Sentencia 500011102000200509453 01 de febrero 8 de 2006 

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad. 500011102000200509453 01

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Alonso Flechas Díaz

Demandante: Franklin Germán Chaparro Carrillo (alcalde de Villavicencio)

Aprobado según Acta de Sala 8 de la fecha.

Impugnación sentencia de primera instancia.

Bogotá, D.C., febrero ocho de dos mil seis.

1. Tema a tratar.

Aceptado el impedimento manifestado por el magistrado Eduardo Campo Soto, se resuelve la impugnación contra el fallo proferido el 19 de diciembre de 2005 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta, mediante el cual negó el amparo al debido proceso y protegió el derecho fundamental a la honra del ciudadano Franklin Germán Chaparro Carrillo en acción de tutela interpuesta por él contra la Viceprocuraduría y Procuraduría General de la Nación, presuntamente conculcados en los fallos de primera y segunda instancia en proceso disciplinario seguido contra el actor.

2. Fundamentos de la acción.

Adujo en su escrito de demanda, el ciudadano Franklin Germán Chaparro Carrillo, que la Procuraduría General de la Nación adelantó proceso disciplinario en su contra, en su condición de alcalde municipal de Villavicencio, como consecuencia de la investigación de que fue objeto la Secretaria de Salud de esa localidad, Claudia Patricia Gutiérrez Baquero, resultando sancionada por la Procuraduría General de la Nación, imponiéndole la destitución del cargo e inhabilidad para desempeñar funciones públicas por 10 años, con fundamento en una norma que posteriormente fue declarada inexequible por la Corte Constitucional, —artículo 2º, parágrafo tercero Ley 901 de 2004— lo cual constituye violación al debido proceso por inaplicación del principio de favorabilidad y, el hecho de mantener en firme la decisión bajo la aplicación de una norma hoy inexistente le ha venido vulnerado el derecho fundamental a la honra.

Pretendió que como mecanismo transitorio se protejan sus derechos fundamentales, toda vez que el perjuicio que el fallo disciplinario le ha causado es cierto e inminente, grave y requiere de urgente atención.

Argumentó que el cargo imputado en el proceso disciplinario consistió en:

“Omitir el deber de velar por el debido cumplimiento de las funciones delegadas a la doctora... toda vez que dicha servidora expidió la Resolución 01 de 2004, inscribiendo y autorizando para administrar subsidios del régimen subsidiado en el municipio de Villavicencio, a las ARS Anexka EPSI y Tayrona EPSI, quienes no se encontraban a paz y salvo con los proveedores de bienes y prestadores de servicios de salud en donde se encontraban actuando como ARS... y menos aún adoptado alguna medida tendiente a evitar o corregir las irregularidades que se presentaron, como era su deber según lo estipulado en el artículo 91 literal D) numeral 7º de la Ley 136 de 1994...”.

3. Antecedentes procesales.

3.1. La presente acción de tutela fue presentada en el Consejo Seccional de la Judicatura del Meta el día 5 de diciembre de 2005 y por auto del 6 de ese mismo mes, el magistrado sustanciador de la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta, Christian Eduardo Pinzón Ortiz, la admitió a trámite y ordenó solicitar al Tribunal Administrativo del Meta copia de la acción de tutela incoada por el aquí actor contra la Procuraduría General de la Nación por hechos similares al que presentó como pretensión en este caso, igualmente, notificar al señor Procurador General de la Nación y al Viceprocurador.

3.3. El 7 de diciembre de 2005, la Secretaria del Tribunal Administrativo del Meta remitió copia de la demanda y del fallo de tutela en la que actuó como demandante el señor Franklin Germán Chaparro Carrillo en contra de la Procuraduría General de la Nación, decisión del 30 de noviembre de ese mismo año, por la cual se negó el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo y a elegir y ser elegido, toda vez que, según el accionante, en el proceso se le negaron pruebas fundamentales y se desconoció la figura procedimental de la debida acumulación de procesos porque se adelantaron varias actuaciones disciplinarias por los mismos hechos conllevando a un doble juzgamiento; y, cuestiona la interpretación dada por la procuraduría a los hechos, anunciando la existencia de nulidades que no fueron resueltas (1) .

4. Intervenciones dentro de este trámite.

4.1. La abogada Olga Cristancho Vergara, quien representó a la Procuraduría General de la Nación, mediante poder, se opuso al prosperidad de la acción de tutela argumentando que en el proceso disciplinario seguido contra el actor se respetó el derecho a la defensa y al debido proceso, permitiendo la contradicción probatoria y la impugnación de sus decisiones.

Consideró que la acción de tutela es improcedente porque existe otro mecanismo judicial para lograr el propósito aludido, cual es la acción contenciosa administrativa.

De cara al cargo formulado al alcalde en los fallos disciplinarios, adujo que no guarda relación con la Ley 901 de 2004 cuyo numeral 2º del parágrafo 3º del artículo 2º fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-1038 de 2005, pues la imputación tiene que ver con el Decreto 163 de 2004 que hace mención a la existencia de deudas pendientes con los proveedores de bienes y prestadores de servicios mientras la Ley 901 de 2004 se refiere a las obligaciones no cumplidas con el erario por quienes pretenden contratar con el Estado o tomar posesión en cargos públicos. Igualmente, señaló que la sentencia fue dictada por la Corte el 24 de octubre de 2005 y los fallos de la procuraduría en primera y segunda instancia son del 26 de agosto y el 21 de octubre respectivamente.

4.2. Acudió el Procurador 49 Judicial II Administrativo, como agente del Ministerio Público y agente especial designado por el señor Procurador General de la Nación para ese asunto quien pone de presente que esta y la tutela presentada ante el Tribunal Administrativo del Meta se originaron en un mismo hecho: la sanción disciplinaria impuesta al actor.

En cuanto al cargo imputado al burgomaestre cuestiona la confusión en que incurre y pretende hacer caer a los jueces constitucionales, pues el comportamiento asumido por la Secretaria de Salud no tiene relación con la Ley 901 de 2004 sino con el Decreto 163 del mismo año, y que hace referencia al incumplimiento de las empresas ARS o EPS con sus proveedores de bienes o prestadores de servicios, que es absolutamente diferente a las deudas pendientes con el Estado por quienes pretenden contratar con él o aspiran a desempeñar cargos públicos.

Precisó que no puede protegerse el debido proceso desde la óptica de la favorabilidad toda vez que, en primer lugar la Sentencia C-1083 de 2005 no es aplicable al caso y segundo porque para la fecha en que se produjo dicha decisión ya la Procuraduría General de la Nación se había pronunciado de manera definitiva en el proceso disciplinario.

Por último, en cuanto a la honra, como derecho fundamental invocado por el accionante expresó que debe desestimarse dicho cargo, por cuanto el alcalde, al haber sido objeto de un proceso disciplinario y sancionado debe soportar la incomodidad y la vergüenza derivadas del mismo según su grado de formación moral y ese perjuicio no puede ser objeto de tutela por no ser un perjuicio antijurídico.

5. Fallo de primera instancia.

La Sala Dual Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta culminó el trámite de esa instancia de la acción pública instaurada por el ciudadano Franklin Germán Chaparro Carrillo al proferir el fallo de fecha 19 de diciembre de 2005 dispuso:

“DENEGAR el amparo al debido proceso, peticionado por el ciudadano Franklin Germán Chaparro Carrillo.

