Sentencia 4859 de septiembre 17 de 1998 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA DE SOCIEDADES

SIGUE VIGENTE LA INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

EXTRACTOS: «El ciudadano Ignacio Guillermo Cantillo Vásquez, obrando en su propio nombre en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, ha presentado demanda ante esta corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de la Circular Externa 04 de 29 de julio de 1996, dirigida por el superintendente de sociedades a los representantes legales y liquidadores de las sociedades vigiladas.

(...)

La Superintendencia de Sociedades a través de la circular acusada, dirigida a los representantes legales y liquidadores de las sociedades vigiladas, consideró que la Ley 222 de 1995 modificó las facultades de dicha entidad en relación con el trámite del proceso liquidatorio de las mismas y con el trámite de la liquidación de las sociedades que voluntariamente solicitaron su intervención, por lo cual no hay lugar a que ella, a partir del 21 de junio de 1996, participe en la aprobación del inventario del patrimonio social, inclusive en los casos contemplados en los artículos 233 y 237 del Código de Comercio; en la resolución de las objeciones formuladas a los inventarios presentados; y en la aprobación de la liquidación de sociedades vigiladas.

A juicio del actor las normas contenidas en los artículos 233 a 237 del Código de Comercio, continúan vigentes, mientras que, conforme a lo expresado en el acto administrativo acusado y por el apoderado de la Superintendencia de Sociedades, respecto de tales normas operó una derogatoria tácita.

En orden a dilucidar lo anterior, es preciso conocer el contenido y alcance de las disposiciones involucradas:

Los artículos 233 a 237 del Código de Comercio regulan el trámite a seguir en la liquidación voluntaria de las sociedades sometidas a la vigilancia y control de la Superintendencia de Sociedades, así:

“ART. 233.—En las sociedades por acciones, los liquidadores deberán, dentro del mes siguiente a la fecha en que la sociedad quede disuelta respecto de los socios y de terceros, solicitar al Superintendente de Sociedades la aprobación del inventario del patrimonio social.

Si los liquidadores estuvieren unánimemente de acuerdo, la Superintendencia, previo el trámite correspondiente, lo aprobará.

Si no hubiere acuerdo, el Superintendente señalará la fecha en que deba ser presentado por los liquidadores el inventario respectivo, que no será ni antes de transcurrido un mes desde la fecha de su señalamiento, ni tres meses después de la misma, y ordenará que se cite a todos los socios y acreedores de la sociedad por medio de un edicto que se fijará por quince días en la secretaría y que se publicará en un periódico que circule regularmente en el lugar del domicilio social y en los de las sucursales si las hubiere.

ART. 234.—El inventario incluirá, además de la relación pormenorizada de los distintos activos sociales, la de todas las obligaciones de la sociedad, con especificación de la prelación u orden legal de su pago, inclusive de las que sólo puedan afectar eventualmente su patrimonio, como las condicionales, las litigiosas, las fianzas, los avales, etc.

Este inventario deberá ser autorizado por un contador público, si el liquidador o alguno de ellos no tienen tal calidad, y presentado personalmente por estos ante el Superintendente, bajo juramento de que refleja fielmente la situación patrimonial de la sociedad disuelta. De la presentación y de la diligencia de juramento se dejará constancia en acta firmada por el superintendente y su secretario.

ART. 235.—Presentado el inventario, como se dispone en el artículo anterior, el superintendente ordenará correr traslado común a los socios y a los acreedores de la sociedad por un término de diez días hábiles.

El traslado se surtirá en la secretaría y durante el término del mismo y cinco días más, tanto los asociados como los acreedores podrán objetarlo por falsedad, inexactitud o error grave. Las objeciones se tramitarán como incidentes y, si prosperan, el superintendente ordenará las rectificaciones del caso. Pero los simples errores aritméticos podrán corregirse por el superintendente, de oficio o a instancia de parte, en cualquier tiempo y sin la tramitación indicada.

ART. 236.—Tramitadas las objeciones y hechas las rectificaciones a que haya lugar, o vencido el término en que puedan ser propuestas dichas objeciones sin que se hayan formulado, el superintendente aprobará el inventario y ordenará devolver lo actuado a los liquidadores, a fin de que dichas diligencias se protocolicen con la cuenta final de la liquidación.

ART. 237.—En las sociedades por cuotas o partes de interés no será obligatoria la intervención del superintendente en el inventario que haya de servir de base para la liquidación; pero si dicho inventario se hace como se dispone en los artículos anteriores, cesarán las responsabilidades de los socios por las operaciones sociales, si la liquidación se ajusta al inventario aprobado por el superintendente y a lo prescrito en los artículos siguientes de este título”.

Las normas antes transcritas forman parte del libro segundo, título I, capítulo X del Código. de Comercio. y la Ley 222 de 1995, “por la cual se modifica el libro II del Código de Comercio, se expide un nuevo régimen de procesos concursales y se dictan otras disposiciones”, en su artículo 242 derogó expresamente, entre otras disposiciones, las contenidas en el capítulo I, título II del libro segundo del Código. de Comercio, es decir, que aquellas normas no fueron derogadas expresamente.

