Sentencia 5-2001 de septiembre 23 de 2010

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCION “A”

Ref.: Expediente 005-2001

Rad. 004-2001; 006-2001 y 009-2001 (acumulados)

Consejero Ponente:

Dr. Luis Rafael Vergara Quintero

Actor: Bavaria S.A. y Malterías de Colombia

Demandado: Nación - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Autoridades nacionales

Bogotá, D.C., veintitrés de septiembre de dos mil diez.

Se deciden las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho acumuladas mediante auto de 24 de enero de 2007, iniciadas por Bavaria S.A. y Malterías de Colombia S.A., contra la Nación - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que tienen como fundamento la declaración de nulidad de la inscripción en el registro sindical de las juntas directivas de las diferentes subdirectivas del sindicato nacional de trabajadores de la empresa Bavaria S.A. y sus filiales “Sinaltrabavaria”.

EXTRACTOS: «Consideraciones

En los presentes asuntos acumulados, se debe realizar el estudio de legalidad de los siguientes actos administrativos, todos expedidos por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social:

1) En el Proceso 004-2001, la Resolución 2027 de 12 de septiembre de 2000, a través de la cual se revocaron dos actos administrativos y se ordenó inscribir en el registro sindical las juntas directivas del sindicato de trabajadores de Bavaria S.A. y sus filiales, seccional litoral, elegidas el 16 de julio de 1999 y el 30 de enero de 2000.

2) En el Proceso 005-2001, la Resolución 2025 de 12 de septiembre de 2000, mediante la cual se revocaron dos actos administrativos y se ordenó inscribir en el registro sindical las juntas directivas de la subdirectiva sindical Maltería de Bogotá del sindicato de trabajadores de Bavaria S.A. y sus filiales “Sinaltrabavaria”, elegidas el 24 de julio de 1999 y el 12 de febrero de 2000.

3) En el Proceso 006-2001, la Resolución 2029 de 12 de septiembre de 2000, por medio de la cual se revocó un acto administrativo y se ordenó inscribir en el registro sindical la junta directiva de la subdirectiva sindical de Colenvases de “Sinaltrabavaria”, elegida el 12 de febrero de 2000.

4) En el Proceso 009-2001, la Resolución 2028 de 12 de septiembre de 2000, por la cual se revocó un acto administrativo y se ordenó inscribir en el registro sindical la junta directiva de “Sinaltrabavaria” seccional dirección y ventas, elegida el 30 de enero de 2000.

Consideraciones sobre las excepciones propuestas

Antes de decidir el fondo del asunto planteado en cada una de las demandas, procede la Sala a pronunciarse sobre las excepciones propuestas por el sindicato nacional de trabajadores de Bavaria S.A. y sus filiales “Sinaltrabavaria” como tercero interviniente, en los procesos: 1. 005-2001 (fl. 357); 2. 006-2001 (fl. 345); y 3. 009-2001 (fl. 379).

Se propusieron, i) una indebida acumulación de pretensiones por cuanto la acción pertinente era la de simple nulidad, ya que los actos demandados no le crearon a la empresa demandante ninguna situación concreta y particular, que lo legitimara para interponer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho; ii) carencia y falta de identidad del acto administrativo demandado porque de ser procedente las acciones interpuestas, los actos acusados debieron ser demandados con otros integrando un acto complejo; iii) falta de integración de litis consorcio necesario, por no haberse citado a todos los afiliados del sindicato de trabajadores de Bavaria y en especial a los elegidos en las juntas directivas de las diferentes subdirectivas; iv) intervención de terceros, puesto que debió ser citado el representante para Colombia de la OIT, quien hizo unas recomendaciones a la controversia surgida entre las partes; v) incompetencia, en razón a que unas pretensiones planteadas en las demandas deben ser resueltas por la jurisdicción ordinaria laboral (L. 50/90, art. 55); y vi) falta de causa, porque no es posible que la jurisdicción de lo contencioso administrativo defina la existencia de fueros convencionales.

Sobre la indebida acumulación de pretensiones: de acuerdo con el planteamiento expuesto, se deduce que la excepción que se propone es la indebida escogencia de la acción.

