Sentencia 49787 de julio 10 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 49787

Magistrado Ponente

Dr. Luis Gabriel Miranda Buelvas

Acta 024

Bogotá, D.C., diez de julio de dos mil doce.

EXTRACTOS: «X. Consideraciones de la Corte

Son hechos indiscutidos en el proceso: que el causante Ramón Enrique Márquez Iguarán fue pensionado por la Empresa Puertos de Colombia, a partir del 14 de agosto de 1990; que en virtud de la extinción de dicha empresa, el grupo interno de trabajo para la gestión del pasivo social de dicha empresa del Ministerio de la Protección Social, asumió el manejo y atención de la citada pensión a través del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional —Fopep—; que el pensionado falleció el 6 de abril de 2003; y que el 50% de la pensión de sobrevivientes que a su caso correspondía fue asignada por partes iguales a los menores Andrea Camila, Sergio Ramón y Cindy Carolina Márquez Nossa.

La discusión que subsiste es la correspondiente a la asignación o distribución del restante 50% de la mentada pensión de sobrevivientes, habida cuenta de que, por una parte, la demandante María del Carmen Ramírez de Márquez, aduciendo su condición de esposa conviviente del causante; y, por otra, Nancy Nossa Charry, quien fue convocada al proceso como litis consorte necesaria por pasiva, invocando la condición de compañera permanente hasta la muerte del mismo, lo reclaman cada una y de manera exclusiva para sí. La primera, porque, aparte de mantener vigente el vínculo matrimonial que le ató al causante hasta su muerte, convivió con éste desde 1963 hasta el 6 de abril de 2003; y la segunda, por cuanto desde 1985 y hasta el mismo 6 de abril de 2003 mantuvo vida marital con aquél como su compañera permanente.

Por su parte, el Ministerio de la Protección Social, a través del grupo interno de trabajo ya mencionado, si bien en principio otorgó el referido 50% de la pensión de sobrevivientes a María del Carmen Ramírez de Márquez, posteriormente lo distribuyó así: un 31.25904486% para Nancy Nossa Charry y un 18.74095513% para María del Carmen Ramírez de Márquez. En el recurso, a pesar de los reparos que hace a la demanda de casación, el citado ministerio dice estarse a las resultas del fallo sobre la distribución pensional que corresponda.

El tribunal, se recuerda, revocó el fallo del juzgado que había otorgado el pretendido 50% de la pensión a la demandante y, en su lugar, dispuso que la distribución fuera la que el Ministerio de la Protección Social había determinado. El recurso persigue que al casarse el fallo del tribunal y confirmarse el del juzgado el 50% de la pensión vuelva a ser asignado a la demandante.

Para el juzgador de la alzada, entonces, la demandante acreditó su convivencia con el causante desde la fecha de su matrimonio —jul. 22/74— hasta cuando aquél comenzó su convivencia con Nancy Nossa Charry, quien para el mismo juzgador fuera la compañera permanente hasta sus últimos días —esto es, por apenas 10 años, 9 meses y 15 días, según los actos administrativos del Ministerio de la Protección Social; y la segunda por 18 años—; en tanto, para María del Carmen Ramírez de Márquez su convivencia comenzó en 1963 y culminó el 6 de abril de 2003, cuando Ramón Segundo Márquez Iguarán falleció.

Por otro lado, para el juez de la alzada lo importante fue precisar la convivencia del causante durante los 5 años anteriores a su deceso, pues entendió que la situación particular del proceso encajaba en la descrita por el segundo aparte del segundo inciso del literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, en la forma como modificó el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, “al estar probada la convivencia efectiva de la compañera permanente dentro de los últimos 5 años; y encontrarse acreditada la separación de hecho de la esposa”; en tanto que, para la demandante en las instancias y recurrente en casación, ella convivió con el causante a partir de 1963, y desde 1985 hasta la muerte de aquél de manera simultánea con Nancy Nossa Charry.

