Sentencia 4845 de mayo 29 de 1997 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA

Magistrado Ponente:

Dr. Nicolás Bechara Simancas

Ref.: Expediente 4845

Santafé de Bogotá, D.C., 29 de mayo de 1997.

EXTRACTOS: «Ahora bien, los particulares no pueden prevalerse de las irregularidades que, por una u otra causa, surgen en el devenir de la vida diaria para pretender derivar de ellas la existencia de derechos adquiridos, menos cuando el ordenamiento jurídico está orientado, por principio general, a subsanar esas situaciones. De ahí que, cual lo ha expuesto igualmente la Corte, las leyes de orden público encaminadas a remediar injusticias sociales existentes, se expidan no sólo con el propósito de evitar que tales injusticias se produzcan en el futuro sino que se eliminen las ya producidas; o, en otros términos, que su aplicación comprenda las nuevas situaciones y las anteriores (Cfr. Sent. jul. 18/56, G.J. LXXXIII, pág. 260).

Pues bien, independientemente de la invalidez y nulidad con alcances generales que la censura le atribuye a la Resolución 0936 de 15 de marzo de 1989, sobre la cual no le corresponde pronunciarse directamente a esta jurisdicción, lo cierto es que en el caso de este proceso no se dio aplicación retroactiva de la ley cuando, con arreglo a los artículos 100 del Decreto 960 de 1970 y 47 del Decreto 2184 de 1983, la Superintendencia de Notariado y Registro autorizó, en el año de 1989, al Notario Séptimo de Santafé de Bogotá a suscribir la escritura Nº 2212 de 10 de noviembre de 1952, que en su momento no firmó su antecesor, pues en verdad no se ve que con ello se desconozcan, hacia el pasado o hacia el futuro, los efectos ya cumplidos de un derecho constituido por ley anterior. Pero si lo anterior fuere poco, preciso es advertir, como circunstancia insoslayable, que estando orientado el legislador al expedir esos decretos por la necesidad de implantar el estatuto del notariado y de entronizar una sistemática regulación de la función notarial, el cumplimiento de lo allí dispuesto compromete sin ninguna duda el interés público, lo cual explica a las claras la justificación y conveniencia de dar aplicación a dicha normatividad desde cuando se produjo su promulgación en todos los casos allí contemplados de escrituras que, sin justificación legal, carecieren de la firma del correspondiente notario, inclusive frente a las otorgadas antes de su expedición. Desde luego que ante tales consideraciones no cabe hablar de derechos adquiridos en cabeza de ninguna persona, y ningún fundamento válido tiene argumentar que, por haber transcurrido más de 20 años desde cuando esa escritura 2212 se otorgó, la autorización notarial obtenida en 1989 no era jurídicamente posible, por estar prescrito el derecho de Clavijo Salinas a solicitar la aplicación del Decreto 960 de 1970 ó el 2148 (sic) de 1983.

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