Sentencia 4910 de octubre 21 de 1997 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

PARTIDAS ECLESIÁSTICAS

EFICACIA PROBATORIA

EXTRACTOS: «2. El estado civil, según lo previene el artículo 22 de la Ley 157 de 1887, se rige por la ley vigente al momento en que se adquiere, y por esa razón en este litigio se consultarán las leyes 57 de 1887 y 92 de 1938, bajo cuyas respectivas vigencias acaecieron los hechos constitutivos de los estados civiles materia de discusión probatoria.

3. Dispuso en su momento el artículo 22 de la Ley 57 de 1887, que “se tendrán como pruebas principales del estado civil, respecto de nacimientos, o matrimonios, o defunciones de personas bautizadas o casadas, o muertas en el seno de la iglesia católica, las certificaciones que con las formalidades expidan los respectivos sacerdotes párrocos insertando las actas o partidas existentes en los libros parroquiales. Tales pruebas quedan sujetas a ser rechazadas o redargüidas y suplidas en los mismos casos y términos que aquéllas a que se contrae este título, a las cuales se les asimila...” Por mandato del citado precepto y a partir de su vigencia, se aceptó, pues, que las partidas eclesiásticas sentadas antes del 15 de junio de 1938 adquirieron la condición de pruebas principales del estado civil, condición esa que para entonces ratificó el artículo 79 de la Ley 153 de 1887, al disponer que “respecto de matrimonios católicos celebrados en cualquier tiempo, y que deban surtir efectos civiles conforme a la presente ley y a la 57 de 1887, se tendrán como pruebas principales la de origen eclesiástico, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 22 de la misma ley 57”. Esa calidad de prueba principal del estado civil la conservaron las actas eclesiásticas, como luego se verá, hasta cuando se expidió la Ley 92 de 1938, que la preservó sólo para las copias de las partidas del registro civil.

4. Con arreglo a lo que viene de verse y en consideración además a que el artículo 16 de la Ley 153 de 1887 estableció “que la legislación canónica es independiente de la civil, y no forma parte de ésta; pero será solemnemente respetada por las autoridades de la República “(L. 35/888, art. 3º), la jurisprudencia de la Corte, al referirse a las partidas eclesiásticas sentadas antes del 15 de junio de 1938, no solo deslindó reiteradamente los campos de acción entre una y otra jurisdicción, al punto de resaltar que no podían existir intromisiones de los jueces civiles en lo eclesiástico, sino que además fue enfático en asimilar las partidas eclesiásticas a las actas del estado civil, para advertir en ellas la presunción de autenticidad, con los límites fijados para las anteriores en los artículos 392, 393 y 394 del Código Civil, todo al tenor del artículo 22 de la Ley 57 de 1887.

5. La jurisprudencia de la Corte no ha sido del todo uniforme en cuanto a si los jueces civiles podrían restar eficacia probatoria a las mismas cuando observen que no se han cumplido los requisitos formales previstos en el derecho canónico para su formación. En efecto, en lo que concierne a esto último, el criterio de la Corte algunas veces ha cuestionado esas partidas por el aspecto formal, en otras ha sostenido que ese tipo de reparo no es pertinente porque se invadiría la órbita de la jurisdicción eclesiástica, más cuando ellas están amparadas con la presunción de autenticidad.

Ejemplo de lo primero es sin duda la sentencia de 4 de junio de 1890, en la que esta corporación no encontró apta una partida de bautismo para acreditar filiación, en razón que el sedicente padre natural no firmó el acta correspondiente (G.J., 229, pág. 162); y muestra de lo segundo es la sentencia de 8 de marzo de 1893, en que la Corte expuso:

“No le es permitido a los funcionarios del orden judicial entrar a averiguar si una partida eclesiástica relativa al estado civil, llena las formalidades prescritas por la ley canónica, porque eso sería invadir jurisdicción ajena, ni menos si un matrimonio ha sido celebrado con el lleno de las formalidades canónicas, porque ambas legislaciones, la civil y la eclesiástica son independientes constitucionalmente hablando, y la una no puede inmiscuirse en el círculo de la otra. Reconocida la validez del matrimonio católico y asimiladas las partidas eclesiásticas a las actas del estado civil, la presunción de que esas partidas están de acuerdo con las leyes canónicas y que los actos que ellas testifican han sido ajustados con el lleno que esas leyes las cobija, mientras no se demuestre su falsedad... y si esas partidas adolecen de algún defecto, o si el acto que ellas acreditan no se celebró de acuerdo con las leyes canónicas, es a la iglesia a quien toca decidir esos puntos por medio de su justicia, pero no a los tribunales civiles...” (G.J., XLI, pág. 210). Este criterio fue reiterado en sentencias de 25 de junio de 1937 (G.J., XLV, pág. 259), 4 de octubre de 1976 (G.J., CLII, pág. 435), y 24 de octubre de 1983 (G.J., CLXXII, pág. 213).