Precisados los anteriores aspectos del asunto en estudio procede señalar que los reparos técnicos que se hacen a la demanda de casación, esto es, en cuanto al primer cargo no indicar expresamente la modalidad de violación de la ley e invocar argumentos jurídicos a pesar de orientarse por la vía de los hechos; y al segundo, aludir a medios de prueba no calificados en el recurso, es suficiente decir que en el primer ataque, como ya se ha visto, sí aparece mencionada la causal, la vía de violación de la ley y la modalidad de la misma, por haber incurrido el tribunal en unos particulares errores de hecho al dejar de apreciar determinados medios de prueba. Además, el incluirse algunas expresiones jurídicas, particularmente sobre la norma sobre la cual el tribunal adoptó su decisión, no tiene la fortaleza de restar aptitud al segundo cargo para ser resuelto en casación, pues lo que se requiere para tal efecto, es decir, la indicación de la causal, la vía de violación de la ley, la modalidad de la misma, los errores de hecho que se atribuyen al fallo y los defectos de valoración de singulares medios de prueba, aparecen plenamente satisfechos. Y referirse a medios de prueba no calificados es absolutamente necesario en el cargo cuando quiera que el fallo del tribunal gravita sobre éstos, tal y como aquí ocurrió, eso sí con la carga de acreditarse previamente un desatino mayúsculo respecto de alguno de los que la ley tiene por calificados.

Igualmente, que el relacionar con exclusividad en el primer ataque medios de prueba que se dicen dejados de valorar por el tribunal, y en el segundo de similar manera los que se dicen valorados por el juzgador pero con error, cuando quiera que el fallo del tribunal pareció comprender a unos y otros al afirmar que su decisión la fundaba en la reconstrucción del análisis del material demostrativo aportado y tenido en cuenta por el juzgado y, por ende, lo adecuado hubiera sido su proposición en un mismo ataque y no separadamente, con ello no se demerita la posibilidad de su estudio, habida consideración de que el numeral 3º del artículo 51 del Decreto 2591 de 1991, declarado norma permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998, habilita a la Corte para su integración y resolución en conjunto como aquí se hace.

En consecuencia, en relación con los medios de prueba que se dice fueron apreciados con error o dejados de apreciar por el tribunal, se impone decir que razón le asiste a la censura, pues de su lectura individual, como de su conjunto y complemento lo que ha de concluirse es que está más que acreditada la convivencia del causante Ramón Enrique Márquez Iguarán con María del Carmen Ramírez de Márquez desde diciembre de 1963 hasta su fallecimiento —abr. 6/2003—, como la de éste mismo con Nancy Nossa Charry a partir del año de 1985 y hasta su deceso. Es decir, que durante los últimos 18 años de vida convivió simultáneamente con una y otra y, por tanto, a tal situación fáctica es que hay que aplicar las normas pensionales que correspondan.

En efecto, el interrogatorio de parte absuelto por la demandante no puede ser apreciado en favor de ésta, sino de acuerdo con lo previsto en los artículos 195 y 210 del Código de Procedimiento Civil, en tanto y en cuanto en él reconoce hechos susceptibles de confesión, esto es, que benefician a su contraparte o perjudican a la absolvente, tal el caso de la convivencia del causante con Nancy Nossa Charry (fl. 114, respuestas a preguntas 13ª y 14ª). Y el absuelto por Nancy Nossa Charry deja claro que al lado de su convivencia con el causante éste siempre mantuvo una relación de contacto, afecto, en su propia voz de “cariño, respeto por las años de convivencia o matrimonio que tuvieron y por la relación con sus hijos” con la demandante, al punto que pactó con aquél que las temporadas de navidad las pasará en su compañía y las de año nuevo con el resto de su familia, entre ellos obviamente con quien era su esposa, como también, que adquiriera una casa de habitación para la demandante y sus hijos con un crédito hipotecario del que tuvo directo y pleno conocimiento, dado que ella misma en las últimas épocas fue quien se ocupó del pago de las cuotas respectivas (fls. 115 a 177, respuestas a preguntas 3ª, 5ª, 7ª y 9ª).

