Sentencia 4997 de octubre 8 de 1998 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente:

Dr. Juan Alberto Polo Figueroa

Ref: Exp. 4997

Decretos del gobierno

Actor: Luis Fernando Cano Taborda.

Santafé de Bogotá, D.C., ocho de octubre de mil novecientos noventa y ocho.

Agotado el trámite previsto por la ley para el procedimiento ordinario, la Sala decide, mediante sentencia de única instancia, el proceso a que ha dado lugar la demanda que, en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 84 del CCA, ha promovido el ciudadano Luis Fernando Cano Taborda, tendiente a obtener la nulidad de un aparte del artículo 53 del Decreto 3788 de diciembre 31 de 1986, por medio del cual se reglamenta la Ley 30 de 1986.

(...)

Consideraciones de la Sala

1. Competencia de la Sala

No comparte la Sala el criterio del señor procurador noveno delegado en el sentido de que artículo 53 del Decreto 3788 de 31 de diciembre de 1986 debe entenderse derogado por el artículo 8º del Decreto 2894 de 1990, en la medida de que este no modificó los casos en que para hacer gestiones ante el Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil se requería el certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes, cuando, por el contrario, lo único que hizo fue ampliar en abanico de posibilidades para su obtención, al establecer que se podría solicitar en cualquier tiempo sin necesidad de demostrar la realización de una operación o negociación específica. En otras palabras, cualquier persona, aún sin necesidad de tener que adelantar gestiones ante el Instituto de Comercio Exterior, el Ministerio de Salud o Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil, podía solicitar dicho certificado sin necesidad de comprobar que iba a importar, exportar, vender o comprar, etc., pero sin que ello pueda decirse que para solicitar tal certificado no fuera menester cumplir, por lo menos, los requisitos que señala el artículo 51 del Decreto 3788 de 1986.

Tampoco comparte el concepto del señor apoderado de la Dirección Nacional de Estupefacientes, según el cual, mediante el artículo 82 del Decreto-Ley 2150 de 1995, por medio del cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios, se derogó tácitamente el literal d) del artículo 53 del Decreto 3788 de 1986.

Esta última norma dispone:

“ART. 82.—Expedición del certificado. El certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes se expedirá por la Dirección Nacional de Estupefacientes con destino a las siguientes entidades y exclusivamente para los fines previstos en este artículo:

“1. Con destino a la unidad administrativa especial de Aeronáutica Civil para:

a) La importación de aeronaves;

b) La adquisición del dominio o cambio de explotador de aeronaves, aeródromos, pistas y helipuertos;

c) La construcción, reforma y permiso de operación de aeródromos, pistas o helipuertos;

d) La obtención o renovación del permiso de operación de empresas de servicios aéreos comerciales, escuelas y aeroclubes;

e) La obtención o renovación del permiso de funcionamiento de talleres aronáuticos y empresas de servicios aeroportuarios;

f) La aprobación de nuevos socios o el registro de la cesión de cuotas de interés social, y

g) El otorgamiento de licencia del personal aeronáutico.

...

PAR.—En ningún caso se solicitará o expedirá el certificado sobre carencia de informes sobre narcotráfico a entidades, organismos o dependencias de carácter público o a quienes lo soliciten sin fin específico”.

Como se observa, esta disposición no señala requisitos para la obtención del certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes, sino que introduce algunas modificaciones al artículo 93, literal f) de la Ley 30 de 1986, cuestión distinta a la derogación tácita del literal d) del artículo 53 del Decreto 3788 de 1986. Más aún, el artículo 84 del Decreto 2150 de 1995, que se refiere a “requisitos” con el fin de expedir el certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes, establece que no se podrán exigir algunos requisitos, que allí se enuncian, pero sin referirse a la presentación de declaraciones de renta o a la escritura de compra de la aeronave, para efectos del registro respectivo.

Lo pertinente, en consecuencia, es proceder al examen de los cargos formulados contra el acto demandado.

2. Examen de los cargos

2.1. Previamente al examen de la eventual violación del artículo 84 de la Constitución, la Sala estima pertinente abocar el estudio del cargo relativo al supuesto exceso en el ejercicio de la potestad reglamentaria por parte del Presidente de la República, en la medida de que si éste no estableció requisito adicionales para el ejercicio de un derecho, la pretendida transgresión del canon constitucional citado resulta irrelevante.

El literal f) del artículo 93 de la Ley 30 de 1986, que consagra la expedición de dicho certificado por la oficina de estupefacientes del Ministerio de Justicia como requisito para adelantar determinadas actividades ante el Departamento de Aeronáutica Civil, es del siguiente tenor:

“ART. 93.—La oficina de estupefacientes del Ministerio de Justicia hará las veces de secretaría ejecutiva del consejo, para lo cual cumplirá las siguientes funciones:

“...

“f) Expedir el certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes en un plazo máximo de sesenta (60) días transcurrido el cual se entenderá resuelta favorablemente la solicitud y por consiguiente se expedirá éste a las personas que adelanten trámites ante el Departamento de la Aeronáutica Civil en forma particular o como miembro de empresas, para lo siguiente:

“1. Importación de aeronaves.

“2. Adquisición del dominio o cambio de explotador de aeronaves. Este certificado deberá expedirse en el término máximo de diez (10) días, vencido el cual, si no hubiese sido expedido, se entenderá resuelta favorablemente la solicitud. El interesado deberá presentar con éste su cédula de ciudadanía si es persona natural o el certificado de constitución y gerencia si fuere persona jurídica” (destaca y subraya a la Sala).

