecutoria de la sentencia laboral recurrida, previsto por el artículo 32 de la Ley 712 de 2001, gobierna también la oportunidad para promover el recurso extraordinario en tratándose de aquellas.

“En la aludida Sentencia C-835 de 23 de septiembre de 2003, mediante la cual declaró inexequible la expresión “en cualquier tiempo” contenida por el artículo 20 de la Ley 797 de 1993, referente a la oportunidad para solicitar revisión, la Corte Constitucional expresó:

“Igualmente, los vicios que afectan a la expresión “en cualquier tiempo”, contenida en el tercer inciso del artículo 20 impugnado, dada su conexidad temática y teleológica, hacen metástasis en la misma expresión “en cualquier tiempo”, vertida en el primer inciso del mismo artículo; motivo por el cual la decisión de inexequibilidad las comprenderá por igual, según se verá en la parte resolutiva de esta sentencia.

“Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece el artículo 20 acusado deberá formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la jurisdicción que envuelva al acto administrativo, dentro del término establecido en el artículo 187 del Código Contencioso Administrativo, o dentro del término previsto en el artículo 32 de la Ley 712 de 2001. Términos que en todo caso tienen fuerza vinculante a partir de este fallo.

“El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 consagra una acción especial o sui génesis (sic) de revisión y ordena que se tramite por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código, esto es el procedimiento contencioso administrativo o laboral, o normas que los modifiquen y como quiera que se declaró inexequible la expresión en cualquier tiempo, mientras el legislador establece un nuevo plazo, se tendrá como tal el que el legislador contempla actualmente para el recurso extraordinario de revisión ante el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, según sea el órgano competente en cada caso.

“También precisa la Corte que ese plazo, comenzará a contarse a partir del día siguiente de la notificación de esta sentencia.

“Finalmente precisa la Corte que el nuevo plazo se aplica a todas las hipótesis del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que hayan ocurrido con anterioridad a este fallo o que ocurran con posterioridad a él…”.

“Es patente que, si bien el fallo de la Corte Constitucional implica la imposibilidad de ejercer el recurso de revisión “en cualquier tiempo” respecto de las causales contempladas por el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, ello no significa, como se deja sentado expresamente en dicha providencia, que no se pueda ejercitar el recurso frente “a todas las hipótesis del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que hayan ocurrido con anterioridad o que ocurran con posterioridad a él…” (fallo C-853 de septiembre 23 de 2003), con la sola limitante de la oportunidad del recurso a la luz, para nuestro caso, del artículo 32 de la Ley 712 de 2001; y la advertencia de que el término de cinco años, en los casos ocurridos antes del fallo de constitucionalidad, ha de contarse a partir del día siguiente al de notificación de dicha providencia. Tal fue el punto de equilibrio logrado en esa sentencia respecto de los intereses particulares y los públicos.

“Ahora bien, si la sentencia revisada fue expedida el 17 de octubre de 2003, cuando ya se había proferido el fallo de constitucionalidad el 23 de septiembre de ese mismo año, como se vio, y la demanda fue presentada el 26 de enero de 2007, es palpable que el recurso fue presentado oportunamente, al no haber transcurrido cinco años”.

“En ese orden, precisa la Corte que aun cuando el artículo 32 de la Ley 712 de 2001, señala como término para interponer el recurso hasta los 5 años “contados a partir de la sentencia laboral o de la conciliación según el caso”, debe contarse desde su ejecutoria, por así preverlo el 30 ibídem (…)”.

Ahora, como el recurso extraordinario de revisión que se impetra, recurre a 2 de las causales previstas por el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, pertinente resulta incursionar en la primera de ellas.

En efecto, el literal a) del artículo ibídem dispone que las providencias judiciales que impongan condena de sumas periódicas o pensiones, con cargo al tesoro nacional o a fondos de naturaleza pública, podrán ser revisadas, bien cuando su reconocimiento se haya fundado con violación al debido proceso, o cuando la cuantía de lo que se reconoció hubiese excedido lo debido, de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva.

