Sentencia 4866 de octubre 22 de 1998 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA

INDEMNIZACIÓN POR RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL

NO SE DESCUENTA LO PAGADO POR EL SEGURO SOCIAL

Magistrado Ponente:

Dr. José Fernando Ramírez Gómez

Ref.: Expediente 4866

Santafé de Bogotá, D.C., veintidós de octubre de mil novecientos noventa y ocho.

Se decide el recurso de casación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 13 de enero de 1994, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio en este proceso ordinario de responsabilidad civil extracontractual promovido por Luis Armando Clavijo contra Transportadora de Ganado La Vorágine Ltda. y Hermenegildo Cruz Carrillo.

Antecedentes

1. Por escrito presentado el 9 de noviembre de 1990 (fls. 8 al 14 c. 1), Luis Armando Clavijo por intermedio de apoderado judicial, demandó a la Sociedad Transportadora de Ganado La Vorágine Ltda. y a Hermenegildo Cruz Carrillo, para que previos los trámites del proceso ordinario de mayor cuantía, fueran declarados solidariamente responsables de todos los perjuicios materiales y morales causados al demandante, con ocasión del accidente de tránsito ocurrido el 10 de diciembre de 1987, en el sitio Los Picos, jurisdicción de Guayabetal (Cundinamarca). Consecuentemente se impetró la condena a pagar el valor de los perjuicios en la cuantía que llegare a establecerse en el proceso, actualizada en su valor.

2. Como fundamentos de hecho se adujeron los siguientes:

2.1. El 10 de diciembre de 1987 aproximadamente a las 7 y 40 minutos de la mañana, se encontraba el demandante conduciendo el bus Nº 770 de la Flota La Macarena, por la vía que de Villavicencio conduce a Bogotá, cuando fue chocado por el automotor Mack de placas EY-1195, manejado por Adelmo Cruz Rojas.

2.2. Este último fue el responsable del accidente, al tratar de adelantar en curva el camión de placas NM-1422, conducido por el señor Francisco Buitrago.

2.3. El demandante transitaba por toda la derecha, como consta en el informe suscrito por William Rojas Rojas, agente de la Policía Vial del departamento del Meta, quien se identifica con la placa Nº 51342.

2.4. Como consecuencia de los hechos anteriormente descritos, el demandante sufrió graves lesiones personales, que le ocasionaron la pérdida de la pierna izquierda y de dos dedos del pie derecho, quedando por ende imposibilitado totalmente para ejercer su profesión.

También se afirma que a la fecha del insuceso, tenía 38 años, un mes y 25 días de edad, y se desempeñaba como conductor profesional al servicio de Flota La Macarena S.A., con un salario superior a $ 42.000 mensuales.

2.5. Ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Guayabetal se investigaron los hechos en mención, habiéndose dictado sentencia condenatoria en contra de Héctor Adelmo Cruz Rojas, conductor del camión y absolutoria en favor del demandante. Apelada la anterior decisión, fue confirmada por el Juzgado Sexto Superior de Bogotá, pero adicionada en el sentido de aumentar el valor de gramos oro a cargo del procesado, además de imponerle la pena accesoria de interdicción en el ejercicio de derechos y funciones públicas por un lapso igual al de la pena principal.

2.6. Al decir del perjudicado, son responsables del accidente en cuestión, por ministerio de la ley, los demandados Hermenegildo Cruz Carrillo y Transportadora de Ganado La Vorágine Ltda., en su condición de propietario y entidad afiliadora del camión.

3. La demanda, que por reparto correspondió al Juzgado Primero Civil del Circuito de Villavicencio, fue admitida por auto de 21 de noviembre de 1990, mediante el cual se ordenó correrle traslado a los demandados (fl. 15, cdno. 1).

Surtida la anterior diligencia, estos, por intermedio de apoderado judicial, la contestaron oponiéndose a las pretensiones, luego de manifestar que ignoraban los hechos. Además, Hermenegildo Cruz formuló como excepciones la “inexistencia de la obligación de reparar” y la “exculpación por aseguramiento del riesgo”; por su parte Transportadora de Ganado La Vorágine Ltda., propuso la “culpa exclusiva de la víctima” (fls. 21 al 29, íd. ).

