Sentencia 4894 de enero 29 de 1998 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA

CONTRATO DE SEGURO

INTERPRETACIÓN DE SUS CLÁUSULAS

EXTRACTOS: «Aun cuando el Código de Comercio vigente en el país desde 1972 no contiene en el título V de su libro cuarto ninguna definición del contrato de seguro, lo cierto es que con apoyo en varias de las disposiciones que de dicho título hacen parte, y de modo particular en los artículos 1037, 1045, 1047, 1054, 1066, 1072, 1077 y 1082, bien puede decirse que, en términos generales, es aquél un negocio bilateral, oneroso, aleatorio y de tracto sucesivo por virtud del cual una empresa autorizada para explotar esta actividad, se obliga a cambio de una prestación pecuniaria cierta que se denomina “prima”, dentro de los límites pactados y ante la ocurrencia de un acontecimiento incierto cuyo riesgo ha sido objeto de cobertura, a indemnizar al “asegurado” los daños sufridos o, dado el caso, a satisfacer un capital o una renta, según se trate de seguros respecto de intereses sobre cosas, sobre derechos o sobre el patrimonio mismo, supuestos estos en que se les llama de “daños” o de “indemnización efectiva”, o bien de seguros sobre las personas cuya función, como se sabe, es la previsión, la capitalización y el ahorro. Así, pues, uno de los elementos que identifican este esquema es la obligación “condicional” que contrae la referida empresa aseguradora, consistente en ejecutar la prestación prometida si llegare a realizarse el riesgo asegurado, obligación que por lo tanto equivale al costo que frente al “siniestro” debe ella asumir y de igual modo representa la contraprestación a su cargo, correlativa al pago de la prima que recibe del tomador, siempre en el bien entendido que la susodicha obligación es producto sobresaliente de un contrato que en tanto concebido para desempeñar una función bienhechora y no de simple pugna entre intereses económicos antagónicos según lo apunta con acierto un afamado expositor (Joaquín Garrigues. Contrato de Seguro Terrestre. Cap. 2º, num. ii), tiene un doble fundamento en la idea de buena fe extrema —uberrimae fidei contractus— y en la idea de solidaridad, nociones ambas que lejos de quedarse en loables aspiraciones teóricas de las que el comercio suele no ocuparse con la atención necesaria, son ricas por el contrario en consecuencias prácticas cuando se trata de resolver los problemas, de no poca importancia por cierto, que con mucha frecuencia se presentan en torno a la manera apropiada como han de ser interpretadas, y también aplicadas, las cláusulas contenidas en los documentos contractuales al tenor de los cuales se rige por principio cada relación asegurativa en particular.

En efecto, tomando como punto de forzosa referencia los postulados básicos que acaban de señalarse, la doctrina jurisprudencial (G.J., T. CLXVI pág. 123) tiene definido de vieja data que en orden a impedir las nocivas tendencias, tanto de quienes reclaman con el propósito de procurar conseguir beneficios extractos al seguro contratado, lo que sin duda redunda en menoscabo para la mutualidad de riesgos homogéneos creada, como de Los aseguradores de exonerarse de responder desconociendo razonables expectativas que del contrato emergen para aquellos, este último debe ser interpretado en forma similar a las normas legales y sin perder de vista la finalidad que está llamado a servir, esto es comprobando la voluntad objetiva que traducen la respectiva póliza y los documentos que de ella hacen parte con arreglo a la ley (arts. 1048 a 1050 del C. de Co.), los intereses de la comunidad de asegurados y las exigencias técnicas de la industria. Dicho en otras palabras, el contrato de seguro es de interpretación restrictiva y por eso en su ámbito operativo, para determinar con exactitud los derechos y las obligaciones de los contratantes, predomina el texto de la que suele denominarse “escritura contentiva del contrato” en la medida en que, por definición, debe conceptuársela como expresión de un conjunto sistemático de condiciones generales y particulares que los jueces deben examinar con cuidado, especialmente en lo que tiene que ver con las cláusulas atinentes a la extensión de los riesgos cubiertos en cada caso y su delimitación, evitando favorecer soluciones en mérito de las cuales la compañía aseguradora termine eludiendo su responsabilidad al amparo de cláusulas confusas que de estar al criterio de buena fe podrían recibir una inteligencia que en equidad consulte mejor los intereses del asegurado, o lo que es todavía más grave, dejando sin función el contrato a pesar de las características propias del tipo de seguro que constituye su objeto, fines estos para cuyo logro desde luego habrán de prestar su concurso las normas legales, pero siempre partiendo del supuesto, valga insistir, de que aquí no son de recibo interpretaciones que impliquen el rígido apego literal a estipulaciones consideradas aisladamente y, por ende, sin detenerse en armonizarlas con el espíritu general que le infunde su razón de ser a todo el contexto contractual del que tales estipulaciones son parte integrante.

