Sentencia 4844 de agosto 20 de 1992 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SECCIÓN PRIMERA

REINTEGRO DEL TRABAJADOR

CONSECUENCIAS SOBRE SALARIOS Y CESANTÍA

EXTRACTOS. «La recurrente acusa al Tribunal de haber aplicado indebidamente el numeral quinto del artículo 8º del Decreto 2351 de 1965 por cuanto estima, según se extrae claramente del cargo, que éste le hizo producir a ese precepto efectos parciales al juzgar que el demandante no tenía derecho al auxilio de cesantía por todo el tiempo de vigencia del contrato de trabajo restablecido por reintegro dispuesto en proceso anterior. Se refiere entonces la impugnación a que el sentenciador consideró erradamente que hubo solución de continuidad en los servicios prestados por el trabajador originada en el despido que fue declarado posteriormente ineficaz dando lugar al reintegro mencionado.

Acerca de los efectos jurídicos del reintegro previstos en el artículo 8º del Decreto antes mencionado, esta sección de la Sala de Casación Laboral ha considerado en forma reiterada que su imposición ocasiona que el contrato de trabajo se restablezca en las mismas condiciones que regían al momento del despido declarando ineficaz, por tanto, la relación laboral sigue siendo la misma y no otra, sin que se vea afectada la continuidad del vínculo laboral por haber dejado de prestar el trabajador sus servicios, pues esa circunstancia obedece a un acto arbitrario del empleador invalidado judicialmente, de ahí que éste se encuentre obligado a pagar los salarios que por su culpa dejó de percibir el trabajador.

La norma comentada excluye el pago de las prestaciones sociales que eventualmente hubiese devengado el trabajador durante el tiempo que no prestó sus servicios en razón a que únicamente hace referencia a los salarios dejados de percibir por éste desde el momento del despido y hasta su reintegro efectivo, pero en relación con el salario ha considerado esta misma Sección que ellos deben corresponder a los que realmente hubiere recibido el trabajador de no haber sido despedido igualmente y es lógico que así sea pues no resulta razonable considerar que aquél pudo haber devengado salarios inferiores al mínimo legal o diferentes a los fijados convencionalmente para los trabajadores aforados si él tenía esa condición, criterio que corresponde en el derecho del trabajo al principio de primacía de la realidad y que además concuerda con su naturaleza de orden público.

Conforme a lo anterior encuentra la Sala que ciertamente el ad quem le hizo producir al numeral 5º del artículo 8º del Decreto 2351 de 1965 unos efectos distintos de los contemplados en esa norma al no tener en cuenta para liquidar el auxilio de cesantía en el período transcurrido entre el despido del trabajador y su reintegro. Al respecto corresponde reiterar que la orden del restablecimiento del contrato de trabajo lleva ínsito el efecto de no solución de continuidad del vínculo laboral, motivo por el cual no puede alegarse válidamente la excepción de cosa juzgada en este punto cuando se ha omitido en la sentencia que ordenó el reintegro hacer esa declaración y se pretende en un nuevo proceso, a la terminación de la relación del trabajo, el cobro complemento del auxilio de cesantía que es pretensión diferente.

El cargo en consecuencia prospera respecto del planteamiento de la no solución del contrato de trabajo y la consiguiente obligación del empleador de pagar el auxilio de cesantía atendiendo la duración total del vínculo laboral, sin embargo, no sucede así con la indemnización moratoria, pues no escapa a la Sala que en relación con las consecuencias del reintegro han existido diferentes criterios en particular tratándose de la no solución de continuidad de la relación laboral, la cual no ha sido aceptada de manera unánime por las dos secciones que integran la Sala Plena de Casación Laboral de la Corte, por tanto, al ajustarse la empresa demandada a la posición de la solución de continuidad del vínculo laboral, no se puede predicar que obró de mala fe puesto que constituye un hecho indicativo de su proceder correcto la incertidumbre jurídica sobre el derecho reclamado, dada la existencia de las dos tesis jurídicas opuestas acerca de este punto, conforme se deduce, por ejemplo, de las Sentencias de julio 30 de 1985, Radicación 11.398; abril 27 de 1989, Radicación 3020; 21 de octubre de 1986, Radicación 252; 31 de octubre de 1985, Radicación 10.882; y abril 28 de 1983, Radicación 8405.

(Sentencia de agosto 20 de 1992. Radicación 4844. Magistrado Ponente: Dr. Manuel Enrique Daza Álvarez).

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