2. TUTELAR el derecho fundamental a la honra; invocado por el doctor Franklin Germán Chaparro Carrillo en su condición de alcalde municipal de Villavicencio (Meta).

3. SUSPENDER PROVISIONALMENTE los efectos jurídicos de las decisiones de Primera (sic) y Segunda Instancia (sic), proferidas por la Procuraduría General de la Nación el dos (sic) (2) de agosto y el Veintiuno (sic) (21) de octubre del presente año, en relación con el radicado 154-105131.

4. El AMPARO se concede como mecanismo transitorio hasta tanto cobre ejecutoria el pronunciamiento de la jurisdicción contencioso administrativa, relacionada con la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que deberá interponer el accionante beneficiado con la decisión, dentro del termino (sic) de caducidad contenido en el artículo 135, oral. 2º del CCA.

5. ORDENAR al señor gobernador del departamento del Meta, que en el termino (sic) de cuarenta y ocho (48) horas, siguientes a la comunicación del presente proveído, procesa a revocar los actos administrativos por medio de los cuales se dispuso la destitución del alcalde Franklin Germán Chaparro Carrillo, al igual que el que se designa alcalde encargado de la ciudad de Villavicencio, en cumplimiento del fallo emitido por la Procuraduría (sic) General de la Nación (sic)

6. REINCORPORAR en el ejercicio del cargo como alcalde de la ciudad (sic) de Villavicencio (Meta) al doctor Franklin Germán (sic) Chaparro Carrillo, una vez se dé cumplimiento a lo dispuesto en el numeral anterior.

7. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, la Procuraduría (sic) General de la Nación (sic) y el señor Gobernador del Departamento del Meta, deberán informar a esta (sic) corporación, respecto al cumplimiento de lo dispuesto en el presente proveído.

8. NOTIFICAR...

9. RECONOZCASE (sic) personería jurídica a la Dra. Olga Cristancho Vergara en los términos del mandato conferido por la entidad accionada.

10. DISPONER la remisión del expediente....

11. EJECUTORIADO (sic) y en FIRME la presente decisión, procédase al archivo definitivo...”.

Para tomar estas decisiones analizó la Sala a quo, que la tutela es procedente porque no obstante existir prueba de que el señor Franklin Germán Chaparro acudió al Tribunal Administrativo del Meta con similares propósitos, allí las alegaciones se fundaron en la violación al debido proceso por aspectos diversos a la favorabilidad aquí señalada como materia de amparo y que la honra, como otro derecho fundamental invocado en esta acción no fue reclamado en la presentada ante aquella autoridad constitucional.

En cuanto a la afectación del debido proceso disciplinario por inaplicación del principio de favorabilidad por parte de la Procuraduría General de la Nación estimó que el pronunciamiento de la Corte Constitucional [sobre la declaratoria de inexequibilidad del parágrafo tercero, del inciso de la Ley 901 de 2004] se produjo el 24 de octubre de 2005, es decir, con posterioridad a la decisión de la procuraduría resultando imposible su aplicación y por ello no tutela dicho derecho fundamental.

En lo atinente a la honra como derecho fundamental presuntamente conculcado con las providencias dictadas por la Viceprocuraduría y la Procuraduría General de la Nación dentro del proceso disciplinario seguido contra el alcalde Chaparro Carrillo estimó que mientras permanezca vigente la sanción impuesta por la Procuraduría en contra del accionante “de manera directa se le esta (sic) afectando por el Estado ese derecho inherente a la personalidad del accionante, sin que a ello se haga merecedor, por cuanto ante la decisión de la H. Corte Constitucional de cesar en sus efectos la norma que dispone la imposibilidad de contratar con el Estado a las personas que tuvieran deudas con la administración pública, el efecto de esa decisión tiene incidencia directa con la sanción impuesta...”.

Precisó que de mantenerse la sanción en esas condiciones “se estaría enviado un mensaje equivocado a la opinión pública y en especial a la comunidad que lo eligió... por cuanto claramente se observa que en el caso en comento procede la aplicación del principio de favorabilidad...”.

Luego de haber considerado que no procedía el amparo constitucional deprecado respecto del derecho fundamental del debido proceso por favorabilidad, retorna el tema en un capítulo que denominó: XII. Aplicación del principio de favorabilidad. Hizo alusión a una decisión de la Corte Constitucional sobre los efectos de la declaración de inexequibilidad, para concluir que: “... la declaratoria de inexequibilidad de la Ley 901 de 2004 en su artículo 2º, parágrafo 3º por vía de el mecanismo (sic) de control de las leyes, en materia constitucional, las razones que le asistieron al ente encargado de interpretar la norma superior son predicables para otras expedidas con similar objeto, lo que en efecto aplica para el Decreto 163 de 2004, artículo 1º numeral 3º (sic) indicado como transgredido por la Secretaría de Salud de Villavicencio, lo que conllevó el resultado de la sanción impuesta al tutelante...”.

Transcribió apartes de decisiones de la Corte Constitucional en las que se decidieron asuntos relativos con la favorabilidad en la aplicación de la ley y su procedencia para argumentar que en este caso es aplicable, pero que: “nos abstendremos de pronunciarnos de fondo por cuanto es a la justicia contencioso administrativa en aplicación del artículo 85 del Código Contencioso Administrativo , que le corresponde decidir por vía de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho” (sic).

Culmina este capítulo aduciendo que los dos primeros cargos imputados a la doctora Claudia Gutiérrez Baquero, Secretaria de Salud de Villavicencio, guardan relación con la declaratoria de inexequibilidad de la Ley 901 de 2004.

En cuanto al perjuicio irremediable halla cumplidos en el caso del actor los elementos de inminencia, gravedad, urgencia y que el amparo no puede postergarse en consideración a que se trata de un período constitucional y que su fenecimiento en las condiciones anormales determinadas por el juez de tutela le acarrea grandes perjuicios de reconocimiento público ante una sanción bajo la égida de una norma declarada inconstitucional, especialmente porque los procedimientos administrativos resultan dispendiosos.

6. Actuación posterior al fallo e impugnación.

6.1. Las notificaciones de esta providencia a los involucrados en el proceso de tutela se realizaron el 29 de diciembre de 2005 y en la misma fecha por fax, la Viceprocuradora General de la Nación (e.), doctora Nubia Herrera Ariza envió el oficio 269 por el cual impugna la decisión cuestionada (2) .

6.2. En la misma calenda se recibió comunicación suscrita por el jefe de la oficina asesora jurídica de la Gobernación del Meta y su correspondiente soporte, dando cuenta que en cumplimiento de la sentencia de tutela, por Resolución 1519 de ese día, el señor gobernador revocó el artículo primero de la Resolución 1325 de 2005 a través de la cual se ejecutó la sanción impuesta por la Procuraduría General de la Nación al accionante y revocó el artículo segundo de la Resolución 1503 de ese año, mediante la cual designó como alcalde en interinidad al ciudadano Carlos Alirio Gómez Villarraga y dispuso la reincorporación del señor Franklin Germán Chaparro Carrillo al cargo de alcalde municipal de Villavicencio.

