Sentencia 4909 de noviembre 27 de 1998 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA

ABUSO DEL DERECHO

EMBARGO EXCESIVO DE BIENES DEL DEUDOR

EXTRACTOS: «Como bien lo ha predicado la Corte, el acreedor con fundamento en el artículo 2488 del Código Civil, puede perseguir en los bienes embargables del deudor la satisfacción de su crédito. Con todo, este derecho, titulado como “prenda general del acreedor” no es absoluto, pues el Código Civil lo relativiza, cuando en el artículo 2492 establece como límite de la persecución lo indispensable para el cubrimiento del crédito, inclusos los intereses y los costos de cobranza. Norma con la que guardan correspondencia los artículos 513 inciso 8º y 517 del Código de Procedimiento Civil, que con el fin de evitar embargos excesivos o que afecten bienes que ninguna garantía prestan para la satisfacción del crédito, en su orden consagran la facultad que tiene el juez para limitarlos “a lo necesario”, teniendo en cuenta que “el valor de los bienes no podrá exceder del doble del crédito cobrado, sus intereses y las costas prudencialmente calculadas”; la reducción de los embargos pedida por el ejecutante, luego del avalúo y antes de ordenarse el remate, y la orden de “desembargo parcial” como deber del juez, cuando del avalúo “aparece que alguno o algunos de los bienes son suficientes para el pago del crédito y las costas...”.

Por lo demás, jurisprudencia y doctrina de manera uniforme, con apoyo en las normas sustanciales al inicio citadas, le niegan al acreedor el interés para impugnar actos del deudor disponiendo de sus bienes, cuando los que conserva en su patrimonio son suficientes para satisfacer lo debido, porque como ya se vio, el derecho que reconoce el artículo 2488, en su condición de subjetivo es esencialmente relativo, o sea que la persecución no puede ir más allá de lo que razonable y objetivamente resulte necesario, conforme a mensura de razonabilidad que la propia ley se encarga de determinar, como claramente aparece en las normas procesales acabadas de mencionar, so pena de incurrirse en abuso del derecho y dar pábulo a un factor de responsabilidad.

Por razones como las expuestas, la Corte ha dicho “que cuando el actor pudiendo, no destraba los bienes que ninguna garantía prestan para la efectividad de la obligación perseguida”, incurre en un abuso del derecho, generador de una responsabilidad civil y, por consiguiente, en tal caso, habrá de indemnizar al deudor así perjudicado, tal cual lo ha dicho esta corporación, entre otras en sentencias de 11 de octubre de 1973 (G.J., t. CXLVII, págs. 81 y 82) y de 2 de agosto de 1995. Además, como se sostiene en esta última sentencia al reiterar doctrina anterior, “igualmente, habría también abuso del derecho siempre que a petición del acreedor se embargaran en exceso bienes del deudor”. Desborda, pues, el límite del derecho, dice la Corte, “quien conociendo lo que se le adeuda por capital e intereses y pudiendo calcular los costos de la cobranza, para garantizar el pago de estas sumas embarga bienes de su deudor en cuantía diez veces superior al monto de aquellas, y el que, pudiendo, no destraba los bienes que ninguna garantía prestan para la efectividad de la obligación perseguida, porque, en tal caso, es abusivo el ejercicio de la facultad que al acreedor concede la ley para lograr la tutela del Estado, con el fin de que su obligación insatisfecha se le pague con el producto de la subasta de bienes del obligado” (Sentencia de 11 de octubre de 1973, atrás referenciada).

Desde luego que la doctrina expuesta cobra mayor vigor si al consultar el sistema procesal, instituido para la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial, se localizan preceptos como los que antes se mencionaron, destinados a salvaguardar la proporción entre el quantum del crédito reclamado y el valor de los bienes perseguidos para su pago, porque no otro es el objetivo de los artículos 513 inciso 8º y 517 inciso 1º y 2º del Código de Procedimiento Civil, frente a los cuales por encima de la facultad y el deber que con tal finalidad se consagran con respecto al juez, prevalece la obligación que el ejecutante tiene, sabiendo el valor de su crédito, incluidos los intereses y las costas procesales, de denunciar para los efectos de las medidas cautelares, bienes cuyo valor “no podrá exceder del doble del crédito cobrado, sus intereses y las costas prudencialmente calculadas, salvo que se trate de un solo bien o de bienes afectados por hipoteca o prenda que garantizan aquel crédito, o cuando la división disminuya su valor o venalidad” (art. 513 inc. 8º).

De modo que perseguir bienes cuyo valor excede los límites establecidos por la propia ley, sin que concurra alguna de las circunstancias de excepción que ella misma indica, torna abusivo el ejercicio del derecho subjetivo establecido por el artículo 2488 del Código Civil, y como se dijo, compromete la responsabilidad de quien así actúa, si con tal proceder causa un perjuicio y se le puede imputar un comportamiento temerario o de mala fe, pues al fin de cuentas el abuso se da en el empleo de las vías de derecho, es decir, en la actuación procesal, donde no basta para dar por descontado el elemento subjetivo de la responsabilidad personal, la culpa sin calificación alguna, sino una que haya sido fruto de la temeridad o la mala fe».

(Sentencia de casación, noviembre 27 de 1998. Expediente 4909. Magistrado Ponente: Dr. José Fernando Ramírez Gómez).

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