No obstante, en sentencia de 25 de junio de 1937, dejó dicho esta corporación:

“Las partidas de origen eclesiástico, extendidas en forma prescrita por la ley canónica, son documentos legalmente aptos para demostrar el estado civil de las personas, ya en virtud de los artículos 22 de la Ley 57 de 1887 y 79 de la Ley 153 del mismo año, ya en virtud de un pacto bilateral con la Santa Sede. Tales documentos deben ser expedidos con las formalidades requeridas para que sirvan como prueba y están sujetos a ser rechazados o redargüidos en los mismos casos y términos en que lo estarían las actas del estado civil procedentes de los funcionarios civiles. En la formación y expedición de las actas de origen eclesiástico referentes al estado civil de las personas, se presume que el acto a que ellas se refieren, especialmente al matrimonio, se han celebrado con las formalidades canónicas indispensables para la validez del acto”.

En la misma providencia expuso más adelante la corporación:

“El artículo 22 de la Ley 57 de 1887 habla de las certificaciones que con las formalidades legales expidan los respectivos párrocos, insertando las actas o partidas existentes en los libros parroquiales... Ante la legislación civil, una partida en esa forma, es también por imperio de los artículos 22 y 79, prueba principal de la celebración del matrimonio porque los funcionarios judiciales, como lo dijo la Corte, no pueden inmiscuirse en lo relativo a si una partida de origen eclesiástico ha sido o no extendida de acuerdo con la ley canónica. No quiere decir lo anterior que los jueces tengan que cerrar los ojos ante una partida de origen eclesiástico y atenerse irrestrictamente a lo que en ella se expresa, porque esas partidas, como las actas de origen civil, del estado civil de las personas, están en el mismo pie de igualdad, no sólo desde el punto de vista probatorio, sino también desde el extremo en que puedan ser atacadas, redargüidas de falsas o suplidas, artículo 22 de la Ley 57 de 1887. Para desvirtuar la partida eclesiástica... hubiese sido necesario demostrar o que no se podía extender en la forma en que lo hizo el cura párroco... por prohibirlo el derecho canónico, o que el matrimonio no se celebró, o que la partida está adulterada o falsificada. Ninguno de estos extremos fue siquiera materia del debate” (G.J., XLV, pág. 259).

Las actas civiles y eclesiásticas, dijo luego la Corte, sí pueden caer sub júdice, como cualquier otra prueba, cuando son rechazadas, redargüidas o tachadas de falsas, y entonces el poder civil ordinario es el competente para decidir sobre tal materia (sentencia de 15 de diciembre de 1941, G.J., 1918, pág. 843); de manera que cuando ello no ocurre, esas actas constituyen plena prueba en cuanto al nacimiento, bautismo o matrimonio constatado por el cura párroco, y se presumen auténticas en cuanto a las demás circunstancias allí expresadas pues la carga de demostrar lo contrario corre a cargo del excepcionante (confrontar sentencia de 29 de noviembre de 1963, G.J., CIII, pág. 250).

6. En fallo más reciente y al tratar de la correlación existente entre Las partidas eclesiásticas y los artículos 392, 393 y 394 del Código Civil, esta Sala puntualizó:

“...bajo el imperio de estas normas, las pruebas del estado civil —tanto las de origen civil como las de procedencia eclesiástica— podían ser atacadas o redargüidas con base en cualquiera de los siguientes motivos:

a) Por defectos en cuanto a la forma del documento (que el documento no hubiera sido auténtico, es decir, que no hubiera sido otorgado por las personas y en los términos consignados en el mismo documento); o que no se tuviera como puro, o sea, que apareciera con raspaduras, enmendaduras o tachaduras. b) Por falta de identidad de la persona en relación con la cual el documento se extiende. c) Por no ser verdaderas las declaraciones contenidas en el documento; ahora bien: aquellos artículos, al igual que otros que también hacían parte del título XX del libro 1º del Código Civil, fueron expresamente derogadas por el artículo 123 del Decreto 1260 de 1970, cuyo artículo 103 dispuso en cambio: “Se presume la autenticidad y pureza de las inscripciones hechas en debido forma en el registro del estado civil. No obstante, podrán rechazarse, probando la falta de identidad personal, esto es el hecho de no ser una misma la persona a que se refieren la inscripción o los documentos en que esta se fundó y la persona a quien se pretenda aplicar”. Es, entonces, patente cómo de los distintos motivos instituidos en las primitivas reglas del Código Civil para el rechazo o la redargución de las pruebas del estado civil el nuevo estatuto únicamente mantuvo el concerniente a la falta de identidad personal de aquel a quien se refiere el documento. Por ende, el transcrito artículo 22 de la Ley 57, en lo que hoy todavía conserva de aplicable, ha de ser armonizado con la norma acabada de reproducir, y señalar, subsecuentemente, que la justicia civil mantiene su competencia para abordar tal cuestión, aún en relación con las partidas eclesiásticas cuando éstas son pruebas principales del estado civil porque, como a simple vista es perceptible, el problema de la identidad de la persona no desborda el entorno propio del derecho del Estado” (Sentencia de 17 de mayo de 1991).

