Sentencia 49274 de agosto 5 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN DE TUTELAS

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Luis Quintero Milanés

Aprobado acta 252

Bogotá, D.C., agosto cinco de dos mil diez.

Vistos

Se pronuncia la Sala sobre la impugnación interpuesta por la Secretaría de Integración Social, contra la sentencia del 28 de junio de la presente anualidad por cuyo medio la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá, concedió el amparo para los derechos fundamentales de la c|iudadana Consuelo Gutiérrez Navarro, en actuación que se reclama frente a la entidad recurrente, el Ministerio de la Protección Social, Fosyga, el Departamento de Planeación Nacional, la Secretaria de Planeación Distrital, la Secretaría de Salud Distrital y la Secretaría de Planeación de la Alcaldía Municipal de Planadas – Tolima.

Antecedentes y fundamentos de la demanda

Refiere la señora Consuelo Gutiérrez Navarro que hasta el año 2006 conservó su domicilio en el municipio de Planadas – Tolima, donde se encontraba afiliada al Sisbén.

Advierte, en el año 2007 se desvinculó del sistema de beneficiarios del Sisbén en el mencionado municipio, habiendo obtenido en octubre de 2008 el carné de afiliación al Sisbén de Bogotá, donde fue clasificada en el nivel I, siendo afiliada a Colsubsidio EPS-S y beneficiaria de un bono mensual suministrado por la Secretaria de Integración Social, por lo que obtuvo los servicios de manera ininterrumpida, los que fueron suspendidos por cuanto reporta una posible doble afiliación quedando en estado de indefensión.

Agrega, la razón principal por la cual se retiraron los servicios y beneficios, es un reporte de la Dirección Nacional de Planeación, según la cual se afilió al Sisbén en el municipio de Planadas el 14 de octubre de 2009.

En tales condiciones, la prenombrada presenta demanda de tutela, señalando para ello que con la actuación reseñada se vulneran sus derechos fundamentales a la vida, salud, mínimo vital y hábeas data por cuanto no cuenta con los medios suficientes para procurarse alimentación y salud sin la ayuda del Distrito.

Respuesta de las entidades accionadas

Al respecto, la Secretaría de Integración Social de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. hace saber que no es cierto que esa entidad haya retirado definitivamente a la accionante del servicio social de subsidios económicos para personas mayores, solo que en la actualidad ha sido suspendida en forma preventiva dado que aparece registrada en la base de datos del Sisbén en el municipio de Planadas –Tolima, lo que impone una labor de verificación en orden a evitar que reciba el mismo beneficio en ambos lugares.

Precisa, el 10 de junio anterior se realizó visita domiciliaria a la peticionaria y una vez constatadas sus actuales condiciones de fragilidad y clasificación del Sisbén, se procedió a iniciar el trámite para reactivarla como beneficiaria del subsidio, cancelándose las mesadas que hubiese dejado de percibir, proceso que tomará aproximadamente unos 15 días más, por manera que se están desarrollado las acciones necesarias para restablecer los derechos de la accionante, lo que permite tener como superado el hecho que dio origen a la acción.

A su turno, el apoderado del Departamento Nacional de Planeación manifiesta que no le constan los hechos descritos en la demanda y no es responsable de la violación de ningún derecho fundamental de la accionante, en especial, debido a que esa entidad no tiene a su cargo aplicar la encuesta del Sisbén, prestar servicios de salud, ni realizar los trámites de desafiliación de una encuesta de la base del municipio de Planadas.

Advierte, consultado en la última base nacional consolidada, certificada y avalada correspondiente al corte del 3 de noviembre de 2009, arroja como resultado que la señora Consuelo Gutiérrez Navarro figura registrada en el municipio de Planadas, mientras que se logró establecer que el 3 de marzo de 2010 el Distrito Capital recibió la última base bruta del Sisbén, en la cual se encuentra reportada la encuesta realizada a la prenombrada el 17 de abril de 2007, la cual se encuentra cumpliendo el respectivo proceso de depuración y control de calidad que permitirá incluirla como registro validado en la base certificada del Sisbén, con corte al 3 de marzo hogaño, cuya publicación se llevará a cabo a mediados del mes de julio de 2010.

Por su parte, la Directora de Defensa Judicial de la Secretaría Distrital de Planeación afirma que es cierto que la accionante fue encuestada por esa Secretaría y como producto de ello fue clasificada en el nivel 1 del Sisbén habiendo sido afiliada al régimen subsidiado de salud encontrándose actualmente suspendida del mismo por posible traslado de domicilio.

Agrega, teniendo en cuenta que la demandante ha manifestado que su domicilio actual se encuentra en Bogotá, se ha dispuesto lo necesario para la realización de una nueva encuesta Sisbén con la finalidad de actualizar la información socioeconómica de la interesada al evidenciarse que existió una situación posterior a la encuesta realizada el 17 de abril de 2007, como así lo demuestran los documentos de desvinculación que se aportan como prueba, que datan del 10 de agosto y 20 de noviembre de 2007.

