Sentencia 4921 marzo 4 de 1998 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA

Ref.: Expediente 4921

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Esteban Jaramillo Schloss

Santafé de Bogotá D.C., cuatro de marzo de mil novecientos noventa y ocho.

Se decide el recurso de casación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de fecha diez (10) de febrero de 1994 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali para ponerle fin, en segunda instancia, al proceso ordinario seguido por la sociedad Fibro Infinita de Colombia Ltda. contra Isaac Martínez S.

I. El Litigio

1. En libelo introductorio con que se abrió el proceso ordinario en mención y cuyo conocimiento correspondió al juzgado tercero civil del circuito de Cali, la sociedad Fibro Infinita de Colombia Ltda. entabló demanda ordinaria para que, previos los trámites correspondientes, se declare que Isaac Martínez S. en su condición de propietario del taller Extra-Rápido, es responsable civilmente de los daños y perjuicios causados por la destrucción de un cilindro de una fábrica de teja perteneciente a dicha sociedad y por tanto se le condene a pagar la cantidad de dos millones quinientos mil pesos ($ 2.500.000) por la pérdida total del cilindro; cuatrocientos ochenta mil pesos ($ 480.000) diarios como lucro cesante causado por la pérdida de inversión y percepción de utilidades desde el día en que se causó el daño hasta el día en que se satisfaga por el demandado la obligación; la suma “a que ascienda el perjuicio causado y que se cause por concepto de la desvalorización de la moneda”; y en fin, las costas del proceso.

En apoyo de las pretensiones indicadas, señaló la sociedad actora los hechos que a continuación pasan a resumirse:

a) Para desempeñar eficazmente la actividad industrial para la cual fue constituida, la sociedad demandante instaló en el municipio vallecaucano de Candelaria una fábrica para procesamiento de papel y cartón residual “para la producción de papel cartón”, en la que se incluyeron dos molinos enclavados, sobre cada uno de los cuales gira un cilindro “que tiene 914 milímetros de diámetro por 1.820 milímetros de largo”, utilizados en la fabricación de “cartón multipapa”.

b) Por haber sufrido desperfectos que requerían ser reparados, se hizo necesario trasladar uno de los referidos cilindros desde la fábrica en mención hasta un taller de la ciudad de Cali, y fue así como el subgerente de la sociedad demandante solicitó el 30 de agosto de 1988, los servicios del taller Extra-Rápido de propiedad del demandado que, por un valor total de quince mil pesos ($ 15.000), se obligó “a realizar bajo su responsabilidad el transporte del artefacto”, para lo cual se procedió a levantar mediante grúa el cilindro, el que fue luego asegurado con amarras “pero en la carretera que conduce a Cali las amarras del cilindro se soltaron cayendo al pavimento, habiendo sido arrastrado causándole los daños que lo hicieron iservible (sic)”.

c) El taller al que se dirigía el referido cilindro se abstuvo de recibirlo luego de advertir sobre los daños irreparables que había sufrido, razón por la cual fue finalmente depositado en el taller “Europa” de propiedad de Santos Cortés, a pesar de que allí también conceptuaron en idénticos términos. Así la sociedad demandante reclamó de la empresa transportadora la indemnización correspondiente, mas ésta se abstuvo de asumir su responsabilidad y en cambio se limitó a dejar de cobrar la retribución estipulada por el transporte, por lo cual la sociedad demandante “tuvo que proponer el proceso de oferta de pago por consignación para poder descargar la obligación contraída en el contrato de transporte”.

d) La inutilización del referido cilindro ocasionó la reducción de producción en un 50%, lo que hace que el lucro cesante ascienda a $ 480.000 diarios, rubro que según la demanda tiene las siguientes bases de cálculo: La fábrica propiedad de la sociedad demandante, elabora tejas que se venden unitariamente en $ 100 pesos, luego de invertirles alrededor de $ 62 pesos a cada una, lo que hace que la ganancia neta ascienda a $ 32 pesos por cada lámina. En un día, con los dos cilindros funcionando, la fábrica producía 16.000 láminas, cantidad que por efecto del accidente, se redujo entonces a la mitad puesto que el cilindro afectado por el daño no pudo seguir siendo utilizado, lo que implicó que la venta por tal concepto se redujera a $ 800.000 pesos diarios, lo que hace que, descontada la materia prima que corresponde a un valor de $ 320.000, el saldo total por concepto de lucro cesante ascienda a $ 480.000, “suma líquida del perjuicio diario causado a partir del 1º de septiembre de 1988”.

2. Admitida a trámite la demanda, fue contestada por el apoderado del demandado (fl. 22 c. 1) oponiéndose a las pretensiones, negando unos hechos, admitiendo otros y solicitando la prueba de los restantes, tras afirmar que “la responsabilidad de ejecutar su oficio no se debió a su culpa, o descuido”.

3. Surtido el trámite de rigor con práctica de pruebas pedidas por las dos partes, dictó sentencia en primera instancia el juzgado tercero civil del circuito de Cali en el sentido de declarar responsable al demandado de los daños y perjuicios causados a la empresa demandante “al averiar el cilindro en ejercicio del contrato de transporte” y condenarlo al pago de la suma de ciento ochenta y dos millones trescientos mil pesos ($ 182.300.000) por concepto de daño emergente y lucro cesante, más las costas procesales.