7. Los antecedentes que a lo largo de estas consideraciones han sido relatados, denotan que tanto en vigencia de los artículos 92, 93 y 94 del Código Civil como del Decreto 1260 de 1970, la eficacia probatoria que debe asignarse por parte de los jueces civiles a las mencionadas partidas eclesiásticas, estuvo y ha estado siempre supeditada a la aplicación que, en la formación de las mismas, se haya dado a las formalidades exigidas por el derecho canónico, pues es obvio que si dichas partidas fueron reguladas ahora y antaño por el principio probatorio según el cual los requisitos de forma se determinan por la ley de su origen —consistente en que esos jueces no pueden otorgarle a esos medios más valor del que les asigna ese propio derecho—, no hay motivo de duda para concluir que justamente han de ser recibidas en ese mismo valor, sin que con ello se viole presunción alguna de autenticidad (que solo emerge por contera del apego a esos requisitos formales), ni haya lugar a invasión de jurisdicción ajena puesto que las pruebas resultan así estimadas en el exacto valor que por definición les ha dado previamente el derecho canónico. En otras palabras, si en la formación de las susodichas partidas eclesiásticas no se observaron las prescripciones formales del derecho canónico, los jueces ordinarios ante quienes se lleven luego ellas para acreditar un determinado estado civil, no pueden menos que recibirlas en ese exacto valor, esto es, negándoles la eficacia probatoria de la que de antemano carecen.

8. En ese orden de ideas, es preciso señalar que si de conformidad con la codificación canónica anterior y aplicable a este litigio (canon 777), las partidas bautismales son utilizadas, para acreditar filiación natural, en la formación de las mismas debe aparecer la firma de quien allí se señala como padre extramatrimonial del bautizado, porque la exigencia de esa formalidad se deduce sin esfuerzo de ese mismo ordenamiento. De manera que si el requisito de la firma del sedicente padre natural no se ha cumplido y la copia de la partida (así sentada) se utiliza con el propósito anunciado, al juez civil no le queda otro camino que negarle eficacia probatoria a ese documento, porque su validez en ese preciso campo está igualmente comprometida a la luz del derecho canónico y por cuanto es lógico que en las condiciones dichas no hay lugar a la también nombrada presunción de autenticidad. Otro tanto debe decirse de la utilización de las partidas matrimoniales con el fin de acreditar la “legitimación voluntaria” de hijos de los contrayentes nacidos antes del matrimonio de los mismos, pues, como en el caso anterior, el derecho canónico exigió a este respecto y a partir de 1913 (canon 1815) la firma de los casados en la propia partida; requisito sin el cual ésta sería apta a lo sumo para acreditar el matrimonio, pero jamás para acreditar legitimación, valor en el cual han de ser recibidas por los jueces civiles. A este respecto no puede sostenerse enfáticamente que las regulaciones que trae el código civil en materia de legitimación voluntaria (art. 239) sólo son predicables del matrimonio civil porque para entonces el católico no estaba reconocido, ya que esta última aseveración habría que concordarla a su turno con los alcances del artículo 409 del mismo ordenamiento, fruto de la Ley 84 de 1873, que adoptó, como se sabe, el Código Civil de la unión. En todo caso, la doctrina sentada y mantenida por la Corte, hoy reiterada, es la de que la partida de matrimonio católico es hábil para que en ella hagan la legitimación los contrayentes, y que esta última se rige por la legislación civil y no por la canónica.

Precisamente la Corte, poniendo en práctica el principio probatorio de que los requisitos de forma se juzgan por la ley de origen del medio que se valora, hizo en su sentencia de 18 de junio de 1918 la siguiente exposición: “Acerca de si es válida, sin la firma de los contrayentes, el acta del matrimonio canónico en que se haya verificado una legitimación, es necesario distinguir: si la partida pertenece a la época en que la autoridad eclesiástica no exigía el requisito de las firmas, es válida como prueba; no lo es, si se refiere ya a la época en que la mencionada autoridad prescribió el requisito en cuestión (Conferencia Episcopal de 1913, canon 1815 del Código Canónico)” (G.J., XXVI). En el mismo sentido sentencias de 28 de julio de 1923 (XXXI, pág. 281), 31 de julio de 1924 (XXXI, pág. 96), 30 de junio de 1927 (XXXIV, pág. 148), 5 de octubre de 1928 (XXV, pág. 565) y 30 de noviembre de 1961 (XVII, pág. 209), entre otras».

(Sentencia de casación, octubre 21 de 1997. Expediente 4910. Magistrado Ponente: Dr. Nicolás Bechara Simancas).

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