Sentencia 49101 de julio 3 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 49.101

Acta: 019

Magistrado Ponente

Dr. Luis Gabriel Miranda Buelvas

Bogotá, D.C., tres (03) de julio de dos mil trece (2013).

Se resuelve el recurso de casación interpuesto por Manuela Consuegra Barros contra la sentencia proferida el 28 de junio de 2010 por el Tribunal Superior de Barranquilla (Sala de Descongestión), en el proceso promovido por la recurrente contra la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica S.A. —ESP—, ‘Corelca S.A. —ESP—’.

I. Antecedentes

Ante el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Barranquilla, la hoy recurrente persiguió que la demandada fuera condenada a reconocerle y pagarle el mayor valor de la pensión de jubilación establecida en el artículo 68 del Decreto 1848 de 1969, teniendo en cuenta para ello: a) el salario promedio devengado durante el último año de servicios, “resultante del cómputo de los factores salariales establecidos para tal fin en el artículo 13, literal e) de la convención colectiva de trabajo celebrada entre Corelca S.A. ESP y el Sindicato de Trabajadores de la Electricidad de Colombia —Sintraelecol— para el período 1994-1995 vigente a su retiro según ratificación expresa de las convenciones colectivas de trabajo suscritas durante la vigencia de los años 1996-1999 de las cuales es beneficiaria”; b) la actualización del salario promedio del último año; y c) “subsidiariamente, a la pensión compartida, se condenará a la empresa demandante a cancelar (...), de manera vitalicia, la diferencia que entre el monto de la pensión de jubilación otorgada por el Instituto de Seguros Sociales con base en el salario asegurado y la que hubiera correspondido en caso de haberse informado por Corelca el salario correcto realmente devengado”, junto con las mesadas atrasadas, debidamente indexadas, los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y la indexación de todo lo debido.

Fundó las particulares anteriores pretensiones en que como nació el 29 de abril de 1951, laboró para la demandada entre el 2 de agosto de 1971 y el 30 de septiembre de 1999, y como trabajadora oficial desde 1992, para cuando en vigencia la Ley 33 de 1985 contaba con más de 15 años de servicio, igual que para cuando entró a regir la Ley 100 de 1993, por estar en los regímenes de transición de las dos normativas tuvo derecho a pensionarse con 50 años de edad y 20 se servicios, pero, como su promedio salarial del último año fue de $ 3’466.268,00 y el reportado al Instituto de Seguros Sociales de $ 2’214.698,33, la diferencia pensional que se presentó cuando la entidad de seguridad social le otorgó la pensión de vejez a partir del 29 de julio de 2001 por haberla afiliado el 1º de mayo de 1994, la debe asumir la demandada, debidamente indexada y con sus intereses de mora.

II. Respuesta a la demanda

La demandada, al contestar, aun cuando aceptó que la actora le prestó sus servicios personales, se opuso a sus pretensiones aduciendo que lo que le compete es la expedición de un bono pensional que en el momento previsto en la ley se redimirá; que la actora no tiene derecho a prebendas convencionales pues no cumple los requisitos establecidos en sus disposiciones; que el salario promedio mensual se establece de acuerdo con cada beneficio laboral y que los factores salariales para aportes pensionales de los servidores públicos están previstos en el Decreto 1158 de 1994. Propuso las excepciones de prescripción, falta de competencia, inexistencia de las obligaciones, buena fe, compensación, pago, y la llamada ‘genérica’.

III. Sentencia de primera instancia

Fue pronunciada el 8 de febrero de 2008, y con ella el Juzgado declaró probada la excepción de inexistencia de la obligación y, en consecuencia, absolvió a la demandada de las pretensiones de la actora, sin lugar a costas.

IV. Sentencia del tribunal

La alzada se surtió por apelación de la demandante y terminó con la sentencia atacada en casación, mediante la cual el tribunal confirmó la de su inferior. No señaló costas por el recurso.