6.3. El diputado por el departamento del Meta, Jhon Leoncio Jaramillo Riaño presentó Incidente de Nulidad y adujo como argumento de su pretensión que declare la invalidez de lo actuado en razón de que ni el Partido Colombia Democrática ni sus representantes a nivel departamental o nacional fueron notificados del trámite de la tutela como tampoco lo fue el Alcalde encargado a quien “debió de habérsele notificado igualmente...”, vulnerándose así elementales principios de defensa, contradicción, publicidad y debido proceso (3) .

6.4. La coordinadora del grupo SIRI de la Procuraduría General de la Nación, doctora Ferlina María Salgado Otero, mediante oficio 1430 del 21 de diciembre de 2005 se dirigió al magistrado ponente en primera instancia para informarle del cumplimiento del fallo que conllevó la suspensión provisional de los efectos jurídicos de las decisiones de primera y segunda instancia dictados dentro del proceso disciplinario adelantado contra Franklin Germán Chaparro Carrillo (4) .

6.5. El ciudadano Carlos Alirio Gómez Villarraga, quien fungió como alcalde encargado del municipio de Villavicencio, el 11 de enero de 2006 presentó escrito de impugnación (5) contra la decisión de primera instancia, deprecando la revocatoria del mismo por carecer de fundamento y en consecuencia no se le protejan al señor Franklin Germán Chaparro Carrillo los derechos señalados por este e invocados como vulnerados. Hace un recuento de las determinaciones tomadas por la procuraduría; de la tutela presentada ante el Tribunal Administrativo del Meta, para luego entrar a cuestionar el fallo de la Sala a quo, aduciendo que la sentencia por la cual la Procuraduría General de la Nación impuso la sanción disciplinaria esta amparada por la presunción de legalidad, hizo tránsito a cosa juzgada por cuanto para cuando se dictó estaba vigente la Ley 901 de 2004 y el accionante tenía a su disposición otros medios judiciales para atacar dicho fallo.

Adujo el recurrente que la decisión de primera instancia genera inseguridad jurídica.

Anunció la existencia de temeridad en el accionante pues, los mismos hechos y derechos fueron invocados en la tutela presentada ante el Tribunal Administrativo del Meta y cuestionó la complacencia de los magistrados integrantes de la colegiatura de primer grado quien por tal razón, han debido rechazarla.

Que los mencionados magistrados violaron el principio de publicidad al negar la expedición de copias a una ciudadana cuando la acción es pública y no admite reserva alguna.

Demandó la nulidad por violación al derecho de defensa, pues no fueron notificados los terceros interesados en la actuación y efectos de la tutela, quienes debieron ser vinculados procesalmente y notificados para que ejercitaran su derecho a la defensa. Cita como tales a Mario Uribe Escobar, en su calidad de senador por el partido Colombia Democrática, a Germán Vásquez Suárez en su condición de Representante a la Cámara por el departamento del Meta y a él como alcalde encargado. Pidió, que como consecuencia de esta decisión, las cosas vuelvan a su estado anterior.

Expuso que el magistrado ponente en primera instancia, Christian Pinzón Ortiz debió declararse impedido ante el hecho público y notorio de su amistad íntima con el accionante Chaparro Carrillo y sus relaciones con Leovigildo Gutiérrez Puentes, padre de la también sancionada, Claudia Patricia Gutiérrez Baquero, Secretaria de Salud de Villavicencio.

Esgrimió como otro de sus argumentos la ausencia de perjuicio irremediable causado por una decisión justa de la Procuraduría General de la Nación , pues con ello está usurpando la función de la jurisdicción contencioso administrativa.

Por último, solicitó que al declararse la nulidad de lo actuado por falta de vinculación de terceros interesados, se envíe el expediente a otro Consejo Seccional diferente al del Meta por ausencia de condiciones de imparcialidad.

6.6. El agente especial de la procuraduría impugnó el fallo de primera instancia, con el objeto de que sea revocado, por cuanto el a quo: “apreció las pruebas en sentido contrario al que ellas indican y al que dicta la lógica elemental, incurriendo en errónea valoración probatoria y se fundamenta en una disposición legal inaplicable al caso concreto, con lo cual incurre en indebida interpretación de la ley...”, estimando que sin evidencia en el proceso, amparó los derechos fundamentales asumiendo que el fallo de la Procuraduría General de la Nación se fundamentó en la Ley 901 de 2004 y ello no corresponde a la realidad, porque el fundamento de la sanción fue el artículo 1º, numeral 3º del Decreto 163 de 2004, disposición que aún se mantiene vigente pues no fue declarada inexequible por la Sentencia C-1038 de 2005.

Se tuteló el derecho a la honra por un hecho ocurrido con posterioridad al fallo (Sentencia de inexequibilidad de la L. 901/2004) y la determinación de la Corte Constitucional no afecta la vigencia de disposiciones legales diferentes que no fueron objeto de examen de constitucionalidad.

Estimó que con las decisiones de la Procuraduría General de la Nación no se produjo un daño antijurídico como contradictoriamente lo expuso la sentencia impugnada y por ende, resulta constitutiva de vía de hecho.

6.7. La apoderada designada por la Procuraduría General de la Nación sustentó la impugnación del fallo solicitando su revocatoria, haciendo mención a la actitud temeraria del accionante por haber presentado dos acciones de tutela, ante autoridades diferentes por los mismos hechos, siendo que cuenta con la posibilidad de demandar en la jurisdicción contenciosa la nulidad y el restablecimiento del derecho.

Estimó que el fallo de la Procuraduría no vulneró derecho alguno del señor Franklin Germán Chaparro Carrillo.

Analizó la Sentencia C-1083 de 2005 para concluir que no tiene injerencia alguna en las decisiones de la Procuraduría General de la Nación, pues, contrario a lo expuesto en el fallo de primer grado y ahora cuestionado, el alcalde y la Secretaria de Salud fueron sancionados con fundamento en el Decreto 163 de 2004 que no tiene relación alguna con la Ley 901 de ese mismo año, pues, cada uno hace referencia a temas absolutamente diversos.

En cuanto a la presunta vulneración del derecho a la honra, en criterio de la impugnante, la Sala de primer grado incurrió en “crasa equivocación”, al argumentar que la procuraduría aplicó una norma declarada inexequbile, cuando en realidad tal situación no se vislumbra de las decisiones tomadas por ese ente de control, pues, los hechos se juzgaron con fundamento en una conducta totalmente distinta a la contenida en la Ley 901 de 2004, siéndole por tanto imputable al mismo accionante la afectación de su honra al haberse producido un fallo sancionatorio con respeto de las garantías procesales.

Resaltó cómo la decisión de la Sala Disciplinaria es contradictoria pues no amparó el derecho al debido proceso por inaplicación del principio de favorabilidad, pero al desarrollar el tema relacionado con el derecho fundamental a la honra, entra a analizar el mismo tema para proteger el derecho invocado con base en la favorabilidad, lo que: “... resulta absolutamente incoherente a la luz de la lógica...”

6.8. Mediante auto de fecha 16 de enero de 2006, al magistrado sustanciador, doctor Christian Eduardo Pinzón Ortiz, concedió la impugnación contra el fallo del 19 de diciembre de 2005. Y a continuación expresó: “De otra parte, dada la precariedad de su condición personal, en cuanto a las resultas de la acción intentada, donde los señores Carlos Alirio Villarraga y Jhon Leoncio Jaramillo Riaño invocan su condición de Alcalde Encargado y Diputado del Movimiento Político Colombia Democrática, no los legitima para reconocerlos como sujetos procesales, por lo que el despacho considera prudente abstenerse de pronunciarse sobre sus pedimentos...”.