El tribunal no mencionó el valor probatorio que le corresponde a los documentos de folios 129 (declaración de beneficiarios provisionales de la pensión de acuerdo a la Ley 44 de 1980) y 134 (formulario para el censo nacional de pensionados de Puertos de Colombia) del cuaderno 2 del expediente, cuando quiera que de los dos fácil es colegir que el causante daba trato de esposa a la demandante por la época en que los suscribió (ago./94 y ene./2000), situación que en manera alguna desconoció Nancy Nossa Charry, pues de forma rotunda así lo confirmó al contestar el tercero de los interrogantes que se le propusieron en su momento (fl. 115), no obstante afirmar que el causante, salvo los viajes habituales con la familia compuesta con la señora Ramírez de Márquez, siempre pernoctó a su lado.

Y los videos que se adosaron a la demanda (serenata de 8 de agosto de 2002, matrimonio el 20 de julio de 2002, cumpleaños el 10 de marzo de 2001, cumpleaños el 23 de octubre de 1997, cumpleaños el 17 de abril de 1998, reunión familiar el 1º de enero de 2000), cuya vista para la Corte no tiene que ser exhaustiva sino simplemente somera para apreciar que en los actos de familia cumplidos por el causante en compañía de María del Carmen Ramírez de Márquez, aquellos dos se dispensaban el trato que es común a la vida de pareja, más aún cuando el transcurrir juntos tantos años dio lugar a la procreación de siete (7) hijos, uno de los cuales falleció. De modo que, el compartir de la manera como aparece en tales documentos, eminentemente representativos de actos propios de un núcleo familiar estable, mediante celebraciones, encuentros, homenajes que denotan los lazos de afecto, respeto, camaradería, apego y demás, constitutivos todos ellos de la vida privada en familia, donde participan las diferentes generaciones que lo conforman en cada uno de los roles que les es reconocido por los demás miembros, como padres, hermanos, hijos, nietos, etc., indubitable resulta advertir que la vida de pareja entre Ramón Segundo Márquez Iguarán y María del Carmen Ramírez de Márquez no sufrió la ruptura definitiva que predicó el tribunal para arribar a la conclusión de que a partir de allí la convivencia de aquél fue exclusiva con Nancy Nossa Charry.

Aun cuando cada uno de los seis (6) registros civiles de nacimiento de los hijos del causante con la demandante, y la partida de bautismo de otro de ellos (fls. 107 a 113 del cdno. 2), individualmente acreditan apenas la paternidad de aquél respecto de cada uno de ellos, lo cierto es que en su conjunto, y sobre la certeza de su acrecentado número, surge sin duda alguna la convicción de que para que ello hubiera ocurrido en verdad desde 1.964, y más precisamente desde diciembre de 1963 según se dijo en su momento por aquél ante su empleador (fl. 136 del Exp.) y ante el Juez Segundo Civil Municipal de Santa Marta (fls. 137 a 140), mantuvo relaciones sentimentales de pareja con quien más adelante sería su esposa, la hoy demandante y recurrente en casación, pues no de otra manera se puede entender el apreciable número de hijos que tuvieron durante las anualidades 1964, 1965, 1966, 1967, 1969, 1970 y 1972. Cuestión similar, por supuesto, a la que ocurriría a partir de 1985 con Nancy Nossa Charry, quien pasaría a ser su compañera permanente en adelante y con quien procrearía tres (3) hijos, constituyéndose así un segundo hogar en la vida de Márquez Iguarán.

Por suerte que, de la sola observación de los medios de prueba calificados en el recurso extraordinario se imponía al juez de la alzada concluir la convivencia del causante, tanto con Nancy Nossa Charry desde 1985, como con María del Carmen Ramírez de Márquez desde diciembre de 1963 a abril de 2003 cuando falleció.