Como en todos los procesos acumulados, las resoluciones demandadas ordenaron inscribir en el registro sindical las juntas directivas de algunas subdirectivas del sindicato de trabajadores de la empresa Bavaria S.A., es claro que la materia contenida en ellos incumbe exclusivamente al sindicato como consecuencia de la actividad sindical de su organización. Sin embargo, no se puede desconocer que existe una relación jurídica directa entre esta y el sindicato “Sinaltrabavaria”, por eso hizo bien el ministerio en notificar todas las resoluciones demandadas a la empresa; y si esta considera que los efectos jurídicos de esos actos además de transgredir el ordenamiento jurídico le vulneran un derecho, el asunto puede ser debatido a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho(4).

Sobre la carencia y falta de identidad del acto administrativo demandado: La revocatoria directa es una de las formas de extinción de los actos administrativos, mediante la cual la administración decide, de oficio o a petición de parte, eliminar del mundo jurídico un acto anterior, mediante una actuación posterior autónoma e independiente. La revocatoria de los actos se asocia como una forma de autocontrol de la misma administración, como consecuencia del examen que realiza sobre sus propias decisiones, fundándose para ello en unas causales taxativas consagradas en la ley (CCA., art. 69).

En consecuencia, la pretensión de nulidad en cada una de las demandas estuvo bien dirigida al demandarse solamente las resoluciones que resolvieron la solicitud de revocatoria directa, en las que se ordenó la inscripción de unas subdirectivas del sindicato “Sinaltrabavaria”, entre otras cosas, porque los actos revocados jurídicamente, perdieron fuerza ejecutoria, y por tanto no hay posibilidad de integrarlos con la decisión que se revisa.

Sobre la falta de integración de litis consorcio necesario: El Código Sustantivo del Trabajo dispone en su artículo 364 que toda organización sindical de trabajadores, por el solo hecho de su fundación y a partir de la asamblea constitutiva, goza de personería jurídica, sujeta de derechos y capaz de contraer obligaciones, y por consiguiente en los presentes procesos no es necesaria la vinculación de los afiliados al sindicato, toda vez que quien realizó la solicitud de inscripción de cada una de las juntas directivas, fue la organización sindical con personería jurídica “Sinaltrabavaria”, quien representa su propio interés y el de sus afiliados.

Lo anterior, sin perjuicio del derecho que le asiste a todo afilado para hacerse parte en los procesos, conforme a los artículos 52 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, situación que no aconteció en el sub lite, por cuanto ninguno hizo manifestación al respecto.

Sobre la intervención de terceros: la Sala observa que en cuanto al representante de la OIT para Colombia, quien manifestó unas recomendaciones sobre las controversias planteadas, no es obligatoria su concurrencia a los procesos por no tener la calidad de parte en la acciones interpuestas, además no se evidencia que pueda resultar afectado con el contenido de las decisiones que se profieran.

Sobre la incompetencia y falta de causa

Del confuso planteamiento de esta excepción, infiere la Sala que se propone en virtud de que una de las normas sustanciales presuntamente violadas, artículo 55 de la Ley 50 de 1990, regula una materia propia de la jurisdicción ordinaria, que tiene que ver con las directrices legales para las directivas seccionales de un sindicato e indirectamente con algún fuero sindical.

A la jurisdicción de lo contencioso administrativo se le asignó la competencia para juzgar todos los actos administrativos y ejercer el control de legalidad de los mismos, frente cualquier norma superior, sin importar la materia que regule. Las acciones propuestas están encaminadas a restablecer el orden jurídico que se estima infringido con los actos de inscripción de las juntas directivas de las seccionales sindicales, pretensiones que de tener éxito solo pueden estar referidas a la nulidad de dichas inscripciones. No se va a juzgar el fuero de las directivas sindicales, pues si bien ello deviene del carácter de ser miembro de una junta directiva, la contienda sobre la legalidad o no de su conformación e inscripción corresponde al juzgamiento de un acto de la administración y no al desconocimiento de la prerrogativa de un fuero sindical.

Consideraciones sobre los cargos planteados en las demandas

Sobre la violación de los artículos 14, 28, 34, 35, 73 y 74 del Código Contencioso Administrativo, en concordancia con el artículo 29 de la Constitución Política

Acusa que en razón a la solicitud de revocatoria directa hecha por la organización sindical “Sinaltrabavaria”, con el fin de que desaparecieran los actos administrativos que negaron la inscripción de cada una de la juntas directivas, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se encontraba en la obligación de citar a la empresa Bavaria S.A., para que hiciera valer sus derechos dentro de las respectivas actuaciones, derechos e intereses de los que la empresa demandante era titular, máxime cuando había participado en cada una de las actuaciones administrativas que inicialmente negaron la inscripción. Agrega que la entidad demandada para revocar dichas resoluciones debió pedir el consentimiento expreso de la empresa demandante, por ser la titular de los derechos allí contenidos.

