SENTENCIA 4913 DE SEPTIEMBRE 27 DE 1993

 

Sentencia 4913 de septiembre 27 de 1993 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

FACTURACIÓN POR COMPUTADOR

REQUISITOS

EXTRACTOS: «El acto acusado. Es el artículo 39 del Decreto Reglamentario 2076 del 23 de diciembre de 1992 en la parte que dice:

“En este caso, el documento que se expida a través del computador, constituye documento equivalente a la factura, siempre y cuando en él, conste como mínimo los siguientes requisitos:

1. Apellidos y nombre o razón social y el número de identificación del vendedor o de quien preste el servicio.

2. Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva.

3. Fecha de expedición.

4. Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o de los servicios prestados.

5. Valor total de la operación.

6. Discriminación del correspondiente impuesto sobre las ventas, cuando el enajenante sea un responsable del régimen común y el ad-quirente de los bienes o de la prestación del servicio sea un responsable y así lo solicite. En este caso se identificará al adquirente”.

Mediante el Decreto 2076 de diciembre 23 de 1992, el Presidente de la República en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 189 numerales 11 y 20 de la Constitución Nacional de 1991, reglamentó parcialmente el estatuto tributario y en su artículo 39 adoptó la facturación por computador como medio de control y como documento equivalente a la factura y para tales efectos exigió unos requisitos mínimos para la facturación por el sistema de computador, copiando la mayoría de las exigencias establecidas en el artículo 617 del estatuto tributario, y si bien omitió señalar en forma expresa que al momento de la expedición de la factura los requisitos relativos a los apellidos y nombres o razón social y número de identificación tributaria del vendedor o de quien preste el servicio, así como el número consecutivo, exigidos en sus literales a) y b), debían estar previamente preimpresos, a través de medios litográficos, tipográficos o de técnicas industriales de carácter similar, no por ello puede inferirse que dicho requisito fue eliminado por el reglamento porque esta consecuencia no se infiere del contexto literal de la norma acusada toda vez que:

En primer lugar, en él no se establecen en forma taxativa los requisitos de la facturación por computador sino unas exigencias mínimas; tampoco expresa que no deba cumplirse la exigencia legal de preimpresión de la identificación del vendedor o de quien presta un servicio, como de la numeración consecutiva en las formas destinadas a la facturación.

En segundo lugar, tal como anotó la Sala en el auto del 2 de julio del presente año, la falta de tal previsión en el acto acusado, no significa que el requisito de preimpresión de nombre, NIT y número de quien vende o presta servicios desaparezca del universo jurídico, pues el precepto que lo contiene en el estatuto tributario conserva su vigencia.

En tercer lugar, en manera alguna puede pre-tenderse que dicha omisión constituya una modificación de la norma superior dada la naturaleza reglamentaria del acto demandado, y por ende su capacidad para alterar o derogar una norma de carácter superior.

Si bien en ocasión anterior mediante sentencia del 14 de agosto de 1992 proferida en el juicio 3470, la corporación declaró la nulidad del artículo 5º inciso 1º del Decreto Reglamentario 422 de 1991, tal determinación se tomó en razón de que el contexto literal de la norma entonces acusada, contradecía modificando el mismo ordenamiento superior al considerar como equivalente al requisito de preimpresión, la impresión simultánea, al disponer que:

“Sistema de facturación por computador.

Para efectos de los literales a) y b) del artículo 617 del estatuto tributario, cuando el contribuyente utilice un sistema de facturación por computador, con la impresión efectuada por tal sistema se cumplirá con los requisitos de preimpresión a que se refiere el mencionado artículo”.

Así entendidas las cosas, para la Sala no existe la violación por parte del artículo 39 del Decreto 2076 de 1992 del artículo 617 del estatuto tributario y por ende no excedió el Presidente de la República la facultad reglamentaria contenida en el artículo 189 numeral 11, ni la obligación de velar, por la estricta recaudación y administración de las rentas y caudales públicos que le confiere el numeral 20 del mismo artículo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DENIÉGANSE las súplicas de la demanda».

(Sentencia de septiembre 27 de 1993. Expediente 4913. Consejero Ponente: Dr. Guillermo Chahín Lizcano).

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