Ahora, para verificar si operó o no una derogatoria tácita, es menester tener en cuenta lo siguiente:

Conforme al artículo 71 del Código Civil, hay derogatoria tácita “cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley anterior”.

Según el apoderado de la Superintendencia de Sociedades en el capítulo IX de dicha ley, concerniente a la inspección, vigilancia y control de tal entidad (arts. 82 a 87) se fijaron de manera precisa las facultades de que dispone la entidad y los parámetros para ello, dentro de las cuales no se encuentra la relacionada en los artículos 233 a 237 del Código de Comercio.

Ciertamente en los artículos 82 a 87 de la referida ley expresamente no se consagró la facultad a que aluden los artículos 233 a 237 del Código de Comercio pero confrontando el contenido de los referidos artículos 233 a 237 con el de los citados artículos 82 a 87 no advierte la Sala que el espíritu de aquéllos resulte contrario al de éstos.

En primer lugar, porque dentro de las disposiciones de la Ley 222 de 1995 no se encuentra norma alguna que prohiba la liquidación voluntaria del patrimonio social de las sociedades por acciones, a la cual le es aplicable el trámite previsto en los artículos 233 a 237 del Código de Comercio; y, en segundo lugar, porque en los artículos 82 a 87 de dicha ley se deja a salvo la inspección, vigilancia y control “en los términos establecidos en las normas vigentes” (art. 82); en el numeral 5º del artículo 84 se prevé que luego de decretada la disolución de una sociedad y ordenada su liquidación se adopten las medidas a que haya lugar, medidas éstas dentro de las cuales pueden encajar las relativas al inventario del patrimonio social.

De otra parte, como lo hace notar el actor, de los antecedentes de la Ley 222 de 1995 que reposan en la Gaceta del Congreso se puede establecer que el legislador de manera consciente se abstuvo de derogar totalmente el libro segundo del Código de Comercio, como se había propuesto inicialmente.

En efecto, en la página 44 de la Gaceta del Congreso 381 de 4 de noviembre de 1993, claramente se advierte que en el artículo 593 del proyecto la intención inicial del legislador era la de derogar la totalidad del libro segundo del Código de Comercio.

Sin embargo, el texto definitivo optó solamente por la derogatoria del capítulo I, de dicho libro, según se observa en la página 24 de la Gaceta 182 de 27 de junio de 1995, tal y como quedó en el artículo 242 de la precitada Ley 222.

Finalmente, cabe resaltar que no le asiste razón al agente del Ministerio Público en cuanto a sus apreciaciones para concluir que las disposiciones del Código de Comercio perdieron su vigencia.

En efecto, el hecho de que el artículo 242 de la Ley 222 de 1995 hubiera derogado expresamente, entre otros, el artículo 6º del Decreto 2155 de 1992, que preveía en su numeral 24 como facultad del superintendente de sociedades la de adelantar el trámite correspondiente en la liquidación de las sociedades sometidas a su vigilancia, trámite éste al que aluden los artículos 233 a 237 del Código de Comercio, ello en manera alguna significa que éstos hubieran perdido su vigencia, pues el citado artículo 6º, numeral 24, no fue el que consagró dicho trámite sino que simplemente en su redacción tácitamente reconoció la existencia y regulación de tales preceptos. Luego con la derogatoria del citado artículo 6º de todas maneras siguen subsistiendo las normas del Código de Comercio que regulan tal trámite habida cuenta de que, como ya se dijo, su contenido no se opone al espíritu de la Ley 222 de 1995, de cuyas disposiciones no se infiere la intención del legislador de abolir la liquidación voluntaria de las sociedades sometidas al control de la Superintendencia de Sociedades, y el artículo 82 ibídem fue claro en reconocer que la inspección, vigilancia y control de las sociedades comerciales debía ejercerse “en los términos establecidos en las normas vigentes”, es decir, para el caso sub examine las previstas en los artículos 233 a 237 del Código. de Comercio; además de que el artículo 84 ibídem faculta a dicha entidad para que luego de decretada la disolución y de ordenada la liquidación de una sociedad comercial adopte las medidas a que haya lugar, medidas éstas dentro de las cuales no resultan ajenas las relacionadas con el inventario del patrimonio social.

Los razonamientos precedentes conducen a la Sala a la conclusión de que el acto administrativo acusado fue falsamente motivado, habida cuenta de que el fundamento de los mismos fue la derogatoria de los artículos 233 a 237 del Código de Comercio, por parte de la Ley 222 de 1995, la cual, como quedó visto, no se produjo. Por ello, prospera el cargo 5 de la demanda y, en consecuencia, es del caso acceder a las súplicas de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DECLÁRASE la nulidad de la Circular Externa 04 de 29 de julio de 1996, expedida por el superintendente de sociedades.

Devuélvase al actor la suma de dinero depositada para gastos ordinarios del proceso, por no haber sido utilizada.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(Sentencia de septiembre 17 de 1998. Expediente 4859 Consejero Ponente: Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz).

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