Sentencia 4936 de julio 17 de 2003 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A

PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES

CÓMO DEBE ENTENDERSE EL REQUISITO DE LA DEPENDENCIA ECONÓMICA

EXTRACTOS: «El presente asunto se contrae a dilucidar la legalidad de resoluciones 2269 de septiembre 4 y 3840 de diciembre 20 expedidas ambas en el año 2000 por el rector de la Universidad de Córdoba, mediante las cuales se niega una pensión de sobrevivientes a la señora Elvia Rosa Bossio de Corrales.

Dispone el artículo 47 de la Ley 100 de 1993:

“ART. 47. Beneficiarios de la pensión de sobrevivientes.

Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:

a) En forma vitalicia, el cónyuge con la compañera o compañero permanente supérstite (...).

b) Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente del causante al momento de su muerte; y, los hijos inválidos si dependían económicamente del causante, mientras subsistan las condiciones de invalidez.

c) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de este.

d) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, padres e hijos con derecho, serán beneficiarios los hermanos inválidos del causante si dependían económicamente de este”.

Conforme al orden legal de beneficiarios establecido en la disposición anterior, se tiene que, a falta de cónyuge o compañero o compañera permanente e hijos con derecho, la pensión de sobrevivientes podrá conferirse a los padres del causante, siempre y cuando demuestren una dependencia económica de este.

La señora Elvia Rosa Bossio de Corrales acude como beneficiaria, en calidad de madre, a reclamar la pensión de sobreviviente de su finada hija Elvia del Carmen Corrales Bossio, lo cual demuestra con el registro civil de nacimiento suscrito por el Notario Tercero del Círculo de Cartagena (fl. 36). Cumple entonces la mencionada señora con el primero de los presupuestos requeridos en la norma.

En cuanto a dependencia económica, la sección segunda de esta corporación tuvo la oportunidad de referirse sobre el tema. Así:

“... El artículo 47 de la Ley 100 de 1993, literales b, c y d, señalan como beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, a los hijos, y los padres y los hermanos inválidos del causante, si dependían económicamente del mismo, disposición legal que no hace exigencia de ninguna otra naturaleza, basta con la mera dependencia económica para acceder a la pensión de sobrevivientes. No exige que el beneficiario no tenga ingresos o si los llegare a tener que estos sean inferiores a la mitad de un salario mínimo legal mensual vigente como lo hace el acto acusado, motivo por el cual se suspendieron provisionalmente sus efectos. Este razonamiento sería suficiente para que la sala procediera a declarar la nulidad del acto acusado por desbordar la potestad reglamentaria.

Adicionalmente se precisa que el recto entendimiento de la dependencia económica prevista en los literales b, c y d del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 no puede asumirse desde la óptica de la carencia de recursos económicos.

La dependencia económica, para efectos de la pensión de sobrevivientes, debe ser examinada armónicamente con los postulados constitucionales y legales que orientan la seguridad social tales como la protección especial a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta, protección integral de la familia, de las personas de la tercera edad, calidad de vida acorde con la dignidad humana, eficiencia y solidaridad entre otros.

Desde esa perspectiva, aparece absurdo que el decreto reglamentario circunscriba el concepto de dependencia económica, a la carencia de ingresos (indigencia) o que estos sean inferiores a la mitad del salario mínimo legal mensual, cantidad esta última que de todas maneras coloca a la persona en situación de pobreza absoluta (Sent. de abril 11/2002, M.P. Alejandro Ordoñez Maldonado, Exp. 2361, actor: Escuela Nacional Sindical).

Sin entrar a definir el concepto de dependencia económica, pero siguiendo la anterior pauta jurisprudencial sobre algunos postulados constitucionales que lo gobierna estima la sala que es necesaria establecer su alcance en materia pensional.

En principio, dicho concepto, puede relacionarse con la noción de congrua subsistencia.

La concepción de congrua proviene del adjetivo congruente, el que a su vez significa conveniente, proporcional, coherente y lógico (1) . Así mismo, puede aceptarse como una razonable porción, estipendio o retribución de algo. Subsistencia es el conjunto de medios necesarios para el sustento de la vida humana (2) .

(1) Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española, vigésima primera edición, pág. 541.

(2) Ídem, pág. 1912.

Según definición dada por el artículo 413 del Código Civil los alimentos congruos “son los que habilitan al alimentado para subsistir modestamente de un modo correspondiente a su posición social”.

Si uno y otros conceptos —como se dijo— se corresponden entre sí, puede concebirse entonces la dependencia económica como aquella situación de subordinación a que se halla sujeta una persona respecto de otra en relación con su “modus vivendi”. Relación de dependencia dentro de la cual deberá observarse, por parte del beneficiario o amparado, una conducta sensata, eso sí, acorde con la dignidad humana pero desprendida de ostentación o suntuosidad alguna.

Del mismo tema se ocupó la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de septiembre 18 de 2001, magistrado ponente Germán Valdés Sánchez, expediente 16.589, al decir:

“... en su sentido natural y obvio, “depender” significa estar subordinado a una persona o cosa, o necesitar una persona del auxilio o protección de otra. En consecuencia, para que exista dependencia económica es preciso que el padre reclamante de la pensión de sobrevivientes se encuentre supeditado de manera cabal al ingreso que le brinde al afiliado, lo cual descarta la situación de simple ayuda o colaboración. Además, frente a lo dicho por el tribunal debe precisarse que, el sujeto del derecho en cuestión no es el grupo familiar.

Aquí, a pesar de que el tribunal consideró que la pensión de sobrevivientes representa para los padres del afiliado fallecido el medio para obtener los elementos necesarios para la subsistencia, equivocadamente asumió que dependencia económica es igual a simple contribución y que la ley coloca al grupo familiar como sujeto del derecho a la dicha pensión.

Con ese criterio del tribunal, y equivocado, debiera considerarse que siempre que unos de los hijos contribuye a los gastos familiares, existe el derecho a la pensión de sobrevivientes, incluso cuando el grupo esté integrado, además de los padres, por uno o varios hermanos que al mismo tiempo que hacen su aporte a los gastos generales, pudieran resultar, sin razón, beneficiarios de la misma pensión.

El tribunal, en consecuencia, infringió la ley sustancial y por lo mismo debe anularse el fallo que dictó en este juicio.

En instancia es suficiente para revocar la sentencia de primer grado observar que los demandantes contaban con ingresos personales y, en parte, de uno de los hijos, distinto del afiliado, por lo cual la dependencia económica que exige el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 no se dio”.

En el caso concreto, la señora Elvia Rosa Bossio de Corrales pretende demostrar una dependencia económica respecto de su fallecida hija con declaraciones de parte que, a juicio de esta sala, no constituyen prueba suficiente acerca de la supuesta subordinación económica que se hallaba sujeta a la demandante, pues, de tales exposiciones (fls. 120-121), no se infiere que, por el hecho de haberse prescindido de los ingresos pensionales de su hija, se la haya visto comprometido su mínimo vital.

Por el contrario, se observa que la demandante percibe ingresos por concepto de sustitución pensional de su finado esposo, mesada pensional que, para el año 2000, alcanzaba la suma de $ 749.838.59 y, además, la señora Bossio de Corrales se encuentra afiliada al sistema integral de seguridad social en salud, según certificado que obra a folio 26 del expediente, expedido por el fondo nacional de pensiones públicas, Fopep.

En esas condiciones, estima la sala que no es posible reconocer pensión de sobrevivientes cuando se cuenta con los recursos necesarios para subsistir modestamente, y no está probada fehacientemente una dependencia económica, pues, como lo señaló la honorable Corte Suprema de Justicia en la citada sentencia, la simple colaboración, ayuda o contribución no puede convertirse en presupuesto para su reconocimiento.

Así las cosas, habrá de confirmarse la sentencia del tribunal administrativo. Se encuentra ajustada a derecho».

(Sentencia de 17 de julio de 2003. Expediente 4936-02. Magistrado Ponente: Dr. Alberto Arango Mantilla)

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