Sentencia 5002 de noviembre 5 de 1998 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA

INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS

POR DAÑOS FUTUROS

EXTRACTOS: «Visto que el recurrente cuestiona la indemnización por daños futuros, calificándolos de meras expectativas, cumple precisar lo que sigue: no sólo las cosas actuales interesan al derecho; también el porvenir, aunque intangible, goza de su aprecio; y quizás mayormente, por cuanto que en cierto modo el hombre muestra más inquietud jurídica frente a lo impredecible del futuro; ya ha de suponérselo proyectando, trazando planes, calculando, bosquejando; labor en la que su mente se disparará hasta lo infinito por tratar de hacer firme lo que es movedizo. Débese convenir, en un primer momento, que en torno al futuro, “es flaca sobremanera toda humana previsión”. Pero esta condición, la imprevisibilidad, que ciertamente le es intrínseca, no es bastante a excluirlo del mundo jurídico.

Es más: el futuro es muy propio de la vida de los contratos; de modo especial en los denominados de tracto sucesivo, en los que se promete, amén del presente, un hecho futuro; y, en general, en los ordenamientos jurídicos existe permisión para contratar sobre cosas aún inexistentes (v. gr. la llamada venta de cosa esperada, art. 1869 del Código Civil), u obligarse condicionalmente (a la condición corresponde el futuro como cosa per se), con la única salvedad que no sea imposible, porque entonces, es verdad, estaríase contratando sobre la nada.

Para los fines aquí propuestos, salta a punto la idea acabada de expresar. El derecho toma en consideración el futuro, las más veces no sobre la base de certidumbre plena, sino de lo que es de esperar conforme al normal curso de los acontecimientos. Dígase un futuro apenas virtual. Ocurre así, y para circunscribirlo al punto exacto que ahora importa, en materia de indemnización de perjuicios que halla venero en la responsabilidad civil extracontractual. La reparación que entonces debe el victimario tiene que ser omnicomprensiva, cubriendo no sólo los daños con existencia efectiva inconcusa, sino los que sin embargo de ser aún inexistentes son seriamente esperables; y sólo desde esta perspectiva es que la doctrina los llama daños ciertos; término éste que, por lo mismo, no ha de tomárselo con el carácter absoluto que de primera intención inspira —como grado superlativo del conocimiento que es—, y que tal vez ha sido preferido con el ánimo exclusivo de enfrentarlo sin ambages al daño que es puramente eventual o hipotético, y así encarecer su mayor relevancia.

Lo que autoriza a decir que lo cierto del daño futuro está en que dentro de un devenir sin sobresaltos mayúsculos, se presentará; o, lo que es lo mismo, que, trasladada hacia adelante la causa (hecho ilícito), casi que es seguro que se producirá el efecto que hoy por hoy se está percibiendo (el perjuicio). No necesariamente, porque no es el derecho una ciencia natural; pero sí harto probable.

Sin perder de mira la advertencia hecha acerca de la relatividad del vocablo que suele utilizarse, cuando de reparar perjuicios se trata no es tanto de interés clasificar los perjuicios en presentes y futuros, cuanto en determinar que todos los perjuicios sean ciertos. Para, de ese modo, descartar los hipotéticos, basados en simples conjeturas o suposiciones, y que no son atribuibles más que a desarrollos de la imaginación.

Todos a una convienen en que aquellos perjuicios futuros, pero ciertos, son objeto de indemnización, dado que la reparación tiene que ser global, lo que no sucederá si sólo es resarcida del detrimento recibido pero no del que a buen seguro recibirá. Lo justifica, por otro lado, el sentido común, por lo absurdo que fuera rechazar hoy una demanda que quizá mañana tuviera que admitirse; y no empece la dificultad que ciertamente se ofrece para avaluar el perjuicio futuro, porque “es preferible apreciarlo en forma aproximada que obligar a la víctima a renovar periódicamente su acción a medida que el daño se vaya realizando” (Arturo Alessandri Rodríguez, De la responsabilidad extracontractual, en El derecho civil, Imprenta Universal, pág. 215).