Esa medida, extraordinaria, reviste un gran impacto jurídico y, sin lugar a dudas, su génesis no es otra que la de incorporar un principio moralizante a la actividad de reconocimiento pensional, en tanto los limitados recursos del erario, imponen una labor mucho más exigente que con otro tipo de asuntos que se ponen en conocimiento del juez.

Es por eso que, excepcionalmente, los otros principios que entran en colisión con tan particular medida, como la cosa juzgada y la seguridad jurídica, deben ceder para, en su lugar, concretar unas aspiraciones sociales, que están estrechamente relacionadas con los recursos que de manera irregular terminan satisfaciendo pretensiones particulares, específicamente cuando existe palmaria evidencia de que ello ocurre.

Esa búsqueda de la armonía que insta la ley, obliga a que sea el juzgador el que pondere, si lo pedido en el recurso de revisión es de veras trascendental, es decir, que en verdad exista un exceso en la sentencia, evidente, grosero, que no una mera discrepancia en torno a la aplicación de una norma, o un extemporáneo y fútil pedimento, y que además, delimite las eventuales situaciones que puedan llevar a eximir a las entidades públicas que hayan tenido espacios procesales idóneos para plantear esas discusiones, y que no los hubiesen utilizado, pero sin soslayar responsabilidades individuales, siendo que lo que se debate, esto es, los principios a los que atrás se hizo referencia no son de poca monta.

Todo ello hay que entenderlo según la exposición de motivos del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 que circunscribió esa revisión para “afrontar los graves casos de corrupción en esta materia y evitar los grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación”, y es entonces en esa perspectiva que procede el recurso, cuando aquellas omisiones en la defensa existan, pues otra lectura entrañaría una vulneración del artículo 29 de la Constitución Política.

Inclusive, frente a ese vital aspecto, esta Sala de la Corte, tuvo oportunidad de pronunciarse, en sentencia de 15 octubre de 2009, Radicado 29775, en la que además abordó lo relativo a la falta de jurisdicción y estimó:

“El debido proceso se traduce en que las leyes determinen el procedimiento a que deben someterse los distintos asuntos llevados a las instancias judiciales; las etapas o compartimentos estancos en que se desarrolla el proceso; las formas de valerse del proceso en aras de lograr el reconocimiento o satisfacción de los derechos recabados por las personas; el interés para acogerse a él; los funcionarios competentes; los medios de defensa y de impugnación de que disponen las partes y quienes intervienen en el juicio; los términos y oportunidades que deben observarse para el desarrollo de los diferentes actos de postulación y de gestión; y los plazos de que gozan los jueces para dictar sus decisiones, en procura de una pronta y oportuna administración de justicia.

“De manera que el debido proceso encierra, en síntesis, la garantía de un juez natural, previamente señalado por las normas legales; el seguimiento de un procedimiento, de antemano fijado por la ley; al igual que la oportunidad y prontitud de la respuesta judicial que resuelva el conflicto jurídico.

“Definitivamente, un juez o tribunal competente, investido de la potestad estatal de decidir el derecho sustancial, con vocación legítima de brindar una tutela jurídica efectiva, que se traduzca en la resolución definitiva de la controversia jurídica sometida al escrutinio de los jueces, es parte integrante y fundamental del debido proceso.

“A nadie escapa que la existencia de un juez o tribunal competente impregna de validez a los actos referidos al nacimiento, desarrollo y terminación del proceso.

“La jurisdicción, por consiguiente, se erige en un aspecto de una importancia mayúscula para el proceso. Su ausencia impide entrar en el examen de fondo de las pretensiones formuladas por el demandante y de las excepciones propuestas por el demandado, como que es inmune a prórroga; y produce la esterilidad de la actividad procesal, en cuanto sobre ella pende el pregón de nulidad con el sello de insubsanable.

