Sentencia T-48547 de septiembre 2 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS NÚMERO DOS

Magistrado Ponente:

Dr. Yesid Ramírez Bastidas

Aprobado Acta 280

Bogotá, D.C., dos de septiembre de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Para resolver se considera

De conformidad con el artículo 1º, numeral 2º del Decreto 1382 de 12 de julio de 2000, es competente la Sala para pronunciarse respecto de la impugnación interpuesta en contra del fallo de tutela proferido por el Tribunal Superior de Santa Marta en su respectiva Sala de Decisión Penal.

La demanda de tutela presentada porlos accionantes se dirige a que, por vía de este mecanismo de protección constitucional, se dejen sin efecto las resoluciones 01368 de 22 de septiembre de 2008, 1397 de 24 de septiembre de 2008 y 00693 de 3 de junio de 2008, por medio de las cuales el grupo interno de trabajo, gestión pasivo social Puertos de Colombia del Ministerio de la Protección Social ordenó ajustar sus pensiones y, en su lugar, disponer continúe pagando sus mesadas sin disminución alguna.

En orden a decidir la impugnación interpuesta, advierte la Sala que como la inconformidad de los actores se orienta a reprochar las decisiones administrativas contenidas en las resoluciones antes mencionadas, es incuestionable que si la demanda constitucional fue presentada el 16 de abril de 2010(3), luego de transcurridos más de dieciocho (18) meses contados a partir del último acto administrativo expedido —24 de septiembre de 2008—, carece de interposición oportuna y razonable.

Lo anterior, por cuanto el principio de inmediatez que rige la procedencia de la acción de tutela exige que quien se sienta lesionado o amenazado en sus derechos fundamentales la interponga en un término razonable, pues no de otra forma se explicaría la necesidad de acudir a este instituto preferente y sumario, caracterizado por la celeridad y la protección inmediata que demanda, argumento suficiente para negar el amparo solicitado.

De otra parte, para cuestionar la legalidad de los referidos actos administrativos los actores tienen la posibilidad de ejercitar la acción de nulidad en cualquier tiempo o la de nulidad y restablecimiento del derecho, dentro del término legal otorgado para el efecto, en ambos casos con la posibilidad de solicitar la suspensión provisional de dicha decisión de conformidad con lo previsto en el artículo 152 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 31 del Decreto 2304 de 1989.

La existencia de medios judiciales al alcance de los demandantes para controvertir la determinación de reajuste pensional adoptada por la grupo interno de trabajo, gestión pasivo social Puertos de Colombia del Ministerio de la Protección Social, torna improcedente la solicitud de tutela, al tenor de lo previsto en el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, máxime cuando no acreditaron encontrarse frente a una evidente situación de perjuicio irremediable y que las mesadas pensionales en cuantías de $ 3.768.254,92, $ 3.360.768,78, $ 2.750.331,18, $ 5.267.823,03, $ 2.478.010,24 y $ 4.549.656,84 que en su orden perciben Apolinar Robles Salazar, Isaac Arias Obregón, José M. Robles Salazar, Pedro Juan Palacios García y Tulio Guillermo Valenzuela Quiroz(4) no les alcanza para cubrir sus necesidades básicas y de su grupo familiar.

Los demandantes sustentan la procedencia de la solicitud amparo, en el hecho de que las resoluciones 984 de 1995, 179 de 1996 y 539 de 1995 por medio de las cuales el gerente general del Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia les reajustó las pensiones, no fueron incluidas en la investigación adelantada contra Luis Hernando Rodríguez Rodríguez; sin embargo, la Fiscalía 1ª Delegada de la Unidad Nacional Anticorrupción, Estructura de Apoyo para Foncolpuertos de Bogotá, fue clara en señalar que el restablecimiento del derecho a cargo del grupo interno de trabajo para la gestión del pasivo social de Puertos de Colombia, implica adoptar los mecanismos pertinentes respecto de aquellas resoluciones no relacionadas en la providencia que definió situación jurídica al procesado, siempre que se advierta que el reconocimiento y pago de acreencias laborales dispuesto, sea contrario al ordenamiento legal.

Revisado el texto de las resoluciones 01368 de 22 de septiembre de 2008, 1397 de 24 de septiembre de 2008 y 00693 de 3 de junio de 2008, a través de las cuales el coordinador general del grupo interno de trabajo para la gestión del pasivo social de Puertos de Colombia del Ministerio de la Protección Social, revocó en su orden las resoluciones 984 de 1995, 179 de 1996 y 539 de 1995 y, como consecuencia de esa determinación, ajustó la mesada pensional de los actores, en su parte considerativa dejó expuesto que la orden la Fiscalía General de la Nación, a través de la Fiscalía 1ª Delegada de la Unidad Nacional Anticorrupción, Estructura de Apoyo para el tema de Foncolpuertos, fue la de suspender “los efectos jurídicos y económicos de las resoluciones firmadas por Luis Hernando Rodríguez Rodríguez” que pagaron prestaciones indebidas.

También expuso en cada uno de los actos administrativos cuestionados que el área de sistema nacional de pagos de ese grupo con notas internas números 979 y 997 de 15 de septiembre de 2008 informó que las resoluciones 01368 de 22 de septiembre de 2008 y 1397 de 24 de septiembre de 2008 fueron firmadas por Luis Hernando Rodríguez Rodríguez, quien ordenó la reliquidación de prestaciones sociales en cuantías de $ 103.793.481 y 229.564.094 y fijó “un nuevo monto de pensión para los allí relacionados”, entre ellos, los actores Apolinar Robles Salazar, Isaac Arias Obregón, José M. Robles Salazar y Nicolás Maestre Jiménez, teniendo como fundamento en unas certificaciones expedidas por Nicolás Alberto Danies Silva, Antonio Villarreal y Paulina Linero, ex funcionarios de Foncolpuertos pero que no fueron encontradas en la historia laboral de los pensionados ni en los registros que dejó dicha entidad.