Ahora, si se estudian los testimonios a los que el juzgador echó mano para resolver el conflicto, es decir, los de Franklin Darío Márquez Ramírez, hijo de la demandante y el causante, Mario Andrade Lozano, administrador del conjunto donde reside la actora y David Augusto Escorcia, vecino de la actora, al rompe se advierte que, con independencia del lazo del parentesco que ata al primero con la demandante, el cual obviamente debe observarse bajo la lupa del interés porque le sea reconocido a ésta el derecho pensional, permite reforzar la certidumbre de lo hasta ahora dicho, pues en modo alguno desconoce que su padre también convivió con Nancy Nossa Charry hasta su fatal deceso, la convivencia entre causante y demandante no se vio interrumpida por hecho específico alguno desde diciembre de 1963 hasta el 6 de abril de 2003. El primero por expresarlo mediante el recuento de actos y hechos que son propios a la vida de familia en los que se percibe más allá de los conceptos clásicos de comunidad de techo, lecho y mesa entre esposos, los connaturales al afecto, apoyo, sentido de pertenencia, representación y reconocimiento social que en el amplio espectro de la vida en familia la pareja se debe prodigar; y los segundos, por precisar la conducta del causante como jefe de familia del hogar conformado con María del Carmen Ramírez de Márquez en el entorno donde ésta y sus particulares hijos habitaban, diferente por supuesto al de Nancy Nossa Charry al cual éste atendía de similar manera pero con una distribución de tiempos diferente, entendible desde luego por la necesidad de crianza de sus hijos menores, como de consolidación y permanencia afectiva con su compañera.

Entonces, contrario a lo afirmado por el tribunal, en cuanto a que de las citadas testimoniales “lo único que es posible extraer son relatos fácticos que dan cuenta de la necesidad de la parte actora de apelar a la presencia física del causante en eventos y ocasiones especiales para evidenciar que éste la acompañaba o nunca la abandonó, o que la apoya en sus necesidades de orden económico. Sin embargo son precisamente esos hechos los que muestran lo intermitente y disgregado de la relación de la pareja de casados”, surge inequívoco y protuberante para la Corte que entre María del Carmen Ramírez y Ramón Segundo Márquez Iguarán su convivencia no inició apenas desde la fecha de su matrimonio —jun. 22/74—, sino desde diciembre de 1963 y que éste no abandonó su rol de esposo por el mero hecho de haber asumido el de compañero permanente de Nancy Nossa Charry, pues de los dichos recaudados en el proceso, que el juez de la alzada apreció con error como con todo tino lo alega la recurrente, lo que es dable concluir es que el causante inicialmente convivió con quien más adelante sería su esposa, pero que con el pasar de los años ingresó a su vida a una nueva persona, quien pasaría a ser simultáneamente con aquélla su compañera permanente, manteniendo vigentes los lazos afectivos, de ayuda, socorro, apoyo y demás con ambas hasta el día de su propia muerte, en lo que no es posible desconocer como verdaderas relaciones de familia con vocación de estabilidad y permanencia.

Así las cosas, y sea que sea menester agotar una vista particular sobre todos y cada uno de los medios de prueba que por la recurrente se dicen no apreciados por el tribunal, dado que en últimas lo que hacen es engrosar el argumento de convivencia de la demandante con el causante durante el término antedicho, sin desatender la que cumplida entre éste y Nancy Nossa Charry, habida cuenta de ser representantivos de la conducta desplegada por aquél a lo largo de los años mediante actos propios de la vida en familia, desde la primaria atención de necesidades básicas de esa convivencia hasta su participación afectiva en las celebraciones usuales del hogar, devienen fundados los reproches probatorios formulados en los cargos, de donde cabe impartir la anulación del fallo atacado, como en efecto se dispondrá. Lo anotado se predica de la restante prueba documental que se relaciona en los cargos, específicamente fotografías familiares (fls. 131 y 132 particularmente), recibos y comunicaciones.