4. Por sentencia de 27 de mayo de 1993 (fls. 544 al 581, íb.), se puso fin a la primera instancia accediendo a lo pretendido en la demanda y en el llamamiento en garantía promovido contra Compañía de Seguros “Colseguros, S.A.” y Héctor Adelmo Cruz Rojas, conductor del vehículo. Por consiguiente, los demandados fueron condenados a pagar a título de indemnización por los daños y perjuicios materiales y morales causados, la suma de $ 32.524.553.49 y el equivalente a 22 gramos oro, respectivamente; con la aclaración de que Colseguros S.A. responde sólo hasta el monto establecido en la póliza de seguro contratada por la Sociedad Transportadora.

5. Apelada la anterior decisión por los demandados Hermenegildo Cruz Carrillo y Transportadora de Ganado La Vorágine Ltda. (fls. 592 al 599, c. 1), el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, mediante sentencia del 13 de enero de 1994 (fls. 24 al 42, c. 5), la modificó y adicionó en algunos aspectos, confirmándola en todo lo demás.

La sentencia del Tribunal

El ad quem luego de referirse a los antecedentes del proceso, precisa que la inconformidad de los apelantes se funda en los siguientes aspectos: la inexistencia de la prueba de la vinculación del señor Héctor Adelmo Cruz, conductor del vehículo; el valor probatorio otorgado por el a quo al fallo condenatorio proferido por la justicia penal y el enriquecimiento injusto que propicia la condena, puesto que el demandante se encuentra afiliado al Instituto de Seguros Sociales, entidad que está respondiendo por el daño.

Respecto al primero de los motivos de desacuerdo, el ad quem afirma que la vinculación del conductor con los demandados la demuestran las declaraciones del señor Héctor Adelmo Cruz, el reconocimiento que sobre tal aspecto hizo el demandado Hermenegildo Cruz al contestar la demanda y los testimonios de Alberto Hernández Caicedo y Ángel Augusto Cruz, representante legal y empleado de la empresa demandada, respectivamente.

En cuanto al segundo punto expone el Tribunal que un fallo condenatorio dictado por la justicia penal, no puede ser desconocido en un proceso civil posterior, aunque el demandado en el proceso civil sea diferente al sindicado, siempre y cuando aquél responda civilmente por éste. Por lo tanto, considera que en el presente evento debe responder tanto el dueño del vehículo que causó el accidente como la empresa a la cual se encuentra afiliado.

Tratando el punto de la condena, estima que si el Instituto de Seguros Sociales o un tercero indemniza con suma alguna al perjudicado por el insuceso, no se puede condenar al responsable al pago del resarcimiento, por cuanto el daño sólo puede ser indemnizado una sola vez, siendo indiferente si aquella tiene como causa una relación laboral. Además, sostiene que ese tercero puede repetir luego contra el responsable del daño.

Con el fin de dar sustento a la anterior afirmación, transcribe en lo pertinente una sentencia dictada por esta corporación el 9 de septiembre de 1991, para advertir que es optativo de la víctima demandar al responsable del daño, y que cuando así actúa, lo procedente es descontar de la condena los valores que el Seguro Social haya pagado, al cual debe dársele aviso para evitar un doble pago de la indemnización.

En torno a lo expuesto, examina las condenas impuestas en la primera instancia, anotando que del valor de los perjuicios morales se debe descontar lo que por concepto de lucro cesante ha pagado el Instituto de Seguros Sociales, para entrar a modificar la condena que por este aspecto dispuso el a quo, la cual fija en $ 29.262.663.49.

También modifica la sentencia de primera instancia en el sentido de aclarar que como Adelmo Cruz Rojas no fue demandado sino llamado en garantía por los demandados, éste debe restituir a estos últimos el valor que le paguen al demandante, en virtud de ser el directo responsable del accidente. Por idéntica razón, dispone que la Aseguradora “Colseguros S.A.”, sólo debe restituir a la Sociedad de Transportes de Ganado La Vorágine el valor que ésta pague al perjudicado, hasta el límite de $ 1.000.000, pactado en la póliza por daños materiales y sin que haya lugar a condenarla por perjuicios morales o costas.

