•Sentencia 5016 de febrero 18 de 1999

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

AGOTAMIENTO DE LA VÍA GUBERNATIVA

NO SE PRODUCE CUANDO SE INADMITE EL RECURSO DE APELACIÓN

EXTRACTOS: «Para la Sala en el caso sub examine no es procedente hacer un pronunciamiento de mérito respecto de las pretensiones de la demanda, por las siguientes razones:

A través de la Resolución 072-92 de 26 de noviembre de 1992, la Alcaldía Local de Teusaquillo ordenó el cese de actividades a la Notaría 38 del Círculo de Bogotá ubicada en la calle 37 núm. 27-21/25 de esta ciudad y dispuso que contra dicho acto procedían los recursos de reposición y de apelación (fl. 96 del cuaderno principal).

A folios 106 a 112 ibídem obra un escrito dirigido a la Alcaldía Local de Teusaquillo, con indicación del nombre del actor como recurrente, contentivo del recurso de reposición y subsidiario de apelación.

A folios 130 a 133 ibídem obra el acto administrativo de 28 de septiembre de 1993, expedido por la Alcaldía Local de Teusaquillo, a través del cual resolvió el recurso de reposición interpuesto por el actor contra la resolución antes citada, confirmándola, y concedió el recurso de apelación ante el Consejo de Justicia de Santafé de Bogotá, D.C.

A folios 148 a 149 ibídem obra el acto administrativo de 9 de febrero de 1994, a través del cual la Sala Administrativa del Consejo de Justicia de Santafé de Bogotá, D.C., dispuso “inadmitir por improcedente el recurso de apelación propuesto”, por cuanto el escrito contentivo del mismo no cumplió con el requisito previsto en el artículo 52, ordinal 1º, del CCA, ya que no fue firmado ni presentado personalmente por el interesado (fl. 148 ibídem).

Conforme a lo dispuesto en el artículo 52, ordinal 1º, del CCA los recursos deben interponerse por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido, dentro del plazo legal, personalmente y por escrito, y sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad y con indicación del nombre del recurrente, so pena de rechazo, según lo dispone el artículo 53 ibídem.

La inadmisión o rechazo del recurso de apelación inexorablemente trae como consecuencia la firmeza del acto administrativo objeto del mismo, según las voces del artículo 62, ordinal 3º, ibídem y el no agotamiento de la vía gubernativa, según se deduce del contenido del artículo 63 ibídem.

Si bien es cierto que en la parte final del precitado acto de 9 de febrero se afirma que contra el mismo no procede recurso alguno y “queda agotada la vía gubernativa” (fl. 149 ibídem), también lo es que el hecho de no interponer en debida forma un recurso, que fue la causal por la cual no se le dio curso al recurso de apelación interpuesto por el actor, y que equivale a no haberlo interpuesto, de una parte implica, como ya se dijo, que el acto administrativo recurrido adquiera firmeza y, de la otra, que no pueda entenderse agotada la vía gubernativa, pues tal evento no se encuentra enlistado en los casos previstos en los artículos 62, numerales 1º y 2º, y 63 del CCA, que son los únicos por los cuales se entiende agotada la vía gubernativa.

Cabe resaltar que la Sala en pronunciamientos de 11 de junio de 1998 (expediente 4863, actor Carlos H. Otálora e Hijos Ltda., consejero ponente doctor Libardo Rodríguez Rodríguez) y de 19 de noviembre de 1998 (expediente núm. 4937, actora Sercarga S.A., consejero ponente doctor Juan Alberto Polo Figueroa), declaró la nulidad de actos administrativos que rechazaron los recursos con los cuales se pretendía agotar la vía gubernativa, por encontrar probados los cargos de indebido rechazo que se les había endilgado y, a título de restablecimiento del derecho, ordenó a la entidad demandada resolver los mismos.

Pero como quiera que en el caso sub examine el actor no controvirtió en la demanda el argumento que tuvo la Sala Administrativa del Consejo de Justicia de Santafé de Bogotá para rechazar el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 072-92 de 26 de noviembre de 1992, pues no le formuló censura alguna, no puede la Sala entrar a analizar si tal rechazo fue justificado o no, razón por la cual el referido acto debe permanecer incólume, con la consecuencia jurídica que de ello se deriva: el no agotamiento de la vía gubernativa, pues el recurso de apelación es el obligatorio para este efecto, conforme se infiere lógicamente del último inciso del artículo 51 ibídem.

Así las cosas, como no se cumplió con este requisito de procedibilidad de la acción consagrado en el artículo 135 ibídem, que es de naturaleza sustancial y no simplemente formal, debe revocarse la sentencia apelada para disponer, en su lugar, un pronunciamiento inhibitorio, como en efecto se hará en la parte resolutiva de esta providencia».

(Sentencia de febrero 18 de 1999. Expediente 5016. Consejero Ponente: Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz).

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