La revocatoria directa “es el mecanismo por el cual un acto administrativo, sea que esté o no en firme, es suprimido o sustituido por el mismo organismo que lo expidió, mediante una decisión de signo o sentido contrario, tomada por fuera de las etapas propias del procedimiento administrativo y en virtud de causales expresas y especialmente señaladas por la ley”(5).

El Código Contencioso Administrativo establece en su artículo 69 las causales de revocatoria directa, de la siguiente manera:

“ART. 69.—Causales de revocación. Los actos administrativos deberán ser revocados por los mismos funcionarios que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.

2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.

3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona”.

Comprobada una de las causales descritas es posible la revocatoria directa de los actos administrativos, de oficio o a petición de parte. En relación con los actos de carácter particular y concreto el Código Contencioso Administrativo señala:

“ART. 73.—Revocación de actos de carácter particular y concreto. Cuando un acto administrativo haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular.

Pero habrá lugar a la revocación de esos actos, cuando resulten de la aplicación del silencio administrativo positivo, si se dan las causales previstas en el artículo 69, o si fuere evidente que el acto ocurrió por medios ilegales.

Además, siempre podrán revocarse parcialmente los actos administrativos en cuanto sea necesario para corregir simples errores aritméticos, o de hecho que no incidan en el sentido de la decisión (destacado fuera de texto).

Podrá ser revocado un acto que ha creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, cuando se ha obtenido el consentimiento expreso del respectivo titular.

Cuando se trata de la conformación de las juntas directivas de cada una de las subdirectivas de una organización sindical, no se está creando o modificando una situación jurídica particular y concreta o reconociendo un derecho de igual categoría al empleador, porque las subdirectivas son órganos internos del sindicato, es decir, los actos de inscripción en el registro sindical de la conformación de la Juntas son actos de carácter particular, que modifican únicamente la estructura interna de la asociación sindical.

Al tratarse de la inscripción de diferentes juntas directivas de un sindicato como “Sinaltrabavaria”, la autoridad competente para autorizarlas no tenía la obligación jurídica de vincular a la empresa Bavaria, porque la solicitud de inscripción de una junta sindical, prima facie, no vislumbra una afectación de los intereses de la empresa, entre otras cosas, porque los sindicatos tienen derecho a elegir libremente a sus representantes (convenio 87 de la OIT).

En resumen, como los actos revocados no crearon, modificaron o reconocieron ningún derecho a la empresa Bavaria, no era exigible su consentimiento; y al no tener un interés directo al inicio de la actuación administrativa de la solicitud de revocatoria, la autoridad competente no tenía el deber jurídico de citarla.

Lo anterior, sin perjuicio del derecho de la empresa a que se le notificaran las decisiones que revocaron la inscripción, como en efecto se hizo, de acuerdo con el artículo 5º del Decreto 1194 de 1994, que prescribe: “... La providencia mediante la cual se ordena o no la inscripción, debidamente motivada, deberá notificarse al representante legal de la organización sindical, a quienes hayan suscrito la respectiva solicitud, y al empleador o empleadores correspondientes”.

El artículo 74 del Código Contencioso Administrativo, dispone que para que proceda la revocación de actos de carácter particular y concreto se adelantará la actuación administrativa conforme al artículo 28 y concordantes del mismo código. Este artículo exige que cuando la actuación administrativa sea iniciada de oficio y se desprenda que hay particulares que puedan resultar afectados en forma directa, a estos se les debe comunicar la existencia de la actuación y objeto de la misma, e igualmente en dichas actuaciones debe darse aplicación a los artículos 14, 34 y 35 del Código Contencioso Administrativo.

Se observa que las revocatorias directas no fueron iniciadas de oficio por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sino por solicitud del sindicato que elevó peticiones de revocatoria de cada uno de los actos que habían negado la inscripción en el registro sindical, por esta razón no son aplicables para este caso los artículos mencionados.

Sobre la violación del artículo 70 del Código Contencioso Administrativo

Argumenta que con los recursos interpuestos por la empresa en la vía gubernativa, no podía posteriormente el sindicato solicitar la revocatoria directa, tal y como lo ordena el artículo 70 del Código Contencioso Administrativo.

Este artículo señala:

“ART. 70.—Improcedencia. No podrá pedirse la revocación directa de los actos administrativos respecto de los cuales el peticionario haya ejercitado los recursos de la vía gubernativa”.