El juzgado del conocimiento adoptó su decisión con base en las normas mercantiles aplicables al contrato de transporte terrestre, las cuales hizo actuar después de encontrar probado en el expediente el contrato de dicha índole y su consiguiente incumplimiento imputable a culpa del demandado, tras lo cual pasó a estimar cuantitativamente los perjuicios causados, acogiendo para tal efecto el dictamen rendido por peritos sobre el punto, con la salvedad, en relación con el lucro cesante, de que según lo dicho en la diligencia de inspección, judicial, el cilindro dañado entró en funcionamiento nuevamente el 1º de diciembre de 1989, fecha esta que tuvo en cuenta como determinante final del período durante el cual la demandante dejó de percibir los ingresos reclamados por el aludido concepto indemnizatorio.

4. Contra esta providencia apeló la parte demandada y, en consecuencia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, luego de agotados los trámites procesales del caso, se pronunció mediante providencia del diez (10) de febrero de 1994, confirmando el fallo impugnado en lo relacionado con la condena por concepto de daño emergente, pero revocando la condena por lucro cesante valorado en ciento ochenta millones de pesos ($ 180.000.000), y le impuso al demandado apelante la obligación de pagar en un 50% las costas causadas en segunda instancia.

II. Fundamentos del fallo impugnado

1. A vuelta de hacer el pormenorizado recuento que es usual acerca de la situación fáctica que dio lugar al proceso y de la actuación llevada a cabo durante el mismo, el tribunal puntualiza que el objeto del debate consiste en definir la responsabilidad civil contractual “por incumplimiento del contrato de transporte”, contrato cuya existencia da por demostrada mediante la manifestación acorde de las dos partes en sus escritos de demanda y de contestación, así como también por virtud del documento de remesa número 18997 que singularizó el transporte de cuya defectuosa ejecución se pretende hacer responsable al empresario demandado.

Sobre esta base, el fallador detiene su atención en el artículo 982 del Código de Comercio, de cuyo texto destaca que es deber del transportador el “llevar y conducir a cabalidad la mercancía confiada, al sitio convenido”, propósito para el cual el transportador “que en forma de organización, de empresa o que profesionalmente se desempeñe en tal actividad, está obligado a mantener y conseguir todos los elementos indispensables en orden a obtener que las personas o cosas que le sean confiadas para su movilización de un lugar a otro, lleguen exactamente a su destino en forma adecuada”.

En consecuencia, subraya la sentencia que el transportador sólo puede exonerarse de responsabilidad acreditando “la ocurrencia de hechos constitutivos de fuerza mayor”, como lo determina la norma mercantil antes referida, circunstancia que lleva a inferir que de encontrar demostrado el incumplimiento del contrato, el demandado deberá responder por la destrucción de la cosa transportada y por el lucro cesante “claro está, estableciendo la cuantía de los perjuicios conforme lo dispone la ley”.

2. Sentadas estas premisas de orden conceptual, emprende la corporación el estudio de la situación litigiosa concreta de la que dan cuenta los autos, apuntando primeramente que de conformidad con los términos indicados por la sociedad actora en su demanda, la indemnización se exige “exclusivamente” por la destrucción total de la cosa transportada, objeto que quedó inservible por daños irreparables, razón por la cual pasa a examinar el caudal probatorio con el fin de determinar sí se encuentra probado dicho hecho “y la relación existente entre el hecho mencionado y la suspensión de la fabricación de la teja” que se venía realizando en el molino Nº 1 al cual correspondía el cilindro averiado.

Y para desarrollar ese estudio, se da a la tarea el tribunal de examinar, primero individualmente y luego en conjunto, la prueba testimonial conformada por las declaraciones que rindieron Israel Ramos, James Grahan Taylor Rebolledo, Sepp Haggnmiller, Daniel Erasmo Escobar y Santos Cortés García; la inspección judicial practicada con intervención de peritos y, en fin, la no concurrencia del demandado a absolver interrogatorio de parte, todo lo cual lleva a concluir según el tribunal que el cilindro efectivamente sufrió daño total por lo sucedido durante su transporte, “daños o averías que en los términos del artículo 1032 del Código de Comercio se equiparan a pérdida o destrucción del mismo”.

3. Puestas de este modo las cosas, pasa a ocuparse la Sentencia de la liquidación del monto indemnizable y para tal fin toma pie en la prueba pericial practicada, prueba esta respecto de la cual se solicitó de oficio su complementación en lo atinente al justo precio del cilindro en la fecha del siniestro tras considerar que para ese entonces, precisamente, se trasladaba con el fin de reparar un desperfecto del que adolecía. Dicha prueba, estimó un daño emergente de dos millones trescientos mil pesos ($ 2.300.000) que representa el valor del cilindro con exclusión de su eje central que fue reutilizado; y en cuanto al lucro cesante calculado por los peritos en razón de cuatrocientos ochenta mil pesos ($ 480.000) diarios, durante 640 días, contados a partir del 1º de septiembre de 1988 hasta el 18 de octubre de 1990, quedó finalmente valorado en trescientos siete millones doscientos mil pesos ($ 307.200.000). Sin embargo, con relación a este último concepto de daño, el tallador anota que se demostró, por constatación directa que hicieron los peritos e igualmente quedó ello verificado en la inspección judicial practicada, que el cilindro fue reparado e incorporado de nuevo al proceso industrial del que forma parte, “sin que en autos conste la fecha en que tal cosa ocurrió, lo cual es de vital importancia en este asunto porque ello vendría a señalar el momento en que cesaron los perjuicios en la modalidad de lucro cesante”.