Por último, ordena se comunique lo resuelto al Instituto de los Seguros Sociales, a fin de evitar un doble pago de la indemnización.

La demanda de casación

La Sociedad Transportadora de Ganado La Vorágine Ltda. y Hermenegildo Cruz Carrillo, en su condición de demandados, por intermedio de apoderado judicial, acusan la sentencia precedentemente resumida, con apoyo en la causal 1ª del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil (fls. 11 al 35, c.c.).

Afirman los recurrentes que dicho proveído es violatorio por interpretación errónea de los artículos 1088 del Código de Comercio, 1630, 1631, 1632, 1649 y 2341 del Código Civil, y por falta de aplicación del artículo 340 del Código Sustantivo del Trabajo.

En el desarrollo del cargo sostienen que el Tribunal interpretó erróneamente las normas sustantivas anotadas, al hacer las siguientes afirmaciones: que es optativo para la víctima demandar al responsable del daño; que esa opción no se puede desconocer, y que lo procedente en ese evento es descontar de la condena lo que el Seguro Social haya pagado y avisar a dicha entidad a fin de evitar un doble pago.

También afirma la censura que la pensión reconocida por el Instituto de Seguros Sociales, mediante Resolución 03473 de 1989 al demandante, tiene carácter estrictamente indemnizatorio, lo cual es reconocido por el mismo Tribunal en el fallo atacado.

A continuación expresa que aceptar lo declarado por el Tribunal, significaría que sólo reconoce como monto del seguro la suma que ha sido pagada a la fecha de la sentencia de segunda instancia, olvidándose que mensualmente se causan otras, lo cual constituye un enriquecimiento injusto en favor del demandante.

Según opinan los impugnantes, la decisión de comunicar al ISS la existencia de la condena indemnizatoria para que se suspendan los pagos al pensionado, viola el artículo 340 del Código Sustantivo del Trabajo, puesto que esta norma consagra el carácter irrenunciable de las prestaciones sociales. De otra parte, afirman contradictoriamente, que como la pensión es irrenunciable, el Seguro la seguirá pagando, lo cual implica que con dicha decisión se desconoce tanto el artículo 1088 del C. de Co., que en forma expresa consagra que los seguros serán contratos de mera indemnización y jamás podrán constituir para el asegurado fuente de enriquecimiento, así como los artículos 1630, 1631 y 1632 del C.C., los cuales autorizan que un tercero pague aun sin el conocimiento o contra la voluntad del deudor.

Para finalizar se pide casar la sentencia impugnada, para que en sede de instancia se nieguen las pretensiones y se declare probada la excepción denominada “exculpación por aseguramiento del riesgo”.

Consideraciones

1. A decir verdad, la doctrina no ha sido uniforme en el análisis del tema que plantea la impugnación. En ocasiones se ha sostenido que la víctima no puede acumular la reparación que obtiene del responsable a la prestación que recibe por virtud de un seguro o de la seguridad social, por cuanto ello constituiría una doble indemnización. En otras oportunidades, se opta por una solución contraria, advirtiendo la procedencia de la acumulación, pues lo pagado por la seguridad social o la compañía aseguradora tiene una causa jurídica diferente de la que genera la obligación indemnizatoria del tercero responsable del daño.

2. Específicamente la Corte en sentencia de casación de 9 de septiembre de 1991 (G.J. T. CCXXIl, págs. 85 y 86)(*), partiendo del principio que establece que “la prestación de la obligación resarcitoria llamada indemnización, tiene como límite cuantitativo... dejar indemne (sin daño)...” a la víctima, dejó por sentado que “un daño sólo puede ser indemnizado una sola vez, sin que sea posible recibir o acumular varias prestaciones con funciones indemnizatorias que excedan la reparación total del daño, en tanto que son admisibles las que carezcan de esta función (v. gr. donaciones)”. Seguidamente afirmó que la regla “tiene operancia no sólo en los casos en que el mismo deudor efectúa la cancelación correspondiente... sino que también debe observarse en aquellos eventos en que terceros, contra o con la voluntad (ocasional o previamente garantizada), hace entrega de una cosa al perjudicado. Porque sólo cuando esa entrega constituye una indemnización para éste y se hace para reparar el perjuicio y no en virtud de una causa con función diferente..., constituye un pago de un tercero, que extingue la obligación originaria sin perjuicio de la repetición pertinente (C.C., arts. 1631 y 1632), pero en ningún caso puede el acreedor exigir un doble pago...”. Luego al abordar el tema frente a la víctima amparada por una relación laboral preexistente con un tercero, distinto del victimario, del cual obtiene “beneficios o ventajas laborales”, consideró: “Por lo tanto, como quiera que estos beneficios laborales, si bien tienen una fuente mediata distinta (la relación laboral) y una clasificación diferente como de prestaciones no económicas (v. gr. de asistencia de personas, auxilios médicos, farmacéuticos, indemnizaciones individuales, etc.), que tienen su causa y finalidad en la protección social del trabajo a cargo del empleador para con el trabajador; no es menos cierto que se trata de prestaciones funcionalmente indemnizatorias, de reparación inmediata que se le impone (por la utilidad que deriva de la labor) y cumple este tercero, con entre otras las siguientes consecuencias: de una parte, que la víctima no puede acumular al cumplimiento de estas prestaciones laborales auténticamente indemnizatorias el derecho a pedir al tercero victimario indemnización por el mismo concepto (v. gr. gastos médicos, farmacéuticos, hospitalarios, etc.), sino los no satisfechos (v. gr. partes salariales no recibidas, aumentos, etc.) y, de la otra, que la entidad empleadora canceladora goza del derecho de repetición contra el victimario por el valor de las prestaciones laborales cumplidas”. En conclusión, anota ahora la Sala conforme al criterio expuesto en aquella ocasión, que de la indemnización de perjuicios a cargo del victimario se descuentan los valores correspondientes a prestaciones laborales con idéntica función indemnizatoria.

(*) Véase J. y D., Nº 239, pág. 905 (N. del D.).

De otro lado, por sentencia de casación de 24 de junio de 1996(*), consultando exclusivamente el elemento de la causa diferente, y por ende dejando de lado el criterio de la función indemnizatoria, se sostuvo que de la indemnización de perjuicios no se descuentan las prestaciones laborales que tengan ese carácter. Al respecto se dijo:

(*) Véase J. y D., Nº 296, página 906 (N. del D.).

“De suerte que, siendo independiente la causa de estas prestaciones a favor de la viuda y la hija..., mal podría aceptarse que la parte demandada pudiese descontar del monto de la indemnización por ella debida, el valor de las sumas pagadas a las demandantes en virtud de la relación laboral que su esposo y padre tenía con una empresa diferente y, como trabajador afiliado al ISS, pues, en tal caso, el responsable civilmente de una actividad peligrosa, a la postre resultaría obteniendo un beneficio de lo que las leyes de carácter laboral han previsto en beneficio del trabajador y su familia, sin que hubiere ninguna causa de orden jurídico ni norma expresa en contrario, y, siendo ello así a expensas de lo que paga el seguro social, se disminuiría el valor de la indemnización a cargo de la parte demandada, por el daño ocasionado a los damnificados por su actividad, es decir, que, vendría a lucrarse por el hecho de que la víctima del accidente estuviese afiliada al Instituto de Seguro Social”.

Ciertamente, como lo dice la última providencia citada, la prestación pagada por el seguro o la seguridad social tiene una causa jurídica distinta e independiente de la obligación indemnizatoria a cargo del tercero responsable del daño. Además, como lo indica la sentencia de 9 de septiembre de 1991, cuando un tercero paga con el fin de extinguir la obligación indemnizatoria del responsable, se subroga en las acciones que tenía la víctima o tiene el derecho de repetición en los términos de los artículos 1631 y 1632 del Código Civil.