Patentízase así que no por ser un daño futuro es necesariamente incierto; y que cuando, por el contrario, es bien probable que suceda, dista de ser, para decirlo tropológicamente, “un castillo de naipes”. No se trata de una “mera expectativa” con el sentido que le atribuye el casacionista, cuando dice que no debe ser indemnizable porque “nadie puede asegurar que mañana o pasado seguirá siendo [la víctima] sujeto vital del derecho”, recuérdese que lo cierto se finca en el curso normal de los acontecimientos, sin parar mientes en los imponderables. Y si bien no hay una norma que exactamente diga que el daño futuro sea reparado, tampoco la hay que lo excluya; y sí más bien concurren las potísimas razones que la doctrina y la jurisprudencia suelen traer a colación para aseverar lo contrario. Desde que la ley diga que quien cause a otro daño debe resarcirlo, en sana hermenéutica ha de entenderse que es todo daño, presente o futuro, con tal de que sea cierto; indemnizar significa, pues, borrar, aunque pecuniariamente, las secuelas del acto nocivo; si se dejara por fuera el daño futuro, necesariamente tendría que admitirse que el desmedro que habrá de experimentar la víctima deberá soportarlo ella, aun cuando el autor de ese estado hubiese sido otro.

Por lo demás, ha sido criterio constante de la jurisprudencia, el de que “no sólo el perjuicio actual es cierto, sino también el perjuicio futuro, pero no lo es el perjuicio simplemente hipotético. La jurisprudencia califica el perjuicio futuro de cierto y ordena repararlo, cuando su evaluación es inmediatamente posible, al mismo título que el perjuicio actual” (Cas. Civ. de 29 de mayo de 1954, LXXVII, 712).

Son clarísimas, entonces, las razones que impulsan a tener en cuenta el futuro para efectos de indemnización; y a su vez, repulsan la rectificación doctrinal que sugiere el recurrente».

(...).

INDEMNIZACIÓN A LA CONCUBINA

POR LA MUERTE DE SU COMPAÑERO

EXTRACTOS: «Históricamente se ha considerado que la relación concubinaria no es hontanar de derechos. Muchas y de variada índole son las razones que se esgrimen para justificar tal posición; algunas veces, por ejemplo, se dice que es apenas una situación de hecho que, sin reprocharla explícitamente la ley, tampoco ha sido objeto de su amparo. Empero, sea cualquiera la tesis que se aduzca, parece ser que la fuente primaria de todas ellas está representada por el lastre con que tradicionalmente ha cargado la relación extramatrimonial, vista así como atentatoria de la moral y las buenas costumbres. Porque cada vez que se encara el problema de averiguar por la legitimación que a sus protagonistas asiste para suplicar tutela jurídica, salta infranqueable el punto de lo ilícito e inmoral de la conducta; se ha estimado al respecto que cuando la concubina pide reparación, alega un atentado infligido a su situación inmoral, como sería el presentarse como damnificada porque el compañero rompe injustificadamente dicha relación; inclusive dentro del ámbito de la responsabilidad civil extracontractual, materia en la que en un momento dado se quiso obviar aduciéndose que la preceptiva legal pertinente manda reparar el daño sin inquirir la naturaleza jurídica de la situación de donde efunde. Cuando no era que entonces se objetaba la falta de certeza en el daño que el concubino padecía por el hecho ilícito del tercero, sobre la base de considerarse que la barraganía tiene un soporte esencialmente inestable y precario, desde que puede ser alterado por los concubinos a su antojo; en otros términos: que no era cierto y actual el daño porque nadie puede garantizar con exactitud que de haber seguido viviendo el concubino, habría continuado ayudando a la manceba.

Con tales criterios se negaba sin cesar todo derecho a los concubinos.

Pero paulatinamente se ha venido atemperando el rigor para darle cabida a ciertas eventualidades, las que la jurisprudencia ha guardado de puntualizar certeramente, todo lo cual ha sido el fruto de un paciente y sopesado reexamen del asunto, que en verdad ha tomado su tiempo. La legislación, la jurisprudencia y la doctrina vinieron perfilando en algunos casos tal legitimación de los concubinos, hasta llegar a encontrar hoy un incontestable soporte constitucional. Así lo puso de presente esta corporación en fresca decisión, en la que tras un sazonado estudio, y frente a un litigio generado por hechos acaecidos con anterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, dijo:

“Así que hoy, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, ante el criterio de la vigente Constitución, puede la Corte tomar una posición con suficiente certeza, puesto que del artículo mencionado aparece claro entonces que el Estado colombiano reconoce y promete proteger tanto la familia matrimonial como la extramatrimonial, siempre que ésta según el constituyente sea formada por un hombre y una mujer que lo hagan de manera responsable, seria y asumiendo las obligaciones que implican formar parte de un grupo familiar. Es decir, la Carta protege la familia extramatrimonial en cuanto llene las características de la familia matrimonial, pudiendo afirmarse que para serlo solamente faltaría el vínculo conyugal”, debiendo ser tratada de manera semejante, en un plano de igualdad. Por manera que el concubinato, que hoy puede llegar a estructurar la unión marital de hecho a la luz de la Ley 54 de 1990, existente “bajo los supuestos de licitud de la unión de un hombre y una mujer, o diciéndolo de otra manera, no contrariando prohibiciones de ley ni las buenas costumbres, y siendo permanente y estable, o sea en cuanto constituye una familia, una sociedad así formada tiene la protección jurídica a la que semejantemente se le brinda a la alianza matrimonial”, punto sobre el que advirtió tajantemente la Corte que no se está protegiendo “una relación repudiada por la ley ni una vinculación transitoria que no tenga el propósito de conformar una familia”.

