Sentencia 9731 de diciembre 10 de 1999 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

NEGOCIACIÓN DE ACCIONES

AUTORIZACIÓN EN ENTIDADES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA

EXTRACTOS: «Decide la sección el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte actora, contra el fallo del 15 de abril de 1999, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante el cual denegó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por el actor contra los oficios números 94051887-10, 94051887-17 y 94051887-19 fechados el 23 de enero, el 5 de abril y el 7 de abril, todos de 1995, expedidos por la Superintendencia Bancaria.

Antecedentes

Mediante el oficio Nº 94051887-10 del 23 de enero de 1995, la Superintendencia Bancaria, comunicó a la sociedad La Fortaleza, compañía de financiamiento comercial, que sobre la transacción de acciones celebrada entre los señores José María de Castro Ucrós y Marco de Castro y/o Tapametal S.A., había operado, de pleno derecho la ineficacia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, pues la negociación superaba el 10% de las acciones suscritas y no se había obtenido la autorización previa de la entidad.

Consideró, que debía en consecuencia retrotraerse la cesión a su estado inicial, cancelarse el título accionario Nº 00388, contentivo de 425.410 acciones a nombre de José María de Castro, así como cualquier otro título adquirido en ejercicio del derecho preferencial de suscripción y su registro en el libro de accionistas, nuevamente a nombre del señor José María de Castro, a fin de que formaran parte de su sucesión.

Mediante el oficio Nº 94051887-17 del 5 de abril de 1995, la superintendencia, ratificó su posición inicial, en respuesta a comunicación dirigida por el apoderado del señor Marco de Castro Miranda. Finalmente, a través del oficio Nº 94051887-17 del 7 de abril de 1995, dirigido a La Fortaleza S.A., la entidad de vigilancia reiteró lo dicho en el oficio del 23 de enero de 1995.

(...).

Procede la Sala a resolver los cargos que a la sentencia del tribunal, hace la parte actora, así:

1. Incompetencia de la Superintendencia Bancaria. Básicamente considera la parte recurrente que la entidad oficial, carecía de competencia para tomar las decisiones plasmadas en los actos acusados, pues la “ineficacia” no requería declaración judicial y la facultad conferida es para “autorizar”, mas no para “revocar” las transacciones de acciones efectuadas sin su autorización, conforme al artículo 88 del EOSF, que dispone:

"ART. 88.—Negociación de acciones

1. Negociaciones de acciones. Toda transacción de inversionistas nacionales o extranjeros que tenga por objeto la adquisición del diez por ciento (10%) o más de las acciones suscritas de cualquier entidad sometida a la vigilancia de la Superintendencia Bancaria, ya se realice mediante una o varias operaciones de cualquier naturaleza, simultáneas o sucesivas a aquellas por medio de las cuales se incremente en dicho porcentaje, requerirá so pena de ineficacia, la aprobación del Superintendente Bancario, quien examinará la idoneidad, responsabilidad y carácter de las personas interesadas en adquirirlas. El superintendente, además, se cerciorará que el bienestar público será fomentado con la transferencia de acciones.

2. Efectos de la negociación sin autorización de la Superintendencia Bancaria. Toda enajenación de acciones que se efectúe sin la autorización de la Superintendencia Bancaria, contrariando lo dispuesto en el presente artículo, será ineficaz de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial. (...)".

Palmariamente establece la norma, una función de control preventivo de policía encaminada al examen de las condiciones de “idoneidad, responsabilidad y carácter” de las personas interesadas en invertir en una sociedad vigilada por la Superintendencia Bancaria, y con tal propósito dice que toda transacción de inversionistas nacionales o extranjeros que tenga por objeto la adquisición del 10% o más de las acciones suscritas en cualquier entidad sometida a su vigilancia, independientemente en la forma en la que ella se realice, requiere su aprobación previa, so pena de “ineficacia”.

Así mismo y en forma consecuencial, señala la norma, que la transacción efectuada sin la observancia de tal requisito, conlleva un efecto sancionatorio, cual es la ineficacia depleno derecho, vale decir, el negocio celebrado sin la autorización previa requerida, carece de la capacidad de producir efectos jurídicos, sin necesidad de declaración judicial.

Se deduce entonces, que la autorización de la entidad de vigilancia, debe anteceder a la “transacción”, pues respecto de ésta es que recae la autorización, presupuesto que conforme a la disposición, reviste el carácter de sine quanon para la eficacia de la negociación de las acciones.

En el sub lite, advierte la sección que el accionista José María de Castro, le cedió al hoy actor las acciones que poseía en la sociedad La Fortaleza S.A., compañía de financiamiento comercial, sin que previamente se hubiere obtenido la autorización de la Superintendencia Bancaria, no obstante que la negociación representaba más del 10% del total de las acciones suscritas, como lo acepta el recurrente y por ende la transacción se encontraba en la hipótesis normativa, de necesitar la previa autorización, para que aquélla pudiera producir efectos jurídicos.

Conocida la negociación a través de la consulta elevada por el gerente de La Fortaleza S.A. a la superintendencia, acerca del registro de las acciones, la entidad oficial estimó que la misma era “ineficaz de pleno derecho” y procedió a instruir a la entidad vigilada a fin de que se abstuviera de registrar el traspaso accionario y que la operación “deberá retrotraerse al estado inicial en que se encontraba antes de producirse la venta que pretendió hacerse”, etc.

Como antes se expresó, el artículo 88 del EOSF, consagró frente al evento indicado, esto es, negociaciónsin autorización de la Superintendencia Bancaria, UN EFECTO sancionatorio, consistente en la INEFICACIA DE PLENO DERECHO, la que no requiere declaración judicial, y siendo así, la autoridad de vigilancia y control, bien podía verificar y reconocer la ocurrencia de los presupuestos normativos que daban lugar a la ineficacia, e indicar cuáles eran los efectos que legalmente no estaban llamados a producirse, como los señalados respecto a que la vigilada se abstuviera de inscribir al nuevo accionista, registrar nuevamente las acciones a nombre del señor José María de Castro para que pudieran formar parte de su sucesión, etc.

De manera que si la ineficacia no necesitaba declaración judicial, configurada ésta, nada impedía que la superintendencia como entidad de vigilancia, inspección y control, pusiera de presente que ante la ausencia de autorización, se habían producido los consecuentes efectos que sobre la “negociación sin autorización” se derivaban, siendo claro que las consecuencias expresadas en los oficios, no obedecían a una determinación de “revocatoria” y “cancelación de títulos” tomada por la entidad, como lo acusa el recurrente, sino que provenían de la ineficacia misma dispuesta en la ley, fenómeno jurídico que mal puede asimilarse a la revocatoria.

No prospera el cargo de la apelación».

(Sentencia de diciembre 10 de 1999. Radicación 9731. Consejero Ponente: Dr. Julio E. Correa Restrepo).

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