Sentencia 4894 de agosto de 1998 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA

INDEMNIZACIÓN EN EL SEGURO DE DAÑOS

DETERMINACIÓN DE SU MONTO Y CÁLCULO DE LOS INTERESES

EXTRACTOS: «1. Sabido es que uno de los elementos esenciales del contrato de seguro al tenor del artículo 1045 del Código de Comercio, es la obligación condicional a cargo del asegurador de pagar la prestación asegurada, obligación cuya aparición en escena, unida a su exequibilidad, depende de la concurrencia en cada supuesto de un contrato válido de seguro y de la realización del evento dañoso que en concepto de siniestro (art. 1072 Íb.), allí haya sido previsto por los contratantes, requisito este que a su turno, en tratándose de los llamados seguros de daños, implica: a) Que sobre el interés patrimonial preestablecido en la póliza, ocurra un evento de la naturaleza en ella igualmente contemplada y dentro de los límites causales, temporales y espaciales convenidos, b) Que ese mismo evento produzca un daño indemnizable cuya existencia, valga advertirlo, por norma no se presume de derecho y por lo tanto debe ser demostrada; y, en fin c) Que entre los dos extremos señalados —evento y daño— medie adecuada relación de causalidad. Dicho en otras palabras, la obligación en referencia consiste en indemnizar el daño resultante del riesgo contractualmente asumido que deviene en siniestro, luego ha de entenderse que satisfechos tales requisitos, el asegurador en deudor de una suma nominal de determinada especie de moneda hasta concurrencia, del importe que fija su máxima responsabilidad posible (C. Co., arts. 1054, 1074 y 1079), suma aquella en cuyo cálculo, entonces, juegan papel preponderante, tanto el concepto de “interés asegurado” como el del “riesgo” que soporta el asegurador, pero siempre bajo la égida del principio de estricta indemnización, denominada también por la doctrina de concreta cobertura de la pérdida económica en realidad provocada por el siniestro, que consagra el artículo 1088 ibídem y en virtud del cual se afirma, a la manera de una regla de incuestionable fundamento jurídico, que respecto del asegurado, el seguro de daños nunca puede convertirse en fuente de lucro ni, menos aun, es medio legítimo para procurar ventajosas liquidaciones de bienes de difícil salida en el comercio.

(...).

Los auxiliares de la justicia designados, mediante experticia que no mereció reparo oportuno de parte interesada, efectuaron el cálculo solicitado teniendo en cuenta, para tal fin, la información que suministran las facturas comerciales números 256 y 264 de fechas 13 y 25 de mayo de 1989, respectivamente, y concluyeron en consecuencia que, para la fecha en que ocurrió el siniestro, la cuantía del daño a ser indemnizado ascendencia a US$ 31.899 a razón de US$ 49 por unidad perdida, suma que en moneda de curso legal en Colombia equivale a $ 12.042.829.47 que a su vez, incrementada con el reajuste por inflación entre esa fecha y la del dictamen, estimaron los peritos en $ 76.358.224.

3. En ese orden de ideas, por lo que concierne de manera específica a la determinación de la indemnización por la cual debe responder la compañía aseguradora demandada en razón de la ocurrencia del siniestro, ha de partirse del principio al que líneas atrás se hizo referencia, de conformidad con el cual el contrato de seguro de daños es de naturaleza indemnizatoria, de manera que por norma el equilibrio contractual está dado por el resarcimiento que el asegurado reciba de la pérdida patrimonial sufrida, sin que a cambio pueda ser factible la percepción de utilidad económica alguna por ese mismo concepto, lo que se refleja en que dicha responsabilidad a cargo de la empresa aseguradora comporte como límite máximo de índole contractual la suma asegurada la cual, a su turno, no debe exceder del valor asegurable que a su vez constituye un importante límite legal (G.J, t. CLVIII, pág. 118).

