Sentencia 49646 de febrero 19 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 49646

SL2108-2014

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Gabriel Miranda Buelvas

Acta Nº 005

Bogotá, D.C., diecinueve de febrero de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «V. El recurso de casación

En la demanda con la cual lo sustenta, que fue replicada, la recurrente pide a la Corte que case la sentencia del tribunal, revoque la del jugado, y en su lugar acceda a los pedimentos de su demanda inicial.

Con tal propósito le formula un cargo que, con lo replicado, se resolverá enseguida.

VI. Único cargo

Acusa la sentencia por violar “en forma directa los derechos fundamentales de la demandante, consagrados en los artículos 1º, 4º, 13,46, 48 y 53 de la Constitución Nacional, en concordancia con los artículos 1º y 2º de la Ley 100 de 1993”.

En el desarrollo del cargo aduce la recurrente que su ataque va más allá de atribuir al fallo “la simple violación directa de la ley sustancial, o de unos reglamentos generales que el ISS expedía en su momento y que constituían la normatividad del único sistema pensional de los trabajadores del sector privado, que posteriormente eran convalidados por simples decretos ejecutivos”, sino la de que “de su aplicación, se deriva la violación directa de los derechos fundamentales de la demandante por ser de la tercera edad (C.N., art. 46) a la seguridad social (C.N., arts. 48 y 53) y los conexos para poder sobrevivir con una vida medio digna con pensión de salario mínimo”, como los derechos “al servicio de salud, a una vivienda, a simplemente poder adquirir sus alimentos para subsistir, dentro del estado social de derecho y la solidaridad (C.N., art. 1º)”.

Pasa la recurrente a plantear la “inconstitucionalidad de la aplicación del artículo 12 del acuerdo del ISS-049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990”, con el argumento de que al aplicar a su caso dicha preceptiva el tribunal le violó sus derechos fundamentales, muy a pesar de que ella se lo advirtió en la apelación.

Sostiene que la negación del derecho pensional con fundamento en “la caprichosa y discriminatoria redacción de los acuerdos del ISS”, que le exigían 500 semanas de cotización en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, viola sus derechos fundamentales, dado que tiene 64 años, vive de la caridad de sus hermanos, nadie la ofrece trabajo, etc., de donde “resulta paradójico” que ella cuente con 613 semanas de cotización en toda su vida laboral, pero no tenga el derecho como sí lo tiene quien solo hizo 500 cotizaciones dentro de ese 20 años.

Insiste en que la aplicación del reglamento pensional de la entidad de seguridad social le viola sus derechos fundamentales, por lo que se le debe reconocer la prestación atendiendo la solidaridad que proclama el Estado social de derecho concebido en la Constitución Política, y porque según el artículo 4º de la misma, ella es norma de normas. En consecuencia, agrega, se debe aplicar una excepción de inconstitucionalidad del mentado acuerdo y otorgarle la pensión reclamada.

VII. La réplica

El instituto opositor reprocha al cargo no indicar el precepto legal de orden sustancial supuestamente violado, y al apoderado de la recurrente desconocer las reglas mínimas del recurso extraordinario, lo que podría dar lugar a encontrase incurso en una falta disciplinaria.

VIII. Consideraciones de la Corte

Debe advertirse en primer término que, como lo destaca el instituto replicante, la recurrente desconoce las normas legales que rigen el recurso extraordinario y la abundante jurisprudencia en la que se ha explicado cómo debe plantearse la demanda para que se ajuste a la técnica propia del recurso extraordinario de la casación. Esto, por cuanto a pesar de indicar como violados unos preceptos de orden constitucional, en concordancia con otros de orden legal, y de que atribuye la inconstitucionalidad del que sirvió al tribunal para desestimar su pretensión pensional, en verdad no indica cuál es, en consecuencia, el precepto atributivo del derecho que reclama y que debiendo ser esencial al fallo el tribunal violó, y, por supuesto, tampoco precisa la modalidad de violación de la ley que respecto de este pudo producirse en el fallo atacado.

Desatiende la recurrente la repetitiva doctrina de la Corte de que cuando se invoquen en el recurso extraordinario cánones constitucionales como materia de violación por el juez de la alzada, debe precisarse el aspecto sustantivo de los mismos, pues, por regla general, de ellos no es dable derivar de manera directa los derechos materiales que son objeto de la litis y que son definidos en la sentencia atacada, como aquí lo fue la pensión de vejez. No de otra manera puede la Corte cumplir su labor unificadora de la jurisprudencia del trabajo y de la seguridad social.