XI. Consideraciones de instancia

Teniéndose en el recurso extraordinario por demostrada la comunidad de vida del causante con la demandante desde diciembre de 1963 y a partir de diciembre de 1985 en forma simultánea con Nancy Nossa Charry hasta el 6 de abril de 2003 cuando falleció, procede revocar la sentencia de primera instancia que dispuso conceder el 50% de la pensión de sobrevivientes de que aquí se trata a María del Carmen Ramírez de Márquez a partir del 6 de abril de 2003 hasta cuando los hijos menores del causante pierdan el otro 50% de la dicha pensión de conformidad con la ley, para de ahí en adelante recibir el 100% de la pensión, con sus aumentos legales, mesadas adicionales e indexación de las mesadas causadas y no pagadas.

Y lo dicho es así por cuanto la situación de convivencia ya expuesta, que fue igualmente registrada por el juez de primer grado, lo condujo a disponer que el discutido 50% de la pensión debía serle reconocido a María del Carmen Ramírez de Márquez, habida cuenta de su calidad de ‘esposa’ del causante frente a la de ‘compañera permanente’ de Nancy Nossa Charry, en atención a lo ordenado por el artículo 13 de la Ley 797 de 29 de enero de 2003, inciso tercero, primer aparte, dado que la sentencia de constitucionalidad condicionada de dicha disposición C-1035 de 22 de octubre de 2008 surtió efectos ex nunc, pues la Corte Constitucional no determinó cosa distinta.

Para la Corte, el hecho de que la Corte Constitucional profiriera la Sentencia de Constitucionalidad C-1035 el 22 de octubre de 2008 sin hacer uso de la prerrogativa prevista en el artículo 45 de la Ley 270 de 1996 que la habilitaba para disponer que sus efectos podían producirse ex tunc, esto es, con anterioridad a la fecha de su fallo, no impide que en uso de su facultad y función interpretativa, como máximo órgano judicial ordinario que es y, por ende, como autoridad unificadora de la jurisprudencia del trabajo y de la seguridad social, pueda aseverar que, siendo la citada norma consonante con la Constitución Política en los términos anunciados por la autoridad judicial a quien tal control compete, su verdadera y genuina inteligencia debió corresponder, desde su misma génesis (ene., 29/2003, D.O. 45.079), con una teleología protectora de la familia, en el entendido de que a ésta, como núcleo fundamental de la sociedad que se corresponde en el estado social de derecho, se debe la atención adecuada a su desarrollo integral, lo cual impone siempre observar principios básicos que la rigen como la equidad, la solidaridad y la universalidad, entre otros muchos.

En tal sentido, no siendo los lazos o vínculos mediante los cuales se constituye la familia factores diferenciadores de las relaciones que a su interior se establecen, y siendo por el contrario la igualdad de derechos y deberes los fundamentos de dichas relaciones (C.P., art. 42), emerge incontestable que frente a contingencias o riesgos que la pueden afectar no es dable hacer distinciones entre sus miembros más allá de las que son propias a quienes se encuentran individualmente más expuestas que los demás, ya sea por su edad o por alguna otra condición específica de vulnerabilidad, de donde cabe entender, como así lo asienta en esta oportunidad la Corte, que la pensión de sobrevivientes o, en su lugar, la sustitución pensional cuando fuere del caso, no puede tener por finalidad distinta más que la protección de ese núcleo familiar, cuando quiera que el trabajador o pensionado, que ha sido su sostén económico, fallece.

Y para ello, ante tal infortunio, que sin lugar a equívoco mengua el sostenimiento económico esencial a la familia, al punto que bajo ciertas circunstancias lo puede hasta llegar a eliminar, no es atendible que entre esposo(a) y compañero(a) permanente se haga diferencia para estos efectos atendiendo el lazo o vínculo jurídico que les ataba al causante, por manera que, para la Corte, desde siempre, esto es, desde su vigencia (ene. 29/2003), la dicha disposición debe entenderse que les protege por igual. Así, existiendo simultaneidad en la convivencia, no puede aceptarse que uno de aquellos deba verse como parte de la familia del causante en tanto que el otro no; o que uno tenga un mejor derecho que el otro, pues, frente a aquél, que es lo que interesa a la teleología proteccionista de la norma, en vida se encontraban en similares condiciones en lo atinente a las expresiones de apoyo, ayuda, protección, afecto, etc.