No es procedente la revocatoria directa cuando el mismo solicitante, y no otro, hubiere interpuesto los recursos en la vía gubernativa, regla que no se violó en el presente caso porque el sindicato “Sinaltrabavaria”, fue el que formuló directamente la solicitud de revocatoria de las resoluciones anteriores que habían negado el derecho, en cuya actuación la asociación sindical nunca interpuso los recursos de la vía gubernativa. Quien no podía solicitar la revocatoria directa era la empresa Bavaria, porque esta sí interpuso los recursos de reposición y apelación, contra las primeras decisiones que negaron la inscripción, consiguiendo una decisión contraria y adversa para el sindicato.

Sobre la violación de los artículos 50, 51, 59, 62, 63 y 66 del Código Contencioso Administrativo

Afirma que los actos que resolvieron los recursos interpuestos por la empresa, dentro de la primera actuación administrativa, por medio de los cuales se negaron las inscripciones de las juntas, habían cobrado lo que jurisprudencial y doctrinariamente se conoce como “fuerza de cosa juzgada administrativa” o “autoridad de cosa decidida”.

La cosa juzgada se predica de las decisiones judiciales y no de los actos administrativos, de los cuales se establece su firmeza en los términos del artículo 62 del Código Contencioso Administrativo. La firmeza que adquieren los actos administrativos no excluye el derecho a ejercer la revocatoria directa, dado que según lo señalado en el artículo 71 del mismo código, este mecanismo excepcional podrá darse en cualquier tiempo, “inclusive en relación con los actos en firme”, siempre y cuando se dé una de las causales del artículo 69 ibídem.

Alega la empresa Bavaria que el ente demandado al resolver nuevamente la petición de inscripción, que se hizo mediante la revocatoria directa, desconoció lo dispuesto en los artículos 51 y 63 del Código Contencioso Administrativo, toda vez que respecto a los actos en que el ministerio se abstuvo de inscribir cada una de las juntas directivas, el sindicato dejó de recurrirlos, optando por solicitar la revocatoria directa, cuando contra ellos procedían los recursos de reposición y apelación, siendo este último obligatorio.

Como ya se anotó en el desarrollo del cargo anterior, en relación con el artículo 70 del Código Contencioso Administrativo, precisamente la solicitud de revocatoria directa cuando se haga por solicitud de parte es procedente siempre y cuando el peticionario no haya hecho uso de los recursos establecidos en el artículo 50 del Código Contencioso Administrativo.

Sobre la violación del artículo 55 de la Ley 50 de 1990

Dice la parte actora que los actos acusados permitieron las inscripciones de las juntas directivas de unas seccionales sindicales que operan en el mismo domicilio principal del sindicato, al tiempo que admitieron más de una subdirectiva o seccional sindical en un mismo municipio, en contravía del artículo 55 de la Ley 50 de 1990.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido clara en expresar que no obstante el carácter fundamental de la libertad sindical y del derecho de asociación sindical, estos no ostentan un carácter absoluto, por cuanto la misma Carta Fundamental en su artículo 39, condiciona el ejercicio de dicha libertad y derecho a que su estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se sujeten al orden legal y a los principios democráticos(6).

En este contexto se expidió la Ley 50 de 1990, que en su artículo 5º, dispuso:

“Directivas seccionales. Todo sindicato podrá prever en sus estatutos la creación de subdirectivas seccionales, en aquellos municipios distintos al de su domicilio principal y en el que tenga un número no inferior a veinticinco (25) miembros. Igualmente se podrá prever la creación de comités seccionales en aquellos municipios distintos al del domicilio principal o el domicilio de la subdirección y en el que se tenga un número de afiliados no inferior a doce (12) miembros. No podrá haber más de una subdirectiva o comité por municipio” (destacado de la Sala).

Este precepto permitió la creación de subdirectivas y comités seccionales solo en municipios distintos a aquel donde tuviere domicilio principal la organización sindical. Así mismo, puntualizó que no podrá haber más de una subdirectiva o comité en un mismo municipio. Esta norma fue declarada exequible por la Corte Constitucional, en los siguientes términos:

“... Permitir la creación de subdirectivas y comités seccionales, en aquellos municipios distintos al del domicilio principal del sindicato, e indicar que no podrá haber más de una subdirectiva o comité por municipio, apenas impone unos requisitos mínimos e indispensables para el normal funcionamiento y organización de un sindicato, que permiten ampliar su campo de acción y así garantizar los derechos de asociación y libertad sindical, así como el de participación de quienes lo integran.

