•Sentencia 4845 de abril 22 de 1999

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONCEPTOS JURÍDICOS DE SUPERSOCIEDADES

NO SON DEMANDABLES

EXTRACTOS: «Los ciudadanos Juan Carlos Salazar Torres y Danny Berggrun Lerner, en nombre propio y en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 84 del CCA, solicitan de esta corporación la declaratoria de nulidad parcial de la Circular Externa 30 de 26 de noviembre de 1997, expedida por el Superintendente de Sociedades.

(...).

La Sala, analizando detenidamente el contenido de la Circular Externa 30 de 26 de noviembre de 1997, dirigida a los “representantes legales, apoderados, revisores fiscales y contadores públicos de sociedades comerciales y personas jurídicas matrices y subordinadas”, concluye que la misma no crea, modifica o extingue situación jurídica alguna.

En efecto, al inicio de dicha circular se establece el propósito de la misma, en los siguientes términos:

“Ref.: Criterios generales para la aplicación del régimen legal de las matrices, subordinadas, situaciones de control y grupos empresariales y estados financieros consolidados.

Se recogen en esta circular los criterios más recientes que han sido expresados por la entidad en el tema de los conglomerados y que han tenido un reciente desarrollo dentro del derecho societario, los cuales, sin perjuicio de las reglamentaciones que se requieren para este y otros temas de nuestra ley mercantil, resultan de interés para todas las personas involucradas en el tema de las relaciones que se verifican en las sociedades comerciales, para ofrecer apoyo al sector empresarial en el cabal entendimiento de la ley. Por la divulgación de las doctrinas expresadas por esta superintendencia se está dando respuesta a las inquietudes de los ciudadanos y los particulares, sobre el tema de las matrices, la subordinación de sociedades y los estados financieros consolidados de acuerdo con las previsiones de la Ley 222 de 1995 y el Decreto 1080 de 1996” (el resaltado es de la Sala).

Como se observa, la intención que tuvo la Superintendencia de Sociedades al proferir la Circular Externa 30 de 1997, no fue otra que la de recoger los criterios por ella expresados ante las inquietudes de los particulares formuladas sobre los temas que en la misma se tratan, tal y como se advierte en los antecedentes administrativos, como se pasa a demostrar a continuación:

A folios 66 a 128 obran, entre otros, los oficios números 39854 de 17 de julio de 1997 (fl. 71), 41897 de 25 de julio de 1997 (fl. 76), 45781 de 29 de agosto de 1997 (fl. 82), 64168, sin fecha (fl. 87), 64013 y 64167, ambos de 26 de noviembre de 1997 (fls. 99 y 106, respectivamente), provenientes de la entidad demandada, y el oficio 1060 de 10 de diciembre de 1996, suscrito por el intendente de bancos de la Superintendencia Bancaria, mediante los cuales se absuelven las consultas presentadas por algunos particulares y en los cuales se advierte que los alcances de los pronunciamientos en ellos contenidos son los previstos en el artículo 25 del CCA, cuyo texto es como sigue:

“ART. 25.—Consultas. El derecho de petición incluye el de formular consultas escritas o verbales a las autoridades, en relación con las materias a su cargo, y sin perjuicio de lo que dispongan normas especiales.

Estas consultas deberán tramitarse con economía, celeridad, eficacia e imparcialidad y resolverse en un plazo máximo de treinta (30) días.

Las respuestas en estos casos no comprometerán la responsabilidad de las entidades que las atienden, ni serán de obligatorio cumplimiento o ejecución” (la negrilla no es del texto).

Los oficios anteriormente relacionados contienen, precisamente, algunos de los criterios recogidos en la circular demandada, concepto que de acuerdo con el diccionario de la Lengua Española tiene, entre otras acepciones, la siguiente: “Criterio... 2. Juicio, discernimiento”. Por su parte, la misma obra citada define el término juicio, como “...3. opinión, parecer, dictamen”.