Para ello, esencialmente, asentó que como “es palmar que los requerimientos de la demanda, al exhortar por el pago del mayor valor de la pensión de jubilación, sugieren que se tenga en cuenta lo estipulado en la cláusula 13 de la CCT, pactada entre Corelca S.A. y el sindicato de trabajadores Sintraelecol. Por consiguiente, le asistía la carga procesal a la señora Manuela Consuegra Barros de incorporar al proceso la convención colectiva de trabajo”, no obstante, “se distanció del principio de autoresponsabilidad probatoria (CPC, art. 177), en cuanto adoptó una conducta omisiva al respecto, contingencia que impide patrocinar las súplicas de la demanda, toda vez, que no es admisible que el juzgador finque su decisión en hipótesis o conjeturas”. Tal exigencia la entendió como “un requisito as sustantiam actus que resulta imprescindible”, como se advertía de la lectura del artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que transcribió, y de la doctrina de la Corte vertida en varias sentencias de casación, entre las que citó las de 20 de septiembre de 1995, 4 de diciembre de 2003 y 25 de noviembre de 2004, que señaló con radicados 7.311, 21.042 y 23.303, de la cual copió algunos fragmentos.

Agregó el juez de la alzada que “ese puntual aspecto no aparece revelado en la réplica de los hechos de la demanda”, como así lo afirmaba la demandante en la alzada; ni era dable verlo corroborado en la liquidación de prestaciones sociales de retiro de folio 19, pues, por un lado, dicho documento carecía de firma, “contingencia que extingue su valor probatorio (CPC, art. 69)” y, por otro, la discriminación de factores salariales aparecía hecha para el cálculo de la cesantía “concepto bien distinto al de pensión, que constituye, en el fondo, el punto medular de controversia”.

Igualmente, para el juzgador, como la demandante no cuestionó la respuesta dada por la empresa a su reclamación, en la cual le señaló que su responsabilidad pensional se cumplía expidiendo el bono pensional que ante el Ministerio de Hacienda se habría de redimir; y que ella no cumplía las exigencias convencionales para acceder a derechos surgidos de esa clase de instrumentos, “implícitamente reconoció el contenido de lo consignado en el mismo, circunstancia que le confiere el cariz de documento público (L. 794/2009, art. 26)”, aparte de que en sus alegaciones confundió los conceptos de compatibilidad pensional y compartibilidad pensional, lo cual, afirmó, “deprime la fuerza argumentativa de los reparos”.

V. El recurso de casación

En la demanda con la que lo sustenta, que fue replicada, la recurrente pide a la Corte que case la sentencia del tribunal y, en sede de instancia, revoque la del juzgado para que, en su lugar, “se reconozcan los derechos reclamados en la demanda inicial”.

Para ello le formula un cargo al que titula ‘primer cargo’.

VI. Cargo único

Acusa la sentencia de violar la ley, “por la vía indirecta por inaplicación del artículo 68 del Decreto 1848 de 1969, reglamentario del Decreto-Ley 3135 de 1968”.

La demostración del cargo se contrae a consignar los que al parecer son los errores de hecho que se le atribuyen al fallo, en los siguientes términos:

“No dar por probado estándolo que el actor había cumplido los requisitos de tiempo y edad establecidos en el artículo 68 del Decreto 1848 de 1969, reglamentario del Decreto-Ley 3135 de 1968.

“No dar por probado estándolo que el actor devengó un salario superior e[n] el último año de servicio al establecido como IBL por el Instituto de Seguros Sociales de conformidad a (sic) las cotizaciones deficitarias que obran en el proceso”.

Y en las afirmaciones de que ella se encontraba amparada por el régimen de transición previsto en el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, pues contaba con más de 15 años de servicio a su vigencia; y que “la exigencia de la convención colectiva de trabajo para reconocer el mayor valor diferencial de la pensión deprecada, se trata de una exigencia desmesurada, sometiendo la validez de la (sic) evidente frente a una solemnidad que está desbordada por la realidad que muestra el medio de prueba obrante al proceso, el cual se mantiene incólume por no haber sido objetado por la demandada ni tachado de falso como es el que aparece a folio 20 del expediente”.

VII. La réplica

La opositora asevera que la demanda de casación se presentó extemporáneamente, por cuanto, “si bien fue recibida vía fax el último día del término del traslado, no se ratificó oportunamente en original, como lo ha exigido esa Sala, por lo que el recurso debe declararse disierto (sic) por no haber sido sustentado oportunamente”. Y al cargo reprocha que su proposición jurídica es defectuosa, que omite la denuncia de las pruebas fuente de los yerros endilgados al fallo, que no demuestra los desaciertos fácticos, no incluye la norma esencial a los derechos convencionales, equivoca el entendimiento de las formas ad sustantiam actus, desatiende que ella no ha aceptado derecho alguno de los reclamados, no precisa los yerros sobre el indicado folio 20, no observa que lo que allí aparece coincide con el IBL de la demandante ante el Instituto de Seguros Sociales y dirige la demanda contra quien no corresponde, pues sería el Instituto de Seguros Sociales el llamado a reliquidar la pensión que otorgó.