Y agregó:

“Del contexto se desprende que dos son los presupuestos fundamentales para reconocer como situación jurídica que debe tratarse sin distinciones: la licitud y la permanencia y estabilidad de la familia, presupuestos que sin ninguna hesitación se advierten en la familia matrimonial, y que en cuanto aparezcan en la unión marital de hecho, dan pie para encontrar la familia extramatrimonial que reconoce la Carta Política de 1991” (Cas. Civ., sent. 130 de oct. 25/94).

A propósito de la estabilidad y permanencia que caracteriza la voluntad responsable de formar familia semejante, es de subrayar que ello mismo hace que el daño analizado, vale decir, el que soporta el compañero supérstite al verse privado de la ayuda o sostén que le proporcionaba su amante fallecido, no pueda calificarse de incierto; no basta al efecto imaginar que el concubino hubiese podido suspender a voluntad suya el auxilio económico en cualquier momento, porque del mismo modo que nadie puede negar tal hipótesis, tampoco podría asegurar que ello ha de acontecer fatalmente. Criterios meramente hipotéticos que no hacen sino confirmar lo difícil que es moverse en la densa niebla del futuro. Decíase aquéllo porque lo hipotético de dicha circunstancia, que, como quedó referido, no se desconoce bajo ningún respecto, decrece significativamente cuando la estabilidad de la relación entre los compañeros permite esperar con seriedad que es harta la probabilidad de que la ayuda hubiese continuado; que la supresión hoy existente de la ayuda no se debe más que a la muerte ocasionada por alguien extraño al concubinato. Con argumento de contraste, diríase que el lazo duradero habido entre ellos impide atisbar circunstancia alguna que justificara la suspensión del subsidio, y que, por el contrario, dentro del curso normal de los acontecimientos, a buen seguro que habría perdurado; vistas así las cosas, y para decirlo en lenguaje más elíptico, basta que la ayuda de futuro sea virtual.

Hace tiempo que se advirtió de tal modo; la doctrina, en efecto, al tratar el punto, señaló como indispensable que el amancebamiento hubiese sido por “muchos” o “varios” años. Así el criterio proverbial de los Mazeaud: “por lo tanto, cabe encontrar algunas concubinas que están en condiciones de alegar un daño cierto; todas aquellas que invoquen un concubinato que haya durado muchos años y demuestren no solo haber recibido regalos, sino haber sido socorridas por su concubinario, como una mujer por su marido” Tratado teórico y práctico de la responsabilidad civil delictual y contractual, tomo primero, volumen I, núm. 278).

Por eso fue que en aquella misma sentencia afirmó la Corte que la certeza del daño estriba “en que de las pruebas mencionadas se establece que los fallecidos mantenían una relación estable con sus compañeras e integraron una unidad familiar con los demás demandantes durante un lapso superior a los 10 años, en el cual aquéllos proveyeron al mantenimiento del grupo, lo que además permite presumir que probablemente tal situación subsistiría a no ser por el intempestivo óbito”.

Fue así, entonces, como esta Sala, en la jurisprudencia que ha quedado citada, reconoció derecho a la concubina para reclamar el abono de los perjuicios que reciba con ocasión del hecho ilícito perpetrado por un tercero y ocasionando la muerte o incapacidad de su compañero. Y en general precisó que así acontecía cuando quiera que se reunieran las siguientes circunstancias:

“1. La dependencia económica que tenía el reclamante de quien murió o quedó en situación física o mental que imposibiliten prestar la ayuda o socorro que venía otorgando. 2. El daño cierto que la muerte o la situación de quien daba la ayuda causó al dependiente, esto es que haya certeza de que dadas las circunstancias, la ayuda o socorro habría continuado. Con otras palabras, que esa dependencia no se derive de una relación ilícita y, por tanto, la pretensión venga a conformar una aspiración que repugne al derecho. 3. Que la pretensión indemnizatoria no signifique obtener una ventaja o un provecho contrario a la moral o al derecho”.