De manera que ambas providencias parten de supuestos válidos y legales, pero llegan a diferentes soluciones, lo que hace necesario que la Corte con ocasión del presente caso, fije con exactitud el verdadero alcance del problema, para optar por una u otra de las alternativas que las decisiones referenciadas proponen, lo cual implica definir si el pago del seguro o de la seguridad social extingue la obligación del tercero responsable, o si apenas soluciona su propia obligación, caso en el cual subsistiría la indemnizatoria del victimario.

3. Planteado el problema, lo primero que debe dejarse formulado para llegar a la pertinente solución, es que las normas del Código Civil (arts. 1666 y ss.), no satisfacen la expectativa de subrogación que pudiera tener el seguro social o la compañía aseguradora que indemniza a la víctima, respecto de las acciones de ésta contra el responsable del daño, puesto que la subrogación por estas normas reconocida, opera cuando el tercero paga la obligación del deudor, pero no cuando extingue su propia obligación.

4. Como en el siglo pasado las compañías aseguradoras muchas veces pretendieron recuperar lo pagado al asegurado, proponiendo acciones contra el responsable, quien a su vez se veía abocado a enfrentar otra demanda del perjudicado, por cuanto se alegaba la diferencia de causa jurídica de las dos prestaciones, generándose así en no pocos casos una doble indemnización, el mercado asegurador y luego el legislador se vieron compelidos a adoptar medidas con el fin de evitar la múltiple reparación del daño, pero también la impunidad del tercero responsable, además de la eventualidad del autosiniestro.

Fue así, como en los seguros de personas se concibió la posibilidad de acumular las indemnizaciones, al prohibirse en forma expresa la subrogación del asegurador, para que quedara así comprometida la responsabilidad del tercero, pero al mismo tiempo enervada la posibilidad de pagar dos veces el mismo daño. En cambio, en los seguros de daños se vedó la acumulación de indemnizaciones, no porque en forma expresa lo prohibiera el legislador, sino porque se le concedió al asegurador una acción especial, precisamente porque las normas civiles no lo subrogaban.

Posteriormente, habida consideración que las normas civiles tampoco servían de apoyo para la subrogación de la seguridad social, a ésta se le confirió la misma acción especial subrogatoria otorgada en el caso de los seguros de daños, procurándose con ello, además, disminuir los costos de la seguridad social al permitirse el recobro de las indemnizaciones pagadas al asegurado.

5. De otro lado, parte de la doctrina ha justificado la distinción entre el seguro de daños y de personas, bajo el entendimiento que los primeros tienen carácter indemnizatorio y los segundos son seguros de ahorros o de sumas, para a partir de ahí aceptar o no la acumulación de indemnizaciones. Sin embargo, tal diferencia no es absoluta porque dicha acumulación también es viable en los seguros de daños, como bien lo prevé la legislación colombiana, concretamente el artículo 1099 del Código de Comercio, cuando los daños asegurados son imputables a un pariente cercano del asegurado, porque en tal hipótesis el asegurador carece de acción subrogatoria contra el responsable.

Así las cosas, la improcedencia de la acumulación no puede fundarse en el argumento simple del resarcimiento de la víctima por el seguro y el carácter indemnizatorio del mismo, sino en la consagración legal de una acción de subrogación a favor del asegurador que pagó, pues de no existir dicha acción la acumulación no tendría reproche, porque el tercero no puede quedar impune y constituirse en el verdadero beneficiario del seguro, tal como lo predica la Corte en la sentencia de 24 de junio de 1996.