Siguiendo estas orientaciones, ha sostenido esta corporación que siendo requisito ineludible para la plena eficacia de cualquier póliza de seguros la individualización de los riesgos que el asegurador toma sobre si (G.J., T. CLVIII, pág. 176) y que por lo tanto, en este campo rige el principio según el cual la responsabilidad asumida en términos generales como finalidad del contrato no puede verse restringida sino por obra de cláusulas claras y expresas, “...el art. 1056 del C de Co., en principio común aplicable a toda clase de seguros de daños y de personas, otorga al asegurador facultad de asumir, a su arbitrio pero teniendo en cuenta las restricciones legales, todos o algunos de los riesgos a que están expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado...”, agregando que es en virtud de este amplísimo principio “que el asegurador puede delimitar a su talante el riesgo que asume, sea circunscribiéndolo por circunstancias de modo, tiempo y lugar, que de no cumplirse impiden que se configure el siniestro; ora precisando ciertas circunstancias causales o ciertos efectos que, suponiendo realizado el hecho delimitado como amparo, quedan sin embargo excluidos de la protección que se promete por el contrato. Son estas las llamadas exclusiones, algunas previstas expresamente en la ley...” (Cas. Civ. de 7 de octubre de 1985, sin publicar), exclusiones que por su propia índole, limitativa de los riesgos asumidos por el asegurador, requieren ser interpretadas con severidad en una concienzuda tarea que se oriente, de una parte, a establecer su justificación técnica, y de la otra a precisar el alcance de dichos riesgos conforme a reglas de carácter legal o convencional, luego no le es permitido al intérprete “...so pena de sustituir indebidamente a los contratantes, interpretar aparentemente el contrato de seguro para inferir riesgos que no se han convenido, ni para excluir los realmente convenidos; ni tampoco hacer interpretaciones de tales cláusulas que conlleven a resultados extensivos de amparo de riesgos a otros casos que no sólo se encuentren expresamente excluidos sino que por su carácter limitativo y excluyente, son de interpretación restringida...” (Cas. Civ. de 23 de mayo de 1988, sin publicar).

b) Por lo que concierne al seguro de transporte del que se ocupa en su sección III, el capítulo 2º del título V del Libro Cuarto del C. de Co. (arts. 1117 a 1126), y entendido como aquella modalidad de seguro de indemnización efectiva en la que el asegurador se obliga, dentro de límites fijados por la ley y el contrato, a resarcir al asegurado por los daños materiales que con ocasión del transporte sufra la mercancía porteada, es necesario no perder de vista que de ordinario presenta algunas características especiales que a la hora de poner en práctica todo cuanto se dejó dicho líneas atrás, juegan papel de singular importancia que no debe menospreciarse.

En primer lugar, es un seguro en el que de acuerdo con el artículo 1120 del C. de Co., la cláusula de aseguramiento responde, no al sistema de “riesgos nombrados” que hasta no hace macho tiempo tuvo vigencia en el país, sino que se basa en el principio de la “universalidad”, también conocido en el mercado con el nombre de “cobertura completa”, para significar que se trata de un cúmulo de amparos contra todos los riesgos posibles y de igual género que son resultado de la actividad, en su fase de movimiento o de depósito si fuere el caso, consistente en transportar las cosas aseguradas de un lugar a otro, lo que trae como obvia consecuencia que tan sólo quedan por fuera de la protección convenida aquellos riesgos que siendo asegurables, expresamente los contratantes los hicieron objeto de exclusión.

La segunda particularidad por recalcar es que comúnmente, y por ello sin que haya lugar a entender que no puede también revestir la forma normal de un seguro singular, la póliza de transportes, respondiendo a necesidades del tráfico mercantil, cubre preventivamente todas las cosas que resulten expuestas al tipo de riesgos detallado en el párrafo precedente. Exterioriza, pues, una modalidad de contratación contemplada en los artículos 1050 y 1117 del C. de Co., el último en la redacción que le dio el artículo 43 del Decreto-Ley 01 de 1990, y cuya utilidad se pone de manifiesto cuando las necesidades operativas del tomador imponen una pluralidad de aseguramientos sucesivos que son similares en cuanto a los riesgos, las cosas aseguradas y los intereses asegurables; supuesta una situación de esta índole, se estipulan entonces las condiciones del seguro y al propio tiempo se deja previsto que el amparo así configurado respecto de cosas e intereses que al momento de expedirse la póliza son indeterminados en el número y en sus características individuales, en el futuro y de manera automática adquiera contenido concreto en la medida en que se realice cada expedición de mercancías y estas, por lo tanto, vayan quedando expuestas a los riesgos del transporte, sistema que desde luego no le hace perder al contrato de seguro su unidad ni tampoco el carácter definitivo que del mismo cabe predicar desde el momento en que se perfecciona de conformidad con el artículo 1046 del Código de Comercio, texto este recientemente reformado por el artículo 3º de la Ley 389 de 1997.