De lo expuesto se desprende que el reconocimiento de indemnización a favor de un concubino ha sido el producto de un concepto cuya evolución tomó un prolongado tiempo, y que no es cierto que su punto de partida esté exactamente en la expedición de la nueva Carta Política; cosa distinta es que con este acontecimiento se tornó indiscutido el punto, y de ahí que esta Sala lo reconociese así en la sentencia a que pertenecen los pasajes transcritos líneas atrás».

(Sentencia de casación, noviembre 5 de 1998. Expediente 5002. Magistrado Ponente: Dr. Rafael Romero Sierra).

(...).

LUCRO CESANTE

POR BIENES QUE PIERDEN EL ESFUERZO LABORAL DEL OCCISO

EXTRACTOS: «1. Bien conocido es que, como una y otra vez se ha señalado a lo largo de este proveído, cuando la ley manda resarcir los perjuicios causados a otro, la indemnización tiene que ser omnicomprensiva, esto es, cubrir absolutamente todo el detrimento que el hecho culposo del agente irroga a la víctima. No hay razón valedera para que un daño, inclusive por pequeño que se lo juzgue, quede sin reparar y que entonces deba soportarlo el damnificado. Es inconcebible, pues, que la indemnización resulte inferior al daño, porque indemnizar equivale, en su más simple significado, a borrar en la medida de lo posible los efectos nocivos de un hecho, procurando que la víctima recupere el estado anterior en que se hallaba.

Pero si bien el autor del perjuicio no debe indemnizar menos de lo que debe, es lo cierto que tampoco está obligado a indemnizar más de lo que es. Repara no más que los daños efectivamente causados.

Convenido que los perjuicios a resarcir son apenas los que en verdad padece la víctima, aflora inevitable que es a ésta a quien corresponde demostrarlos. Ciertamente, de ordinario la carga de la prueba está de su parte. Deberá probar, así, el menoscabo que le causó el hecho reprobable del agente.

La jurisprudencia ha sido insistente: “para que un daño sea objeto de reparación tiene que ser cierto y directo, por cuanto sólo corresponde reparar el perjuicio que se presenta como real y efectivamente causado y, como consecuencia inmediata de la culpa o el delito; y ha puntualizado así mismo, que de conformidad con los principios regulativos de la carga de la prueba, quien demanda judicialmente la indemnización de un perjuicio que ha sufrido le corresponde demostrar, en todo caso, el daño cuya reparación persigue y su cuantía, puesto que la condena por tal aspecto no puede extenderse más allá del detrimento padecido por la víctima ...” (Cas. civ. de 20 de marzo de 1990, sentencia recaída en el proceso ordinario de Roberto Izquierdo Acosta contra Industria Licorera de Bolívar).

2. Visto lo anterior y pasando sin pérdida de momento a examinar el caso ahora litigado, reliévase que la protesta del recurrente está en que se haya comprendido, dentro de los perjuicios de los Obregón, el producido de los bienes que al tiempo de su muerte tenía Marco Aurelio, o sea la tienda y los camiones referidos en el cargo.

Y bien es verdad que allí anduvo desatinado el juzgador, comoquiera que ha debido caer en la cuenta de que aquéllos, en tanto que se digan herederos de Marco Aurelio, no han podido verse afectados en lo que hace relación con el producido de tales bienes, desde que, ciertamente, estos están llamados a formar parte del caudal relicto de la herencia, sin perjuicio, por supuesto, y en los casos en que sea preciso, de la liquidación previa de la sociedad conyugal. Herencia que, como es sabido, es en principio administrada por las personas llamadas a ser las continuadoras de la persona del causante. Esos bienes, pues, en términos corrientes no tienen por qué cesar en su producido; y, en todo caso, jamás podría imputarse al autor de la muerte de su titular.

Traduce que los Obregón mal pueden alegar en el punto que están afectados por culpa del causante del accidente automoviliario.

Quedando claro que en la cuantificación del agravio no debe incluirse lo que dichos bienes venían produciendo —sencillamente porque los bienes no se tornan necesariamente improductivos ante la muerte de su propietario—, síguese que en la materia no podría haber perjuicio distinto al que proviene de la gestión personal, de la industria, del difunto; lo que se fue con la vida de éste, es la fuerza laboral que desplegaba para hacer productivos los bienes, la cual, si es que se quiere eludir la improductividad, ha de ser reemplazada. He aquí, y en nada más, como se podrían ver afectados personalmente los herederos, precisamente porque para dicho fin, o bien asumen personalmente la gestión o se ven precisados a buscar a otro para que lo haga, desde luego con el costo que ello implica.

