Sentencia 4867 de marzo 12 de 1991 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

FALSEDAD DOCUMENTAL

EN DOCUMENTO PRIVADO EN QUE LUEGO INTERVIENE FUNCIONARIO PÚBLICO

EXTRACTOS: «Considerar como documento público uno de carácter privado por la intervención posterior de un funcionario o empleado que tengan capacidad para expedir los primeros, constituye una apreciación que no se compadece con el comportamiento delictuoso, pues éste aparece realizado a plenitud cuando surge la función autenticadora, además, se confunde la esencia del documento, que permanece igual, y la adscripción de otras características destinadas a cumplir funciones distintas pero siempre sobre la base de no modificar la naturaleza primigenia del documento.

Nadie niega que el traspaso de vehículos automotores, en su primera fase de composición, corresponde a un escrito de sustancia eminentemente privada como que comporta una actividad de particulares, que no comprometen para nada, en su emisión, la función estatal Mutatis mutandis, y la referencia obliga porque constituye similar comportamiento y es aspecto que ya ha definido la Corte, la declaración de renta también es documento de carácter privado pues está librada su confección a la tarea individual y particular del declarante. Uno y otro documento, para surtir sus efectos, se destinan a la administración pública pues la intervención de ésta es la que le procura sus buscados efectos. Pero la recepción, por parte de autoridades autenticadoras (un notario) o de sus destinatarios oficiales (las dependencias de tránsito o las agencias fiscales) no agregan nada por fuera de su propósito probatorio a los comportamientos lícitos o ilícitos que tales atestaciones hayan recibido. De ahí que sea factible, sin que nada se conmueva ni advengan consecuencias nocivas, el que se conserven en la órbita particular inmovilizándose su curso o circulación. Mientras así se actúe, el efecto documentador, porque se hizo correctamente, no se impone contra la voluntad de su suscriptor, como tampoco cambia este panorama si tales escritos contienen alteraciones indebidas y contrarias a la ley, porque su calidad de documento privado, para volverlas fenómeno punible, requieren de su uso, esto es, de su aplicación probatoria o de respuesta de una exigencia de carácter legal. En este momento, la intervención de los funcionarios, apenas traduce que ese documento privado ha penetrado en una esfera de tutela oficial, pero manteniendo su inicial caracterización. Sólo a partir de este acto, cuando ya la administración pública lo ha asumido, podrían considerarse las alteraciones o inmutaciones como perpetradas en documento público; pero, las sucedidas con anterioridad, permanecen en la órbita de los escritos privados. Valga una adición comparativa: el documento privado que se inserta en un proceso o que está destinado al mismo y que proviene de particulares, así tenga que demostrarse su autenticidad o venga está dada por la intervención de un funcionario autenticador, mantiene su atributo de documento privado. Sólo a partir de este momento, y sobre conductas realizadas con posterioridad a esta inserción, puede hablarse de punible realizado en documento público, por pertenecer a un proceso en el cual fue recibido en condiciones de forma o contenido diferente y que por la intervención de empleado público se incluye en un trámite, actuación o proceso (civil, penal, administrativo, tributario) reclamando, entonces, una distinta naturaleza y protección, o sea, la de documento público. Obvio resulta afirmar que esta tutela, en circunstancias tales, no comporta variación sobre el mérito probatorio pues este sigue siendo el mismo, esto es, el que corresponde a los papeles privados auténticos. Sobre estos tópicos la Sala ya se ha pronunciado (ver sentencias de febrero 25/91, y, enero 31 de 1991, con ponencias de los Magistrados Dídimo Páez y Juan Manuel Torres, respectivamente).

En el caso sub examine no es dable aludir documento público puesto que a partir de la actuación del notario, nada se hizo en orden a alterarlo después de la intervención de este empleado oficial. El simplemente verificó que su contenido y las personas intervinientes, se exhibieron tal y como lo advirtió al momento de dar fe, mediante su actuación. Para ese entonces ya se había sucedido la delictuosa alteración, atribuyéndole a quien tenía capacidad para transferir los vehículos, una manifestación de voluntad en este sentido. Mas, como posteriormente, nada se hizo en orden a variar ese estado conocido certificado por el notario, no es dable aludir comportamiento punible en esfera escrituraría diferente».

(Sentencia de casación, marzo 12 de 1991. Radicación 4867. Magistrado Ponente: Dr. Gustavo Gómez Velásquez).

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