“El ejercicio cabal y adecuado de la jurisdicción —potestad privativa del Estado y de la que gozan todos los jueces— reclama una división de ella en ordinaria, a la que se asigna el conocimiento del mayor número de asuntos, por su generalidad e indeterminación; y especiales, encargadas de decir o declarar el derecho en asuntos de una impronta concreta y determinada, como, por ejemplo, la de lo contencioso administrativo.

“La jurisdicción ordinaria, justamente por su amplio y generoso radio de acción, se ha especializado en distintas ramas o disciplinas: civil y agraria; familia; laboral; penal.

“Sobre el punto, esta Sala de la Corte, en la sentencia del 22 de abril de 2008 (Rad. 30.517), expresó (…):

“Así las cosas y como viene de advertirse, la anterior clasificación encuentra respaldo en el tratamiento que nuestra Constitución Política le imprime a los distintos organismos que componen la rama judicial, y específicamente en su artículo 234 del capítulo 4º, que establece que la Corte Suprema de Justicia es el máximo tribunal de la jurisdicción “ordinaria”, y en los capítulos siguientes que consagran las otras o demás jurisdicciones, al igual que en lo señalado en el artículo 11 de la Ley 270 de 1996 modificado por el artículo 1º de la Ley 585 de 2000, que prevé que la rama judicial del poder público está constituida por:

“(…) 1. Los órganos que integran las distintas jurisdicciones:

a) De la jurisdicción ordinaria:

1. Corte Suprema de Justicia.

2. Tribunales superiores de distrito judicial.

3. Juzgados civiles, laborales, penales, agrarios, de familia, de ejecución de penas, y los demás especializados y promiscuos que se creen conforme a la ley;

b) De la jurisdicción de lo contencioso administrativo:

1. Consejo de Estado.

2. Tribunales administrativos.

3. Juzgados administrativos;

c) De la jurisdicción constitucional: Corte Constitucional;

d) De la jurisdicción de la paz: jueces de paz;

e) De la jurisdicción de las comunidades indígenas: autoridades de los territorios indígenas.

2. La Fiscalía General de la Nación.

3. El Consejo Superior de la Judicatura”.

“Existen, pues, reglas preconcebidas, conocidas de antemano, que determinan el ámbito de competencia de la jurisdicción ordinaria y de las jurisdicciones especiales.

“El asunto atañe al funcionario o corporación judicial que, conforme al diseño constitucional y legal, le corresponde conocer, adelantar y definir el conflicto jurídico, según se trate de una materia genérica e indeterminada o, por el contrario, de una especial, concreta y determinada.

“Cuando la controversia jurídica presenta aristas y contornos especiales, que la distancian de lo común y de lo general, su conocimiento y decisión se entrega a las jurisdicciones especiales.

“Dentro de esa estructura constitucional y legal de la jurisdicción, el juez de lo contencioso administrativo, por ejemplo, no puede declinar su competencia en un asunto que le ha sido asignado y entregarla al juez ordinario, ni este puede asumir caprichosamente el conocimiento de un negocio que le ha sido encomendado a aquélla. En ambos casos, se dejaría de soslayo al juez natural, o se haría a un lado al “juez o tribunal competente”, y, en tránsito por esa vía, se atentaría, abierta, franca y frontalmente, contra el debido proceso, al igual que se desbordaría, sin un título legítimo, el marco de garantías y derechos que la Constitución y las leyes brindan a las personas vinculadas a una actuación judicial.

(…)

“Bien vale la pena puntualizar que, al paso que es falta de competencia la que se predica en la hipótesis de un juez de la jurisdicción ordinaria que conoce de un negocio que le corresponde a otro de una especialidad distinta dentro de ella, la falta de jurisdicción es la que se origina cuando el conocimiento de una controversia lo ha asumido un juez de la jurisdicción ordinaria y que es del resorte de un juez de una jurisdicción especial”.