VIII. Consideraciones de la Corte

Aun cuando no asiste razón a la opositora en cuanto a que la demanda de casación fue extemporánea, por cuanto “si bien fue recibida vía fax el último día del término del traslado, no se ratificó oportunamente en original, como lo ha exigido esa Sala (...)”, habida consideración que desde la providencia de 3 de diciembre de 1999 (rad. 13.105), ratificada en diversas oportunidades por la Sala, la jurisprudencia de la Corte lo que ha considerado es que por estarse “(...) en presencia de un nuevo instrumento legal, claro, que representa un avance jurídico, ágil y acorde con la modernidad, con el desarrollo tecnológico de un mundo dinámico y conectado, que se ajusta a los conceptos procesales sobre cumplimiento de los términos y a las calidades intrínsecas de un documento, razón por la cual legalmente no está autorizada la Corte, so pena de violar el debido proceso, para desconocer sus efectos jurídicos, siendo su obligación tener por presentada en tiempo la demanda de casación remitida por fax por el apoderado del recurrente (...), siempre y cuando, claro está, como aquí ocurrió según lo reconoce la opositora, que la recepción de la dicha demanda por la Secretaría se produzca dentro del término legal y en la jornada laboral prevista por las disposiciones administrativas pertinentes, sin que se requiera que su original se allegue en oportunidad alguna, dado que, como se advirtiera en la citada providencia: “(...) resulta obligado enfatizar que el inciso segundo del artículo 10 de la misma Ley 527 es terminante al prescribir que en las actuaciones administrativas o judiciales no se puede negar eficacia, validez o fuerza obligatoria a todo tipo de información en forma de mensaje de datos —indudablemente el fax es uno de ellos— “por el solo hecho que se trate de un mensaje de datos o en razón de no haber sido presentado en su forma original”. Nótese que el anterior precepto no se refiere al comercio electrónico, sino a toda actuación administrativa o judicial, vale decir, sin exceptuar las demandas de casación”, sí le asiste en los múltiples desatinos de orden técnico que le achaca al único cargo de la demanda de casación y los cuales lo despojan de toda posibilidad de éxito, como pasa a verse:

En efecto, persiguiendo que la demandada fuera condenada a reconocerle y pagarle el mayor valor de la pensión de jubilación establecida en el artículo 68 del Decreto 1848 de 1969, teniendo en cuenta para ello: a) el salario promedio devengado durante el último año de servicios, “resultante del cómputo de los factores salariales establecidos para tal fin en el artículo 13º, literal e) de la convención colectiva de trabajo celebrada entre Corelca S.A. ESP y el Sindicato de Trabajadores de la Electricidad de Colombia —Sintraelecol— para el período 1994-1995 vigente a su retiro según ratificación expresa de las convenciones colectivas de trabajo suscritas durante la vigencia de los años 1996-1999 de las cuales es beneficiaria”; b) (...); y c) (...), la recurrente estaba obligada a señalar como violado el artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo, por ser dicho precepto legal de alcance nacional el que da valor a esa clase de estipulaciones.

En efecto, así lo ha venido diciendo la Corte de tiempo atrás, tal y como aparece en sentencia de 11 de octubre de 2001 (rad. 16.114), en los siguientes términos:

“Ha dicho insistentemente la Sala que cuando se impetra el reconocimiento de un derecho convencional el elenco de los preceptos quebrantados debe incluir necesariamente la citada disposición, exigencia que sigue siendo válida aún después de la promulgación del Decreto 2651 de 1991 y de la Ley 446 de 1998, en donde se morigeró mas no se eliminó el requisito consagrado en el literal a) del numeral 5º del artículo 90 del Código Procesal del Trabajo.

“A ese respecto cabe tener presente que si bien de antaño era indispensable conformar la denominada “proposición jurídica completa”, es decir, el enlistamiento de todas las disposiciones relacionadas con el derecho en litigio, hoy es suficiente con el señalamiento de “cualquiera de las normas de esa naturaleza que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada”, pero la inobservancia de este último mandato conduce inexorablemente al rechazo de la acusación por no ajustarse a los requisitos formales del recurso extraordinario, que es lo que acontece en esta oportunidad.