Además, de la necesidad de que se indique la modalidad de violación de la ley cuando se endereza un cargo por violación directa de la ley, que lo puede ser solo por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea, debe acreditarse de qué manera se produce la imputada modalidad de violación de la ley, haciendo un contraste lógico entre lo que cabalmente corresponde a su existencia y validez, adecuada subsunción, genuina y recta inteligencia o apropiada integración, y los presuntos yerros que de acuerdo a la modalidad escogida por el recurrente endilga al fallo del juzgador.

Lo anterior sería más que suficiente para tener por infundado el ataque propuesto por la recurrente contra el fallo del tribunal, si no se avizorara que el único cargo de la demanda de casación desconoce que fueron dos las razones esenciales del juzgador para confirmar el fallo absolutorio de su inferior: la primera, que la demandante no acreditó el cumplimiento de los requisitos previstos por el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por Decreto 758 del mismo año, para acceder a la pensión al estar beneficiada, conforme a su edad, por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, esto es, el número mínimo de cotizaciones al ente de seguridad social, pues si bien contabilizó 285.2857 en los 20 años anteriores a los 55 de edad y 631 durante toda su vida laboral, no completó 500 en esos 20 últimos años y ha de entenderse tampoco 1000 en cualquier tiempo, que fue lo que recordó exigía la mentada disposición; y la segunda, que no le era aplicable el alegado Acuerdo 029 de 1983, aprobado por Decreto 1900 de ese mismo año, “toda vez que, pese a que la demandante efectuó su última cotización en el año de 1989, solo le sería aplicable la normatividad vigente para la época si tuviera consolidado en ese momento su derecho pensional por reunir los requisitos legales reseñados”.

Al no haber discutido la recurrente en el único cargo de la demanda de casación el anterior, que fue uno de los razonamientos esenciales del tribunal para desestimar su pretensión pensional, pues a lo largo del ataque lo que hace es sostener que tiene derecho a la pensión de vejez por haber reunido 631 semanas de cotización durante toda su vida laboral, y ser el nuestro un Estado social de derecho, permanece incólume y con él, como con el primero que ya se señaló y que como se verá más adelante no violó la ley, la sentencia del tribunal conserva a plenitud su presunción de legalidad.

No obstante lo dicho, más que suficiente para derruir el cargo, es lo cierto que si se asumiera el ataque de la recurrente como idóneo técnicamente a efectos de su estudio en la sede de casación, partiendo de que al atribuir la inconstitucionalidad del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por Decreto 758 del mismo año, podría entenderse que lo que reprocha de esa preceptiva es su indebida aplicación por no regular el caso, que sería lo único a lo que se asemejaría el predicamento de su inconstitucionalidad, ello a nada conduciría, por cuanto como reiteradamente se ha explicado por la Corte, en lo atinente al beneficio que reporta a ciertos trabajadores que estaban afiliados al ente de seguridad social reunir apenas 500 semanas de cotización y no las 1000 que de ordinario exigió el legislador, a cambio de que lo fueran durante los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad legal, lo siguiente:

No puede pretender el recurrente que no se le aplique el reglamento del ISS sino la Ley 90 de 1946, en cuanto al número de semanas que requiere el derecho a la pensión de vejez, porque esta última ley no determina ese número sino que se remite a los reglamentos del ISS para los requisitos de edad y de aportes que den lugar a tal derecho. Y el reglamento determina ese número de semanas en 1000, sin sujeción a condición alguna; presupuesto que la demandante no acreditó y que es más favorable que tener que laborar durante 20 años para un mismo empleador obligado a asumir el pago de pensiones, como antes lo exigía la legislación pertinente, que era a todas luces más desventajosa para los trabajadores en general. El hecho de que el mismo reglamento contemple también la posibilidad de pensionarse con 500 semanas siempre y cuando sean cotizadas durante los últimos 20 años anteriores a la fecha de cumplir la edad mínima exigida, lo cual favorece a un buen número de trabajadores que no tienen que cotizar las mil semanas requeridas, no constituye un perjuicio para los trabajadores por exceso en la reglamentación, sino todo lo contrario; de donde tampoco puede admitirse, como lo interpreta el recurrente, que atente contra el principio de igualdad de los trabajadores, el cual, en su concepción jurídico constitucional, se opone a la discriminación en el terreno laboral proveniente de fenómenos sociológicos o de sicología social, de carácter cultural y colectivo, las creencias íntimas o las actividades legítimas del trabajador; pero nunca sería impedimento para favorecer, sin discriminar, a los trabajadores que durante un lapso determinado cumplan un número también determinado de cotizaciones” (CSJ SL, 3 mar. 1999, rad. 11.428).