3. Recuérdese que la viuda y los herederos de Obregón reclaman aquí el abono de los perjuicios que personalmente recibieron ante la desaparición del interfecto Marco Aurelio, y que tienen venero en la supresión de la ayuda económica que les brindaba para su sostenimiento. Por manera que, como quedó dicho, un eventual perjuicio sobre el particular nada tiene que ver con los rendimientos de los bienes heredados, y sólo podría hallarse en cuanto la ayuda proviniese de los ingresos producto del trabajo de Marco Aurelio.

De ahí que cuando el tribunal incluyó en la liquidación de perjuicios el producido de esos bienes, supuso que en el expediente estaba demostrado que los demandantes recibieron agravio personal en ese campo, a raíz del hecho generador de la responsabilidad civil extracontractual que declaró. Creyó, equivocadamente desde luego, que los actores habían comprobado que en razón del accidente que provocó la desaparición de Marco Aurelio aquellos bienes quedaron improductivos, y que éste lucro cesante era imputable al agente; o, lo que es lo mismo, que no se concibe el rendimiento de los bienes sin estar vivo Marco Aurelio.

4. Incurrióse, así, en el característico error de hecho, desde que el tribunal imaginó un detrimento en los demandantes. Y su trascendencia aflora al punto, porque de otro modo no habría tenido en consideración, a objeto de determinar el perjuicio indemnizable, el producido de los multicitados bienes, y de paso hubiera evitado la transgresión de las normas sustanciales que mandan indemnizar los perjuicios, pero solamente los efectivamente causados.

Este cargo, pues, tiene éxito.

(...).

Se casará la sentencia, pues, por aquel aspecto; mas no es posible dictar inmediatamente la que ha de reemplazarla, porque la Corte estima necesario decretar la prueba de oficio a que en su momento se aludirá. Con tal fin se precisa que, acorde con el motivo que dio lugar al quiebre de la sentencia, en la liquidación de los perjuicios que luego se mande, no podrá partirse de la base del rendimiento de los bienes, sino del esfuerzo personal del causante, que, itérase, fue lo verdaderamente suprimido. Además, como el recurso no prospera sino en lo que se refiere exclusivamente a dicha base liquidatoria, todas las demás circunstancias sobre las que efectuó su liquidación el tribunal quedan indemnes, tales como vida probable de la víctima y de los damnificados, la mayoría de edad de los hijos como punto de referencia último para el abono de los perjuicios que les corresponde, etc.

(...).

IV. Decisión

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, casa la sentencia que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga dictó el 28 de febrero de 1994; recaída en el proceso ordinario de María del Carmen Oliveros de Obregón (en su propio nombre y en el de Rodney, Yolanda, Mireya, Yesid, Jamer y Melba Obregón Oliveros) y Luz Marina Correa (en su propio nombre y en el de Diego Fernando y Luz Helena Morales Correa) contra José Constantino Motato Castaño, Miguel Castaño y Expreso Trejos Limitada.

Y previamente a proferir la sentencia sustitutiva, decreta oficiosamente la siguiente prueba:

Por peritos determínense los perjuicios materiales irrogados a María del Carmen Oliveros de Obregón y a sus hijos Rodney, Yolanda, Mireya, Yesid, Jamer y Melba Obregón Oliveros, como efecto de la muerte de su cónyuge y padre, en su orden, señor Marco Aurelio Obregón Restrepo, daños esos consistentes en que se vieron privados del sostenimiento económico con que él los beneficiaba, que incluyen el lucro cesante pasado y futuro, para todo lo cual se sujetarán estrictamente a los lineamientos expresados en la parte pertinente de las motivaciones, teniendo presente de manera especial que dicha supresión económica está dada, no por el producido de los bienes como lo establecieron otros peritos dentro del juicio, sino por la capacidad económica atribuida al esfuerzo personal y laboral del occiso.

Para la práctica de esta prueba comisiónase al Juzgado Primero Civil del Circuito de Tuluá (Valle), enviándosele el despacho comisorio con los insertos necesarios, incluyendo especialmente copia íntegra de esta sentencia, por cuanto es en ella en donde se fijan los puntos objeto de la experticia así como las directrices que marcan los límites de la misma, y copia de la sentencia de segundo grado a la cual remite aquélla para los efectos que quedaron consignados en las motivaciones precedentes. Dicho juzgado queda investido de amplias facultades para el cumplimiento de la comisión —entre ellas la de designar peritos—, las cuales cesarán una vez que venza el término de traslado del peritaje, para cuyo diligenciamiento se le conceden 30 (treinta) días. Los gastos de la probanza son de cargo de ambas partes en proporciones iguales».

(Sentencia de casación, noviembre 5 de 1998. Expediente 5002. Magistrado Ponente: Dr. Rafael Romero Sierra).

__________________________________