Ese contexto, que explícitamente ha sido abordado por esta Corte, permite acometer el caso aquí planteado, en el que consta que el demandado fungió como empleado público, por virtud de lo cual se le reconoció pensión, a través de la Resolución 03276 de 1988, con efectos a partir del 21 de enero de 1987.

Así surge patente que la controversia que se suscitó debió conocerla la jurisdicción contenciosa administrativa, pues esta Corte ha reiterado que los conflictos jurídicos relacionados con los regímenes de excepción de que trata el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 y, por supuesto los originados con empleados públicos, antes de que entrara en vigencia tal normatividad, son de su resorte, y así lo ha contemplado, en varias oportunidades, entre otras, en providencia de 22 de abril de 2008, Radicado 30517, en la que, a su vez se cita la 26690 de 28 de febrero de 2006; allí se puntualizó que:

“(…) para la Sala la jurisdicción ordinaria no tiene el conocimiento de las controversias donde se encuentren involucradas las personas pertenecientes a los regímenes de excepción, y en estas condiciones le asiste entera razón al recurrente, en el sentido de que el Juez Segundo Laboral del Circuito de Ibagué no tenía porqué atribuirse la competencia del proceso ordinario iniciado por Blanca Cecilia Castellanos de Macana y otros contra Cajanal.

“Es de recordar que la “jurisdicción” (proveniente del latín iuris dictio) significa etimológicamente declarar o imponer el derecho, y se entiende como la potestad derivada de la soberanía del Estado de decidir el derecho sustancial, brindando una tutela jurídica efectiva a efectos de resolver de manera definitiva el litigio llevado a consideración de la jurisdicción del Estado. Ella hace parte de los requisitos de validez de los actos procesales que tienen relación directa con el debido proceso, valga decir, con los actos que permiten el nacimiento, desarrollo y terminación válida del proceso, lo que permite una estrecha relación con los presupuestos procesales, cuya importancia está en que se consolide o concrete la acción sin vicio que pueda dar lugar a su anulación.

“Luego, según la doctrina procesal, la jurisdicción constituye un requisito de especial importancia para el proceso, cuya carencia impide entrar en el examen de fondo de las pretensiones formuladas, habida cuenta que esta no es susceptible de prórroga y por ello cuando falta, no puede ejercitarse ninguna actividad procesal, que de realizarse estará viciada de nulidad con la característica de insanable (arts. 140-1, 144 inc. final del CPC y 145 del CPT y de la SS).

“Para el adecuado ejercicio de esa facultad, que se insiste corresponde privativamente al Estado a efectos de dirimir los conflictos jurídicos que se suscitan entre los asociados, nuestra legislación ha dividido dicha potestad en sectores que se conocen de manera genérica como jurisdicciones, que vienen a ser las distintas disciplinas. Es por esto, que por razones de orden práctico se hace alusión a la “jurisdicción civil y agraria”, “jurisdicción penal”, “jurisdicción laboral”, “jurisdicción de familia”, “jurisdicción contencioso administrativa”, entre otras, dejando claro que a la luz de la Carta Política, con excepción de la última de las mencionadas han quedado dentro del marco de la jurisdicción ordinaria.

“La verdad es que al instituirse las citadas divisiones operativas de la potestad jurisdiccional del Estado, en nuestro medio se habla de la jurisdicción ordinaria o común, que en estricto sentido puede afirmarse corresponde a la que ventila mayor número de materias y que son de conocimiento de las autoridades judiciales ordinarias, como es el caso de los jueces municipales y del circuito, los tribunales superiores o la Corte Suprema de Justicia, y que tiene que ver con controversias de indole civil, familia, comercial, laboral, penal, agraria, etc.; las cuales difieren de las demás jurisdicciones que en su momento se denominaron especiales y que están encargadas de impartir justica sobre asuntos muy concretos, entre las que se cuenta con la contencioso administrativa, constitucional, indigena, etc.

