Sentencia 4918 de octubre 23 de 1997 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA

Magistrado Ponente:

Dr. Rafael Romero Sierra

Ref.: Expediente 4918

Santafé de Bogotá, D.C., veintitrés de octubre de mil novecientos noventa y siete.

Decídese el recurso de casación interpuesto por el demandante contra la sentencia de 14 de diciembre de 1993, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio en el proceso ordinario de Domingo Prieto León contra Gloria Isabel Espinoza Leguizamón.

I. Antecedentes

1. El proceso tuvo venero en la demanda en que el actor solicitó que se declare nula la promesa de compraventa que suscribió con la demandada el 17 de mayo de 1978, y se disponga que los bienes objeto de ella vuelvan a sus respectivos dueños, “mediante las restituciones mutuas”, incluyendo los frutos; y que se condene a la demandada a pagar los perjuicios dimanantes de la nulidad deprecada.

2. El aspecto fáctico de la pretensión; así puede recapitularse:

Consistió el negocio en que el demandante prometió vender a la demandada la finca conformada por los predios “Cundinamarca, Santa Rosa y San Isidro”, de extensión aproximada de 200 hectáreas, ubicada en la vereda Santa Teresita del municipio de Medina, especificada como aparece en el primer hecho de la demanda. El precio fue de un millón de pesos, que se pagaría así: con el vehículo (bus) allí también especificado, por un valor de $ 500.000; la suma de $ 200.000 que la demandada se comprometió a pagar a la Caja Agraria; y el resto en dinero en efectivo.

“El plazo para dar cumplimiento al negocio era el 22 de mayo de 1978”. Pero se omitió indicar la notaría donde se llevaría a cabo, amén de que el documento “carece de la tradición titular para hacer viable el registro de la escritura”. Y se vició también el contrato porque la demandada “no hizo el traspaso del vehículo”, y el actor no ha podido explotarlo por “no tener la documentación al día”, ocasionándole un “tremendo lucro cesante”.

3. Gloria Isabel no se opuso a la nulidad implorada y a la consiguiente restitución de lo que de su parte entregó (automotor y dinero); en cambio, pidió denegar la restitución del inmueble, “porque su detentación por parte de demandada, en forma real y material, no tiene causa en el contrato sino por virtud de relación jurídica con tercero”, con fundamento en lo cual dijo excepcionar. Explicó adicionalmente que la posesión material que tiene sobre la finca no le vino por efecto del convenio a anularse, sino “por compra y recibo de mejoras hecha a Luis Antonio Beltrán”. Y el predio denominado “Samarkanda”, que hace parte del predio objeto del contrato, lo adquirió “por adjudicación que le hizo la Nación a título de terreno baldío, mediante la Resolución 1483 de 30 de noviembre de 1988 del Incora y registrada al folio de matrícula inmobiliaria 160-0019.555 de la oficina de registro de Gachetá”.

4. Mediante sentencia de 13 de abril de 1993, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Villavicencio puso fin a la primera instancia, en la que declaró la nulidad impetrada y dijo que no había lugar a restituciones mutuas. Y, el Tribunal Superior de Villavicencio la confirmó al desatar la apelación interpuesta por el actor.

5. La decisión del tribunal, como se dejó dicho, fue recurrida en casación por la misma parte.

II. La sentencia del tribunal

Historiado el litigio, puntualizó de entrada que el objeto de la apelación en este caso no gira más que en torno a las prestaciones mutuas que efunden de la nulidad contractual.

Aplicado a tal punto, el sentenciador recordó la jurisprudencia de la Corte según la cual, de conformidad con el artículo 1746 del Código Civil, cada una de las partes devuelve a la otra “lo que ha recibido como prestación del contrato invalidado”.

Entró entonces a enfatizar que la aplicación de esa preceptiva legal, tiene como presupuesto necesario el que “las partes hayan cumplido con las prestaciones que el contrato anulado imponía a cada una de ellas, en el caso de la compraventa o promesa de ella, el que el vendedor haya entregado materialmente y realmente el bien objeto del contrato y el comprador pagado el precio acordado por las partes, como obligaciones principales que surgen para comprador y vendedor en esta clase de contratos”.

“En el sub lite —dijo— “no existe constancia o prueba alguna de que las partes hubieren cumplido la promesa”. El actor no demostró “haber hecho entrega del inmueble a la promitente compradora”; y ésta afirmó y demostró que “adquirió la posesión y posterior propiedad del mismo por medios diferentes a la entrega hecha por el ahora demandante”.

De donde dedujo:

“... así las cosas, pues no podía el a quo efectuar una condena genérica ni concretarla en base a la suposición de haber cumplido las partes con las prestaciones a que se comprometieron en el contrato; nótese que el recaudo probatorio se limitó a las documentales traídas y a los dictámenes periciales que nada aclaran respecto a las entregas que las partes se hubieren hecho; la demandada en el interrogatorio absuelto en esta instancia insiste en su posición inicial y el demandado (sic) no asistió al interrogatorio de parte decretado ni justificó su inasistencia”.

III. La demanda de casación

En el único cargo que contiene, formulado al abrigo de la primera causal del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la transgresión del artículo 1746 del Código Civil, por inaplicación.

El tribunal —dice el censor—, pese a que declaró la nulidad del contrato, no decretó “la restitución de los bienes trabados en el proceso a su estado anterior a la convención contractual a sus respectivos dueños y condenar al pago de los frutos civiles de la finca”.

Más adelante explana el recurrente que el tribunal incurrió en ese error de hecho, “por no apreciar las pruebas del proceso, por atenerse a los conceptos del a quo, sin tomarse la molestia de asimilarlos en pro o en contra, se limitó a reproducirlos, dejando de cumplir su misión revisora del fallo recurrido”. No apreció la contestación de la demanda “que no objeta el que no tenga la finca la demandada, sino que no la quiere entregar porque ya se la hizo adjudicar”; tampoco vio la inspección judicial con peritación, en la que se constató la detentación de la finca por parte de Gloria Isabel, quien aparece usufructuándola. Para el recurrente, esto último es “prueba palmaria” de que el actor sí le entregó la finca; pues se pregunta a sí: “¿Si la demandada está cosechando la finca negociada, no demuestra que mi cliente se la entregó? Sin embargo, el tribunal dice que no hay prueba de dicha entrega.

Consideraciones

Como puede verse, el recurrente aspira a que le sea entregada la finca por vía de las “restituciones mutuas” que en su criterio deben derivarse como consecuencia de la nulidad de la promesa. A lo cual cumple precisar ante todo que si, como es exacto, la promesa de contrato apenas sí genera una obligación de hacer, traducida en la celebración posterior del contrato prometido, necesariamente hay que convenir en que la nulidad de ella no tiene por efecto propio sino hacer que desaparezca ese vínculo obligacional. La naturaleza misma de la obligación que de allí brota, pues, está diciendo que, en caso de nulidad de la promesa, no es de la esencia concepto restitutorio alguno, porque la secuela de ella no irá más allá de entender simplemente que ya para las partes dejó de ser imperioso el tener que celebrar el contrato que tuvieron en mira.

Otra cosa es que las partes acuerden en la promesa, como cosa de más, anticipar algunos efectos propios del contrato que prometen celebrar en el futuro, porque entonces, ante la nulidad de la promesa, es de recibo hablar de que los promitentes deban restituirse lo que hayan recibido en virtud de ella, precisamente cuando decidieron cumplir anteladamente algunas prestaciones.

De lo cual resulta, como fiel trasunto, que es necesario recordar una vez más que no puede refundirse la obligación propia de la promesa con las que surgen del contrato prometido. Anular una promesa de compraventa no es lo mismo, para efectos de restituciones mutuas, que anular la compraventa misma.

Hecha la anterior aclaración, memórase que la razón que adujo el tribunal para no decretar las restituciones mutuas, fue la carencia de pruebas que le indicasen que las partes hubiesen entregado algo con ocasión del contrato anulado.

Y vale la pena subrayar que dicha afirmación la mantuvo aun cuando vio que la demandada tenía la finca en su poder; lo que ocurrió fue que no halló prueba de que tal detentación hubiese devenido por entrega que le hiciera el prometiente vendedor; y sí, en cambio, que devino por vía diferente, conforme a lo que alegó la demandada al descorrer el traslado.

Conclusión obligada de lo anterior es que el sentenciador, contra lo que acusa el recurrente, sí vio que Gloria Isabel estaba en posesión de la finca. Más que esto: lo vio a través de la contestación de la demanda y la inspección judicial practicada con peritación, justamente las pruebas en que se apoya el censor.

Es errada, pues, la formulación del cargo, en cuanto enfiló baterías respecto de un punto totalmente inexacto. Y, por contraste, dejó de lado el proponer un ataque idóneo en casación, comprendiendo naturalmente el argumento basilar del ad quem, que consistió en que tal posesión, —que sí vio, repítese—, carecía de virtualidad para entender que el actor habíale entregado la finca a la demandada. Para decirlo en breve, demostrar que, contra lo que dijo el sentenciador, él sí efectuó dicha entrega.

Y el ataque idóneo no puede estar en la aseveración de que si la demandada tiene la finca, es porque el actor se la entregó. Pues que se trata de una deducción sin ningún soporte lógico, como quiera que la relación de causa a efecto resulta asaz deleznable; tanto menos si, como lo dijo el propio tribunal, en el expediente obra prueba es de lo contrario: que Gloria Isabel entró en poder de la finca por “medios diferentes”. Y muchísimo menos que en esa afirmación quepa un error de hecho, con las connotaciones que requiere la casación.

No prospera el cargo

IV. Decisión

En virtud de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, no casa la sentencia de 14 de diciembre de 1993, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio en este proceso de Domingo Prieto León contra Gloria Isabel Espinoza Leguizamón.

Costas en casación a cargo del impugnante. Tásense.

Notifíquese y oportunamente devuélvase al tribunal de procedencia.

José Fernando Ramírez Gómez—Nicolás Bechara Simancas—Jorge Antonio Castillo Rugeles—Carlos Esteban Jaramillo Schloss—Pedro Lafont Pianetta—Rafael Romero Sierra—Jorge Santos Ballesteros. 

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