“...”.

De la lectura de esta norma se establece con certeza, que:

a) No corresponde a la realidad la afirmación del actor de que para efectos de la obtención del certificado de carencia de informes, “el legislador previó que bastaría con la presentación del documento de identidad”. La norma transcrita indica que para adelantar trámites ante la Aeronáutica Civil en relación con “adquisición del dominio o cambio de explotador de aeronaves” se requiere presentar el certificado de carencia de informes por narcotráfico (éste) junto con la cédula de ciudadanía cuando se trate de persona natural.

b) Tampoco señaló la ley, sea en el artículo 93 o en cualquiera otro, los requisitos para solicitar el certificado mencionado.

c) La ley no circunscribe la obligación de presentar el certificado a quien enajena una aeronave sino que la impone en relación con la adquisición de aeronaves; y quien adquiere es la persona a quien se transfiere el dominio de la misma, generalmente el comprador.

En la ley no se condiciona la tradición de las aeronaves. Esta se rige por las disposiciones del Código de Comercio, el cual, mediante el artículo 1427, prescribe que los actos o contratos que tengan por objeto la constitución de derechos reales sobre aeronaves se perfeccionan por escritura pública; pero su tradición requiere de su inscripción en el registro aeronáutico nacional y de la entrega material de la aeronave.

Al registro aeronáutico nacional se refiere el artículo 1792 del mismo estatuto; y a los requisitos para el registro, el artículo 1795 ibídem, conforme al cual “Para matricular una aeronave se cumplirán los requisitos establecidos por los reglamentos”.

2.2. El texto del aparte acusado, reza:

“ART. 53.—Cuando el certificado se destine al Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil, se requerirá además de lo indicado en el artículo 51 de este decreto:

“...

“d) El comprador de aeronave deberá acreditar su capacidad económica con las declaraciones correspondientes a los últimos cinco años y adjuntar la respectiva escritura de compra”.

“...”.

Como se aprecia, esta disposición reglamentaria provee a señalar los requisitos para la obtención del certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes para adelantar gestiones ante la Aeronáutica Civil, que la Ley 30 de 1986 no señala. De suerte que no establecidos por ésta tales requisitos bien podía hacerlo el decreto reglamentario. Podía, además, el reglamento crear nuevos requisitos para efectos del registro de derechos reales ante dicha entidad, pues es al reglamento al que corresponde señalarlos, según lo dispone el artículo 1795 del Código de Comercio y lo ha aceptado respecto de cualquier ley reglamentable, la jurisprudencia de esta sección.

En tales condiciones, no puede sostenerse válidamente que el Gobierno Nacional, con la expedición del Decreto 3788 de 1986, y más concretamente del literal d) del artículo 53 se excedió en el uso de la facultad reglamentaria, pues al señalar los requisitos para obtener el certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes no hizo cosa distinta a proveer, para su debida aplicación, sobre la exacta observancia de la Ley 30 de 1986, que creó dicho certificado, y ello es de la esencia del reglamento.

De lo anterior fluye que carece de fundamento el cargo de violación del artículo 84 de la Constitución, en la medida de que ni ley reguló los requisitos para la obtención del certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes, ni el reglamento contenido en el acto acusado agregó exigencias o requisitos adicionales a los señalados por la ley para poder solicitarlo.

En el mismo orden de ideas, no corresponde a la realidad jurídica que por constituir el certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes un condicionamiento del ejercicio de las libertades públicas, sólo la ley pueda señalar los requisitos para su obtención. Porque si bien se miran los requisitos para adelantar gestiones ante la Aeronáutica Civil, la exigencia de presentar la copia de la escritura de compra de la aeronave cuya adquisición se pretenda registrar, en un requisito cuyo señalamiento corresponde al reglamento, al tenor del artículo 1795 del Código de Comercio.

De otra parte, no es exacto como lo afirma el actor, que el propósito de la Ley 30 de 1986 haya sido el de “someter la competencia para adquirir aeronaves a una condición”. Lo que pretendió fue evitar la adquisición y el registro de aeronaves por personas comprometidas en el narcotráfico, pues quien precisamente registra el derecho real de dominio es el adquirente y no el vendedor. En ello no hay ataque alguno a la seguridad jurídica, porque quien compra un aeronave sabe de antemano que a él —no a la aeronave ni al vendedor— se le exigirá la prueba de que carece de antecedentes sobre narcotráfico.

Finalmente, no se aprecia por la Sala cómo el establecimiento de requisitos para obtener el aludido certificado pueda atentar contra la “transparencia de la actividad administrativa”, siendo que, por el contrario, lo que se persigue con los requisitos establecidos para solicitar el certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes es asegurar que en la negociación no intervengan personas dedicados a dicha actividad ilícita. Y no puede sostenerse con una brizna de razón, que la disposición acusada obliga a realizar operaciones a ciegas, a que se celebren negocios sin conocer su viabilidad, puesto que es el comprador, el aquirente, a quien se le exige el certificado, quien más conoce su situación personal y económica.

La necesaria consecuencia de lo que viene analizado no puede ser otra que la denegación de las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DENIÉNGANSE las pretensiones de la demanda.

2. DEVUÉLVASE a la parte actora el depósito constituido para gastos ordinarios del proceso, por no haberse utilizado.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

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