Sentencia 4997 de diciembre 13 de 1993 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

SILENCIO ADMINISTRATIVO

REQUISITOS

EXTRACTOS: «Considera conveniente la Sala hacer un análisis del fenómeno del silencio administrativo para precisar cuándo produce efectos en derecho.

Interesa al orden legal que las situaciones jurídicas de los administrados establecidas, extinguidas o declaradas por actos administrativos tengan consolidación o certeza. Precisamente para evitar que las situaciones jurídicas ante la administración carezcan de esta seguridad necesaria o que permanezcan sin definir en el tiempo, estableció el legislador términos precisos para que la administración se pronunciara oportunamente sobre las peticiones o recursos que ante ella se interpusieran.

También previó la inercia de la administración en algunas ocasiones, y entonces para evitar la falta de definición de las situaciones jurídicas consagró la figura del silencio de la administración dándole un efecto jurídico con el objeto de facilitar al administrado la concreción de su derecho.

Fue así como en el artículo 40 del Decreto 01 de 1984, presumió que si transcurrido el plazo señalado por la ley para atender una petición, sin que la administración notificara decisión que la resolviera, se entiende que ésta es negativa.

Es decir consagra como norma general el silencio administrativo de efectos negativos.

Igualmente en materia de recursos gubernativos previó en el artículo 60 ibídem, el silencio administrativo de efectos negativos cuando transcurrido el plazo de dos meses, contado a partir de la fecha de interposición de los recursos, no se haya notificado decisión expresa sobre ellos. Habilitando así al administrado para acudir ante la jurisdicción en busca de la definición del derecho negado por la administración.

Señaló también en el artículo 41 del mismo Decreto 01 de 1984 que solamente en los casos expresamente previstos en disposiciones especiales, el silencio de la administración equivale a decisión positiva.

Como claramente lo ha precisado la jurisprudencia para que el silencio administrativo pueda producir efectos jurídicos deben darse dos circunstancias:

a) Que la administración deba, de acuerdo con la ley, hacer o decidir algo en un término preciso.

b) Que el término transcurra sin que la administración actúe.

Para que se cumpla la primera de las condiciones anotadas frente a un acto administrativo de contenido particular, es indispensable que el interesado dé a la administración la oportunidad de que analice de fondo el acto recurrido y que se pronuncie sobre el mismo, porque si la administración no decide, no porque no quie-ra, sino porque está imposibilitada para avocar el conocimiento de fondo de la cuestión planteada, en razón de la falta de cumplimiento por parte del recurrente de los requisitos que le permiten a éste el acceso a la vía gubernativa, no puede exigírsele que decida o falle, pues tal circunstancia le impide adentrarse en el fondo de la cuestión debatida.

Menos aún puede pretenderse que quede, en virtud del silencio administrativo, fallado en fa-vor del contribuyente un reclamo o petición, cuando válidamente tal petición no se formuló, o por lo menos no se dio a la administración la oportunidad de pronunciarse sobre ella.

En consecuencia para que se produzca el silencio de la administración, con efecto positivo, ha de partirse del supuesto legal de que el interesado formuló su petición o recurso en forma tal que imponía a la administración el deber legal de pronunciarse sobre ella, pero si el funcionario ante quien se interpone no es competente, la solicitud es extemporánea, o no se cumplen los demás requisitos que exijan las normas pertinentes, no se produce el silencio administrativo».

(Sentencia de diciembre 13 de 1993. Expediente 4997. Consejera Ponente: Dra. Consuelo Sarria Olcos).

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