Por su parte el inciso 1º del artículo 1122 del Código de Comercio, referido en concreto a los seguros de transporte, establece que en la suma asegurada se entiende incluido el costo de las mercancías aseguradoras y el lucro cesante si así se hubiere convenido, mientras que el artículo 1709 de la misma codificación, que hace parte de las normas que regulan el seguro marítimo, puntualiza que el valor asegurable en el seguro de mercancías corresponde al costo de ellas en el lugar de destino más un porcentaje proporcional o razonable por concepto de lucro cesante, el artículo 1756 ibídem, fija la indemnización por pérdida parcial en suma igual al valor asegurable de la parte perdida cuando la póliza no sea de valor estimado y, en fin, el artículo 1903 del mismo cuerpo legal dispone que al llamado seguro aeronáutico le son aplicables, según la modalidad de que se trate, las normas sobre seguro marítimo, una de ellas la consagrada en el artículo 1765 que para lo no previsto, de manera general remite al título V del libro cuarto del Código de Comercio sobre seguros terrestres.

Sin embargo de la dificultad que entraña la correcta aplicación del complejo marco normativo que adquiere relevancia en la especie litigiosa en estudio, se tiene que de conformidad con los preceptos que rigen el seguro de daños, el límite de la indemnización debe corresponder al daño emergente y al lucro cesante siempre y cuando éste último factor haya sido objeto de pacto expreso entre los contratantes, de manera que la cuantía máxima idemnizable la constituye el valor real del siniestro (C. de Co., arts. 1088 y 1089); en efecto a pesar de la señalada diversidad normativa, existe entre los distintos preceptos un denominador común de fácil percepción que muestra los límites dentro de los cuales debe moverse el monto de la indemnización a cargo de la compañía aseguradora y en favor del asegurado, y en consonancia con ello, tratándose del seguro de mercancías transportadas por vía aérea, debe entenderse entonces que es el costo de dichas mercancías en el lugar de destino el que debe ser considerado como base de indemnización, con mayor razón cuando esa ha sido precisamente la pauta que desempeña función preponderante en la estructura económica de la relación aseguradora en cuestión.

(...).

En cuanto al lucro cesante, que según las disposiciones de las que viene haciéndose mérito se reconoce únicamente cuando ha sido fruto de convenio previo entre los contratantes, basta advertir que en el caso presente las partes no solo no lo pactaron, sino que expresamente lo excluyeron como así se desprende del texto de la póliza (fl. 3 c. 1) tantas veces aludida.

Resta por señalar que a la luz de los principios generales relativos al retardo en el cumplimiento de las obligaciones, principios en los que claramente se sustenta el precepto contenido en el artículo 1080 del Código de Comercio, desde el momento en que de acuerdo con este precepto ha de entenderse que comienza la mora del asegurador, es decir desde el día en que la deuda a su cargo es líquida y exigible, o mejor, lo habría sido racionalmente si no hubiere diferido sin motivo legítimo la liquidación de la indemnización y el consiguiente pago dicho asegurador, además de realizar la prestación asegurada, está obligado al resarcimiento de los daños que pueden tener expresión, ya sea en los intereses moratorios en la medida prevista en aquel precepto, o bien en la ulterior reparación de perjuicios de mayor entidad si el acreedor reclamante demuestra hacerlos experimentado, siendo entendió desde luego que al ser objeto de reconocimiento los primeros en consonancia con lo solicitado en una eventual demanda destinada a hacer efectiva la responsabilidad aludida, ello impide que al mismo tiempo, a título de indemnización suplementaria, se imponga condena alguna con el fin de compensar en términos económicos, por ejemplo, la depreciación monetaria ocurrida desde la configuración jurídica del estado de mora en que se halla incursa la empresa de seguros demandada.