“No basta, se insiste, que en la proposición jurídica aparezcan relacionadas varias disposiciones, sino que es obligatorio que dentro de las incluidas se encuentre por lo menos una que constituya base esencial del fallo o que haya debido serlo, norma que en el presente caso es la antes anotada, puesto que la controversia procesal gira exclusivamente en torno al alcance de una disposición convencional”.

Resulta pertinente anotar que en este asunto ni siquiera a la luz de lo dispuesto por el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, adoptado como legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998, cabría considerar que la sola invocación del artículo 68 del Decreto 1848 de 1969, único que incluyó en la proposición jurídica del cargo, bastaría para tener por cumplida la exigencia legal de indicar como violados los preceptos sustantivos de alcance nacional que debieron ser esenciales al fallo, por cuanto de manera expresa el tribunal asentó en aquel que como “es palmar que los requerimientos de la demanda, al exhortar por el pago del mayor valor de la pensión de jubilación, sugieren que se tenga en cuenta lo estipulado en la cláusula 13 de la CCT, pactada entre Corelca S.A. y el sindicato de trabajadores Sintraelecol. Por consiguiente, le asistía la carga procesal a la señora Manuela Consuegra Barros de incorporar al proceso la convención colectiva de trabajo”, no obstante, “se distanció del principio de autoresponsabilidad probatoria (CPC, art. 177), en cuanto adoptó una conducta omisiva al respecto, contingencia que impide patrocinar las súplicas de la demanda, toda vez, que no es admisible que el juzgador finque su decisión en hipótesis o conjeturas”, la norma esencial que pudo haber sido violada o que fue esencial a este es la que concibe la convención colectiva de trabajo como fuente de los derechos materiales reclamados desde el umbral del proceso.

Lo anterior sería suficiente para rechazar el único cargo que se dirigen contra la sentencia de segundo grado. Sin embargo, importa resaltar que el motivo de violación de violación de la ley que aduce la recurrente por la vía indirecta es el de ‘inaplicación’ de una específica disposición, cuando quiera que, por una parte, no es uno de los indicados por el legislador de la casación del trabajo como de los susceptibles de atribuir al fallo atacado, habida cuenta de que apenas lo son los denominados infracción directa, aplicación indebida e interpretación errónea (CPTS, arts. 87 y 90) y, por otra, la jurisprudencia ha entendido que la modalidad que aplica a la violación de la ley originada en errores de hecho o de derecho derivados de la defectuosa apreciación probatoria del juez de la alzada es la de aplicación indebida, por alterarse de ese modo los supuestos de hecho de la norma que regula el caso. Luego, la ‘inaplicación’ no es una modalidad de violación de la ley apropiada a la casación del trabajo.

Ahora bien, la razón fundamental para el tribunal confirmar la sentencia absolutoria del juzgado no lo fue el ‘inaplicar’ el artículo 68 del Decreto 1848 de 1969, pues, en modo alguno desconoció que la pensión que le fue otorgada a la recurrente tuvo su causa en haber prestado sus servicios a la demandada por 20 años y cumplir la edad de 50 años, que son los supuestos de hecho a que se refiere la preceptiva en cita, sino, cuestión bien distinta, a los siguientes tópicos: 1) la demandante no asumió la carga de “incorporar al proceso la convención colectiva de trabajo”, no obstante que su pretensión se dirigió a obtener un mayor valor de su pensión conforme a unas disposiciones convencionales específicas; 2) Tal exigencia la entendió como “un requisito as sustantiam actus que resulta imprescindible”, como se advertía de la lectura del artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que transcribió, y de la doctrina de la Corte vertida en variadas sentencias; 3) a diferencia de lo afirmado por la actora, “ese puntual aspecto no aparece revelado en la réplica de los hechos de la demanda”; 4) no era dable verlo corroborado en la liquidación de prestaciones sociales de retiro de folio 19, pues, por un lado, dicho documento carecía de firma, “contingencia que extingue su valor probatorio (CPC, art. 69)” y, por otro, la discriminación de factores salariales aparecía hecha para el cálculo de la cesantía “concepto bien distinto al de pensión, que constituye, en el fondo, el punto medular de controversia”; 5) la demandante no cuestionó la respuesta dada por la empresa a su reclamación, con lo cual, “implícitamente reconoció el contenido de lo consignado en el mismo, circunstancia que le confiere el cariz de documento público (L. 794/2009, art. 26)”; y 6) en sus alegaciones confundió los conceptos de compatibilidad pensional y compartibilidad pensional, lo cual, afirmó, “deprime la fuerza argumentativa de los reparos”.

