Sentencia 49741 de mayo 8 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 49741

Acta 14

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Ernesto Molina Monsalve

Bogotá, D.C., ocho de mayo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «VIII. Se considera

Primeramente cabe recordar, que según lo preceptuado en el artículo 7º de la Ley 16 de 1969, que modificó el 23 de la Ley 16 de 1968, para que se configure el error de hecho es necesario que venga acompañado de las razones que lo demuestran, y a más de esto, como lo ha dicho la Corte, que su existencia aparezca notoria, protuberante y manifiesta, y provenga de la falta de apreciación o errada valoración de las pruebas calificadas como el documento auténtico, la confesión judicial o la inspección judicial.

Este cargo orientado por la vía indirecta, apunta a demostrar, que contrario a lo que sostiene el sentenciador de segundo grado, en el escrito de apelación que se acusó de mal apreciado, el impugnante sí manifestó su inconformidad respecto a los extremos temporales de la relación laboral, y por consiguiente el tribunal tenía competencia para pronunciarse sobre los mismos y la sustitución patronal. Que como no se ocupó de tales extremos y otorgó la pensión restringida de jubilación al demandante, sin que se hubiera probado debidamente la existencia de los supuestos de hecho que correspondían, la alzada violó el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, artículo 66A y consecuencialmente las normas sustanciales enunciadas en la proposición jurídica. Para el efecto, la censura propuso dos yerros fácticos, haciendo énfasis en los extremos confesados en la pieza procesal de la contestación de la demanda, esto es, del 3 de septiembre de 1974 al 16 de julio de 1978, señalando que es un tiempo de servicios menor a los diez (10) años exigidos para poder acceder al derecho pensional reclamado.

Revisado el escrito de apelación obrante a folios 128 a 130 del cuaderno principal, se observa que en ese momento la sociedad demandada centró su inconformidad exclusivamente en el punto relativo a la prescripción de todos los derechos causados con anterioridad al 23 de julio de 1999, que en decir del apelante comprende también “las vicisitudes relacionadas con la sustitución patronal y la existencia o no de una justa causa para la terminación del contrato de trabajo”. Con ello afirma que el actor debió alegar o reclamar, en un proceso laboral o por medio de reclamación escrita, dentro de los tres (3) años siguientes a la fecha de la sustitución patronal, ocurrida el 3 de septiembre de 1974 (antes del 3 de septiembre de 1977), a la data de desvinculación laboral que se produjo el 16 de julio de 1978 (hasta el 16 de julio de 1981) y/o a la calenda en que el trabajador cumplió 60 años de edad para obtener la pensión que corresponde al 26 de noviembre de 1991 (con antelación al 26 de noviembre de 1994), lo cual no hizo frente a cada una de esas alternativas, operando en consecuencia la prescripción de la totalidad de los derechos conforme al Código Sustantivo del Trabajo, artículo 488, y Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, artículo 151.

Si bien en el escrito de apelación se mencionan fechas, del ingreso y retiro del trabajador demandante, de la sustitución patronal y del cumplimiento del requisito mínimo de la edad para pensión, el recurrente no las adujo para controvertir los extremos temporales de la relación laboral que estableció el juez de primera instancia, sino para poner de presente a partir de cuándo, en su criterio, el tribunal debió contar o contabilizar la prescripción.

Es más, el juez de apelaciones en ningún momento desconoció los extremos temporales del contrato de trabajo, referidos por la sociedad convocada al proceso al contestar la demanda inaugural en el capítulo de “Fundamentos De La Defensa”; valga decir, del 3 de septiembre de 1974 al 16 de julio de 1978 (fl. 27, cdno. del juzgado). Lo que sucedió fue que advirtió, como igualmente lo había hecho el Juez de primer grado, que en este asunto se presentó sustitución patronal entre el antiguo empleador y la accionada, situación que llevó a que no terminara el contrato de trabajo que el demandante venía ejecutando de tiempo atrás, pues el mismo continuó vigente después del 3 de septiembre de 1974, prologándose hasta el 16 de julio de 1978.

En tales condiciones, al no haberse cuestionado en la apelación las fechas de ingreso y retiro del accionante, con relación a la declaratoria del fallo de primera instancia sobre la existencia de un único contrato de trabajo, respecto del cual se dio la “sustitución patronal” con la demandada, siendo el último empleador Productos Químicos Panamericanos S.A., que se traduce en un vínculo laboral que sumando el tiempo trabajado con el antiguo empleador, se desarrolló entre el 2 de enero de 1959 y el 16 de julio de 1978, por un tiempo superior a diez (10) años, se tiene que resulta completamente razonado que al apreciarse las piezas procesales denunciadas, el juez colegiado hubiera inferido que “No presenta discusión alguna el recurrente respecto al tiempo de servicios determinado por el a quo, circunstancia por la cual la Sala se atiene a los extremos de la relación laboral fijados en la providencia recurrida”. Máxime que el propio apelante toma las fechas de la sustitución patronal y retiro definitivo del promotor del proceso que acogió el a quo, para proponer en su alegación las hipótesis de contabilización de la prescripción; lo cual trae consigo que lógicamente el estudio del recurso de alzada, el tribunal lo limitara a la “no declaratoria de la excepción de prescripción” en los términos planteados por el recurrente.

Por la misma razón, para este caso en particular, es dable inferir que la sociedad demandada se conformó con la decisión del a quo, relativa a la continuidad de servicios del actor mediante el mismo contrato de trabajo, dentro de los extremos temporales establecidos, superiores a diez (10) años, por virtud de la sustitución de patronos que se encontró acreditada y que le permitía al demandante reclamar válidamente al nuevo empleador su derecho pensional. Esto, se insiste, no fue objeto de discusión en el recurso de apelación, quedando no solo por fuera del debate el presupuesto referente al tiempo de servicios o antigüedad del trabajador, sino el de la determinación del fallador de primer grado de que el despido del accionante fue injustificado por ser otro aspecto que tampoco le mereció reproche al impugnante.

En consecuencia, no hay duda que en este asunto el estudio de la alzada, estaba contraído exclusivamente al fenómeno jurídico de la “prescripción”, tanto del derecho a la pensión como tal como de los hechos o vicisitudes derivadas de la finalización del contrato de trabajo. Todo ello acorde con lo planteado en el escrito de apelación.

Por lo precedente, se concluye que las piezas procesales denunciadas fueron correctamente estimadas y por ende el tribunal no trasgredió la ley sustancial a través de la violación de medio, al limitar el estudio del recurso de apelación del demandante a las materias objeto del mismo.

Así las cosas, el cargo no puede prosperar.

IX. Segundo cargo

Acusó la sentencia impugnada por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea, del artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo.

Para el desarrollo de la acusación, el recurrente manifestó que no discutía el tiempo que el actor laboró para la demandada, “entre el 3 de septiembre de 1974 hasta el 16 de julio de 1978”, sino la interpretación dada por el sentenciador de segundo grado, con relación al momento a partir del cual se debe contabilizar la prescripción, esto es, la expresión desde que “la respectiva obligación se haya hecho exigible” contenida en el Código Sustantivo del Trabajo, artículo 488, que es la norma aplicable.

Sostuvo que propuesta la excepción de prescripción, al haberse establecido como extremo final del vínculo laboral el 16 de julio de 1978, se ha de considerar que aun cuando los hechos no prescriban, sí lo hacen sus consecuencias jurídicas, y por ello la norma acusada “exige que las obligaciones emanadas de esos hechos se reclamen, a través de las acciones, dentro de los tres (3) años siguientes y en el caso concreto el actor no lo hizo y por ello, el a quo declaró prescritos todos los derechos anteriores al 23 de julio de 1999”.

Especificó que los derechos exigibles a la terminación del contrato de trabajo “como lo son los extremos, el salario y la causa o motivo de su terminación” prescriben a los tres (3) años, que fue lo que ocurrió en el sub lite, y como respaldo de lo anterior trajo a colación lo adoctrinado en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia Laboral, 15 de julio de 2003, radicado 19557, que transcribió en extenso.

X. La réplica

Por su parte, el demandante opositor solicitó de la Corte desestimar el ataque, porque la pensión sanción es imprescriptible, por implicar una prestación de tracto sucesivo y de carácter vitalicio, pues lo que prescribe son las mesadas causadas que no se reclamen dentro de los plazos legalmente previstos para ello, lo cual resulta más favorable al trabajador.

XI. Se considera

De entrada, cabe advertir que este cargo encauzado por la vía directa, persigue que se determine jurídicamente, que el establecimiento de los extremos temporales de la relación laboral entre las partes y la determinación de si el despido fue justo o no, aún cuando sea para efectos pensionales, debe al igual que los demás derechos reclamarse oportunamente, es decir, sin dejar transcurrir tres (3) años. Por eso la censura estima que operó la prescripción sobre el derecho que de aquella emerge y que no es otro que la pensión sanción o restringida de jubilación a favor del demandante.

Vista la motivación de la sentencia impugnada, el tribunal consideró que el derecho a la pensión no prescribía, como tampoco los hechos relacionados con la declaratoria de su existencia, como era el caso de la declaratoria del despido legal o ilegal o con justa o sin justa causa, pudiéndose demandar en cualquier tiempo.

Para dar al traste con la acusación, basta con decir, que el pronunciamiento del tribunal está acorde con la orientación jurisprudencial que tiene definida esta Corporación, en el sentido de que la declaración de la forma como sucedió un hecho, en este asunto el tiempo de servicios y el despido, “no puede verse afectada por el fenómeno prescriptivo, pues de los hechos base de la pretensión a que se contrae el proceso solo cabe mostrar su existencia o inexistencia, lo cual ocurre con los estados jurídicos cuya declaratoria judicial se exija, como el de la pensión que genera un verdadero estado jurídico, el de jubilado, que le da derecho a la persona de disfrutar de por vida un monto determinado mensual de dinero, derecho pensional imprescriptible” (CSJ Laboral, sent., sep. 6/2012, rad. 39347).

Así mismo, respecto a esta temática en sentencia de la Corte Suprema de Justicia Laboral, 4 de junio de 2008, radicado 28479, se puntualizó:

“(...) El tribunal consideró que no podía declararse si el despido de los actores había sido sin justa causa, pues la acción para obtener esa declaración estaba prescrita. Ese razonamiento jurídico es equivocado, pues de tiempo atrás esta Sala de la Corte ha considerado que la acción para obtener una decisión judicial declarativa de la forma como ocurrió determinado hecho no prescribe.

Así lo explicó en la sentencia del 5 de julio de 1996, radicación 8397, en la que se trajo a colación el criterio expuesto en la del 19 de septiembre de 1991, en los siguientes términos:

“Y en la sentencia del 19 de septiembre de 1991 (rad. 4331), al resolver un caso de contornos similares al que ahora se somete a consideración de la Corte, se acogió una vez más la doctrina probable sobre el punto de derecho y también la que sostuvo la extinguida Sección Segunda invariablemente en el sentido de que la acción para obtener la decisión judicial declarativa de que un hecho ocurrió de una determinada manera jamás se extingue por prescripción y, por tanto, en cualquier tiempo se puede promover un proceso para que con efectos de cosa juzgada se determine el modo o la causa como terminó el contrato de trabajo, pues la prescripción extintiva solo tiene efectos respecto de los derechos que —para situarse la Corte en el supuesto de hecho que para las resultas de este proceso se muestra relevante— puedan derivarse del despido injustificado, a saber, la indemnización de perjuicios, el reintegro del trabajador y las mesadas de la pensión proporcional de jubilación que no fueron cobradas oportunamente”.

Por lo tanto, el tribunal no estuvo atinado al proclamar que cualquier pronunciamiento o decisión declarativa respecto de la pensión sanción están prescritos”.

De suerte que, el tribunal no pudo incurrir en el yerro jurídico enrostrado al confirmar la decisión del a quo, en el sentido de que solamente estaban prescritas las mesadas causadas anteriores al 23 de julio de 1999.

Finalmente conviene señalar, que las enseñanzas o directrices esbozadas en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia Laboral, 15 de julio de 2003, radicado 19557, que rememoró y transcribió la censura en la sustentación del recurso extraordinario, no encajan dentro de los presupuestos del asunto que ahora se somete a consideración de la Sala, por cuanto la declaración judicial de los extremos temporales para determinar el tiempo de servicios, así como la declaración del modo o la causa de finalización del contrato de trabajo, con el fin de obtener la pensión sanción o restringida de jubilación, no puede asimilarse por tratarse de situaciones disímiles, a la no inclusión de “factores salariales” relacionados con los elementos integrantes de la base salarial sobre la cual se calcula el quantum o monto de la prestación que lleve a la reliquidación o reajuste de la mesada pensional, que es lo que en el citado antecedente jurisprudencial se dijo prescribía, conforme a lo previsto en el Código Sustantivo del Trabajo, artículo 488 y Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, artículo 151, donde se mantuvo el criterio sobre la imprescriptibilidad de la pensión por su carácter de vitalicio.

Por todo lo dicho, el cargo no puede prosperar.

Las costas del recurso extraordinario serán a cargo de la sociedad recurrente, por cuanto la acusación no salió avante y hubo réplica, las cuales se fijan en la suma de seis millones de pesos moneda corriente ($ 6.000.000,oo), que se incluirán en la liquidación del crédito que para tal efecto practique la secretaría.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 14 de octubre de 2010, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, en el proceso ordinario adelantado por Avelino Camargo Camargo contra Productos Químicos Panamericanos S.A.

Las costas del recurso de casación como quedó indicado en la parte motiva de esta providencia.

Devuélvase el expediente al tribunal de origen».