Solicita entonces, se le desvincule de la presente actuación dado que en ningún momento ha conculcado o amenazado los derechos fundamentales de la accionante.

Similar respuesta ofrece el represente legal de la Caja Colombiana de Subsidio Familiar – Colsubsidio.

Por su parte, la Coordinadora Grupo Acciones Constitucionales – Oficina Asesora Jurídica y de Apoyo Legislativo del Ministerio de la Protección Social precisa que efectuada la búsqueda en la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA) se encontró que la señora Consuelo Gutiérrez Navarro figura activa en la ciudad de Bogotá, razón por la cual no existe ningún obstáculo desde el punto de vista de la información que allí reposa, para que se pueda surtir el proceso de afiliación y sea remitida la novedad de ingreso conforme a lo establecido en la Resolución 812 de 2007.

Asimismo precisa, conforme a la Ley 1266 del 31 de diciembre de 2008, las EPS y entidades territoriales como fuente de información, son las responsables por la calidad de los datos suministrados al operador de la BDUA, en éste caso la Dirección Departamental de Salud y el Fosyga, por lo que solicita se exonere al Ministerio de la Protección Social de las pretensiones de la demanda.

Finalmente la jefe asesora oficina de planeación de la Alcaldía de Planadas hace saber, que el 10 de agosto de 2007 la señora Consuelo Gutiérrez Navarro manifestó por escrito su intención de desvinculación al Sisbén, por lo que en el año 2009 la persona encargada certificó que la prenombrada no figuraba en el sistema.

Decisión recurrida

El Tribunal Superior de Bogotá concedió el amparo deprecado, señalando para ello que de acuerdo con las pruebas allegadas al presente trámite se comprobó que la accionante fue suspendida del Servicio Social de Subsidios Económicos para Adultos Mayores, así como de los servicios de salud prestados por Colsubsidio EPS-S, de manera preventiva, por aparece registrada en la base de datos del Sisbén en el municipio de Planadas-Tolima, hecho que posteriormente, la misma entidad que ordenó su desvinculación del programa de bonos y de salud, comprobó era falso, de ahí que se logró establecer que el error se originó en las contradicciones existentes en las diferentes bases de datos que manejan las entidades que intervienen en el sistema de seguridad social a nivel nacional y distrital, respecto a la información consignada sobre los beneficiarios y su lugar de domicilio, pues algunas de estas se encuentran desactualizadas.

Precisó entonces, no puede aceptarse que la orden impartida por la secretaria de integración para la realización de una visita domiciliaria a la accionante constituya un hecho superado, habida cuenta que tal fenómeno supone que la violación cesó antes de decidida la acción de amparo, lo que en el presente caso no se ha dado, por lo que ordenó a dicha entidad que en un término no superior a 5 días, a partir de la notificación del fallo, ejecute las actuaciones necesarias para incluir nuevamente a la accionante en las bases de datos del Sisbén, de tal forma que reciba los servicios de la EPS-S Colsubsidio y se le reconozca el valor de la ayuda económica dejada de percibir.

La impugnación

El apoderado de la secretaría de integración social impugna parcialmente la decisión en cuanto a la orden impartida por el tribunal a quo consistente en ejecutar las acciones necesarias para incluir a la accionante en las bases de datos del Sisbén, las cuales por su naturaleza están por fuera de su competencia, en la medida que la entidad distrital que administra y actualiza la base de datos del Sisbén es la Secretaria de Planeación Distrital.

Así mismo destaca, tampoco le es atribuible a la secretaría de integración incluir a la peticionaria en la EPS, siendo que el único aparte de la orden de tutela que vincula a esa entidad, tiene que ver con el reconocimiento y pago del subsidio económico previsto en el proyecto social “Años Dorados”, pretensión que fue atendida en su oportunidad cuando se ofreció contestación a la demanda de tutela.

Solicita entonces, se revoque parcialmente la decisión, ordenando a planeación distrital que reclasifique o actualice en la base del Sisbén el porcentaje correspondiente a la señora Consuelo Gutiérrez Navarro, dadas sus condiciones de vulnerabilidad o fragilidad social, en cumplimiento de las funciones que le han sido conferidas, para que a partir de ello la entidad de salud incluya a la accionante en la EPS-S Colsubsidio.

Consideraciones de la Corte

De conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del numeral 2º, artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, es competente la Sala para pronunciarse sobre la impugnación interpuesta, en tanto lo es en relación con la decisión adoptada por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá, de la cual es su superior funcional.

La acción de tutela constituye un mecanismo diseñado para brindar protección directa, inmediata y efectiva a los derechos fundamentales de los ciudadanos, cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades en ejercicio de sus funciones, o de los particulares en los casos específicamente señalados en la ley.

En los términos que ha sido formulada la impugnación, surge claro que la Secretaría de Integración Social se muestra inconforme con la orden impartida en el fallo de tutela proferido por el tribunal a quo, en cuanto considera que de acuerdo con las funciones legalmente conferidas a esa entidad, no le corresponde ejecutar las acciones necesarias para incluir a la accionante en las bases de datos del Sisbén, en la medida que la entidad distrital que administra y actualiza la base de datos del Sisbén es la Secretaria de Planeación Distrital.

