Sentencia 4969 de noviembre 21 de 2002 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

BENEFICIOS EN CONVENCIÓN COLECTIVA PARA PENSIONADOS

NO SE APLICAN A QUIENES FUERON EMPLEADOS PÚBLICOS

EXTRACTOS: «Ha sido criterio reiterado de la Sala que las cláusulas convencionales que establezcan beneficios salariales y prestacionales, no son extensibles a la situación de los empleados públicos que se rige por una relación legal y reglamentaria y en este sentido, las cláusulas de los artículos 78 y 79 de la convención colectiva de trabajo suscrita entre las Empresas Municipales de Cali, Emcali, y su sindicato de trabajadores con vigencia hasta el 31 de diciembre de 1998 que regulan respectivamente el reconocimiento de la prima semestral extra de navidad y la prima de navidad consistente la primera en un reconocimiento equivalente a dieciséis (16) días de salario, pagadera el 15 de diciembre de cada año y la segunda representada en un reconocimiento equivalente a treinta (30) días de salario, pagadera igualmente el 15 de diciembre de cada año cobija a los trabajadores oficiales.

En este orden, se concluye que el ámbito de aplicación de las mencionadas estipulaciones, comprende las relaciones laborales de los trabajadores oficiales y sin necesidad de apelar a mayores elucubraciones jurídicas porque resultan innecesarias, no regulan ni pueden regular las relaciones laborales de los empleados públicos cuyo vínculo legal y reglamentario impide que los acuerdos de voluntades sean norma rectora durante la ejecución de la relación laboral.

En este punto, es referente mencionar que el “derecho de negociación colectiva” contemplado en el artículo 55 de la C.P. respecto de los empleados públicos implica restricciones, y precisamente, el artículo 416 del Código Sustantivo del Trabajo prescribe "que los sindicatos de empleados públicos no pueden presentar pliegos de condiciones ni celebrar convenciones colectivas ...”.

Se hace énfasis en el anterior preámbulo, porque según la Ley 411 de 5 de noviembre de 1997 artículo 7º “deberán adoptarse, de ser necesario, medidas adecuadas a las condiciones nacionales para estimular y fomentar el pleno desarrollo y utilización de procedimientos de negociación entre las autoridades públicas competentes y las organizaciones de empleados públicos acerca de las condiciones de empleo, o de cualesquiera otros métodos que permitan a los representantes de los empleados públicos participar en la determinación de dichas condiciones” que fue declarada exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-377 de 1998 (1) , no significa desconocer la facultad unilateral que tiene el Estado para determinar el régimen prestacional de los empleados públicos, sometidos a una situación legal y reglamentaria, cuyas condiciones laborales, en lo fundamental, están predeterminadas por el ordenamiento jurídico.

(1) Referencia Expediente LAT-112 Revisión Constitucional del Convenio 151 sobre la protección del derecho de sindicación y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la administración pública adoptada en la 64ª reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, Ginebra 1978, y de la Ley Aprobatoria 411 de 5 de noviembre de 1997, por medio de la cual se aprueba dicho convenio. Temas: derecho de asociación sindical, determinación de las condiciones de empleo en el sector público y derechos de los servidores públicos, la unilateralidad en la fijación de las funciones y emolumentos de los empleados públicos y el derecho de negociación colectiva, Magistrado Ponente: Dr. Alejandro Martínez Caballero, sentencia de 27 de julio de 1998.

Por mandato constitucional (art. 150 num. 19 lit. e), corresponde al Congreso dictar las normas generales y señalar los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el gobierno para “Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso nacional y de la fuerza pública” y para desarrollar esta facultad, se expidió la Ley 4ª de 1992, que en la Constitución actual, constituye el marco normativo que regula el vínculo laboral de los empleados públicos.

Por las razones antecedentes, las cláusulas de la convención colectiva suscrita entre el Sindicato de Trabajadores de las Empresas Municipales de Cali, Sintraemcali, y las Empresas Municipales de Cali, Emcali, contempladas en los artículos 78 y 79, no regulan la situación laboral del actor y no le son aplicables porque tiene un ámbito de cobertura para un grupo especial de servidores públicos, los trabajadores oficiales.

La parte actora fundamenta las pretensiones, bajo el entendido que la condición de jubilado es la razón suficiente para que proceda el reconocimiento de las acreencias laborales deprecadas a voces de los artículos 119 y 120 de la convención colectiva de trabajo los cuales son del siguiente tenor:

ART. 119.—Beneficios a jubilados. Para los jubilados de Emcali se reconocerán los siguientes beneficios: a) Prima de diciembre que se otorga al personal de trabajadores en actividad. b) Podrán acoparse a los beneficios del comité de solidaridad los cuales se le hacen extensivos.

ART. 120.—Reconocimiento a jubilados. Emcali, reconocerá a los jubilados la totalidad de las prestaciones legales y extralegales que existan y puedan existir, siempre que ellas sean susceptibles de cobijarlos”.

La fuente de los derechos laborales, no proviene como lo pretende la parte actora simplemente por la condición de jubilado, pues aunque el vínculo con el Estado en lo concerniente al desempeño o ejecución de la labor ya no existe, la razón que originó este status fue la prestación de unos servicios en condición de empleado público mediante el surgimiento de una relación legal y reglamentaria.

Por ende, como quiera que los derechos incoados en el sub-examine, son consecuencia de la relación legal y reglamentaria que sostuvo con el Estado, mal podría pretender escindir el vínculo de servidor que lo unió con la demandada para predicar que el status de jubilado implica el desprendimiento de la condición de empleado público, premisa que la Sala desde luego no patrocina, pues la circunstancia de dejar de ejecutar la labor para dar vida al status de pensionado jamás podrá hacer desaparecer la condición de empleado público y desde luego tal premisa para obtener el beneplácito de unos derechos convencionales no es de recibo.

Igualmente, la Sala no patrocina la perspectiva fundada en la violación de los derechos adquiridos al amparo del artículo 146 de la Ley 100 de 1993, en virtud del cual las situaciones jurídicas individuales definidas con anterioridad a la vigencia de la ley ibídem, por disposiciones municipales o departamentales de carácter individual a favor de empleados públicos continuarán vigentes, porque las nítidas voces de la norma en mención, se refieren a pensiones de jubilación extralegales y los derechos pretendidos al amparo de la convención colectiva si bien son de la misma naturaleza es decir, prestacionales no se refieren a las pensiones de jubilación sino a la prima de navidad ya la prima extralegal.

De otra parte, no es de recibo el argumento fundamentado en que la negativa de la entidad demandada se sumerge en la violación del artículo 73 del Código Contencioso Administrativo, en tanto para el sub-júbice, con el acto acusado no se modificó unilateralmente una situación jurídica de carácter particular y concreto toda vez que la convención colectiva del trabajo no creó situaciones particulares y concretas, sencilla y llanamente se trata de un acto general, del cual incluso no puede interpretarse que rigiera la situación de los empleados públicos, pues de su articulado no se infiere tal conclusión».

(Sentencia de 21 de noviembre de 2002. Referencia 4969-2001. Consejero Ponente: Dr. Alejandro Ordóñez Maldonado).

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