Y en cuanto concierne a la determinación de la cuantía de los intereses en cuestión, considerando como es forzoso hacerlo el cambio acerca de este punto específico introducido en el texto original del artículo 1080 del Código de Comercio por el artículo 83 de la Ley 45 de 1990, deben observarse las reglas comunes de derecho transitorio que, de acuerdo con criterios adoptados por la jurisprudencia (G.J, t. CLVIII, pág. 188), son aplicables a casos con las características del que estos autos ponen de manifiesto, reglas que encuentran en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887, entre otros, desarrollo concreto y de conformidad con las cuales la prohibición de atribuirle efecto retroactivo a las leyes consagradas en el artículo 58 de la Constitución Nacional tiene complemento necesario en aquél postulado que admite y propugna por la aplicación inmediata de leyes nuevas sobre las consecuencias de situaciones ya consumadas de estirpe contractual, en la medida en que desde la vigencia de dichas leyes, esas consecuencias tengan prolongación hacia el futuro.

Por eso, en pos de cuanto queda dicho y dando por sentado que la mora del asegurador engendra, entre otras posibles secuelas, la obligación de pagar intereses punitivos, ha de concluirse entonces que si persistiendo una situación antijurídica de tal naturaleza, se produce una modificación en la tasa legal correspondiente con el claro sentido de sancionar con mayor drasticidad la infracción contractual que la mora entraña, la liquidación no puede en verdad efectuarse aplicando a todo el período la nueva norma, lo que sin duda importaría inaceptable retroactividad, pero tampoco cabe hacer obrar la primera como si la señalada modificación nunca hubiera tenido lugar, toda vez que de conformidad con el citado artículo 38 numeral 2 de la Ley 153 de 1887, el nuevo precepto que la contiene es de aplicación inmediata, luego la solución que en la práctica se impone es la de calcular con base en la tasa antigua los intereses del período anterior al tránsito de legislación, mientras que los devengados con posterioridad a esa misma fecha, se determinarán por la nueva tasa, procedimiento que además guarda completa simetría con la forma de producción jurídica de los intereses como aumentos paulatinos que, dadas ciertas condiciones, experimentan “prorrata temporis” las deudas pecuniarias y que por tanto, no brotan íntegros en un momento dado, sino que a medida que se devengan, van acumulándose continuadamente a través del tiempo.

No se ve, pues, la necesidad de consideraciones adicionales en punto de fijar la indemnización a cancelar por parte de la compañía aseguradora en los términos referidos, de donde se sigue que la condena a imponer asciende a la cantidad de $ 12.042.829.47 más intereses que deben liquidarse a la tasa del dieciocho (18) por ciento anual, causados desde el vencimiento del plazo legal con que contaba la compañía aseguradora para darle cumplimiento a la prestación aseguradora (G.J, t. CLXVI, pág. 158) hasta la fecha de publicación y entrada en vigencia de la Ley 45 de 1990 (19 de diciembre); los producidos con posterioridad se liquidarán sobre aquella suma nominal a la tasa máxima de interés comercial moratorio vigente en el momento en que el pago se realice.

5. Sentadas las bases precedentes, la liquidación de la condena al pago de intereses que se impondrá a la compañía aseguradora equivale a la suma de dos millones ciento sesenta y siete mil setecientos nueve pesos con treinta centavos ($ 2.167.709.30) por año corrido, lo que finalmente permite concluir que el valor total de la deuda por intereses moratorios hasta el 19 de diciembre de 1989, asciende a dos millones setecientos quince mil seiscientos cincuenta y ocho pesos con tres centavos ($ 2.715.658.03), entendiéndose desde luego que la liquidación de intereses moratorios devengados con posterioridad a dicha fecha, tiene por fuerza que ceñirse al precepto contenido en el artículo 83 de la Ley 45 de 1990 y, por lo tanto, no es posible fijarla en suma concreta pues para el efecto ha de tenerse en cuenta la tasa máxima de interés comercial moratorio que se encuentre en vigencia el día en que la aseguradora demandada lleva a cabo el pago a satisfacción del asegurado demandante, tasa de interés que se acreditará del modo que indican los artículos 191 del Código de Procedimiento Civil y 884 del Código de Comercio».

(Sentencia sustitutiva, agosto de 1998. Expediente 4894, Magistrado Ponente: Dr. Carlos Esteban Jaramillo).

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