SENTENCIA 4914 DE SEPTIEMBRE 10 DE 1993

 

Sentencia 4914 de septiembre 10 de 1993 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA RESOLVER

EXTRACTOS: «Las normas que regulan el procedimiento tributario, contemplan la obligación de cumplir, por parte de quien pretende discutir asuntos relacionados con la determinación de los tributos administrados por la Dirección de Impuestos, con unas formalidades que se han denominado presupuestos procesales. Consisten éstos en unos requisitos mínimos necesarios para entrabar la litis particular-administración y por ello dispuso el legislador, que previo el estudio de fondo, se surtiera una especie de incidente, para verificar el cumplimiento de estos presupuestos, actuación que debe surtirse, so pena de que posteriormente la administración no pueda rechazar el recurso por el incumplimiento de alguno de dichos presupuestos.

Es por ello que, dentro del mes siguiente a la interposición del recurso de reconsideración, la administración debe pronunciarse para admitirlo o no y en el último evento, debe dar una nueva oportunidad —recurso de reposición— para que el contribuyente acredite el presupuesto echado de menos, siempre y cuando sea de los susceptibles de ser subsanados. Una vez satisfecho el requisito omitido inicialmente, la administración procede a admitir el recurso, pero el término de un año con que cuenta para decidir, sólo empieza a contarse “a partir de su interposición en debida forma” (artículo 732 del estatuto tributario).

Y sobre lo anterior, en el asunto en discusión, se plantean dos hipótesis: según la demandante, así exista un auto inadmisorio de la administración que necesariamente deberá ser recurrido, si desde el momento de la presentación del recurso se cumplía con la totalidad de los presupuestos procesales, es desde allí donde debe considerarse como interpuesto en debida forma. Pero para la administración, la exigencia de la comprobación de un pre-supuesto, así se demuestre que éste se cumplía desde el primer momento, da lugar a que el plazo con que cuenta la administración para resolver, se empiece a computar desde la ratificación del requisito.

En el presente caso, interpuesto el recurso de reconsideración el 26 de abril de 1989, la Administración de Medellín procedió a inadmitirlo por auto de 21 de junio del mismo año, al considerar que el certificado de la Superintendencia Bancaria por medio del cual se pretendía demostrar la existencia y representación de la sociedad, había sido expedido con fecha anterior a cuatro meses. Al interponer recurso de reposición contra el anterior auto, la ac-tora acompañó el mismo certificado, sólo que con una fecha de autenticación, que no de expedición, más reciente. Con este último documento la administración dio por cumplido el presupuesto procesal. Corresponde entonces analizar, si el presupuesto procesal se cumplió al momento de la interposición del recurso o si sólo se vino a “subsanar” su omisión inicial, con motivo de la reposición del auto inadmisorio, a efectos de establecer el plazo con que contaba la administración para resolver.

Al respecto tenemos que con el recurso de reconsideración se adjuntó un poder conferido por el representante legal de la sociedad Financiera Furatena, Compañía de Financiamiento Comercial, en liquidación forzosa, y un certificado expedido por la Superintendencia Bancaria, donde constaba que dicho señor desempeñaba las funciones de agente especial de la compañía y por ende tenía su representación para todos los efectos legales. Pero la administración, como el anterior certificado tenía más de cuatro meses de expedido al momento de su presentación, dio por no cumplido el presupuesto procesal de la personería para actuar, inadmitió el recurso y sólo lo consideró presentado “en debida forma”, cuando la sociedad envió el mismo certificado con una autenticación más reciente.

Para la Sala, tal como lo sostiene la doctrina traída al caso por el tribunal, es fundamental diferenciar cuando el recurso no se interpuso en debida forma, como sería el evento de no haber enviado ningún certificado sobre representación legal, omisión que sólo se subsana al interponer reposición contra el auto inadmisorio, y cuando el recurso se formuló de una manera correcta y completa desde su inicio, sólo que, la administración exige una comprobación adicional a lo ya cumplido en la presentación del recurso.

En el primer caso, evidentemente queda incompleto el presupuesto procesal, pero como es uno de aquellos susceptibles de ser subsanados posteriormente, se da la oportunidad al contribuyente de demostrar la personería para actuar, pero obviamente, sólo en el momento en que se demuestra ésta, empieza a correr el término de un año con que cuenta la administración para resolver el recurso, pues sólo en ese momento se puede entender como interpuesto en debida forma.

En el segundo caso, si bien la administración puede surtir el incidente de inadmisión, si como consecuencia del recurso de reposición se establece que el de reconsideración se había interpuesto en debida forma desde su presentación, es desde éste momento donde debe empezar a computarse el término de la administración para resolver. De lo contrario, quedaría al arbitrio de la administración la dilación de dicho plazo.

En el asunto a consideración de la Sala, a la apoderada se le confirió un poder especial para actuar a nombre de la demandante, el 12 de julio de 1988 “en lo referente al proceso de determinación oficial del impuesto de renta, complementarios y sanciones a cargo de la citada entidad por el año gravable de 1985” y expresamente para la “interposición de todas las acciones y recursos procedentes por la vía gubernativa inclusive el de reconsideración contra la liquidación de revisión si la hubiere...” (folio 24 cuaderno principal) y con base en este único poder se contestó el requerimiento especial y se interpuso el recurso de reconsideración.

Se encuentra entonces demostrado, que la personería para actuar durante toda la vía gubernativa, estaba suficientemente acreditada por poder debidamente conferido por el representante legal de la actora desde julio de 1988, el cual no había sido revocado a la fecha de la presentación del recurso de reconsideración —26 de abril de 1989— constituyéndose entonces la inadmisión del recurso, por la vigencia del certificado de la Superintendencia Bancaria sobre la representación legal de la sociedad, en un trámite innecesario y dilatorio, que en nada podía afectar el debido cumplimiento del presupuesto procesal desde la presentación del recurso y por ende, tampoco afectaba el cómputo del plazo de la administración para resolverlo».

(Sentencia de septiembre 10 de 1993. Expediente 4914. Consejero Ponente: Dr. Guillermo Chahín Lizcano).

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