Sentencia de homologación 4850 de octubre 17 de 1991 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SECCIÓN PRIMERA

CONVENCIÓN COLECTIVA

DENUNCIA POR EL EMPLEADOR

EXTRACTOS: «Solicita la declaratoria de inexequibilidad del artículo primero del laudo que dice así:

“Prelación de normas y continuidad de derechos: El presente laudo sustituye total o parcialmente las cláusulas contenidas en convenciones colectivas y laudos arbitrales anteriores, que sean modificadas total o parcialmente por las decisiones que aquí se toman. En consecuencia, quedarán vigentes las cláusulas de convenciones y laudos arbitrales anteriores, que no hayan sido modificados total o parcialmente por el presenté”.

Acerca de este punto el apoderado de la asociación sindical expresó lo siguiente:

“2.1. Violación manifiesta del artículo 467 del C. S. T. en relación con los artículos 55 y 58 de la nueva Constitución Nacional, así como la doctrina probable y reiterada de la H. Corte Suprema de Justicia sobre carácter y contenido de las cláusulas normativas, en relación con el artículo 1º de la Ley 50 de 1990.

El Tribunal afectó derechos adquiridos de los trabajadores y la autonomía de las partes en la contratación colectiva, olvidando la facultad prioritaria de éstas para pactar su jornada de trabajo. De esta forma el laudo violó ostensiblemente las pautas sobre competencia arbitral contenidas en el art. 458 del C. S. T.

2. Cambio de jurisprudencia: Violación del artículo 63 de la nueva C. Nacional que eliminó el principio de la no irredimibilidad de las obligaciones, pues se produjo una derogatoria expresa del artículo 37 de la anterior Constitución que consagraba dicho principio, por mandamiento expreso del artículo 38 de nueva Carta, y en todo, el Tribunal desconociendo lo anterior, procedió a variar para desmejorar los artículos convencionales sobre jornada de trabajo que vienen rigiendo en la EDIS por más de quince años.

El punto primero del pliego de peticiones referente a los efectos jurídicos del mismo tiene el siguiente contenido:

“Los puntos contenidos en el presente pliego de peticiones subrogan en lo pertinente a los artículos denunciados de la convención colectiva de trabajo vigente e incluidas en éste, en cuanto mejoren o establezcan nuevas y más favorables condiciones económicas o jurídicas para los trabajadores de la empresa''.

Se considera

La nueva Constitución Política del país garantiza en el artículo 55 el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales, con las excepciones que determine la ley, derecho que previamente a la expedición de aquella se encontraba regulado por la ley, que no es contraria a la Constitución vigente, de lo que se sigue que fue entonces el querer del constituyente elevar a canon constitucional que los conflictos colectivos de índole laboral deban solucionarse a través de la negociación colectiva entre las partes en él comprometidas. Por consiguiente, tanto los empleadores como los sindicatos o los trabajadores no sindicalizados conservaron la facultad dispositiva, garantizada por la Carta, de buscar fórmulas que concilien sus intereses dentro de los límites impuestos por la ley; así que cuando se establezcan por las partes nuevas condiciones que han de regir los contratos de trabajo, las existentes hasta ese momento dejarán de tener obligatoriedad en cuanto sean contrarias al nuevo convenio, pues la Constitución no instituyó la inmodificabilidad de las condiciones de trabajo que se acuerden en la negociación colectiva como se pretende en el recurso, lo que quiere decir que las obligaciones laborales son remidibles según se desprende de la nueva Constitución.

Ahora bien, el conflicto se ciñe a los puntos del pliego de peticiones presentado al empleador por el sindicato o los trabajadores directamente, pero la denuncia de la convención por ambas partes permite que éstas se aparten de las condiciones que anteriormente hubieren pactado para establecer otras diferentes. No tiene aceptación jurídica afirmar que los empleadores no puedan denunciar la convención colectiva porque es lo contrario lo que tiene respaldo en la ley, conforme se explicó en la sentencia del 29 de octubre de 1982, Radicación No. 9120 (*), y tampoco que no se puedan variar por las partes o por el tribunal de arbitramento las condiciones que se han pactado con anterioridad y que han sido denunciadas legalmente. La Constitución Nacional vigente no restringe en su articulado la facultad de los empleadores de denunciar la convención colectiva de trabajo.