A pesar de que esos sí fueron en verdad los fundamentos del fallo atacado, no el que pregona la recurrente, esta para nada se ocupa de los mismos, fuera de decir, que la exigencia de la prueba de la convención colectiva de trabajo que hizo el tribunal era asunto de poca monta, por tratarse de “una exigencia desmesurada”, de una “solemnidad que está desbordada por la realidad”, etc., olvidando con ello que el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo, norma que es de orden público, si bien establece que el juez del trabajo no está atado a tarifa legal de prueba, pudiendo formar libremente su convencimiento, inspirado en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y en la conducta procesal observada por las partes, también dispone que “cuando la ley exigida determinada solemnidad ad sustantiam actus, no se podrá admitir su prueba por otro medio”, y el artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo, paladinamente impone el que la convención colectiva de trabajo deba celebrarse por escrito, extendiéndose en tantos ejemplares cuantas sean las partes y uno más, que se depositará necesariamente en el Ministerio del Trabajo, a más tardar dentro de los 15 días siguientes al de su firma, solemnidades sin las cuales “la convención no produce ningún efecto”, asunto que, por la directiva del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a los procesos laborales por la remisión de que trata el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, incumbe acreditar a quien la invoca en su favor.

De modo que, aparte de aducir razones que no fueron sustento del fallo atacado, la recurrente deja de lado las que en verdad lo soportaron, cuyo efecto no puede ser otro que el de que estas quedan firmes y, con ellas, la sentencia conserva a plenitud las presunciones de acierto y legalidad que la cobijan. Y frente a la única que menciona de las que sí fueron esenciales al tribunal para confirmar la decisión absolutoria del juzgado, no la ataca, por considerarla ‘exagerada’ y ‘desbordada por la realidad’, cuando quiera que, aparte de tener pleno fundamento en la ley, tal y como se ha visto y que por fuerza de los fines de la casación se ha recordado a pesar de no ser la vía apropiada en el recurso, como lo señala la opositora, ningún elemento de juicio en su favor aporta el documento de folio 20, fuera de que los mentados valores de cotización que hace constar la demandada coinciden con la relación de novedades de los folios 78 y 79, que son sobre los que debe entenderse se le reconoció la prestación pensional.

Por todo lo que vine de decirse importa a la Corte recordar el carácter extraordinario y técnico del recurso de casación, e insistir en que este medio de impugnación no le otorga competencia para juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste razón, pues su labor, siempre que el impugnante sepa plantear la acusación, se limita a enjuiciar la sentencia para así establecer si al dictarla el juez observó las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar para rectamente solucionar el conflicto y mantener el imperio de la ley. Por ello se ha dicho que en el recurso de casación se enfrentan la ley y la sentencia, no quienes actuaron como contrapartes en las instancias.

Por deberse observar las reglas legales que disciplinan la técnica de casación y a fin de lograr que se cumpla el objeto del recurso extraordinario, la demanda de casación no puede plantearse extendiéndose el recurrente en consideraciones a lo sumo admisibles en un alegato de instancia, en el cual es posible alegarlas libremente.

La inteligente labor de persuasión que debe llevar a cabo quien recurre una sentencia en casación no puede ser suplida con una retórica vacua o con afirmaciones sin ningún respaldo en las pruebas que se singularizan como generantes de los errores de hecho, en razón de haber sido erróneamente apreciadas o por no haber sido valoradas, como aquí al final fue lo que pasó.

Sin que sea menester resaltar mayores deficiencias al único cargo de la demanda de casación, este se declara infundado.

Costas en el recurso a cargo de la recurrente. En su liquidación, inclúyanse como agencias en derecho la suma de tres millones de pesos ($ 3’000.000).

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley no casa la sentencia proferida el 28 de junio de 2010 por el Tribunal Superior de Barranquilla (Sala de Descongestión), en el proceso que por Manuela Consuegra Barros promovió contra la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica S.A. —ESP—, ‘Corelca S.A. —ESP—’.

Costas como se dijo en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen.

Magistrados: Luis Gabriel Miranda Buelvas—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Elsy del Pilar Cuello Calderón—Rigoberto Echeverri Bueno—Carlos Ernesto Molina Monsalve.