6.9. En similares términos a como lo hicieron el procurador delegado y la abogada, se pronunció ante esta instancia el señor Viceprocurador General de la Nación.

6.10. Una vez arribó el expediente al despacho del magistrado sustanciador en esta colegiatura, se han allegado una serie de documentos suscritos por quienes dicen ser representantes de la comunidad, para sentar su voz de protesta por la decisión tomada por el Consejo Seccional de la Judicatura del Meta y situaciones personales del magistrado ponente en esa Sala, los que fueron remitidos para que hagan parte de la actuación que se surte bajo el radicado 110011102000200600022 de esta corporación.

7. Consideraciones de la sala.

7.1. De la competencia.

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para decidir la impugnación del fallo proferido el 19 de diciembre de 2005 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 y 116 de la Carta Política y el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

A voces del artículo 116 de la Carta Política, la rama judicial está integrada por: La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los tribunales y los jueces.

7.2. Problemas jurídicos planteados.

7.2.1. En primer lugar se analizará si la falta de vinculación como tercero interesado en el trámite de tutela, del señor Carlos Alirio Gómez Villarraga quien para cuando se presentó la demanda que llevó a la Sala de primer grado a dictar el fallo impugnado se desempeñaba como alcalde encargado y quien a la postre, por la decisión tomada debió ser removido para reintegrar al accionante Franklin Germán Chaparro Carrillo, constituye causal de invalidez de lo actuado como lo ha venido pregonando en escritos que no fueron tenidos en cuenta por la primera instancia, por razón de su ajenidad al trámite.

7.2.2. Si superado el tema planteado en el numeral anterior se observa que la actuación conserva su validez, deberá ocuparse la colegiatura de resolver si las decisiones tomadas por los señores Viceprocurador y Procurador Generales de la Nación en primera y segunda instancia, respectivamente, en el proceso disciplinario seguido contra el alcalde Franklin Germán Chaparro Carrillo vulneraron los derechos fundamentales alegados por el accionante, conforme a la argumentación esbozada por el juez constitucional de primera instancia, para establecer si en los fallos disciplinarios proferidos por la accionada se aplicaron normas de la Ley 901 de 2004 declaradas inexequibles por la Sentencia C-1038 de 2005 y qué relación tienen con el Decreto 163 de 2004, toda vez que conforme se ha venido sosteniendo se trata de normas autónomas que carecen de relación sustancial.

8. Desarrollo de las hipótesis planteadas.

8.1. De la nulidad.

Ha sido reiterado y pacífico el criterio de los jueces constitucionales y de esta corporación según el cual, a los trámites de la acción pública de tutela deben vincularse no solo a las partes del litigio sobre los derechos fundamentales que se consideran vulnerados por el accionante, sino aquellos terceros que puedan resultar afectados en sus intereses por las decisiones tomadas.

Se desprende de lo actuado que el ciudadano Carlos Alirio Gómez Villarraga fue nombrado por el Gobernador del Meta mediante Resolución 1503 de 2005 en interinidad para reemplazar al accionante Franklin Germán Chaparro Carrillo a quien en cumplimiento del fallo disciplinario del 21 de octubre de 2005 la Procuraduría General de la Nación destituyó y respecto de aquel, en el ordinal quinto de la parte resolutiva de la sentencia del 19 de diciembre último, la Sala de primera instancia, ordenó al gobernador revocar dicho acto administrativo, disposición que se cumplió mediante la Resolución 1519 del 19 de diciembre de ese mismo año.

En criterio de esta colegiatura ni en el señor Gómez Villarraga ni en partido político alguno confluyen derechos que pudiesen haber sido conculcados por la Sala de primer grado en el trámite de la acción de tutela que nos ocupa, en la medida en que respecto del mencionado, quien dijo pertenecer al movimiento político Colombia Democrática, no se generaron derechos por razón de la designación temporal en el cargo de alcalde encargado de la ciudad de Villavicencio, toda vez que los derechos adquiridos deben provenir de la elección popular a que están sometidos los burgomaestres del país, y en el caso presente apenas sí se había hecho un nombramiento que bien puede ser objeto de revocatoria por las acciones administrativas que puedan surtirse respecto del fallo de la Procuraduría General de la Nación, bien de la acción de tutela, como el caso materia de estudio o por convocatoria a nuevas elecciones, sin que ello por sí genere derecho adquiridos de ninguna naturaleza.

Ahora bien, si respecto de la situación administrativa en la que se encontraba el ciudadano Gómez Villarraga durante el trámite de la acción de tutela no se generó más que una situación laboral precaria, en relación con la actuación disciplinaria este carece de interés alguno, en la medida en que no hizo parte de la relación jurídica pues no intervino en el curso de la misma ante la Procuraduría General de la Nación, toda vez que solo fue designado como consecuencia de la destitución del alcalde Chaparro Carrillo por el Gobernador del Departamento del Meta.

Esta situación conlleva a que el implicado carezca de interés legítimo para actuar, como lo ha sostenido la Corte Constitucional en los siguientes términos:

(...).

“En los casos en que por vía de tutela se controvierte la legalidad de una decisión judicial o administrativa, el acto de la notificación a terceros con interés legítimo adquiere especial trascendencia, pues no podría tramitarse válidamente la acción sin que hubiesen sido llamados quienes fueron parte en la relación jurídica, toda vez que los mismos resultaron afectados, favorable o desfavorablemente, con la decisión controvertida y, por tanto, su no participación en la acción de tutela sería una violación flagrante de su derecho de defensa, violación aún más notoria si el juez constitucional, al encontrar probada la vía de hecho, modifica o revoca tal decisión...” (Auto 11 de mayo 14/97, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa) (resaltado fuera de texto).

En síntesis, con la actuación de la tutela promovida por el señor Franklin Germán Chaparro Carrillo no se afectan derechos políticos de grupos o personas que debieran ser vinculadas a la misma, pues, el nombramiento en interinidad no los genera y mal puede decirse que se afectó el derecho de defensa, pues, la situación de interinidad impide defender derechos no adquiridos, razón por la cual se negará la petición de nulidad invocada por el ciudadano Carlos Alirio Gómez Villarraga y por el Diputado Jhon Leoncio Jaramillo Riaño.

8.2. Procedencia. Temeridad por reiterar acción. Juramento

Superado el tema de la validez de la actuación entra la Sala al estudio de fondo de los asuntos sometidos a consideración de esta colegiatura con motivo del pronunciamiento del 19 de diciembre de 2005 por el Consejo Seccional de la Judicatura del Meta y al efecto tenemos:

Habida cuenta de la situación planteada por la Procuraduría General de la Nación mediante su representante y la apoderada, en el sentido de que el ciudadano Chaparro Carillo, puso en movimiento el aparato judicial con el propósito de entablar acción pública de tutela, debidamente tramitada y resuelta mediante proveído del 30 de noviembre de 2005 por la Sala de Decisión del Tribunal Administrativo del Meta, con fundamento en la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo y a elegir y ser elegido presuntamente conculcados con los fallos dictados por la Procuraduría General de la Nación en primera y segunda instancia, que culminaron el proceso disciplinario seguido contra él y en el que se dispuso su destitución y la inhabilidad para el ejercicio de acciones y derechos públicos por el término de 10 años, se analizará si esos hechos corresponden a la situación planteada por el mismo actor, ahora ante el Consejo Seccional de la Judicatura del Meta, si se trata de las mismas partes, los mismos hechos y las mismas pretensiones.