De acuerdo con lo dicho, el tribunal de arbitramento no violó ni la Constitución ni la ley al establecer en el artículo 1º del laudo que las cláusulas de convenciones y laudos arbitrales anteriores que no se hayan modificado total o parcialmente permanecen vigentes. Incluso el artículo 467 del C. S. del T. preceptúa que la convención colectiva fija las condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia y en este mismo sentido regla el numeral 2º del artículo 479 que “formulada así la denuncia de la convención colectiva, ésta continuará vigente hasta tanto se firme una nueva convención”.

(*) Sentencia publicada en J. y D., Tomo Xll, pág. 8. (N. del D.).

Armonizadas las disposiciones legales antes citadas con la jurisprudencia reiterada de la Corte acerca de esta materia, se concluye que los efectos jurídicos de la convención colectiva o del laudo que la reemplace, si no hubo acuerdo entre las partes, es que éstas establecen las condiciones que regirán los contratos de trabajo hacia el futuro sin perjuicio de los acuerdos anteriormente celebrados siempre que no le sean contrarios.

Por las razones expuestas se declarará exequible el artículo primero (1º) del laudo recurrido».

(...)

DIRECCIÓN DE LA EMPRESA

PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES

EXTRACTOS: «Acerca de la participación del sindicato en la junta directiva de la empresa los árbitros mayoritariamente estimaron que la concesión de este punto escapaba a su competencia por cuanto que esas peticiones van en contra de derechos del empleador reconocidas por la constitución y las leyes.

En efecto, la Constitución Nacional recientemente expedida prevé la posibilidad de la participación de los trabajadores en la gestión de la empresa, sin embargo sujeta este reconocimiento a la reglamentación de la ley, por consiguiente hasta tanto no se reglamente esa congestión de los trabajadores en los destinos de la empresa, no podrán los tribunales de arbitramento establecer condiciones referentes a la participación de los trabajadores en la dirección de aquellas, dado que esa intervención de los trabajadores en la empresa en principio contraría ciertos derechos hasta ahora reconocidos por la Constitución y la ley a las personas naturales y jurídicas, entre ellos, el derecho a la propiedad privada y el manejo del patrimonio conforme al régimen jurídico preexistente, la reserva comercial, tributaria, el secreto bancario y la propiedad industrial, etc. Consecuente con lo dicho, es evidente que este punto fue negado por el Tribunal obrando conforme a sus facultades legales y constitucionales.

Guarda conexidad con el punto anterior el referente a la autorización de información sobre los asuntos de la empresa perseguida en el pliego de peticiones, pues pretende el sindicato tener noticia de todo lo relacionado con las actividades de la empresa, información que hubiese obtenido si aquella hubiera accedido a que el sindicato participara en su junta directiva, pero ello no fue así, y los árbitros estimaron que no tenían competencia para conceder a los trabajadores esta solicitud.

El derecho a la información en la forma pretendida por el sindicato contraría actualmente tanto disposiciones de la ley como de la Constitución, ya que se encuentran garantizados ciertos derechos que tienen relación con el secreto o la reserva de determinadas actividades del empleador conforme ya se indicó antes».

(Sentencia de homologación, octubre 17 de 1991. Radicación 4850. Magistrado Ponente: Dr. Manuel Enrique Daza Álvarez).

En este caso el tribunal de arbitramento negó la petición del sindicato que decía: “Acceso a la información. A partir de la vigencia de la presente convención, una vez al mes la empresa dará al sindicato la información amplia y suficiente sobre todos los aspectos, tales como decisiones de la junta directiva, estados contables, nómina de empleados y trabajadores, proyectos de reducción, ampliación o ensanche, empréstitos nacionales o internacionales. La junta directiva de Sintraedis podrá exponer sus puntos de vista y recomendar modificaciones o enmiendas a los proyectos o decisiones de la empresa, los cuales serán tenidos en cuenta por los organismos responsables”.

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