Cabe observar, que las normas acusadas acogen una perspectiva descentralizadora en beneficio de la representación de los trabajadores, que tiende “a dar una mayor garantía al derecho de asociación y al principio de libertad sindical, y a la modernización de las instituciones del derecho colectivo del trabajo”(7).

Además, en cuanto a que no pueda existir más de una subdirectiva o comité por municipio, debe señalarse que el derecho de participación democrática en las organizaciones sindicales no puede soportarse en la simple existencia de un gran número de directivas o comités seccionales en un mismo municipio, lo que podría entorpecer su normal funcionamiento, sino en garantizar la real y efectiva participación de todos los trabajadores en las decisiones que los afectan y en la defensa de sus intereses comunes, lo que se logra con la posibilidad de crear una subdirectiva o comité por municipio y en un lugar distinto al del domicilio principal del sindicato”(8).

Las secciones Primera(9) y Segunda(10) del Consejo de Estado, con base en un criterio de la Sala de Consulta y Servicio Civil(11), han determinado que todos los estatutos de las organizaciones sindicales, contrarias al artículo 55 de la Ley 50 de 1990, deben adaptarse a esta y a sus reglamentos, pues las normas laborales por ser de orden público, producen efecto general e inmediato de acuerdo con los artículos 14 y 16 del Código Sustantivo del Trabajo. En estos mismos fallos y con base en el mismo criterio jurisprudencial, se señaló que solamente puede efectuarse la inscripción de las juntas de las subdirectivas seccionales sindicales, en el registro correspondiente, cuando se cumplan los requisitos previstos en la Ley 50 de 1990 y sus reglamentos.

Del literal a) del artículo 46 de la Ley 50 de 1990, se infiere que los estatutos de las asociaciones sindicales en todo momento deben estar sujetos a la ley y por tanto el ministerio antes de inscribir cualquier junta sindical, debe confrontar si las disposiciones estatutarias que sirven de fundamento, respetan o no las limitaciones contenidas en el artículo 55 de la Ley 50 de 1990.

En todas las resoluciones acusadas, se expresa lo siguiente:

“(...).

Comoquiera que la primera inconformidad expuesta por el actor hace referencia expresa a la estipulación consagrada en el artículo cuarto de los estatutos que rigen la organización sindical, destacando que dicha norma fue debidamente aprobada por este ente ministerial, poniendo de presente la primacía de la presunción de legalidad, siendo pertinente mencionar sobre este particular que el artículo 4º de los estatutos de “Sinaltrabavaria”, así como la denominación que posteriormente adopte, mantendrá la existencia de las seccionales de conformidad con la cláusula de la convención colectiva de trabajadores que señala: ‘La empresa reconocerá el fuero sindical a todas las directivas seccionales de Sinaltrabavaria en el país, aún cuando en un mismo municipio exista más de una seccional’, en los casos de fusión sindical así mismo se mantendrán las garantías sindicales convencionales en materia de subdirectivas o seccionales. Lo anterior para efectos de inscripción y registro sindical ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”, Norma estatutaria esta que fue debidamente aprobada por este ministerio a través de la Resolución 000848 del 2 de abril de 1996 que en la actualidad se encuentra vigente, dado que con posterioridad a su aprobación no ha sido objeto de modificación alguna por parte de la organización mencionada”.

Como se ve, el artículo 4º de los estatutos hace referencia a la cláusula 7ª de una convención colectiva celebrada entre la empresa y el sindicato en 1998, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Cláusula 7ª Fuero sindical

La empresa reconoce el fuero sindical a todas las directivas seccionales de Sinaltrabavaria en el país, aun cuando en un mismo municipio exista más de una (1) seccional”.

No era dable fundamentar la viabilidad de la inscripción de las juntas directivas de las distintas subdirectivas en lo dispuesto en esa cláusula de la convención colectiva de trabajadores suscrita en 1998, en primer lugar, porque la norma convencional aludida regula la extensión del fuero sindical para quienes conformen unos determinados comités sindicales, y segundo, porque la creación de subdirectivas sindicales es un acto autónomo de esas organizaciones, mas no objeto de reconocimiento empresarial ni materia de negociación colectiva y aun en el evento hipotético de que se hubiera dado su reconocimiento o negociación de una subdirectiva seccional sindical, ello no subsanaría ningún vicio de ilegalidad.