El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 dispone:

“Actuación temeraria. Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o por su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes”.

Nos fundamentaremos en los postulados jurisprudenciales de la Corte Constitucional para fijar los parámetros que sustentan la decisión a asumir en el presente asunto:

(…).

“La Corte Constitucional ha establecido la “temeridad”, como una actitud contraria al principio de buena fe constitucional consagrado en el artículo 83 de la misma (6) , y cuyo ejercicio se describe como la interposición sucesiva de tutelas por la misma causa, sin motivo expresamente justificado. En efecto, la Sentencia T-009 de 2000 (7) describió, reiterando lo establecido por la jurisprudencia anterior (8) , la actuación temeraria como:

“la actitud de quien demanda o ejerce el derecho de contradicción a sabiendas de que carece de razones para hacerlo, o asume actitudes dilatorias con el fin de entorpecer el desarrollo ordenado y ágil del proceso”. En estas circunstancias, la actuación temeraria ha sido calificada por la Corte como aquella que supone una “actitud torticera”, que “delata un propósito desleal de obtener la satisfacción del interés individual a toda costa”, que expresa un abuso del derecho porque “deliberadamente y sin tener razón, de mala fe se instaura la acción”, o, finalmente, constituye “un asalto inescrupuloso a la buena fe de los administradores de justicia”.

Sin embargo, la Corte ha precisado que la simple configuración de improcedencia en razón de la presentación de varias tutelas por los mismos hechos y derechos, no implica per se temeridad, por lo cual el constituyente ha señalado la importancia de la valoración de esta última con el fin de no incurrir en sanciones injustas. En este sentido la Sentencia T-655 de 1998 (9) afirma:

“la corporación ha estimado que la conducta temeraria debe encontrarse plenamente acreditada y no puede ser inferida de la simple improcedencia de la acción de tutela”.

En este orden de ideas, partiendo de la base de que puede configurarse improcedencia sin temeridad la Corte señala que hay lugar a declarar la improcedencia en aquellos casos en que se presenta más de una tutela con identidad de pretensiones, partes y hechos, lo cual implica una decisión desfavorable a las pretensiones del actor. Esta consecuencia conlleva por parte del juez un examen detallado del proceso con el objeto de determinar claramente la configuración de la “triple identidad”, ya que de tal constatación dependerá la concesión o negación del amparo.

Así, debido a los efectos que implican tanto la temeridad como la declaración de improcedencia, esto es sanciones pecuniarias y penales la primera y la decisión desfavorable del amparo la segunda, el establecimiento de ellas debe ser detenidamente valorado, y requiere de un examen cuidadoso de los hechos y del acervo probatorio que obre dentro del proceso de tutela:

“3. La finalidad del juramento en la acción de tutela. Obligación del juez de instancia de verificar la existencia de la triple identidad y la ausencia de motivos justificados antes de proceder a efectuar una declaración de improcedencia.

El artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 señala:

“(...) El que interponga la acción de tutela deberá manifestar, bajo la gravedad de juramento, que no ha prestado otra respecto de los mismos hechos y derechos. Al recibir la solicitud, se le advertirá sobre las consecuencias penales del falso testimonio”.

Con relación al juramento, ha expresado la Corte que el objetivo de prestarlo en la acción de tutela constituye un mecanismo de tipo disuasivo, cuya finalidad es impedir el ejercicio abusivo de la acción (10) . Así mismo tiene como propósito evitar que el juez asuma la imposible tarea de comprobar si se han interpuesto ante otros jueces, por los mismos hechos y derechos, otras tutelas.

Tales fines deben comprenderse bajo la concepción del principio de informalidad que caracteriza a la tutela, de tal modo que el juramento no puede per se implicar para quien solicita el amparo, una denegación de justicia sin que el juez de instancia valores todos los demás elementos de juicio en contra de la realización material de los derechos fundamentales.

Al respecto cita la Sentencia T-1014 de 1999 (11) :

“Sería prácticamente imposible que los jueces de tutela comprobaran por sí mismos la veracidad de las afirmaciones de quienes interponen dicha acción”.

“Por lo tanto, ante la incertidumbre que tiene el juez al respecto, no le queda una opción diferente a la de confiar en la probidad de la conducta de los accionantes y de sus apoderados”.

Sin embargo debe señalarse que tal imposibilidad se refiere al caso en el cual el accionante jura no haber interpuesto acción alguna por los mismos hechos, y no a eventos como el presente en el que de buena fe, el tutelante afirma haber interpuesto dos tutelas anteriormente. Ello, lejos de significar temeridad o incluso la figuración en cabeza del accionante de una posible declaración de improcedencia, evidencia una concepción errada por parte de éste con relación al significado y alcance que el deber de jurar implica.

Así entonces, la temeridad se constituye por la violación del juramento sólo en el caso de un ejercicio abusivo de la acción de tutela, cuyos nocivos efectos busca evitar el artículo 38. En consecuencia se reitera la posibilidad de que se presenten eventos de improcedencia con ausencia de temeridad, ya que puede ocurrir que se presenten varias tutelas bajo los mismos hechos y derechos en ausencia de una actitud temeraria del demandante, configurándose solamente la declaración de improcedencia.

“(…)

En efecto tal limitación disminuyó notoriamente la tarea del juez a la hora de establecer la procedencia o improcedencia de la tutela, ya que no se trataba de la titánica tarea de revisar todas las posibles tutelas interpuestas por el accionante ante los jueces de la República —tarea que se supedita al objetivo del juramento negativo del accionante afirmando el no haber interpuesto otras acciones por los mismos hechos—, sino de un radio de verificación delimitado y fácilmente constatable...” (12) .

Efectivamente, encuentra esta colegiatura, que existe identidad de partes: —alcalde y procuraduría— y un mismo origen: fallo disciplinario dictado por la Procuraduría General de la Nación y aún de pretensiones: —suspender los efectos jurídicos de la sentencia sancionatoria y el reintegro del accionante al cargo de Alcalde Municipal de Villavicencio— mas no así de los hechos materia de debate, pues los derechos fundamentales invocados como vulnerados por la Procuraduría: “Debido proceso y honra”, el primero objeto de debate en la acción pública promovida en el Tribunal Administrativo del Meta, las razones esgrimidas para atacar por esa vía el fallo, fueron diversas, es decir, se relacionaron estrictamente con irregularidades procesales que tienen que ver con la acumulación por conexidad de procesos disciplinarios que afectaron dicho derecho, mientras que en la presente trata sobre la aplicación de normas no vigentes, es decir, se trata de hechos diversos.

De manera concreta en el acápite VIII del escrito de esta tutela expresó el accionante: Juramento. Manifiesto que por los hechos mencionados en este escrito y en particular por haberse basado las providencias de la Procuraduría en una norma que ha sido declarado (sic) inexequible, no he presentado acción de tutela ante otra autoridad judicial.

Como puede observarse, de la confrontación de las dos acciones de tutela que ciertamente van dirigidas a atacar las decisiones de primera y segunda instancia dictadas por la Viceprocuraduría y Procuraduría General de la Nación se extracta que no se demanda la protección de los derechos fundamentales con base en los mismos hechos, sino que se fundamentó en una situación totalmente diversa a la acumulación de procesos cuestionada en la primera acción pública, de donde deviene la inexistencia de la triple condición de exigencias para la determinación de la temeridad, lo cual nos permite indicar que esta acción procede.

8.3. Caso concreto.

Como se precisó con antelación deberá resolver la Colegiatura si las decisiones tomadas por los señores Viceprocurador y Procurador Generales de la Nación en primera y segunda instancia, respectivamente, en el proceso disciplinario seguido contra el alcalde Franklin Germán Chaparro Carrillo, vulneraron los derechos fundamentales alegados por el accionante, conforme a la argumentación esbozada por el juez constitucional de primera instancia, para establecer si en los fallos disciplinarios proferidos por la accionada se aplicaron normas de la Ley 901 de 2004 declaradas inexequibles por la Sentencia C-1038 de 2005 y qué relación tienen con el Decreto 163 de 2004, toda vez que conforme se ha venido sosteniendo se trata de normas autónomas que carecen de relación sustancial, conforme lo aseveran los impugnantes.

Para entrar a dilucidar el tema materia de debate debemos recurrir a los precisos términos de la imputación fáctica hecha por la accionada en los fallos cuestionados al ciudadano Franklin Germán Chaparro Carrillo en su condición de alcalde Municipal de Villavicencio:

“Cargo único. Omitir el deber de velar por el debido cumplimiento de las funciones delegadas a la doctora Claudia Patricia Gutiérrez Baquero, secretaria local de salud de Villavicencio, toda vez que dicha servidora expidió la Resolución 01 del 2004, inscribiendo y autorizando para administrar subsidio del régimen subsidiado en el municipio de Villavicencio, a las ARS Manexka EPSI, Tayuron Apesi, quienes no se encontraban a paz y salvo con los proveedores de bienes y prestadores de servicios de salud en donde se encontraba actuando como ARS; decidió mediante oficios 84, 85 y 86 de 2004, no renovar los contratos de administración de recursos de régimen subsidiado de seguridad social en salud 44, 045 y 46 de 2003, celebrados con Salud Total, Solsalud y Saludvida, por incumplimiento de programación en las actividades de P&P hecho que no es motivo para la no renovación de los contratos y por incumplimiento en los pagos para con la red prestadora del servicio de salud, sin que previamente se adelantara un debido proceso, decisión tomada a pesar que el municipio no efectuó cumplimiento los pagos a dichas EARS correspondientes a las UPC de la población afiliada, hecho que impedía la no renovación de los contratos; y celebró los contratos 044, 045 y 046 de 2004 con Tayrona EPSI, Comfacor y Manexka con los cuales les asignó 27.015, 20.000 y 10.000 afiliados, a pesar que no podía celebrarlos por el número de afiliados, ya que Caprecom se encontraba inscrita y autorizada para administrar recursos de régimen subsidiado, lo cual obligaba a esta ARS se asignara parte de los afiliados , y se debía asignar toda la población trasladada de otras ARS en parte iguales entre Tayrona, Comfacor, Manexka y Caprecom, conductas que se observan en los cargos a esa servidora endilgados, sin que exista ningunas evidencia de que el alcalde hubiese ejercido vigilancia y control sobre las actuaciones de la funcionaria en que recayó al delegación, y menos aún adoptado alguna medida tendiente a evitar o corregir las irregularidades que se presentaron, como era su deber según lo estipulado en el artículo 91, literal D) numeral 7º de la Ley 136 de 1994, que establece como atribución del alcalde, velar por el cumplimiento de las funciones de los empleados oficiales municipales y en el presente caso, ha debido asumir las funciones y revocar los actos irregulares, tal como lo autoriza el parágrafo del artículo 92 Ibídem” (sic para lo trascrito).

La normatividad fundamento del cargo elevado contra la Secretaria de Salud, en el tema de la inscripción y autorización para administrar subsidios fue la prevista en el numeral 3º del artículo 1º del Decreto 163 de 2004, que reglamentó el artículo 216 de la Ley 100 de 1993, relacionada con el sistema de seguridad social integral, hoy vigente y cuyo tenor literal es:

“ART. 1º—Régimen de transición. Hasta tanto sean establecidas las condiciones de habilitación de las entidades administradoras del régimen subsidiado, EARS, las direcciones de salud inscribirán a las entidades que estén interesadas en administrar el régimen subsidiado en su territorio, respetando lo dispuesto por el CNSSS y tendiendo en cuenta lo siguiente: 1... 2… 3. Que se encuentren al día en los pagos con los proveedores de bienes y prestadores de servicios en donde se encuentren actuando como EARS o como EPS…”.

A contrario sensu, el parágrafo tercero del artículo 2º de la Ley 901 de 2004, por la cual se prorroga la vigencia de la Ley 716 de 2001, prorrogada y modificada por la Ley 863 de 2003 relacionada con el saneamiento de la información contable en el sector público y hace alusión a aspectos tributarios, aduaneros, fiscales y de control para estimular el crecimiento económico y el saneamiento de las finanzas públicas, corresponde al siguiente contenido:

“ART. 2º—Modifíquese y adiciónese el artículo 4º. De la Ley 716 de 2001, el cual quedará así: (…) PAR. 3º—Las entidades estatales para relacionar las acreencias a su favor pendientes de pago deberán permanentemente en forma semestral elaborar un boletín de deudores morosos, cuando el valor de las acreencias supere un plazo…

Las personas que aparezcan relacionadas en este boletín no podrán celebrar contratos con el Estado, ni tomar posesión de cargos públicos, hasta tanto demuestren la cancelación de la totalidad de las obligaciones contraídas o acrediten la vigencia de un acuerdo de pago…”.

Como podemos apreciar sin mayores lucubraciones, los temas que trata cada uno de este grupo de normas difiere absolutamente en cada caso, pues mientras las primeras hacen referencia al sistema integral de salud, las segundas tienen que ver con el aspecto tributario, el saneamiento de las finanzas públicas y exigía en el inciso segundo del parágrafo 3º del artículo 2º de la Ley 901 de 2004 al Estado no contratar ni posesionar a personas naturales o jurídicas que tuvieran deudas pendientes con el Estado y si retomamos el Decreto 163 de 2004, quienes pretendan ser inscritos y autorizados para ingresar al régimen subsidiado en salud, debe estar al día pero con los proveedores de bienes y prestadores de servicios en donde desarrollen la actividad, norma esta hoy vigente por cuanto de ella no se ocupó la Corte Constitucional en la Sentencia C-1038 de 2005.

La protección normativa en cada caso es diversa, pues mientras la Ley 901 de 2004 hace mención exclusivamente a las deudas con el Estado, el Decreto 163 de 2004 lo hace respecto de particulares que suministren bienes o provean servicios para el desarrollo de la actividad de la salud.

Para ahondar en el aspecto normativo, el artículo 1º de la Ley 716 de 2001, antecedente de la Ley 901 de 2004, prevé:

“ART. 1º—Del objeto. La presente ley regula la obligatoriedad de los entes del sector público de adelantar las gestiones administrativas necesarias para depurar la información contable, de manera que en los estados financieros se revele en forma fidedigna la realidad económica, financiera y patrimonial de las entidades públicas.