“Así las cosas y como viene de advertirse, la anterior clasificación encuentra respaldo en el tratamiento que nuestra Constitución Política le imprime a los distintos organismos que componen la rama judicial, y específicamente en su artículo 234 del capítulo 4º, que establece que la Corte Suprema de Justicia es el máximo tribunal de la jurisdicción “ordinaria”, y en los capítulos siguientes que consagran las otras o demás jurisdicciones, al igual que en lo señalado en el artículo 11 de la Ley 270 de 1996 modificado por el artículo 1º de la Ley 585 de 2000 (…).

“Lo expresado se trae a colación, para explicar, que si bien es cierto, todos los jueces tienen una función jurisdiccional, también lo es, que cuando se está en frente de una controversia que ha sido radicada en la jurisdicción ordinaria y que es del resorte de la especial de lo contencioso administrativo, o, viceversa, la irregularidad que debe predicarse es la falta de jurisdicción, que en esencia es el aspecto sobre el cual se soporta la violación del debido proceso dentro del recurso de revisión que ocupa la atención a la Sala, debido al reconocimiento por parte del Juez Segundo Laboral del Circuito de Ibagué, de la pensión gracia a favor de los que a través de esta acción figuran como demandados, y que es precisamente la causal invocada por el recurrente, al considerar que el Juez Tercero Laboral de Ibagué se atribuyó una jurisdicción y por ende una competencia que no le correspondía, todo lo cual siempre le es exigible al funcionario, que si no se dan en su conjunto, sus actos son anulabales, debido a que chocan con valores juridicos como el orden, la cooperación, la seguridad, la paz, el poder, la justicia y el estado social de derecho, en los que indudablemente tiene interés la sociedad.

“Así las cosas, el adelantar un proceso cuyo conocimiento corresponde a distinta jurisdicción, configura la causal de nulidad consagrada en el númeral 1º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por integración análogica al procedimiento laboral, la cual no es saneable por virtud de que afecta el interés general y no solamente el particular de uno o varios litigantes, no susceptible de convalidación conforme a lo señalado en el inciso final del artículo 144 ibídem, que consagra la falta de jurisdicción como no saneable, que fue lo ocurrido en el sub examine, al no haber advertido el juez de conocimiento, ni decretado de oficio o a solicitud de parte, la nulidad en comento, lo que a su vez conduce a que se estructure la causal de revisión del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, cuya verificación está atribuída para estos eventos a la Corte Suprema de Justicia”.

Y en nada afecta que, como lo alude el demandado, ese proceso hubiese sido remitido por el tribunal administrativo, en tanto no se suscitó conflicto de competencia, como para acudir al precedente al que se refiere, en el entendido de que esta Corte solo ha acogido el estudio de los procesos, cuando así se hubiere definido la competencia.

De ese modo la causal de violación al debido proceso está acreditada, y en nada incidiría que no se hubiese planteado en las instancias, pues esa nulidad de falta de jurisdicción y competencia no es subsanable y no cabe duda que el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Montería no podía emitir decisión en ese contexto y, por obvias razones, tampoco el Tribunal Superior de Montería, de modo que se deberá declarar nula la totalidad de las actuaciones surtidas en esas dependencias judiciales.

No corresponde a esta Sala definir el litigio, por carecer de jurisdicción y competencia para el efecto, como atrás se destacó, quedando relevada de estudiar la segunda de las acusaciones.

Sin costas en el recurso.

En mérito de las consideraciones que preceden, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Declarar fundada la causal de violación al debido proceso contemplada en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, formulada por la Procuraduría General de la Nación, a través de la delegada para asuntos del trabajo y la seguridad social, contra la sentencia de 16 de junio de 2008, proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, dentro del proceso ordinario laboral que Manuel Francisco Giraldo Cabrales le promovió a la Caja Nacional de Previsión Social —Cajanal— hoy en Liquidación.

2. Invalidar la sentencia y las demás actuaciones dentro del citado proceso ordinario laboral, que culminó con sentencia condenatoria a la Caja Nacional de Previsión Social.

Cópiese y notifíquese».