Respecto de la Resolución 00693 de 3 de junio de 2008, el área de sistema nacional de pagos de la entidad accionada mediante la nota interna Nº 448 de 28 de mayo del mismo año, reportó que ese acto administrativo también fue suscrito por Luis Hernando Rodríguez Rodríguez mediante el cual “reconoció y ordenó el pago de diferencias de mesadas atrasadas, por $ 48.539.008,03 y actualizar las pensiones de los allí relacionados por incorrecta aplicación de las leyes 4ª de 1976 y 71 de 1988 y su Decreto Reglamentario 2108 de 1988...”, resultando beneficiados los actores Pedro Juan Palacio García y Tulio Guillermo Valenzuela Quiroz, entre otros; sin embargo, contrario a lo considerado en la Resolución 539 de 1995, la administración de la empresa Puertos de Colombia aplicó en debida forma las citadas leyes en su oportunidad y definió los índices en los cuales se debían ajustar las pensiones y, a pesar de haber desaparecido los fundamentos de derecho, “los exportuarios presentaron solicitudes de reliquidación con base en una supuesta ‘liquidación incorrecta’ del reajuste pensional, lo cual carecía de asidero o fundamento legal alguno, en aras esquilmar el erario”.

En razón de lo anterior, la actuación de la administración contenida en los actos administrativos que ahora cuestionan los actores, no fue arbitraria; por el contrario, fue sustentada en la normatividad aplicable, en el no hallazgo de los documentos que los sustentaban y como consecuencia de la orden impartida por la Fiscalía 1ª de la Unidad Nacional Anticorrupción, Estructura de Apoyo para Foncolpuertos, ratificada por el Juzgado 2º Penal del Circuito de Descongestión para Foncolpuertos, en el sentido de suspender los efectos jurídicos y económicos de los actos administrativos suscritos por Luis Hernando Rodríguez Rodríguez que reconocieron de manera ilícita derechos pensionales.

Adicionalmente, la Corte Constitucional en un asunto similar al que ocupa la atención de la Sala, respecto de la revocatoria unilateral del acto administrativo que reconoce una prestación económica sin el consentimiento del afectado, en atención a la circunstancia que motivó la determinación de la administración, puntualizó:

“(...) contrario a lo que afirma el accionante, no se está ante la hipótesis de violación del debido proceso administrativo por la revocatoria o suspensión unilateral de un acto administrativo de carácter particular y concreto sin el consentimiento de los afectados, como quiera que el fundamento de la suspensión es la adopción de una medida cautelar para impedir que continúe el detrimento patrimonial del Estado por la comisión de un delito. Tampoco se está ante una decisión unilateral sin fundamento adoptada por el Ministerio de la Protección Social, sino frente al cumplimiento de una medida decretada por la Fiscalía General de la Nación, con base en lo que establece el artículo 21 de la Ley 600 de 2000, que prescribe que ‘el funcionario judicial deberá adoptar las medidas necesarias para que cesen los efectos creados por la comisión de la conducta punible, las cosas vuelvan a estado anterior y se indemnicen los perjuicios causados por la conducta punible’. Aun cuando no se ha dictado sentencia definitiva en el proceso penal, la aceptación pura y simple de los cargos por parte del ex gerente y de la tacha de presunta ilegalidad de las resoluciones firmadas por él, así como la orden impartida por la Fiscalía constituyen un fundamento suficiente para la adopción de la medida administrativa cuestionada de cumplimiento de lo ordenado en la ley y por la Fiscalía”(5).

En conclusión, no pueden pretender los accionantes que a través de este mecanismo de protección excepcional se retrotraigan y dejen vigentes unos ajustes pensionales que segúngrupo interno de trabajo para la gestión del pasivo social de Puertos de Colombia del Ministerio de la Protección Social, se originó en la actuación ilícita del gerente del fondo de pasivo social de empresa Puertos de Colombia puesto que, esa discusión de carácter litigiosa deberán alegarla ante la jurisdicción contencioso administrativa, en ejercicio de la acción respectiva, escenario en el cual también deberá debatirse si los actos administrativos censurados en esta acción, son de ejecución o no.

Lo dicho en precedenciaconstituye razón suficiente para que la Sala revoque la decisión impugnada y, en su lugar, niegue por improcedente el amparo constitucional reclamado.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión de Tutelas Nº 2 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. REVOCAR el fallo impugnado, por las razones expuestas en la anterior motivación.

2. En su lugar, NEGAR por improcedente la demanda de tutela presentada por Apolinar Robles Salazar, Isaac Arias Obregón, José M. Robles Salazar, Nicolás Maestre Jiménez, Pedro Juan Palacio García y Tulio Guillermo Valenzuela Quiroz.

3. NOTIFICAR esta determinación en los términos previstos en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

4. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase».

(3) Cfr. folio 92 del cuaderno de primera instancia.

(4) Ese valor lo reportó la entidad demandada en la impugnación. Cfr. folio 246 cuaderno de primera instancia.

(5) Corte Constitucional, Sentencia T-954 de 3 de octubre de 2008.