Para el efecto, deberá establecerse la existencia real de bienes, derechos y obligaciones, que afectan el patrimonio público depurando y castigando los valores que presentan un estado de cobranza o pago incierto, para proceder, si fuera el caso a su eliminación o incorporación de conformidad con los lineamientos de la presente ley”.

De la presentación de esta normatividad concluye la Sala, sin hesitación alguna que no guarda relación por materia el Decreto 163 de 2004 con la Ley 901 del mismo año.

Ahora bien, de cara a la impugnación del fallo de primera instancia, la Sala considera que debe revocarse como lo demanda la Procuraduría mediante su agente especial y su apoderada en el entendido de la falsa motivación que llevó a una conclusión errada, pues, en principio resulta inexplicable que en criterio de sus integrantes, el derecho del debido proceso no hubiera resultado vulnerado por la Procuraduría al aplicar la Ley 901 de 2004 declarada inexequible con posterioridad a la culminación de la actuación disciplinaria, toda vez que no podía aplicar el principio de favorabilidad, para entrar luego al estudio del derecho fundamental de la honra e indicar que declarado inexequible el inciso segundo del parágrafo 3º del artículo 2º de la Ley 901 de 2004, con el fallo disciplinario se afectan el buen nombre y el reconocimiento público de quien bajo los ritos del debido proceso resultó sancionado con destitución e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 10 años.

Existe una falsa motivación en el fallo si se tiene en cuenta que los Magistrados integrantes de la Sala de Decisión de esta Tutela estimaron que para el caso materia de estudio por la Procuraduría General de la Nación respecto de la situación disciplinaria del alcalde Chaparro Carrillo, es igual aplicar el Decreto 163 que la Ley 901 de 2004 y, por ende, como el inciso segundo del parágrafo 3º del artículo 2º de esta última fue declarado inexequible la sentencia sancionatoria debe ser suspendida en sus efectos; máxime cuando la postura aquí censurada carece de un razonado y exhaustivo estudio que conlleve a una hipótesis seria y concluyente, toda vez que la única referencia al punto de la relación de normas fue expresado, como si se trata de una excepción de inconstitucionalidad, en los siguientes términos:

“… ante la declaratoria de inexequibilidad de la Ley 901 de 2004 en su artículo 2º parágrafo 3º por vía de el (sic) mecanismo de control de las leyes, en materia constitucional, las razones que le asistieron al ente encargado de interpretar la norma superior son predicables para otras expedidas con similar objeto, lo que en efecto aplica para el Decreto 163 de 2004, artículo 1º numeral 3º indicando como transgredido por la Secretaria de Salud de Villavicencio, lo que conllevó el resultado de la sanción impuesta al tutelante…”.

Dicha conclusión es inaceptable desde el punto de vista jurídico y de la sana hermenéutica hecha por servidores de la rama judicial de la calidad de los cargos que desempeñan quienes así decidieron este asunto, pues no se compadece con la facultad constitucional de la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, efectuar afirmaciones sin sustento real y sin una ilación en sus ideas y específicamente en el meollo del asunto, que para este caso no es hacer diatribas sobre la favorabilidad sino determinar si en el caso particular es posible aplicar ese principio, si existe relación entre una y otra norma y más aún, establecer si el fallo que se consideró vulnerador de los derechos fundamentales del actor aplicó esa norma declarada inexequible para luego sí verificar la procedencia de la aplicación de los efectos del fallo de inconstitucionalidad.

8.3.1. Efectos de las sentencias de inexequibilidad.

De manera general y específicamente por lo previsto en el artículo 45 del la Ley 270 de 1996 —ley estatutaria de la administración de justicia— las sentencias proferidas en desarrollo del control judicial de constitucionalidad por la Corte Constitucional tienen efectos hacia el futuro, a menos que la Corte resuelva lo contrario y así lo consideró la Sala de primer grado.

En la Sentencia C-037 de 1996 se fijó el alcance de la situación de retroactividad a que alude el fallo de primera instancia, indicando que:

“En el evento en que el fallo deba tener efecto retroactivo, la Corte fijará con precisión el alcance del mismo en la parte resolutiva de la sentencia…

En todo caso, frente a la vulneración de un derecho particular y concreto, el restablecimiento del derecho o la reparación directa solo podrán ordenarse por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, previo el ejercicio de las acciones pertinentes contra los actos administrativos expedidos con fundamento en la norma que haya sido declarada inexequible o con motivo de las actuaciones cumplidas por la administración en vigencia de esta, respectivamente…”.

Y si hubiera sido necesario tener en cuenta tal precedente para resolver el asunto sometido a la consideración de la jurisdicción constitucional era su deber verificar qué derechos son los que se consideran conculcados con la expedición de un acto administrativo fundamentado en una norma expedida con violación de preceptos constitucionales previamente definidos y que hacen parte del bloque de constitucionalidad al tenor de lo previsto en el artículo 93 de la Constitución Política, para que una vez la guardiana de la Carta Política se pronuncie en fallo definitivo se efectúe la correspondiente valoración ante la ausencia de fijación de los efectos temporales del fallo, es decir, la definición sobre desde qué momento debe aplicarse la declaratoria de inexequibilidad.

Las situaciones excepcionales deben ser analizadas por el juez de tutela a la luz del fallo de constitucionalidad y de los tratados y convenios internacionales en armonía con la propia Carta Política, para procurar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales por quienes se encuentran en condiciones de debilidad manifiesta y a ello debió proceder la primera instancia para, en primer lugar llegar al convencimiento de la relación existente entre la Ley 901 y el Decreto 163 de 2004, pues así lo ha entendido la Corte Constitucional al proferir el fallo de Tutela 619 de 2003 y del que se extracta:

“(…).

No obstante, como sin duda es altamente probable que una norma haya tenido consecuencias en el tráfico jurídico antes de ser declarada inexequible, a pesar de los vicios que la acompañaban de tiempo atrás, existe una controversia sobre cuál debe ser el alcance de la decisión proferida por el juez constitucional, particularmente en cuanto a los efectos temporales de su decisión.

Esta controversia, que lejos de ser novedosa ha sido ampliamente estudiada dando lugar a interesantes debates no sólo en el ordenamiento colombiano sino también en el derecho comparado, plantea como pregunta si la declaratoria de inexequibilidad solamente puede tener efectos hacia el futuro, o si por el contrario los efectos de la decisión pueden retrotraerse hasta el momento de expedición de la norma.

De un lado, los efectos hacia el futuro o ex nunc —desde entonces— de la declaratoria de inexequibilidad encuentran razón de ser ante la necesidad de proteger principios como la seguridad jurídica o la buena fe, pues hasta ese momento la norma gozaba de presunción de constitucionalidad y por ello sería legítimo asumir que los ciudadanos orientaron su comportamiento confiados en la validez de aquella.

Pero de otro lado, los efectos retroactivos de la sentencia de inexequibilidad encuentran un sólido respaldo en el principio de supremacía constitucional y la realización de otros valores o principios contenidos en ella no menos importantes. Bajo esta óptica se afirma que por tratarse de un vicio que afectaba la validez de la norma, sus efectos deben ser ex tunc —desde siempre— cual si se tratara de una nulidad, para deshacer las consecuencias derivadas de la aplicación de esa normas espurias siempre y cuando las condiciones fácticas y jurídicas así lo permitan.