Al no ser obligatorios los criterios expresados por la entidad demandada en el acto acusado, fuerza concluir que la misma no se erige en acto administrativo, por no producir efecto jurídico alguno, sino simplemente constituir un parecer u opinión.

Pero si algún asomo de duda aún quedara, la misma circular demandada deja claramente establecido que lo allí dispuesto son simplemente pronunciamientos que no obligan, como se aprecia a continuación:

“2. La unidad de propósito y dirección en los grupos empresariales (...).

Será el estudio de las condiciones y las relaciones que se verifican entre los sujetos en cada caso en particular, el que determinará la existencia del grupo empresarial. En el evento de presentarse discrepancia en cuanto a los supuestos del grupo empresarial, será la respectiva autoridad administrativa competente, quien lo definirá, de oficio o a petición de los interesados, efectuando el análisis particular de cada caso (L. 222/95, art. 30, inc. 2º). (...).

5. La aplicación de los presupuestos de subordinación (...).

En cuanto se refiere a la unidad de propósitos, por la determinación de los objetivos por parte de la matriz o controlante, en virtud de la dirección que ejerce sobre el conjunto de sujetos, será necesario atenerse a las políticas de las empresas, las cuales estarán plasmadas en las decisiones de las asambleas de accionistas y las determinaciones de las juntas directivas, y los administradores, junto con la manera como ambas sociedades vienen desarrollando su actividad empresarial, tanto en sus relaciones recíprocas y con los terceros. Le corresponde a la matriz o controlante calificar estos aspectos y en caso de discrepancias o inquietudes en los supuestos, deberá someterse a esta superintendencia los documentos y pruebas pertinentes, para que se tome una decisión definitiva al respecto por parte de la autoridad administrativa competente. (El subrayado es de la Sala).

5.3. Inscripción de la situación de control o grupo empresarial. (...).

Por otra parte, si existen discrepancias sobre los supuestos que originan la situación del grupo empresarial, las sociedades no vigiladas por la Superintendencia Bancaria o la Superintendencia de Valores deberán formular solicitud en tal sentido a esta entidad, para proceder a efectuar el estudio correspondiente y determinar por acto administrativo la existencia del grupo empresarial, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley 222 de 1995 y el Decreto 1080 de 1996 (el subrayado no es del texto) (...).

9. Aplicación de los presupuestos de subordinación (...).

En todos los casos es necesario un análisis de la situación de hecho particular y concreta, con el propósito de precisar la configuración de la situación de control y establecer las consecuencias jurídicas que la ley le atribuye tanto a las matrices o controlantes, como a las subordinadas o controladas. Si no se verifica la situación de control en los términos legalmente señalados, no serán exigibles las consecuencias previstas en las normas” (el subrayado es de la Sala).

De lo anteriormente transcrito se evidencia que es la misma Superintendencia de Sociedades la que determina que lo expresado en la circular demandada no constituye un acto que contenga una decisión capaz de producir efectos jurídicos, pues dichos efectos los producirá el acto definitivo que profiera la autoridad competente en cada caso particular y concreto, de acuerdo con las normas legales que cita la entidad demandada en la pluricitada circular.

En consecuencia, esta corporación se inhibirá de conocer el fondo del asunto, por cuanto considera, en acuerdo con lo expresado por el representante del Ministerio Público, que en el acto acusado la Superintendencia de Sociedades simplemente se limita a señalar las disposiciones que sobre la materia contienen los códigos Civil y de Comercio y la Ley 222 de 1995, sin que de su contenido se desprenda que tiene un carácter imperativo o que imparte instrucciones a los funcionarios encargados de los asuntos a que ellas se refieren, pues la obligación de los particulares y de los servidores públicos de cumplir con las correspondientes disposiciones legales se desprende directamente de éstas y no de la circular acusada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DECLÁRASE inhibido para conocer el fondo del asunto, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase».

(Sentencia de abril 22 de 1999. Expediente 4845. Consejero Ponente: Dr. Manuel S. Urueta Ayola).

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