En cumplimiento de dicho cometido, oportuno se ofrece precisar que el artículo 15 de la Constitución contempla el derecho fundamental al habeas data, que consiste en la facultad que tiene la persona para conocer, actualizar y rectificar las informaciones que sobre ella se hayan recogido en bases de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. Está relacionado estrechamente con los derechos a la intimidad, a la libertad, al buen nombre y al libre desarrollo de la personalidad.

El constituyente reconoció la viabilidad de que las entidades públicas recojan información sobre las personas, ya sea para sus archivos o para crear una base de datos que faciliten su consulta. No obstante, es imprescindible que en la recolección, tratamiento y circulación se respete la libertad y demás garantías constitucionales, y que se le permita a los titulares de los datos que allí circulan su derecho a conocerlos, actualizarlos y rectificarlos.

Así, en torno a la actuación que al respecto deben adelantar las entidades accionadas para la actualización de la Base de Datos Únicos de Afiliados (BDUA), la Resolución 812 de 2007 expedida por el Ministerio de la Protección Social señala en su artículo 4º que corresponde al administrador fiduciario del Fosyga recibir, consolidar y administra la información de los afiliados al sector salud.

Asimismo se advierte, que para el caso del régimen subsidiado la información deberá ser remitida por las direcciones departamentales de salud y el Distrito Capital mediante un archivo de actualización de novedades, dentro de los ocho (8) primeros días hábiles de cada mes, con corte al último día del mes inmediatamente anterior.

Bajo ese contexto, la réplica de la entidad recurrente deviene legítima, toda vez que para efectos de actualizar la novedad en la base de datos del Sisbén a nombre de la accionante se requiere el concurso del ente distrital correspondiente.

Sobre el punto, la Secretaría Distrital de Planeación ha informado en el curso del presente trámite que si bien la accionante fue encuestada por esa entidad el 17 de abril de 2007, siendo clasificada en el nivel 1 del Sisbén, actualmente aparece suspendida del sistema por posible traslado de domicilio, por lo que se ha dispuesto lo necesario para la realización de una nueva encuesta Sisbén con la finalidad de actualizar la información socioeconómica de la interesada al evidenciarse que existió una situación posterior a la encuesta realizada el 17 de abril de 2007, como así lo demuestran los documentos de desvinculación que se aportan como prueba, que datan del 10 de agosto y 20 de noviembre de 2007.

Sin embargo, de la respuesta ofrecida por el Fosyga se logra constatar que en la actualidad la accionante figura activa en la ciudad de Bogotá, razón por la cual no existe ningún obstáculo desde el punto de vista de la información que reposa en el Base de Datos Única de Afiliados (BDUA), para que la peticionaria aparezca como beneficiaria del Sisbén en Planadas – Tolima y menos aún, para que se advierta que todavía no se ha cumplido con la actualización de la novedad en cuanto al cambio de domicilio a partir del cual se le han suspendido los servicios que como beneficiaria del Sisbén venía recibiendo.

Por lo anterior, se impone la modificación de la orden proferida por el tribunal a quo, en el sentido de dirigirla principalmente a la Secretaría Distrital de Planeación de la Alcaldía Mayor de Bogotá, entidad a la cual se ordenará que dentro del término perentorio de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente decisión, proceda a efectuar las gestiones necesarias para actualizar en la base de datos la novedad del cambio de domicilio a nombre de la accionante, a efectos de que no se ofrezca obstáculo alguno en la prestación de los servicios en salud y demás ayudas que como beneficiaria del Sisbén le asiste.

Así mismo, se precisará que la orden emitida frente a la secretaría de integración social solo se contrae al reconocimiento y pago del subsidio dejado de percibir con ocasión de la actuación irregular que dio origen a la presente acción.

Basten las anteriores consideraciones para confirmar con la modificación reseñada el fallo emitido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá el 28 de junio de 2010.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sala Segunda de Decisión de Tutelas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR el fallo objeto de impugnación, con la modificación en la orden de amparo, en el sentido de dirigirla principalmente a la Secretaria Distrital de Planeación de la Alcaldía Mayor de Bogotá, entidad a la cual se ordenará que dentro del término perentorio de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente decisión, proceda a efectuar las gestiones necesarias para actualizar en la base de datos, la novedad del cambio de domicilio a nombre de la accionante, a efectos de que no se ofrezca obstáculo alguno en la prestación de los servicios en salud y demás ayudas que como beneficiaria del Sisbén le asiste. Así mismo, se precisará que la orden emitida frente a la Secretaría de Integración Social solo se contrae al reconocimiento y pago del subsidio dejado de percibir con ocasión de la actuación irregular que dio origen a la presente acción.

2. Notifíquese de conformidad con lo preceptuado en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

3. Remítase el asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Jorge Luis Quintero MilanésMaría del Rosario González de Lemos—Yesid Ramírez Bastidas.

Teresa Ruiz Núñez, Secretaria.