Sentencia 4948 de julio 7 de 1992 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SECCIÓN SEGUNDA

PLAZOS DE AÑOS

CÓMPUTO

EXTRACTOS: «1. Dado que el recurrente está de acuerdo con la conclusión a la que el Tribunal llega en la sentencia recurrida, de haberse ejecutado el contrato desde el 8 de febrero de 1980 hasta el 8 de febrero de 1990, no le asiste razón a la réplica en su reparo acerca de la vía escogida, pues la discrepancia de la censura se funda estrictamente en la equivocada hermenéutica que el fallador de segunda instancia hizo de los textos legales que determinan la manera como deben computarse los plazos que la ley fija en años.

2. Desatendido el reproche de la opositora, puede, sin más, anotarse que ciertamente el Tribunal interpretó erróneamente la ley, ya que el artículo 59 del Código de Régimen Político y Municipal, subrogatorio del 67 del Código Civil, preceptúa con meridiana claridad que los plazos de años y de meses de que se haga mención legal deben entenderse como los del calendario común y que el primero y último día de un plazo de meses o años deberán tener “un mismo número en los respectivos meses”.

Esta regla de hermenéutica sobre el cómputo de los plazos de meses y años ha sido motivo de recurrentes interpretaciones en las cuales se pretende hacerle decir a la ley algo diferente a lo que ella diáfanamente dispone, con el argumento por parte de quienes pretenden buscarle un espíritu oculto al artículo 59, de que de otra manera resultaría un día adicional tanto en la contabilización de los meses como de los años, o, como aquí ocurrió, que faltaría un día para completar el término.

Sin embargo, es lo cierto que estas interpretaciones que se separan del claro tenor literal de la ley en pos de un espíritu de ella que difiere de su expreso texto, no han tenido acogida, y no pueden tenerla porque cualquier inteligencia de dicho precepto legal que pretenda decir algo diferente a lo que él textualmente dice supone necesariamente un desvarío.

En efecto, la norma en comento dispone:

“Todos los plazos de días, meses o años de que se haga mención legal, se entenderá que terminan a la media noche del último día del plazo. Por año y por mes se entienden los del calendario común, por día el espacio de veinticuatro horas; pero en la ejecución de las penas se estará a lo que disponga la ley penal.

El primero y último día de un plazo de meses o años deberán tener un mismo número en los respectivos meses. El plazo de un mes podrá ser, por consiguiente, de 28, 29, 30 ó 31 días, y el plazo de un año de 365 ó 366 días, según los casos.

Si el mes en que ha de principar un plazo de meses o años constare de más días que el mes en que ha de terminar el plazo, y si el plazo corriere desde alguno de los días en que el primero de dichos meses excede al segundo, el último día del plazo será el último día de este segundo mes.

Se aplicarán estas reglas a las prescripciones, a las calificaciones de edad, y en general a cualesquiera plazos o términos prescritos en las leyes o en los actos de las autoridades nacionales, salvo que en las mismas leyes o actos se disponga expresamente otra cosa”.

De lo transcrito y especialmente de los apartes de la norma que para destacarlos subraya la Sala, resulta a simple vista que tratándose de plazos o términos de meses o años el primero y el último día del plazo o del término deben tener el mismo número en los respectivos meses. Esto es, y para decirlo de manera aún más gráfica si se quiere, los plazos o términos deben correr de “fecha a fecha”.

3. Así las cosas y siendo verdad establecida en el proceso, que el actor y recurrente Luis Herney Medina Simbaqueba se vinculó mediante contrato de trabajo con Seguridad Burns de Colombia S. A., prestándole por ello servicios desde el 8 de febrero de 1980 hasta el 8 de febrero de 1990, forzosamente debe concluirse que laboró para la compañía por el espacio de diez años exigidos por el ordinal 5º del artículo 8º del Decreto 2351 de 1965, puesto que dicho lapso se completó cuando comenzó a correr el espacio de las 24 horas correspondientes al día 8 de febrero de 1990, lo que aconteció instantes después de la media noche del día 7 de ese mes.

El efecto práctico que tiene la equivocada interpretación del Tribunal de Cali viene a ser el de alargar en un día el término de los diez años previsto en el ordinal 5º del artículo 8º del Decreto 2351 de 1965, pues, según su forma de verificar el cómputo, dicho lapso se completaría el día 9 del mes de febrero de 1990. Esta comprensión de la ley es incorrecta ya que si el primer día del término principió a contarse el 8 de febrero de 1980, el último día es necesariamente el 8 de ese mismo mes del año de 1990, para que de ese modo se cumpla la regla de que “el primero y último día de un plazo de meses o años deberán tener el mismo número en los respectivos meses”.

4. Se sigue de lo anterior que el cargo es fundado, pues de no haber mediado la interpretación errónea del artículo 67 del Código Civil tal como fue modificado por el artículo 59 de la Ley 4a de 1913, sobre la manera como se contabilizan los plazos de años, el Tribunal no habría incurrido en la violación directa de la norma laboral sustantiva que otorga al trabajador con diez años de servicio que es despedido sin justa causa, el derecho a demandar su reintegro al empleo.

No está de más recordar que en igual sentido interpretó dicha norma el Consejo de Estado mediante providencia de 12 de abril de 1984, dictada por la Sección Tercera de su Sala de lo Contencioso Administrativo, radicación 4323; y que también la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia entendió de igual manera dicho artículo en sentencia de 15 de junio de 1981, que corre publicada de la página 209 a 215 del Tomo CLXIV de la Gaceta Judicial».

(Sentencia de julio 7 de 1992. Radicación 4948. Magistrado Ponente: Dr. Rafael Baquero Herrera).

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