Es decir, para este caso, no existiendo duda que para cuando cumplió Blanca Cecilia Parra Garibello la edad de 55 años no había completado el número de 500 semanas cotizadas, que era como en el fondo lo acepta la misma recurrente en el único cargo la norma aplicable a su situación, pues de otra manera no se explicaría el cumplimiento de ese mismo número de semanas, habida consideración que no fue la Ley 90 de 1946 la que las fijó, sino que defirió esa potestad a los acuerdos que expidiera el demandado, no tenía derecho a la pensión de vejez que reclamaba, quedando obligada a cumplir o la regla general que le exigía 1000 semanas de cotización, en cualquier tiempo, para acceder a dicha pensión; o, en su defecto, a recibir la indemnización que en sustitución de aquella prestación le pudiera corresponder.

Con ello, en modo alguno se le afectó algún derecho fundamental, por cuanto, sin haber cumplido los requisitos que avalaba la ley no podía tener derecho a la prestación pensional a la que aspiró.

De otra parte, el reproche de inconstitucionalidad que sin explicación mayor o fundamento alguno propone contra las normas que gobernaron las prestaciones concedidas por el ente de seguridad social, de antaño fue objeto de análisis al ser sometidas estas al juicio de constitucionalidad y legalidad que las dejó indemnes.

En efecto, ya la Corte a ese respecto recordó:

Todo el anterior recuento lo hace la Sala para puntualizar que lo que pretende el recurrente es: 1. que no se aplique la normatividad reglamentaria del ISS, que atañe al seguro de invalidez, vejez y muerte por el exceso imputado a ella en la introducción del requisito de las 500 semanas cotizadas en los 20 años anteriores a la fecha de cumplimiento de la edad pensional, o de formulación de la solicitud prestacional; 2. que no se apliquen los preceptos en comento porque, según su criterio, los mismos infringen principios constitucionales como el de igualdad ante la ley.

Planteada la situación así, debe anotarse que sobre la normatividad sustantiva que refiere el acusador para apuntalar su ataque, ya existen pronunciamientos sobre su constitucionalidad y legalidad vertidos por la Corte Suprema de Justicia en su sentencia del 9 de septiembre de 1982, cuando ejercía la guarda de la Constitución Política, y por el Consejo de Estado en providencia del 26 de septiembre de 1996.

Efectivamente, la Sala Plena de esta corporación, en el fallo arriba memorado, declaró la exequibilidad de los siguientes preceptos legales, concernidos con el caso bajo examen: artículo 259 inciso 2º del Código Sustantivo del Trabajo; artículos 72 inciso 2º y 76, incisos 1º y 2º de la Ley 90 de 1946; artículo 8º inciso 2º, artículo 24 y artículo 48 literal e) del Decreto 1650 de 1977, mientras el Consejo de Estado, en el segundo de los fallos referidos, se abstuvo de anular el literal b) del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el decreto 758 del mismo año.

Así las cosas, es evidente que no le asiste razón al impugnante al pretender plantear cuestionamiento en torno a la sujeción a derecho de las normas de seguridad social sobre las que discurre su acusación, pues, se insiste, las mismas ya han sido examinadas y por su atenimiento a la Constitución y a la ley continúan vigentes y, por ende, podían y tenían que ser aplicadas por el juzgador de segunda instancia para la decisión de la controversia (CSJ SL, 9 feb. 1999, rad. 11.208).

Adicionalmente cabría recordar que la Corte ha sostenido en innumerables oportunidades que de conformidad con los acuerdos del Instituto demandado, el número de cotizaciones mínimo que debe aportar el interesado en la pensión de vejez es el de 1000, las cuales se pueden sufragar “en cualquier tiempo”, como hoy lo repite sin dubitación alguna el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, obvio, con los incrementos que a partir del 1º de enero de 2005 este previó; pero que aquellas normatividades contemplaron una excepción a esa regla general, y como tal, ella es de aplicación restrictiva y expresa, esto es, que se accede a la misma prestación si “durante los últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas” se acreditare por el interesado haber sufragado un mínimo de 500 semanas de cotización.

Siendo claro el sentido de la ley, no es posible desatender su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu, como paladinamente lo enseña el artículo 27 del Código Civil, menos aún, cuando quiera que lo que persigue la recurrente es la aplicación de la “excepción” a la regla general que regula el derecho pensional reclamado, que como es sabido solo puede verse de manera taxativa e inequívoca.

Para ejemplificar el tema cabe traer a colación lo expresado por la CSJ SL, en sentencia de 14 nov. 1996, rad. 8456, así:

En efecto, resulta claro que cuando la aludida disposición exige a quien pretenda obtener la pensión de vejez, que a más del cumplimiento de la edad mínima, haya pagado determinado número de semanas de cotización durante los últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de la edad mínima, evidentemente está fijando un plazo dentro del cual deben cancelarse las correspondientes cotizaciones, término que en el sub lite se enmarca entre el cumplimiento de la edad mínima correspondiente y 20 años atrás. De modo que no procede la distinción propuesta por el recurrente en el sentido de dar un alcance diferente a los vocablos dentro y durante, como que ambos suponen claramente un límite en el tiempo para efectuar esas cotizaciones.