En los antedichos términos resulta plausible para la Corte que en relación con el artículo 13 de la Ley 797 de 29 de enero de 2003, en lo forma como modificó el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, particularmente en cuanto a la situación de sobrevivencia descrita en su literal a), inciso tercero, esto es, en caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes de la muerte del causante entre un cónyuge y un compañero o compañera permanente, los beneficiarios o beneficiarias de la pensión deban ser ambos en proporción al tiempo de convivencia con aquél.

El anterior entendimiento, en sentir de la Corte, no desconoce de ninguna manera los alcances de la Sentencia C-1035 el 22 de octubre de 2008 de la Corte Constitucional, ni los efectos de las sentencias de constitucionalidad a que se refiere el artículo 45 de la Ley 270 de 1996, pues, por una parte, se acompasa con el que diera esa corporación a dicha norma en su función de control de constitucionalidad y, por otra, desarrolla la función interpretativa que cumple esta Sala de casación respecto de la disciplina normativa que le es propia para el cumplimiento de su labor unificadora de la jurisprudencia.

En consecuencia, para el caso en estudio, ni María del Carmen Ramírez de Márquez, ni Nancy Nossa Charry, por haber fallecido Ramón Segundo Márquez Iguarán el 6 de abril de 2003, en vigencia de la Ley 797 de 29 de enero de 2003, tienen un derecho de sobrevivencia excluyente, por ser la primera, esposa de éste y, la segunda, su compañera permanente, sino cosa bien diferente, un derecho compartido a la pensión de sobrevivientes causada con su muerte en proporción al tiempo de convivencia efectiva con aquél.

Así, como lo establecido para la primera fueron 39. 3 años aproximadamente (de diciembre de 1963 al 6 de abril de 2003) y para la segunda 17.3 años aproximadamente (de diciembre de 1985 al 6 de abril de 2003), el 50% del derecho pensional en discusión debe establecerse en los siguientes porcentajes: 38.9948% para María del Carmen Ramírez de Márquez y el restante 11.0052% para Nancy Nossa Charry.

En los antedichos términos se revocará la decisión de primer grado para, en su lugar, condenar a la demandada al pago de la pensión de sobrevivientes. Las excepciones propuestas se entienden así resueltas.

Sin costas en el recurso extraordinario. Tampoco en las instancias, habida consideración del trazado jurisprudencial aquí establecido.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá el 9 de septiembre de 2010, dentro del proceso adelantado por María Del Carmen Ramírez de Márquez contra la Nación —Ministerio de la Protección Social, grupo interno de trabajo para la gestión del pasivo social de la Empresa Puertos de Colombia— y Nancy Nossa Charry, llamada como litisconsorte necesaria por pasiva. En sede de instancia, REVOCA la dictada por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Descongestión de Bogotá el 30 de junio de 2009 para, en su lugar, CONDENAR a la Nación —Ministerio de la Protección Social, grupo interno de trabajo para la gestión del pasivo social de la Empresa Puertos de Colombia— a reconocer y pagar a María Del Carmen Ramírez de Márquez la pensión de sobrevivientes causada por la muerte de Ramón Segundo Márquez Iguarán en un 38.9948%, y a Nancy Nossa Charry en un 11.0052%, en forma vitalicia y a partir del 6 de abril de 2003 hasta que los hijos menores del causante pierdan su derecho ya reconocido conforme a la ley, momento en que se incrementará para cada beneficiaria en la misma proporción a la asignada hasta completar el 100% de aquélla. Prestación que se reconocerá y pagará con las mesadas adicionales de junio y diciembre de cada anualidad desde la indicada fecha, y las mesadas ya causadas, debidamente indexadas conforme a la fórmula VH x IFn/IIn (valor histórico por IPC (índice de precios al consumidor) inicial sobre IPC final, certificado por el DANE), hasta su pago efectivo. ABSUELVE en lo restante.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen».