Sentencia 49706 de febrero 12 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Radicación 49706

SL1847-2014

Acta 4

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Gabriel Miranda Buelvas

Bogotá, D.C., doce de febrero de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «V. El recurso de casación

En la demanda con la que lo sustenta, que fue replicada, la recurrente pide a la Corte que case la sentencia atacada, revoque la del juzgado y, en su lugar, acceda las pretensiones de su demanda inicial.

Para ello le formula dos cargos que la Corte resolverá conjuntamente, con lo replicado, por perseguir el mismo objeto, acusar la violación de similares preceptos y fundarse en argumentos parecidos, aun cuando por distinta vía de violación de la ley.

VI. Primer cargo

Acusa la sentencia de infringir directamente los artículos 35 de la Ley 712 de 2001 y 57 de la Ley 2ª de 1984, transgresión legal «que como violación medio lo condujo a aplicar indebidamente el artículo 1º de la Ley 12 de 1975».

Luego de recordar el contenido de las citadas normas y traer a colación los criterios jurisprudenciales sobre el principio de consonancia y la sustentación del recurso de apelación, vertidos en sentencias de la Corte de 19 de marzo de 1987 (sin número de radicación), 23 de mayo (rad. 26.225), 29 de junio (rad. 26.936) y 19 de julio de 2006 (rad. 26.171), aduce que al limitar su apelación contra el fallo absolutorio del juzgado a la demostración de que las compañeras permanentes tienen tanto derecho a la pensión de sobrevivientes como las cónyuges supérstites, para lo cual sustentó sus alegaciones en sentencias de la Corte Constitucional por haber el juzgado concluido que en virtud de la Ley 33 de 1973 éstas no lo tenían para cuando falleció el causante, «el tema de la convivencia se encontraba por fuera de la controversia y de esta manera, el juzgador de segundo grado, se pronunció sobre un tema no planteado de forma expresa en el recurso, desbordando su competencia».

Sostiene la recurrente que el juzgado determinó que «al no ser esposa del señor José Orlando Narváez Ramírez sino su compañera, carecía de la facultad para sustituirlo en virtud de la Ley 33 de 1973», de forma tal que resulta axiomático que «el tribunal transgredió la ley adjetiva del artículo 35 de la Ley 712 de 2001, por cuanto como se reitera, el tribunal no actuó en consonancia con la materia de objeto de apelación y en congruencia con el objeto del litigio cual era obtener la aplicabilidad de la sustitución pensional a las compañeras permanente (sic) que tenían dicha condición antes de la entrada en vigencia [de] la constitución de 1991; como consecuencia de esta violación de medio, a pesar de haber aplicado el artículo 1º de la Ley 12 de 1975, que es por excelencia la norma sustancial llamada a considerarse, lo hizo indebidamente, toda vez que truncó su aplicación en la medida en que era su deber legal examinar que al estar por fuera de la controversia el tema de la convivencia, la recurrente tenía la condición de compañera y por ende de sustituta de la pensión deprecada».

VII. La réplica

El instituto replicante confuta conjuntamente los dos cargos de la demanda de casación aseverando que el tribunal no incurrió en los yerros que le atribuye la recurrente, y que esta no los demuestra. Adiciona que el proceso estuvo desprovisto de actividad probatoria por parte de la interesada y que es un error denunciar la violación medio sin indicar las normas sustanciales que a su través fueron violadas.

VIII. Segundo cargo

En el segundo ataque acusa la sentencia de aplicar indebidamente el artículo 12 de la Ley 12 de 1975, a causa de los siguientes que singulariza como errores de hecho:

1) Dar por demostrado, sin estarlo, que no acreditó dentro del proceso su calidad de compañera del causante.

2) No dar por demostrado, estándolo, que la única razón para negarle la pensión de sobrevivientes a la señora Amparo del Valle Tldo (sic), fue tener la calidad de compañera permanente.

Señala como medio de prueba mal apreciado la declaración de Evelia Mosquera de García (fls. 14 15); y como dejados de apreciar la constancia expedida por Comfahuila Ltda., obrante a folio 38, y la Resolución del ISS 2079 de 26 de abril de 2007 (fl. 36).

Afirma la recurrente que la mentada declaración de Evelia Mosquera de García «es un documento auténtico de acuerdo al artículo 251 y 252 del Código de Procedimiento Civil y que no fue tachado de falso en el transcurso del proceso y además goza de plena validez procesal en consideración a los artículos 175 y 183», el cual debió servir al tribunal como «un medio idóneo para probar la plena convivencia entre la recurrente y su compañero Orlando Narváez Ramírez por más de dos (2) años».

Dice que de acuerdo con la constancia del folio 38 del expediente, expedida por Comfahuila Ltda., «para el señor Orlando Narváez Ramírez, su compañera permanente no sería otra que la recurrente»; y que lo cierto es que «ha de resultar infundado el estudio del tema de la convivencia por cuanto esa fatiga probatoria está por fuera de la litis», pues la discusión se contrae es a resolver si como compañera permanente del causante tiene el derecho pensional.

Sostiene que el tribunal no apreció la resolución visible a folio 36 del expediente, la cual «en nada se opone al asunto de la convivencia. Al contrario es expresivo (sic) en que la Ley 50 de 1990 no tiene efectos retroactivos, pero nada respecto a la calidad de compañera o el tema de convivencia».

IX. Consideraciones de la Corte

Aunque no atina el Instituto opositor en los reproches de orden técnico que hace a los cargos de la demanda de casación, en cuanto a no haber señalado las normas sustanciales que según la recurrente resultaron violadas en el fallo atacado, pues en ambos ataques, se recuerda, se endilga al juez de la alzada aplicar indebidamente el artículo 1º de la Ley 12 de 1975, que es la norma que el tribunal dijo regir la prestación reclamada, en el primero por vía directa de violación de la ley y en el segundo por los errores de hecho que allí consignan, lo cierto es que sí le asiste razón en que ninguno de los ataques tiene vocación alguna de prosperidad, como pasa a verse:

En primer lugar, por cuanto habiendo sido la sentencia de primer grado totalmente absolutoria frente a las pretensiones de la demandante, no es dable el predicamento que ésta le hace de estar restringida la competencia del tribunal al tema por ella propuesto en su apelación de conformidad con lo dispuesto por el artículo 66 A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, adicionado a la legislación procesal del trabajo por el artículo 35 de la Ley 712 de 2001.

En efecto, el vicio de incosonancia(sic) o incongruencia extra o ultra petitum contenido en la citada disposición y referido a la alzada de los procesos del trabajo, lesivo por demás del derecho de las partes a una tutela judicial efectiva, lo que refiere es un desajuste entre el fallo judicial de segunda instancia y las materias del recurso, entendidas éstas como los «elementos objetivos de la impugnación», esto es, lo que se pretende obtener por el apelante, como también los hechos o causa en que funda sus pedimentos, no así que el juez de la alzada quede atado rígidamente al texto de los pedimentos del apelante y de los razonamientos y alegaciones jurídicas y fácticas esgrimidas en su apoyo.

Situación absolutamente visible en tratándose de los fallos absolutorios de primer grado, pues, por razón de la naturaleza liberatoria de las pretensiones de la demanda que tal decisión traduce en favor de la parte demandada, nada suman a la posición procesal del demandante ante la alzada; todo lo contrario, le imponen como única parte que pudiera ser apelante ante tal clase de situaciones no solamente derruir los argumentos en que hubiere reposado la decisión atacada, sino también, facilitar al juez de segundo grado los elementos probatorios y jurídicos mínimos que le permitan dar paso a las materias a las que hubiere limitado su apelación, asegurando así que la decisión obtenida se ajuste a las normas sustanciales y procesales que le son aplicables, se soporte en una valoración probatoria razonable y no configure una incongruencia por omisión —ex silentio— o por exceso —extra petitum—, sin perjuicio, claro está, de que en aplicación del principio universal de ‘iura novit curia’ que rige la actividad judicial, así como de las facultades oficiosas que le asisten, en aplicación de los principios generales que gobiernan el derecho y el proceso, particularmente para los asuntos del trabajo, de los de indisponibilidad de derechos, imperatividad legal, norma mínima y norma más favorable, el juzgador de segunda instancia adopte en ese marco de la apelación la decisión que en derecho corresponda.

Tal aserto permite explicar la razón de que la apelación esté dirigida a revocar, reformar o adicionar la sentencia del inferior por el juez de segundo grado, y de que, con independencia de los razonamientos jurídicos o probatorios del juzgado la parte favorecida con la sentencia apelada no esté compelida a promover por su cuenta la alzada. En tanto la sentencia del inferior no tome determinación particular que desfavorezca al demandado en su parte resolutiva, no surge interés alguno —interés para obrar serio, actual y jurídicamente tutelable— para propiciar la segunda instancia.

En sentencia del 10 de febrero de 2010 radicación 36018, sobre este aspecto reflexionó así la Corte Suprema de Justicia SL:

(…) el tribunal sí podía pronunciarse sobre la cosa juzgada, pues principios superiores que rigen la estabilidad y la seguridad jurídica se lo imponen. Y para el caso concreto, en el que se reitera que fue la demandante la que apeló de la decisión de primer grado que le resultó desfavorable, tiene validez lo previsto en el artículo 306 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por analogía a los procesos laborales por virtud de lo dispuesto en el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que autoriza al juez para pronunciarse oficiosamente sobre una excepción, cuando encuentre probados los hechos que la constituyen, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa que necesitan alegación en la contestación de la demanda.

Y dicha disposición, para el asunto bajo examen, como ya ha quedado esbozado, no es opuesta al artículo 66 A del estatuto procesal adjetivo, pues si bien ese precepto limita al juez de la alzada en cuanto debe tener en cuenta solamente los motivos de apelación, su decisión bien puede comprender decisiones que, como en este caso y por lo resuelto en la primera instancia que fue favorable a la demandada, no le impedían pronunciarse de oficio sobre excepciones cuyos hechos constitutivos, en su sentir, estaban demostrados, especialmente la cosa juzgada.

Cuando se trata de decisiones absolutorias en la primera instancia, el juez de la apelación debe, en primer lugar, estudiar los precisos motivos de inconformidad del apelante, y si los encuentra acreditados, ello en manera alguna supone necesariamente la solución del litigio a favor del recurrente, pues al analizar la causa dentro del marco que le señala el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, bien puede llegar a la misma conclusión de su inferior, pero por motivos diferentes sin que ello altere el equilibrio procesal interpartes.

En sentencia del 22 de julio de 2009, radicación 32196, dijo la Corte:

«No podía pues exigirle el ad quem a dicha parte que recurriera de una decisión que le era totalmente favorable y, menos, abstenerse de reexaminar las consideraciones del a quo sobre el reintegro, so pretexto que la parte en cuestión no se rebeló en su contra.

Al desestimar el motivo por el cual al quo consideró extinguida la obligación, necesariamente debió el ad quem estudiar todas las restantes defensas propuestas por la obligada, no definidas en la primera instancia en la resolutiva, tal como claramente lo prescribe el artículo 306 del Código de Procedimiento Civil, sin que lo impida, como lo entendió erradamente el juez de la alzada, el hecho que el de primer grado hubiere partido de la base de la procedibilidad del reintegro, porque, como se dijo, la única que vincula con fuerza obligatoria es la parte resolutiva de la decisión.

Así las cosas, el cargo no prospera».

De suerte que, para este asunto, el tribunal no estaba atado a las consideraciones del juzgado sobre la calidad que hubiere acreditado la demandante respecto del causante, como para que considerara que ese tema quedaba por fuera de la órbita de su pronunciamiento, pues la decisión de aquél fue totalmente absolutoria, de modo que, al no haber tenido acogimiento en sus pretensiones en la primera instancia, aparte de atacar efectivamente los argumentos esgrimidos por el juzgado para negarlas, ésta estaba llamada a acreditar la idónea subsunción de su situación a los supuestos de hecho de la norma que concibió el derecho reclamado. Como eso fue lo que el exigió el tribunal, este no incurrió en el dislate jurídico achacado.

Y en segundo lugar, porque ninguno de los 3 medios de prueba que se indican en el segundo cargo como fuentes de los que allí se singularizan como errores de hecho tienen la fuerza probatoria que pretende la recurrente, o simplemente no son prueba calificada en la casación del trabajo, como sigue:

1. La Resolución 2079 de abril 26 de 1997, expedida por el Instituto demandado y obrante a folios 36 a 37 del expediente, que la recurrente afirma «en nada se opone al asunto de la convivencia. Al contrario es expresivo (sic) en que la Ley 50 de 1990 no tiene efectos retroactivos, pero nada respecto a la calidad de compañera o el tema de convivencia», ningún elemento de juicio arroja sobre la convivencia que pudiera haber entre el causante y la aquí recurrente, menos para los 2 años anteriores al deceso de aquél, pues, como lo acepta ésta, apenas se refiere es a que la situación de compañero (a) permanente, que dice invocar Amparo Delvalle Toledo para pedir la revocatoria directa, 17 años después de expedida, de la resolución mediante la cual la entidad de seguridad social reconoció la pensión a los hijos menores del causante, entre ellos a 2 de la misma Amparo Delvalle Toledo, vino a ser regulada por la Ley 54 de 1990 y el Decreto 1160 de 1989, «normas bajo las cuales no se realizó el estudio y otorgamiento de la prestación económica y que no tienen efecto retroactivo para su consideración partiendo de la fecha de la resolución primigenia y de la normatividad aplicada», según anotó.