(…)

“6. Síntesis de lo expuesto.

La anterior presentación, aunque elaborada de manera sucinta permite comprender la dificultad que plantea adoptar reglas absolutas para conceder o no efectos retroactivos a las sentencias de inconstitucionalidad, pues la tensión permanente de principios como la cosa juzgada y la seguridad jurídica frente a la igualdad, la justicia y en últimas la supremacía material de la Constitución, enfrentan al operador jurídico a la necesidad de valorar en cada caso las circunstancias específicas a fin de adoptar la decisión que mejor se ajuste a los mandatos supremos. Como se ha visto, no solo es difícil concebir un único modelo, sino que, además, cada ordenamiento plantea parámetros que permiten al juez constitucional navegar en un mar de alternativas con criterios de flexibilidad para ponderar los riesgos y ventajas de cada fallo a la luz de la Constitución.

En consecuencia, si bien con los efectos ex nunc o pro futuro se protege el principio de seguridad jurídica, antes que ello lo que se busca asegurar el respeto a la cosa juzgada. Pero bajo ciertas condiciones ese principio debe ceder ante criterios de justicia material, igualdad, u otros principios constitucionales no menos importantes.

El debate no puede estar centrado solamente en cuanto a los efectos de una decisión, sino construirse a partir de la eficacia misma de la sentencia y teniendo como norte la supremacía material de la Constitución. Así como existe un principio de efecto útil del derecho, es preciso reconocer que decisiones de esta naturaleza revisten especial importancia en el ordenamiento jurídico, por lo que el juez constitucional debe procurar que ellas sean funcionales. De otra manera carecería de sentido el pronunciamiento de constitucionalidad, como ocurre, por ejemplo, cuando la Corte se abstiene de analizar normas que desaparecieron del ordenamiento y ningún efecto producen o pueden producir cuando llegan para su estudio...” (13) (resaltado fuera de texto).

Pero aquí la Corte Constitucional lo que permite es el análisis de los efectos de la declaración de inexequibilidad de la norma aplicada al asunto materia de debate, que para nuestro caso es aquella enrostrada como desobedecida por la Secretaria de Salud de Villavicencio y cuya falta de control en su aplicación le fue imputada al alcalde Franklin Germán Chaparro Carrillo de cara al caso particular, situación que de ninguna manera responde a los planteamientos esbozados en el fallo confutado que se apartan de la realidad vertida en la sentencia dictada por la Procuraduría General de la Nación, cuya valoración jurídica por los jueces corporativos de tutela se alejó de su contenido, pues, en principio no puede ejercerse control constitucional sino legal a dicho decreto y por ende los efectos de la sentencia de inexequibilidad no pueden extenderse de manera arbitraria a la situación planteada por el actor, so pena de invadir jurisdicciones, para lo cual no fue creada la acción de tutela.

Si las sentencias de primero y segundo grado dictadas por la Procuraduría General de la Nación tuvieron como fundamento jurídico el Decreto 163 de 2004 mal podían los integrantes de la Sala a quo imponer su criterio con base en la declaración de inconstitucionalidad del inciso segundo del parágrafo 3º del artículo 2º de la Ley 901 del mismo año que no tiene ninguna relación con el tema debatido y por ende, aquellas determinaciones —destitución e inhabilidad— deben ser soportadas por el sujeto pasivo de la contienda disciplinaria, pues se profirieron de acuerdo con la normatividad que hoy se mantiene vigente, hasta cuando, si es del caso, la jurisdicción contencioso administrativa tome alguna determinación por razón del control rogado que podría ejercer el disciplinado sobre las decisiones que lo afectan, pues por ahora gozan de legalidad y acierto, máxime que aún puesto en cuestión por “similitud” con la Ley 901 de 2004 el cuerpo normativo contenido en el Decreto 163 de 2004, no fueron esas las únicas razones para imponer la sanción contra Franklin Germán Chaparro Carrillo en tanto que si bien se le imputó como “cargo único” la omisión de control respecto de las diversas conductas endilgadas a la Secretaria de Salud (14) , consistentes en no renovar contratos de administración de recursos del régimen subsidiado de seguridad social en salud “sin el debido proceso”, y celebrar contratos con empresas a pesar de que no podía hacerlo por el número de afiliados, en “concurso material de faltas” (15) , estos últimos no tuvieron como fundamento jurídico el mencionado decreto sino el Acuerdo 244 de 2003 del CNSSS, tal como se consideró en la sentencia de la Viceprocuraduría (su fl. 30 en armonía con el fl. 21 de este proveído), que incluso no fueron objeto de controversia en sede de tutela.

Consecuente con esta argumentación y tenidos en cuenta los esbozos hechos por los impugnantes quienes se encuentran asistidos por la razón, dada la orfandad en la sustentación del fallo de primer grado y la contradicción en las ideas desarrollas en el mismo, la colegiatura lo revocará íntegramente y en consecuencia, dispondrá la revocatoria de los actos administrativos proferidos en cumplimiento de esa decisión, quedando vigentes las determinaciones tomadas por la Procuraduría General de la Nación, para lo cual se librarán las correspondientes comunicaciones.

En mérito de lo expuesto, el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

1. No declarar la NULIDAD de lo rituado en esta acción de tutela por las razones expuestas precedentemente.

2. Declarar que en el presente asunto no existió temeridad en el accionante en la presentación de la acción de tutela que ahora se decide.

3. Revocar íntegramente la sentencia del 19 de diciembre de 2005 proferida por la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta, por las razones consignadas en la motivación de este fallo.

4. En consecuencia, quedan sin efecto todas las determinaciones asumidas en el fallo del 19 de diciembre de 2005 por la Sala a quo, y por ende, los actos administrativos proferidos en cumplimiento de las mismas quedan sin valor para lo cual se deberá comunicar a las autoridades que los asumieron para que tomen las determinaciones pertinentes al restablecimiento de los efectos de la sentencia del 21 de octubre de 2005 dictada por la Procuraduría General de la Nación.

5. Notifíquese por el medio más expedito esta determinación a los interesados.

6. Envíese la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Magistrados: Fernando Coral Villota—Eduardo Campo Soto—Guillermo Bueno Miranda—Jorge Alonso Flechas Díaz—Rubén Darío Henao Orozco—Temístocles Ortega Narváez—Leonor Perdomo Perdomo.

Yira Lucía Olarte Ávila, secretaria judicial.

(1) Cuaderno original 1, folios 93 a 198.

(2) Cuaderno original 2, folio 65.

(3) Folio 74.

(4) Folio 82.

(5) Folio 85.

(6) T-1014 de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. En esta sentencia la Corte señaló, que la presunción de la buena fe dentro del proceso y por ende respecto del juramento, implica a su vez lealtad, buena fe, veracidad, probidad y seriedad.

(7) M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(8) Al respecto véanse las sentencias T-300 de 1996, M.P. T-082 de 1997, T-080 de 1998 y T-303 de 1998.

(9) M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(10) T-1014 de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

(11) M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

(12) Corte Constitucional, Sentencia T-919 de 2003, de octubre 9 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(13) Corte Constitucional, Sentencia T-619 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

(14) Cuaderno principal, folio 62. Sentencia de octubre 21 de 2005, Procuraduría General de la Nación.

(15) Folio 54, y 35 interno del fallo de primera instancia de la Viceprocuraduría General de la Nación.

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