Véase como el Código de Comercio en el artículo 1096 concede la subrogación en beneficio del asegurador, mientras que en el artículo 1099 la prohíbe, autorizando, así, implícitamente, la acumulación. De modo que es la ley y no la naturaleza del seguro la que abre paso a la acumulación. Además, el seguro sólo tiene carácter indemnizatorio cuando el asegurador extingue la obligación del responsable, como sucede en el seguro de responsabilidad civil donde el asegurador, para liberar al asegurado responsable, indemniza directamente a la víctima. De lo contrario, lo que existe son dos prestaciones surgidas de un mismo hecho, pero con causas jurídicas diferentes. Por consiguiente, puede afirmarse, que cuando se produce un daño imputable a una persona, si un tercero por mera liberalidad o por virtud de cualquier relación contractual, otorga en favor de la víctima una prestación que tenga por fundamento la necesidad jurídica de indemnizar el señalado daño, independientemente de mediar o no subrogación legal o voluntaria en los derechos de la víctima por parte de ese tercero, esa circunstancia no puede aprovechar al responsable para liberarlo de la obligación indemnizatoria a su cargo en igual medida a la de aquella prestación.

Por lo tanto, si el seguro social dispusiese de una acción subrogatoria especial contra el responsable del daño del trabajador, la acumulación de indemnizaciones no sería posible puesto que el responsable se vería abocado a indemnizar dos veces el mismo daño. En consecuencia, cada vez que la seguridad social indemnice a la víctima por los daños sufridos, será preciso averiguar si la legislación especial establece o no el derecho de subrogación, porque lo dispuesto por el Código de Comercio en materia de seguros, no es aplicable, por lo menos en el régimen actual, a los sistemas de seguridad social.

6. La legislación que reglamenta las indemnizaciones por accidentes de trabajo que debe pagar el Instituto de Seguros Sociales (D. 3170/64), contiene el artículo 83, cuyo tenor es el siguiente:

“El otorgamiento de las prestaciones establecidas por el presente reglamento por parte del instituto, exonera al patrono de toda otra indemnización según el Código Sustantivo del Trabajo, o según el derecho común por causa del mismo accidente o enfermedad profesional. Pero si el riesgo se hubiere producido por acto intencional o por negligencia o culpa del patrono o sus representantes, o de un tercero, y diere lugar a indemnización común, el instituto procederá a demandar el pago de esa indemnización, la que quedará a su favor hasta el monto calculado de las prestaciones que el instituto acordare por el accidente o enfermedad, debiendo entregar a los beneficiarios el saldo si lo hubiere.

Lo dispuesto en el inciso anterior no es óbice para que la víctima o sus causahabientes instauren las acciones pertinentes de derecho común para obtener la indemnización total y ordinaria por perjuicios, de cuyo monto deberá descontarse el valor de las prestaciones en dinero pagadas por el instituto de acuerdo con las normas de este reglamento”.

Del texto de la citada norma se colige el siguiente entendimiento:

a) El inciso primero legitima directamente al instituto para pretender del tercero responsable del daño causado al trabajador beneficiario, el pago de la “indemnización común” plena, es decir, por toda clase de perjuicios derivados del hecho culposo imputado al demandado, quedando a su favor “el monto calculado de las prestaciones que el instituto acordare por el accidente” y “debiendo entregar a los beneficiarios el saldo si lo hubiere”.

b) De conformidad con el inciso 2º esa legitimación que la primera parte de la norma confiere al instituto, “no es óbice para que la víctima o sus causahabientes instauren las acciones pertinentes en derecho común para obtener la indemnización total y ordinaria por perjuicios”, caso en el cual del monto resarcitorio debe descontarse el valor de las prestaciones en dinero pagadas por el instituto. En otras palabras, esta segunda parte de la norma, en clara concordancia con la primera reconoce la legitimación de la víctima o sus causahabientes, para pretender la indemnización total, así se haya recibido del instituto el pago de prestaciones en dinero con carácter indemnizatorio, pero con la obligación de “entregar” a éste (al instituto), “el valor de las prestaciones en dinero pagadas”, que es lo que en los términos de la norma significa “descontarse el valor...”, o sea que dicha entidad queda con el derecho de reclamar de la víctima del accidente el reembolso del valor de las prestaciones que la entidad pagó por esa misma causa.

Otra interpretación distinta a la propuesta por la Corte, aparejaría una de dos consecuencias negativas que en manera alguna pueden propiciarse, cuales son tornar la indemnización en fuente de lucro porque se pudiera dar lugar a un doble pago, si la víctima no se entendiera obligada a restituir el valor de los dineros recibidos del instituto con carácter indemnizatorio, o liberar así sea parcialmente y sin razón jurídica atendible, al victimario del deber de resarcimiento integral a su cargo, si se concluyera que el afectado no puede pretender sino el pago de lo no recibido del instituto, pues lo cierto es que la norma en estricto sentido no establece la posibilidad de subrogación por la que se venía averiguando(*).

(*) Véase lo dicho por la Sala de Casación Laboral en las sentencias de noviembre 12 de 1993 (J. y D., Nº 265, pág. 12) y mayo 8 de 1997 (J. y D. Nº 307, pág. 858). (N. del D.).

De otro lado, resulta importante advertir que actualmente rige el Decreto 1771 del 3 de agosto de 1994, que expresamente consagra en el artículo 12 la susodicha subrogación que no aparecía prevista con claridad en el Decreto 3170 de 1964. Dice así el artículo 12 del decreto vigente:

“Subrogación. La entidad administradora de riesgos profesionales podrá repetir, con sujeción a las normas pertinentes, contra el tercero responsable de la contingencia profesional, hasta por el monto calculado de las prestaciones a cargo de dicha entidad administradora, con sujeción en todo caso al límite de responsabilidad del tercero”.

Por lo demás, el inciso 2º del artículo 12 del Decreto 1771 de 1994, reconoce para la víctima la legitimación establecida por el inciso 2º del artículo 83 del Decreto 3170 de 1964, cuando expresa:

“Lo dispuesto en el inciso anterior no excluye que la víctima, o sus causahabientes, instauren las acciones pertinentes para obtener la indemnización total y ordinaria por perjuicios, de cuyo monto deberá descontarse el valor de las prestaciones asumidas por la entidad administradora de riesgos profesionales”.

“Norma esta que por contener un texto idéntico al precedente, exige interpretación similar a la anteriormente propuesta, más si se tiene en cuenta que ni ésta, ni el artículo 83 del Acuerdo 155 de 1963, regulan un sistema asegurativo de la responsabilidad en que pueda incurrir ese tercero a quien le es imputable el daño, razón por la cual carece de fundamento su pretensión destinada a obtener que las prestaciones económicas pagadas por el Seguro Social le sean descontadas del valor de la indemnización ordinaria por perjuicios que deba asumir de acuerdo con la ley.

7. Examinado en torno a la anterior perspectiva hermenéutica el juicio del Tribunal, lógicamente se concluye que éste anduvo errado cuando dispuso el descuento de las sumas pagadas a título de pensión de invalidez por el Instituto de Seguros Sociales, porque como ya se analizó, la condena a los demandados debió ser por la totalidad del perjuicio, quedando el ente público con el crédito frente al demandante por el valor de las sumas pagadas en dinero como prestación indemnizatoria.

Desde luego que no obstante el error del ad quem, la sentencia impugnada no puede ser casada porque de llegarse a la de instancia ésta resultaría más gravosa a los intereses de la parte recurrente, o sea la demandada. Con todo, debe darse claridad a lo dispuesto por el Tribunal en el ordinal 5º de la parte resolutiva de la sentencia recurrida, en el sentido de indicar que como de lo que se trata es de evitar un doble pago indemnizatorio, la orden de suspender el pago de la pensión de invalidez solo puede cumplirse cuando el demandante efectivamente haya recibido el pago de la condena dineraria que a los demandados impuso la sentencia.

De acuerdo con lo expuesto, el cargo no prospera.

Decisión

En mérito de las consideraciones que anteceden, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, dentro del presente proceso ordinario de Luis Armando Clavijo contra Transportadora de Ganado La Vorágine Ltda. y Hermenegildo Cruz Carrillo.

Las costas del recurso serán pagadas por la parte recurrente.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase.

Jorge Santos Ballesteros—Jorge Antonio Castillo Rugeles—Carlos Esteban Jaramillo Schloss—Pedro Lafont Pianetta—José Fernando Ramírez Gómez—Rafael Romero Sierra. 

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