No puede olvidarse que la opción ordinaria de intensidad de cotizaciones en el régimen del ISS para efectos del seguro de invalidez, vejez y muerte ha sido de 1000 semanas, de tal suerte que obtener pensión con solo 500 semanas de cotización es excepcional y encuentra su razón en la necesidad de beneficiar a quienes no iniciaron su vinculación con la seguridad social a una edad temprana o pasaban por largos periodos de desempleo, lo que en circunstancias normales les impediría acreditar las mil semanas.

Por ello es claro y lógico, a juicio de la Sala, que con arreglo al artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 —D. 758 del mismo año— la segunda hipótesis de un mínimo de quinientas semanas sufragadas no puede cumplirse en cualquier tiempo (pues ello está reservado al otro evento en que se exige un número de cotizaciones superior), sino durante el preciso lapso de veinte años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas: 55 años para las mujeres y 60 años para los varones.

Gramaticalmente “duración” denota el espacio de tiempo en que ocurre algo, por lo que siendo clara esa expresión normativa en el precepto aplicable, no puede desatenderse su tenor literal so pretexto de consultar un espíritu, que, por lo demás, no se corresponde con el que verdaderamente inspiró a los redactores de la norma.

Por otro lado, conviene igualmente memorar que el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por Decreto 0758 del mismo año, en su artículo 53 derogó expresamente el Acuerdo 016 de 1983, aprobado por Decreto 1900 del mismo año, a partir del 11 de abril de 1990 cuando se produjo su publicación, el cual, a su vez, había dispuesto aprobar el Acuerdo 029 de 16 de junio de 1983, al que debió referirse la censura y no lo hizo, mediante el cual se modificó el artículo 11, literal b), del Acuerdo 224 de 1966, aprobado por Decreto 3041 de la misma anualidad, en el sentido de señalar que el acceso a la pensión de vejez se produciría al tenerse 60 años o más de edad si se era varón y 55 o más años si se era mujer, siempre y cuando se hubiere acreditado “un mínimo de 500 semanas de cotización, pagadas durante los últimos 20 años anteriores a la fecha de la solicitud, o haber acreditado un mínimo de 1000 semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo”. En su lugar, a partir de la mentada fecha del 11 de abril de 1990, la normatividad referida exigió para acceder a la prestación “un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas durante los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o haber acreditado un número de un mil (1000) semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo”.

De suerte que, por la potísima razón de no cumplir en vigencia del mentado Acuerdo 016 de 1983 la densidad de cotizaciones exigida por esa normatividad, tampoco cabía la posibilidad de acceder al derecho pensional con fundamento en esa preceptiva.

Todo lo dicho impone recordar a la Corte el carácter extraordinario y técnico del recurso de casación, e insistir en que este medio de impugnación no le otorga competencia para juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste razón, pues su labor, siempre que el impugnante sepa plantear la acusación, se limita a enjuiciar la sentencia para así establecer si al dictarla el juez observó las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar para rectamente solucionar el conflicto y mantener el imperio de la ley. Por ello se ha dicho que en el recurso de casación se enfrentan la ley y la sentencia, no quienes actuaron como contrapartes en las instancias.

Por deberse observar las reglas legales que disciplinan la técnica de casación y a fin de lograr que se cumpla el objeto del recurso extraordinario, la demanda de casación no puede plantearse extendiéndose el recurrente en consideraciones a lo sumo admisibles en un alegato de instancia, en el cual es posible alegarlas libremente.

La inteligente labor de persuasión que debe llevar a cabo quien recurre una sentencia en casación no puede ser suplida con una retórica vacua o con afirmaciones sin ningún respaldo en las pruebas que se singularizan como generantes de los errores de hecho, en razón de haber sido erróneamente apreciadas o por no haber sido valoradas, como aquí al final fue lo que pasó.

Sin que sea menester resaltar mayores deficiencias al cargo, este se declara infundado.

Costas del recurso a cargo de la recurrente por lo que hubo réplica. Téngase como agencias en derecho la suma de $ 3’150.000.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley NO CASA la sentencia proferida el 16 de septiembre de 2010 por el Tribunal Superior de Bogotá, dentro del proceso promovido por Blanca Cecilia Parra Garibello contra el Instituto de Seguros Sociales.

Costas, como se dijo en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen».