SUPRESIÓN DEL JURADO DE CONCIENCIA

TRÁNSITO DE LEGISLACIÓN

EXTRACTOS: «I. Temprano, cuando apenas daba sus primeros pasos el ordenamiento constitucional que hoy rige nuestra nacionalidad, se precisaron en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 los límites del favor rei, principio consagrado en el artículo 26 de la naciente Carta, señalando que “Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir”.

La restricción era explicable. Un cambio en lo atinente a la impulsión del diligenciamiento probatorio como el de la prohibición a los jueces de comisionar para la práctica de diligencias dentro de su sede, o el cambio de unas formalidades por otras, apenas tenían un efecto cortical en el proceso. Así, su esencia permanecía incólume y con ellas las garantías de que gozaba el acriminado para defender sus intereses.

De esta manera lo entendió la jurisprudencia quien, con el transcurrir de los años, recalcó la limitante precisando que todo lo que trascendiera lo simplemente formal, quedaba cobijado con la favorabilidad. Muchos fueron los ejemplos: los recursos, los términos probatorios, la existencia del debate público, los mismos requisitos para encarcelar o acceder a la libertad. Era obvio que cualquier cambio en estos aspectos podía afectar la situación del reo. En consecuencia, imponíase la favorabilidad.

De esta manera ha tenido cumplimiento el mandato constitucional hasta nuestros días. Incluso, el señalamiento en los diversos estatutos procedimentales de estas excepciones al principio general que indica cómo “... la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable”, no es absoluto sino apenas una regla general que debe cumplir con el precepto mayor. Si en estas materias (jurisdicción y competencia y sustanciación y ritualidad) se observare un desmedro en la situación del procesado, aquí también cabría la favorabilidad.

II. La abolición del jurado de conciencia ha dado lugar a disímiles interpretaciones no sólo por el tránsito de legislación a que se vio abocada la normatividad procesal sino, además, por la discusión sobre las posibles implicaciones negativas en la suerte del reo. Sobre tales temas la Corte ha hecho las precisiones necesarias por lo que baste con su recordación para resolver el caso en estudio.

Díjose entonces, y se repite ahora, que el jurado de conciencia conserva su potestad juzgadora en las audiencias públicas que aún no hubieren culminado el dieciocho (18) de agosto de mil novecientos ochenta y nueve (1989), fecha en la cual entró a regir el Decreto 1861 que determinó su abolición.

La razón se apoya en la lógica. No puede prohijarse un híbridó en el que jueces de hecho y de derecho participen al unísono de una decisión; menos aún puede solucionarse la cuestión dejando sin efecto la audiencia comenzada, iniciando una nueva. Contrario a derecho resultaría este procedimiento pues la diligencia conserva su vigor por haber cumplido los requisitos necesarios para su inicio. Creíase, además, una causal de nulidad extralegal que invalidaría la órbita d legislador, tarea ajena a la misión del juez.

Ahora bien, si culminada la audiencia se comprueba que en su convocatoria, desarrollo o culminación se pretermitieron los requisitos esenciales que gobiernan su estructura, la declaratoria de nulidad se impone. En este caso, aunque acto nació a la vida jurídica, los vicios que lo afectan impiden su eficacia, razón que fuerza su repetición. En este evento, la nueva vista pública se convoca sin participación del jurado de conciencia pues la primera no tuvo fuerza vinculante.

III. De otra parte, la supresión del juez de hecho ha provocado en diversos círculos la concepción de que con su desaparecimiento los procesados han sufrido mengua en sus intereses. No son pocas las voces que se han elevado en los estrados para reclamar su presencia en negocios afectados por el tránsito de legislación, apoyándose en el favor rei.

La Corte ha tenido la oportunidad de expresarse sobre el absurdo que conlleva tal interpretación en la que se coloca a los jueces de derecho en inferioridad moral frente a sus homólogos de conciencia. La respuesta al desatino no ha sido otra que la afirmación vigorosa de la investidura que ambos poseen, por lo que sus decisiones guardan a la par la eficacia que la majestad de la justicia les ha otorgado. Equiparados en sus funciones, tanto de unos como de otros se predica su imparcialidad, entereza y rectitud, debiéndose respetar y acatar sus pronunciamientos en igual medida»

(Sentencia de casación, enero 29 de 1991. Radicación 4894. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Enrique Valencia M.).

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