Lo que ocurre es que el cuadro contractual básico que dicho documento contiene, instrumentado en condiciones generales y particulares, es complementado o “alimentado” con el paso del tiempo en la medida en que el tomador declare al asegurador bienes concretos a los que ha de aplicarse la cobertura otorgada, esquema que apreciado en su perspectiva jurídica correcta, presenta varias notas distintivas que siguiendo la doctrina, bien pueden compendiarse diciendo que son ellas “...la actualización de la voluntad de concertar una relación aseguradora, sin que sea preciso un nuevo cambio de consentimientos; la pluralidad, al menos eventual, de los intereses cubiertos, bien diversamente distribuidos en el tiempo o todos futuros, o algunos ya existentes y otros futuros; la incertidumbre en el momento del contrato, del número de intereses que quedarán luego cubiertos y la indeterminación de su valor y de sus características individuales; y la determinación apenas se hayan realizado los presupuestos, de los intereses singulares asegurados, los cuales por lo tanto quedan siempre individualizados...” (Antígono Donati. Los Seguros Privados. Cap. XVI, num. 177).

c) En la especie litigiosa de la cual de cuenta este expediente y, como es natural suponerlo, guiada por los elementos de análisis que suministran las normas y principios rememorados en los párrafos que anteceden, la Corte encuentra que en las “condiciones generales” de la póliza automática para seguro de transportes, distinguida con el número 105472-3 y obrante en original a folios 3 a 8 del cuaderno 1 del informativo, póliza en la que además tienen origen las declaraciones de aplicación que documentan los certificados 336660 y 336661, se expresa en forma categórica, siguiendo el principio de universalidad, que son “riesgos asegurados” la pérdida o daño material de los bienes que se produzcan con ocasión de su transporte, “...salvo las excepciones que se indican en las condiciones 3ª, riesgos excluibles, y 4ª, riesgos excluidos...”, e indica así mismo, en la primera de dichas cláusulas, bajo el título de “riesgos excluibles”, que “...por estipulación expresa de las partes, en ejercicio de la facultad contenida por el artículo 1120 del C de Co., podrán excluirse del seguro otorgado por la presente póliza, las pérdidas o daños provenientes de los siguientes riesgos: a) Avería particular...b) Saqueo, entendiéndose por tal 1) La sustracción parcial o total del contenido de los bultos; 2) La sustracción de alguna parte integrante de los bienes asegurados cuando no tengan empaque ...y c) Falta de entrega...”. Dicho en otros términos, debido al texto indubitable de estas cláusulas cuya lectura es preciso hacer en concordancia también con la 4ª, no queda alternativa distinta a concluir que la compañía aseguradora demandada asumió la obligación de cubrir todos los riesgos inherentes al transporte y no excluidos, que la ley permite asegurar, quedando a salvo sin embargo la facultad para los contratantes de hacer objeto de exclusión aquellos riesgos que en concepto de “excluibles” señala la cláusula 3ª recién transcrita, pactando en consecuencia y respecto de tales eventos, eximentes de garantía adicionales que por su naturaleza es necesario hacer constar expresamente y de modo inequívoco, caso que en la especie en estudio no se da pues lo cierto es que en las “condiciones particulares” de la póliza tantas veces citada, en el espacio que con esa finalidad aparece en la carátula, no sólo es comprobable a simple vista que allí no aparece mención alguna en el sentido apuntado, sino que se hizo explícita y concluyente la voluntad de contratar una “cobertura completa”.

En las anteriores circunstancias no se entiende cómo el Tribunal, dejando de lado lo expresamente pactado por las partes, equiparó las cláusulas 3ª y 4ª de la póliza y dio por sentado que quedaron excluidos de cobertura riesgos definidos apenas como “excluibles”, cuando como se dejó visto, estos son tratados por la póliza simplemente como objeto de eventual exclusión a elección del tomador y la aseguradora, tal como claramente se indica en la ya citada cláusula al decir que “por estipulación expresa de las partes (...) podrán excluirse del seguro”, alternativa que, se repite, no fue utilizada por las partes en este caso como quedó suficientemente claro en la estipulación llamada a individualizar los riesgos asegurados.

(...).

En suma, frente a una patente desfiguración del documento que contiene el contrato de seguro de transporte que liga a las partes en este proceso, forzoso es inferir que en realidad de verdad el Tribunal incurrió en evidente error de hecho en la apreciación de la pluricitada póliza por cuanto vio en ella, como riesgos excluidos de la misma, eventos que tan solo eran contemplados como materia de una eventual exclusión convencional específica, pero que nunca llegaron a pactarse como efectivas excepciones del cubrimiento contratado, y por lo tanto, no podían ser invocados como razones para liberar a la compañía aseguradora de pagar la indemnización correspondiente».

(Sentencia de casación, enero 29 de 1998. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Esteban Jaramillo Schloss).

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