2. La declaración vertida por Evelia Mosquera de García ante el Juzgado 2º Penal de Menores de Neiva el 6 de febrero de 1986 (fls. 14 a 15), en manera alguna «es un documento auténtico de acuerdo al artículo 251 y 252 del Código de Procedimiento Civil y que no fue tachado de falso en el transcurso del proceso y además goza de plena validez procesal en consideración a los artículos 175 y 183», por el mero hecho de reposar en un acta, tal y como sin justificación alguna lo sostiene la recurrente, dado que, desde siempre, sabido es que la declaración, expresión o dicho de una persona sobre hechos que le son ajenos y cuyo conocimiento adquirió por percepción directa o por haber oído sobre éstos, es lo que la disciplina del derecho probatorio ha denominado rutinariamente «testimonio», el cual, cuando es rendido ante el juez, y con el objeto de acreditar su existencia, validez y eficacia, debe llenar unas exigencias, entre ellas, que se haga constar en acta (CPC, art. 228); en tanto que, los «documentos» son cosas físicas u objetos muebles con carácter representativo o declarativo, como los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, fotografías, cintas, discos, etc., así como las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares, que para ser apreciados judicialmente deben ser aportados al proceso conforme a los requisitos de tiempo, modo y lugar que las disposiciones procedimentales establecen para el efecto (CPC, art. 251 y ss.), de donde la simple vista de los folios 14 a 15 permite advertir que allí lo que aparece es un testimonio y no un documento, medio de prueba que, por la restricción de que trata el artículo 7º de la Ley 16 de 1969, no es prueba calificada como fuente de posibles errores de hecho en la casación del trabajo.

3. Igualmente, la constancia de que trata el folio 39 del expediente, fuera de indicar la venta de una lavadora a la recurrente por parte del Fondo de Empleados Comfahuila S.A. Ltda., «por intermedio del señor Orlando Narváez», quien allí se dice era socio hábil del dicho fondo, testimonia que el causante «dejó como beneficiaria de su seguro de vida a la citada —Amparo Delvalle— haciéndola figurar como su compañera permanente», en lo que es dado tener como un documento emanado de tercero strictu sensu que para efectos de la casación del trabajo tiene el valor de prueba testimonial que, como se dejó dicho líneas atrás, no es calificada en el recurso extraordinario.

Con todo, ni el testimonio de Evelia Mosquera de García, recaudado el 6 de febrero de 1986 por el Juzgado Segundo Penal de Menores de Neiva, ni el documento declarativo expedido por el gerente de Comfahuila Ltda., dan cuenta de que Amparo Delvalle Toledo hubiera convivido como compañera permanente de José Orlando Narváez García por los dos (2) años anteriores a su muerte, esto es, del 3 de septiembre de 1983 al mismo día y mes de 1985, pues la primera si bien dijo conocerla como tal no precisó el término de la dicha convivencia sino de conocerla 3 años atrás; y el segundo apenas indica que el causante dejó como beneficiaria de un seguro de vida a quien era su compañera permanente, sin dar cuenta de su conocimiento directo de tal situación ni de que lo hubiera sido por un preciso término. Luego, ni estos medios de prueba, que no son pruebas calificadas en la casación del trabajo conforme se ha visto, ni la resolución expedida por el demandado, satisfacen la necesidad probatoria que el juzgador de segunda instancia no vio satisfecha, por ende, mal pueden imputársele errores de hecho respecto de la calidad de la demandante respecto del causante durante el término mínimo exigido en la ley.

De lo que viene de decirse, y sin que sea necesario resaltar otros desatinos en los que se incurre en los dos cargos de la demanda de casación, estos se tienen por infundados.

Costas en el recurso a cargo de la recurrente. Como agencias en derecho téngase la suma de $ 3’150.000.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley NO CASA la sentencia proferida el 25 de octubre de 2010 por el Tribunal Superior de Neiva, en el proceso promovido por Amparo Delvalle Toledo contra el Instituto de Seguros Sociales.

Costas como se dijo en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen.»