En esas condiciones y en procura de determinar ese momento, el fallador anota que la versión suministrada por James William Watts, - persona que atendió al juzgado del conocimiento en la diligencia de inspección judicial que se realizó en la fábrica de la sociedad demandante, no suple tal vacío probatorio por cuanto la misma se compone de dos manifestaciones contradictorias que excluyen la posibilidad de tener su dicho como hecho indiciarlo, al aducir, al comienzo de dicha diligencia, que el cilindro no se encontraba en la fábrica, para decir luego que su reparación se había dado desde principios de diciembre de 1989, por fuera de que este dato no fue suministrado “bajo la forma del testimonio”, ni constituye una confesión por no provenir del representante “de la sociedad demandada”.

Dice a continuación la providencia en estudio que el cilindro supuestamente averiado como secuela del accidente ocurrido, según lo apreciado por el fallador de primer grado en la inspección judicial y por los peritos, “fue reacondicionado y puesto en funcionamiento mucho antes de la referida diligencia”, sin que prueba alguna dentro del expediente tenga la virtud de demostrar la fecha de la reparación, dato que, repite, es necesario conocer “para el establecimiento y cuantificación del lucro cesante, porque, sin discusión, el perjuicio cesó en la fecha en que se reparó el tantas veces citado bien”.

Y en consecuencia con esta apreciación, el ad quem anota que sí bien se ocasionó un daño en virtud del hecho demandado y este debe repararse, no puede sin embargo olvidarse que la condena a que haya lugar “...debe ser no soto integra sino justa y ceñida a la realidad de los hechos”, requisitos estos a los que no se acomoda la condena de primer grado “...cuando se dan uno montos que no corresponden a una realidad, puesto que no se logró establecer en qué fecha realmente el cilindro fue reparado, para así poder condenar a pago de una suma cierta por concepto de lucro cesante”, lo que le lleva a revocar en este punto específico la sentencia apelada ya que “... la funcionada lo estimó en $ 180 millones hasta la fecha en que fue colocado el cilindro y se puso en funcionamiento…”

4. En fin, concluye el fallo mencionado que el demandado durante la actuación de primera instancia, fue citado a interrogatorio de parte y no compareció, lo que hizo que el juzgado del conocimiento apreciara dicha conducta como suficiente para declararlo confeso, medida que a juicio del tribunal no era viable toda vez que en la citación por aviso que se le hizo para ajustaría a lo que disponía el artículo 205 del Código de Procedimiento Civil antes de ser modificado, la autoridad judicial en cuestión se abstuvo de indicar en dicho aviso que la orden era para comparecer a interrogatorio de parte, “de suerte que no apreciando la anotada advertencia en el aviso de que trata la disposición citada, es inútil hablar de confesión ficta que considera el a quo se dio”.

En esas condiciones, como se señaló líneas atrás, el tribunal confirmó la sentencia apelada en cuanto declara responsable al demandado con la consiguiente condena por el daño emergente estimado en la suma de $ 2.300.000, mas revocó en cambio la condena atinente al lucro cesante en mérito de las razones que acaban de compendiarse.

III. La demanda de casación y consideraciones de la Corte

Con el fin de obtener la infirmación parcial de la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, formuló el apoderado de la parte demandante recurso de casación sustentado mediante demanda que da cuenta de un sólo cargo el cual pasa la Corte a examinar.

Cargo único.

Invocando la primera de las causales que consagra el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, acusa el recurrente la sentencia del tribunal por infracción de la ley debido a error probatorio de derecho y originada en la falta de aplicación de los artículos 1030, inciso 2º, 1031 y 1032 del Código de Comercio, 1613 del Código Civil “aplicable al ámbito mercantil según el artículo 822 del Código de Comercio”, y como violación medio señala los artículos 240, 307 y 308 del Código de Procedimiento Civil, normas estas de carácter sustancial que reglan la responsabilidad del transportador por la pérdida o avería de las cosas transportadas o del retardo en su entrega y fijan igualmente los elementos del daño o perjuicio que debe indemnizar el transportador.

En procura de demostrar el cargo, el recurrente comienza señalando que el régimen legal del contrato de transporte fue objeto de sustanciales modificaciones mediante el Decreto 01 de 1990, conjunto normativo que sin embargo, anota, no es aplicable al presente caso por cuanto los hechos aducidos como fuente de la obligación indemnizatoria que se endilga al demandado, acaecieron con anterioridad a la vigencia del mencionado estatuto, razón por la cual las normas que gobiernan el caso son “las disposiciones originales del Código de Comercio”, ello de conformidad con el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 en tanto dispone que en todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración.

Partiendo, entonces, de este supuesto, a continuación y con vista en el artículo 1032 del Código de Comercio, la censura destaca que dentro del proceso quedó acreditada la magnitud del daño ocasionado al objeto transportado, dado que fue precisamente en consideración a su inutilidad que en ambas instancias se condenó por la totalidad del daño emergente, circunstancia que consecuentemente hace aplicable al caso debatido el artículo 1031 ibídem, subrayando seguidamente la naturaleza del bien transportado y averiado para concluir afirmando que el referido cilindro hace parte de un equipo industrial “destinado a la producción de mercancías que el demandante comercializa” lo que incide en que constituya un bien de capital y no de consumo, con la implicación subsiguiente de que el supuesto de hecho corresponde a la hipótesis normativa prevista en el segundo inciso del referido artículo 1031, con la inmediata secuela de que el sentenciador, vistas de este modo las cosas, estaba obligado a “condenar al demandado a pagar la indemnización estimada por peritos; no suma diferente a ella”, proposición que apoya el recurrente en doctrina jurisprudencial que considera aplicable en esta litis.

Pero no obstante ese imperativo, a pesar de la diáfana disposición legal apuntada, en todo caso el tribunal “no estaba obligado a acoger el dictamen pericial rendido dentro del proceso”, luego antes de desechado debió, entonces, ordenar la aclaración o complementación del mismo, apoyado para el efecto en la facultad que otorga al respecto el artículo 240 del Código de Procedimiento Civil, posibilidad que el sentenciador hizo de lado al no requerir de los peritos que establecieran “la fecha límite para la causación de los perjuicios correspondientes al lucro cesante” y que, en cambio, utilizó únicamente para que se determinara el “justo precio” del artefacto industrial transportado y finalmente averiado en manos de la empresa transportadora demandada.

Así, ante la ausencia de prueba acerca de la fecha de reparación del cilindro y su utilización de nuevo en la planta de la actora, el fallador “tenía el deber de decretar todas las pruebas que juzgara indispensables”, tarea que habría cumplido, según lo aprecia el censor, ordenando un nuevo dictamen pericial o llamando “al sr. James William Watts Taylor Monsalve para que, con todas las formalidades propias del testimonio, informara la fecha exacta en que el cilindro fue reincorporado al proceso fabril haciendo cesar el lucro cesante”, actividad procesal a la que estaba impelido de conformidad con lo previsto en el artículo 307 del Código de Procedimiento Civil, modificado a su vez por el artículo 1º, numeral 137, del Decreto 2282 de 1989. Y en su defecto, ha debido el tribunal, “ante la demostración irrefutable de la existencia del lucro cesante”, condenar en abstracto por dicho concepto, para que la cuantía respectiva se determinara posteriormente en la forma prevista por el artículo 308 del Código de Procedimiento Civil.

Los errores probatorios de derecho en que incurrió el tribunal los resume el impugnante en haber omitido el decreto oficioso de pruebas que eran necesarias en orden de establecer el monto del lucro cesante e, igualmente, en abstenerse de condenar en abstracto “para que, en sentencia complementaria, y luego de la práctica de las pruebas conducentes, se determinará su cuantía”, razones por las cuales se dejaron de aplicar las normas concernientes a la obligación de condenar al pago de la indemnización fijada por peritos (C. Co., art. 1031, inc. 2º), a la facultad de ordenar la ampliación, complementación o aclaración del dictamen pericial (CPC, art. 240), al deber de decretar las pruebas necesarias para condenar en concreto (art. 307 ib.) y, en fin, a la facultad de condenar en abstracto (art. 308 ib.).

Sostiene, pues, el recurso en estudio que la corporación sentenciadora quebrantó, por falta de aplicación, los preceptos contenidos en los artículos 1030, 1031 y 1032 del Código de Comercio, habida cuenta que desconoció que la avería del cilindro transportado fue de magnitud suficiente para dejarlo inutilizado, circunstancia que por mandato legal da lugar a la consiguiente indemnización que debe abarcar tanto el daño emergente como el lucro cesante como se desprende de lo dispuesto en el artículo 1032 de la ley mercantil cuando establece que “el transportador estará obligado a cubrir el importe del menoscabo o reducción, que se regulará teniendo en cuenta el precio de costo y el lucro cesante de conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior”, norma que debe aplicarse igualmente tanto a los bienes destinados a ser comercializados como a aquellos que no tienen esa función económica particular.

En igual sentido, el artículo 1613 del Código Civil, aplicable al caso por expresa remisión del artículo 822 del Código de Comercio, dispone que la indemnización de perjuicios comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante, excepto en aquellos casos en que la propia ley la limita al daño emergente, hipótesis que, añade la censura, no corresponde al presente litigio, de donde se sigue que “el transportador que incumple el contrato debe indemnizar los perjuicios que cauce al remitente y/o destinatario; y que tales perjuicios comprenden el daño emergente y el lucro cesante”, por lo que se impone el quiebre del fallo recurrido en el punto decisorio concreto en el cual se centra la impugnación.

Por último, el capítulo final de su demanda lo dedica el recurrente a la sentencia sustitutiva que habrá de proferirse luego de infirmarse la decisión objeto de crítica, sentencia que en opinión del censor debe confirmar la de primer grado, toda vez que ante la ausencia de objeción con relación al dictamen pericial practicado, la conformidad del demandado con la condena impuesta es evidente. En su defecto, pide el casacionista que proceda la Corte a decretar las pruebas que permitan determinar la fecha en que el cilindro objeto del proceso fue reinstalado y cesaron por lo tanto los perjuicios cuyo resarcimiento integral reclama la sociedad demandante.

SE CONSIDERA:

1. Sabido es que en los daños patrimoniales tomados como objeto de indemnización, ha de computarse no sólo la disminución efectiva que sufra el perjudicado en sus bienes (damnun emergens), sino también aquellos aumentos patrimoniales (lucrum cessans) con que al mismo perjudicado le era dado contar pues, atendiendo al curso normal de las cosas y vistas las circunstancias del caso concreto, se habrían producido de no haber ocurrido el hecho generador de responsabilidad. Desde antiguo y con apoyo en conocidos textos romanos, tiene declarado la jurisprudencia que la idea fundamental inspiradora de las normas en esta materia, consistente en procurar que de ser posible el perjudicado sea restituido a la misma situación en que actualmente se encontraría de no haber mediado ese hecho dañoso, exige que también reciban adecuada compensación las mermas de ganancia aludidas y, en el ordenamiento positivo vigente en el país, así lo señalan en forma expresa los artículos 1613 y 1614 del Código Civil al reconocer, en línea de principio por lo menos, el “lucro cesante” como una de las modalidades en que puede manifestarse el daño patrimonial indemnizable, modalidad que por su propia índole, no puede operar sino dentro de severas restricciones algunas de las cuales, a juicio de la Corte y porque es necesario hacerlo frente al cargo en estudio, ahora corresponde recordar. 

a) Sea lo primero advertir que salvo contados eventos de verdadera excepción en que legislaciones especiales, acudiendo a criterios de cálculo abstracto de ordinario justificados por la existencia de un tráfico de bienes y servicios que lleva a cabo el empresario damnificado, establecen alternativas indemnizatorias fundadas en la presunción de las condiciones que deben concurrir para que pueda tenerse por configurada la pérdida de una ganancia esperada, nunca ha sido tarea fácil demostrar detrimentos económicos de esta naturaleza y su real extensión, pues a diferencia de lo que sucede con el “daño emergente” que por definición, en tanto referido siempre a hechos pasados, tiene una base firme de comprobación, el lucro cesante, al decir de los expositores,” ...participa de todas las vaguedades e incertidumbres propias de los conceptos imaginarios...”, toda vez que “... el único jalón sólido de razonamiento es la frustración de aquellos hechos de que hubiera brotado con seguridad la perdida ganancia, de no haberse interpuesto el evento dañoso. Pero siempre cabrá la duda, más o menos fundada, de si, a no ser esa, otra circunstancia cualquiera hubiera venido a interrumpir el curso normal de las cosas. Sería demasiado severo el derecho si exigiese al perjudicado la prueba matemática irrefutable de que esa otra posible circunstancia no se habría producido, ni la ganancia hubiera tropezado con ningún otro inconveniente. Más, por otra parte, la experiencia constante nos enseña que las demandas de indemnización más exageradas y desmedidas tienen su asiento en ese concepto imaginario de las ganancias no realizadas. Incumbe, entonces, al derecho separar cuidadosamente estos sueños de ganancia (...) de la verdadera idea de daño...” (Hans A. Fischer. Los Daños Civiles y su Reparación, cap. I, B, num. 4). 

Así, pues, ante la necesidad de que la indemnización por fijar se adecúe al postulado que acaba de indicarse, salta a la vista que el problema que entraña la determinación del “lucro cesante” se encuentra fincado en que no es posible aseverar, con seguridad absoluta, como habrían transcurrido los acontecimientos sin la ocurrencia del hecho en que se sustenta la pretensión resarcitoria, luego en este terreno no queda otra alternativa que conformarse por lo general con juicios de probabilidad objetiva elaborados hipotéticamente tomando como referencia procesos causales en actividades análogas, juicios que en consecuencia, no deben confundirse con la existencia de simples posibilidades más o menos remotas de realizar ganancias puesto que, según se dejó dicho líneas atrás y no sobra insistir en el punto, para los fines de la indemnización del daño en la forma de lucro frustrado, el ordenamiento jurídico no tiene en cuenta quiméricas conjeturas, en cuanto tales acompañadas de resultados inseguros y desprovistos de un mínimo de razonable certidumbre; “...la posibilidad de importantes ganancias, abonada apenas por una exigua probabilidad, y la de ganancias insignificantes relacionada con una gran verosimilitud explica en afortunada síntesis el expositor recién citado, si bien pueden adoptar una relación económica equivalente, sin embargo la ley sólo aprecia como lucro frustrado la segunda…” 

b) En este orden de ideas, dando por supuesto desde luego que en el ámbito patrimonial la indemnización no debe exceder los detrimentos ciertos experimentados por quien la reclama y que además reconozcan su causa adecuada en el hecho que al responsable le es imputado, la jurisprudencia se orienta sin duda en un prudente sentido restrictivo cuando en sede litigiosa, se trata de admitir la existencia material del “lucro cesante” y de efectuar su valuación pecuniaria, haciendo particular énfasis en que procede la reparación de esta clase de daños en la medida en que obre en los autos, a disposición del proceso, prueba concluyente en orden a acreditar la verdadera entidad de los mismos y su extensión cuantitativa, lo que significa rechazar por principio conclusiones dudosas o contingentes acerca de las ganancias que se dejaron de obtener, apoyadas tales conclusiones en simples esperanzas, expresadas estas en ilusorios cálculos que no pasan de ser especulación teórica, y no en probabilidades objetivas demostradas con el rigor debido. En otras palabras, toca al demandante darse a la tarea, exigente por antonomasia, de procurar establecer, por su propia iniciativa y con la mayor aproximación que sea factible según las circunstancias del caso, tanto los elementos de hecho que producen el menoscabo patrimonial del cual se queja como su magnitud, siendo entendido que las deficiencias probatorias en estos aspectos de ordinario terminarán gravitando en contra de aquél con arreglo al artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, lo que sin embargo no obsta para que frente a situaciones de excepción, como a continuación pasa a verse, haciendo uso de los amplios poderes de verificación que el legislador les ha otorgado, los jueces agoten de oficio la investigación completa de los hechos relevantes en el debate, evitando así fallos con contenido decisorio injusto en tanto que conformándose apenas con registrar las susodichas deficiencias, no le devuelven al acreedor perjudicado el estado patrimonial legítimamente esperado y que, por eso mismo, para nada se compadecen con los altos fines de interés social que al proceso judicial le son inherentes. 

2. En efecto, tomando pie en el texto de los artículos 37 numeral 4, 179 y 180 del Código de Procedimiento Civil, durante las dos últimas décadas ha sido insistente la Corte en hacer ver que, sin ignorar naturalmente los límites de actuación que también en el campo de la prueba impone el principio dispositivo aun predominante en los procesos civiles, por mandato expreso de aquellos preceptos pesa sobre los jueces un deber de esclarecimiento oficioso en cuya virtud les compete hacer cuanto esté a su alcance, en tratándose de la comprobación integral de la cuestión fáctica en litigio, para garantizar resoluciones justas en el fondo. Así, entonces, bien puede afirmarse, a la luz de las normas en cita, que el cometido asignado hoy en día al orden jurisdiccional civil no se queda, como podría pensarse a primera vista, en la aplicación de las leyes ante un material de la causa dado y cuya formación le ha sido entregada por entero, sin posibilidad alguna de inquisiciones tutelares de “motu proprio” dispuestas por el sentenciador, a la elección dispositiva de las partes; del mismo modo que sobre estas últimas recae la carga de presentar los hechos según su mejor saber e indicar los medios por los cuales puede confirmarse la verdad de los puntos en disputa, es deber y también derecho de dicha autoridad el realizar las investigaciones que estime convenientes sin que quede restringida su iniciativa al empleo de tales medios, habida consideración que la ley, con algunas justificadas cortapisas, le otorga los poderes suficientes para utilizar, en procura de formar su conciencia y adquirir el grado de convicción necesario, otros instrumentos de verificación distintos o complementarios que surjan de las alegaciones formuladas, de la conexión interna entre las varias fases del proceso o de la lógica misma de la controversia jurídica planteada.

Y es precisamente en pos de estos principios, por cierto no siempre entendidos en su correcta dimensión, que desde 1977 tiene sentado esta corporación que “...frente al ordenamiento procesal que gobierna la facultad de aducir pruebas, ésta no es de iniciativa exclusiva de las partes. Hoy el juez tiene la misma iniciativa y más amplia, pues las limitaciones que la ley impone a las partes en el punto, no lo cobijan a él, puesto que su actividad no está guiada por un interés privado como el de los contendientes, sino por uno público, de abolengo superior, cual es el de la realización de la justicia, uno de los fines esenciales del Estado moderno...” (G.J, ts. CLV, pág. 37, y CXCII, pág. 234); queda descartada, entonces, la nociva tendencia al averiguamiento predominantemente formal, obsequioso de simples apariencias producidas por pruebas incompletas, que fomentaba la legislación de 1931 y, por ende, se han liberado los jueces de las muchas ataduras rituales, inmanentes a ese sistema, que con frecuencia los obligaban a quedarse en mitad de camino, habida cuenta que en la actualidad, partiendo de la base de que en el cabal esclarecimiento del estado de los hechos relevantes se encuentra sin duda el meollo de la acertada realización del derecho en el caso concreto, la labor de indagación a cargo de dichos funcionarios no es pasiva y debe estar dirigida a contribuir por su iniciativa, con firme determinación, a que se capte para el proceso y con toda exactitud, la realidad entera de aquél sustrato fáctico.

A los órganos jurisdiccionales en el orden civil no les está permitido, por lo tanto, desentenderse de la investigación oficiosa con el fin de llegar a la verdad material frente a los intereses en pugna, asumiendo cómodas actitudes omisivas, por lo general puestas al servicio de una desapacible neutralidad funcional que el estatuto procesal en vigencia repudia siempre que por fuerza de las circunstancias que rodean el caso, llegare a hacerse patente que decretando pruebas de oficio puede el juez, mediante la práctica de las respectivas diligencias y aun a pesar de que hacerlo implique suplir vacíos atribuibles al descuido de las partes, lograr que en definitiva resplandezca la verdad y por lo mismo, impere en la sentencia un inequívoco designio de justicia. En consecuencia, no es facultativo del juzgador obrar de este modo “...sino que en toda ocasión, en la debida oportunidad legal, en que los hechos alegados por las partes requieran ser demostrados, así la que los alega hubiese sido desidiosa en esa labor, puntualiza esta corporación en el segundo de los fallos de casación evocados líneas atrás es un deber del juzgador utilizar los poderes oficiosos que le concede la ley en materia de pruebas, pues es este el verdadero sentido y alcance que exteriorizan los artículos 37 numeral 4º, 179 y 180 del Código de Procedimiento Civil”.

Dicho en otros términos, el deber de verificación judicial oficiosa del que viene hablándose en estas consideraciones, se halla consagrado efectivamente en normas de disciplina probatoria cuya infracción, por el cauce que señala el numeral 1º, segundo inciso, del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil y satisfechas desde luego todas las condiciones técnicas restantes de las cuales depende que una censura de esta clase pueda tener éxito (G.J, t. CXV, pág. 117), da lugar al recurso de casación si debido a ostensibles particularidades que circundan la litis, constatadas objetivamente y ajenas por lo demás a cualquier manipulación fraudulenta de las partes, el uso de aquellas facultades se toma ineludible pues lejos de mediar razón atendible alguna que lleve a estimar que es inoficioso o imposible desde el punto de vista legal, un proceder de tal naturaleza, omitido por el juez o tribunal, se muestra a las claras como factor necesario para evitar una decisión jurisdiccional absurda, imposible de conciliar con dictados elementales de justicia. Esto significa, entonces, que por fuera de esta reducida moldura y para los fines propios del recurso en cuestión, ante situaciones que no tengan la entidad apuntada no puede configurarse yerro probatorio de derecho porque, en opinión del censor, era factible alguna forma de pesquisa oficiosa adicional conveniente a sus intereses o, también según el pensamiento del recurrente, porque sin fundamento se dispuso esa indagación complementaria; “...la atribución que la ley otorga al funcionario para decretar pruebas de oficio explica la Corte en reciente pronunciamiento si bien por el interés público del proceso no constituye una facultad sino un deber establecido para garantizar la búsqueda de la verdad real que no aparece en el expediente (...), no es menos cierto que sólo le corresponde al mencionado funcionario juzgador, juez o magistrado, determinar previamente a la decisión del decreto de oficio de pruebas, cuales son las alegaciones de las partes y los hechos relacionados con estas, así como cuales de esos hechos requieren de su verificación o prueba y cuáles de éstas considera útiles para tal efecto. De allí que si bien no se trata de una mera discrecionalidad (...) sino de un deber edificado sobre el juicio y conclusión razonable del juzgador, no es menos cierto que sólo a él le compete hacer dicho análisis y adoptar la decisión que estime pertinente de decretar o no la prueba de oficio, pues le basta decretarlas sin recurso alguno (…) o simplemente abstenerse de hacerlo (pues sólo depende de su iniciativa). Por ello resulta explicable que no se incurra en error de derecho cuando el juez, en uso de sus atribuciones, se abstiene de decretar pruebas de oficio y por consiguiente no procede a darle valoración a prueba inexistente o a prueba irregularmente presentada o incorporada al proceso...” (G.J. Tomo CCXXXI, pág. 492).

3. En la especie de la que dan cuenta estos autos y en cuanto atañe al lucro cesante cuya indemnización le exige al transportador demandado la sociedad actora, no puede pasarse por alto que el tribunal, acogiendo en buena medida las conclusiones del dictamen pericial rendido, tuvo por demostrado que en verdad dicha sociedad sufrió daños patrimoniales de esa índole, representados en las bajas de producción en el proceso industrial de fabricación de tejas de cartón asfálticas que constituye su empresa, estimadas en $ 480.000 diarios desde el 1º de septiembre de 1988 y producidas durante el tiempo en que, por encontrarse en reparación, no fue posible utilizar el cilindro formador que en la ejecución de la operación de transporte contratada entre quienes son partes en este litigio, experimentó graves deterioros. Pero de igual manera, al encontrar que no se acreditó el límite temporal en que ese lucro frustrado termina y al que, por simple lógica, tendrá que circunscribirse la estimación del monto de la compensación correspondiente a cargo del transportador declarado responsable, pues al decir del fallo impugnado, “es ostensible” que el artefacto en referencia estaba reparado y en funcionamiento para las fechas en que los peritos presentaron el dictamen visible a folios 63 y siguientes del cuaderno 1 del expediente (1º de noviembre de 1990) y se llevó a cabo una diligencia de inspección judicial en la fábrica de teja “Infinita” (12 de octubre de 1990), la colegiatura sentenciadora optó por no reconocerle suma alguna a la demandante por concepto de lucro cesante, revocando por consiguiente, en este punto concreto, la providencia que al proceso le puso fin en primera instancia.

Comprendió el tribunal con acierto, de acuerdo con la reseña precedente, que perjuicios económicos como los que en este caso son materia de debate, no quedan siempre indemnizados en su totalidad con la reparación o el “reacondicionamiento” de la pieza industrial inutilizada. Lo cierto es que la falta de funcionamiento de esta última durante cierto periodo puede traer como secuela, dada la actividad desplegada por el damnificado y según el curso normal que en ella tienen las cosas, el causar una apreciable disminución de producción por virtud de la cual, en lugar de los beneficios esperados, aquél lo que termina experimentando es una pérdida que en justicia exige ser indemnizada sobre la base de cálculos fundados, no en ficciones de suyo inciertas por completo, para cuya elaboración valga mencionarlo las matemáticas ofrecen llamativas opciones, sino en la realidad de los hechos vista a la luz de las reglas estrictas de lo probable, luego dando por supuesta la sumisión del tribunal a estos principios, surge sin ambages el absurdo que significa negar la ameritada indemnización en su integridad, aduciendo como motivo, la falta de pruebas para medir el alcance de dicha prestación con la necesaria exactitud.

En efecto, si no obstante aceptarse como probada la existencia del daño en la modalidad de lucro cesante, no se logró fijar la fecha en que el cilindro fue reparado y, por ende, cesó de producirse ese menoscabo patrimonial, antes de conformarse con adoptar una solución que ante las circunstancias anotadas resulta ser esencialmente injusta, consistente en desechar de raíz la respectiva pretensión resarcitoria de la demandante perjudicada, era deber de la corporación falladora hacer uso, en la oportunidad legal, de los poderes de verificación oficiosa con que cuenta en el ámbito probatorio para establecer, con el auxilio de peritos, el dato de hecho echado de menos en la sentencia, resultado que con seguridad habría podido obtenerse con razonable precisión, adelantando un cuidadoso estudio de la actividad empresarial reflejada en registros contables y archivos, que entre los meses de septiembre de 1988 y diciembre de 1989, límite este último admitido por la actora al conformarse con la sentencia de primera instancia, desarrolló la industria de la cual es parte integrante el cilindro formador tantas veces mencionado. Al no proceder de este modo y haber dejado pasar, por inexplicable falta de atención, el único momento en que le era posible hacerlo al tenor del artículo 307 del Código de Procedimiento Civil, el tribunal desobedeció normas vinculantes de disciplina probatoria como son las contenidas en los artículos 37 numeral 4º, 179 y 180 de la misma codificación recién citada, y como consecuencia de este desacierto cuya influencia decisoria es evidente, quebranto en forma indirecta los preceptos de derecho sustancial que cita la censura, en particular el artículo 1613 del Código Civil, armonizado con los artículos 822, 1030, 1031 y 1032 del Código de Comercio, los tres últimos en su versión original antes de ser modificados por el Decreto Ley 01 de 1990.

Debe prosperar por lo tanto el cargo formulado.

IV. Sentencia sustitutiva

En virtud de haber alcanzado su finalidad el cargo único contenido en la demanda presentada para sustentar el recurso de casación interpuesto por la parte demandante en el proceso de origen, la sentencia proferida en sede de apelación por el Tribunal Superior de Cali debe ser infirmada para en su lugar, con apoyo en los artículos 240 y 375 del Código de Procedimiento Civil, disponer la Corte de oficio la práctica de las diligencias complementarias de prueba que aquella corporación omitió, advirtiendo que la razón de ser de la precedente determinación emerge de la exposición efectuada para despachar el cargo y, en consecuencia, no es indispensable volver sobre el punto.

Decisión.

En mérito de lo discurrido, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia que en el proceso ordinario de la referencia y con fecha diez (10) de febrero de 1994, profirió el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, y antes de adoptar en instancia la decisión que debe reemplazarla.

RESUELVE:

Disponer que en un término no mayor de diez días, consultando los registros contables, documentos y archivos de la sociedad demandante y observando el mismo método de cálculo del lucro cesante utilizado en el dictamen presentado con fecha 1º de noviembre de 1990 (fls. 63 a 66 del c. 1 del expediente), procedan los peritos a complementarlo, estableciendo:

a) La fecha en que, entre los meses de septiembre de 1988 y diciembre de 1989, fue instalado de nuevo en la planta industrial de dicha sociedad, el cilindro formador al que hacen referencia estos autos; y

b) EI monto al que asciende el lucro cesante experimentado por la misma sociedad entre el 1º de septiembre de 1988 y la fecha que sea establecida de acuerdo con el punto precedente, monto que los peritos deben liquidar actualizado a la fecha con base en el índice de precios al consumidor que certifica el DANE, expresándolo en cantidad líquida cierta con el fin de darle cumplimiento en su oportunidad al artículo 307 del Código de Procedimiento Civil.

Para que sean adoptadas todas las medidas conducentes a alcanzar la finalidad indicada, con amplias facultades legales incluida la de disponer el relevo de los peritos si fuere del caso y designar otros que los sustituyan, así como también las de ordenar el traslado a las partes del dictamen complementario de conformidad con el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil y fijar los honorarios correspondientes, se comisiona al juzgado tercero civil del circuito de la ciudad de Cali. Por secretaría líbrese despacho comisorio con los insertos necesarios.

Ante la prosperidad del recurso, en sede de casación no procede imponer condena al pago de costas.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Jorge Santos Ballesteros—Nicolás Bechara Simancas—José Antonio Castillo Rugeles—Carlos Esteban Jaramillo Schloss—Pedro Lafont Pianetta —José Fernando Ramírez Gómez—Rafael Romero Sierra.

Notificación sentencia:

Para notificar legalmente a las partes el contenido de la anterior sentencia se fija edicto lugar público de la secretaría de la Sala, por el término de tres (3) días hábiles, siendo las ocho de la mañana de hoy diez (10) de marzo de mil novecientos noventa y ocho (1998).

Lina María Torres González, Secretaria.