Se encuentra dentro del Expediente 005-01, la certificación en la que consta que el domicilio del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Empresa Bavaria S.A. y sus filiales y de su comité ejecutivo es en Bogotá, con personería jurídica Nº 054 de 3 de julio de 1936 (fl. 103).

Se observa que las subdirectivas seccional litoral, sindical Maltería, sindical Colenvases y seccional dirección y ventas, se encuentran domiciliadas igualmente en la ciudad de Bogotá (fls. 30, cdno. 3 y 393 a 395 del Proceso 005-2001)

A juicio de la Sala le asiste razón a la demandante, ya que si bien el artículo 39 de la Constitución Política prescribe que los trabajadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones sin intervención del Estado, también lo es que el mismo canon defirió la regulación de su estructura interna y funcionamiento a la ley, que, para el caso, es el artículo 55 de la Ley 50 de 1990, el cual, como ya se vio, permite subdirectivas sindicales solo en municipios distintos a aquel donde tuviere domicilio principal la organización sindical y no más de una subdirectiva en un mismo municipio.

En consecuencia, la Sala considera que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social debió negar la inscripción de las juntas sindicales, razón por la cual declarará la nulidad de los actos acusados en todos los procesos acumulados.

Se precisa que no es necesario declarar el restablecimiento del derecho solicitado, en tanto declarada la nulidad de los actos acusados revocatorios, recobran fuerza ejecutoria los actos anteriores, que negaron la inscripción de cada una de las juntas, ya mencionadas tantas veces.

Se advierte que en el caso sub lite, la conducta asumida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (hoy Ministerio de la Protección Social) no fue dilatoria ni temeraria, no siendo posible acceder a la condena en costas solicitada.

No siendo necesario estudiar la última denuncia de infracción de las normas invocadas en la demanda, en mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRANSE no probadas las excepciones propuestas, dentro de los procesos 005-2001, 006-2001 y 009-2001.

2. Dentro del Proceso 0004-2001, DECLÁRASE LA NULIDAD de la Resolución 2027 de 12 de septiembre de 2000, expedida por el coordinador ad hoc del grupo de trabajo de la dirección territorial de Cundinamarca, mediante la cual se inscribió en el registro sindical la junta directiva de la seccional litoral del Sindicato Nacional de trabajadores de Bavaria S.A. “Sinaltrabavaria” y sus filiales.

3. Dentro del Proceso 005-02001, DECLÁRASE LA NULIDAD de la Resolución 2025 de 12 de septiembre de 2000, expedida por el coordinador ad hoc del grupo de trabajo de la dirección territorial de Cundinamarca, por medio de la cual se inscribió en el registro sindical la junta directiva de la subdirectiva sindical Maltería de Bogotá del Sindicato Nacional de trabajadores de Bavaria S.A. “Sinaltrabavaria” y sus filiales.

4. Dentro del Proceso 006-2001, DECLÁRASE LA NULIDAD de la Resolución 2029 de 12 de septiembre de 2000, expedida por el coordinador ad hoc del grupo de trabajo de la dirección territorial de Cundinamarca, a través de la cual se inscribió en el registro sindical la junta directiva de la subdirectiva sindical de Colenvases del Sindicato Nacional de trabajadores de Bavaria S.A. “Sinaltrabavaria” y sus filiales.

5. Dentro del Proceso 009-2001, DECLÁRASE LA NULIDAD de la Resolución 2028, expedida por expedida por el coordinador ad hoc del grupo de trabajo de la dirección territorial de Cundinamarca, mediante la cual se inscribió en el registro sindical la junta directiva de la seccional dirección y ventas del Sindicato Nacional de trabajadores Bavaria S.A. “Sinaltrabavaria” y sus filiales.

6. En todos los procesos DENIÉGASE la condena en costas.

Una vez ejecutoriada la presente providencia, archívese el expediente.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha».

(4) Sentencia de 25 de marzo de 2010, M.P. Gerardo Arenas Monsalve.

(5) Berrocal Guerrero, Luis Enrique. Manual de del Acto Administrativo, 2009, pág. 457.

(6) Sentencia C-797 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell.

(7) Compilación de la reforma laboral, abril de 1991, p. 64. Exposición de motivos al proyecto de ley que culminó con la expedición de la Ley 50 de 1990.

(8) Sentencia C-043 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

(9) Sentencia de 17 de septiembre de 2004, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

(10) Sentencia de 7 de mayo de 1998, M.P. Dolly Pedraza de Arenas.

(11) Consulta de 6 de junio de 1995, M.P. Javier Henao Hidrón.