Sentencia 5023 de septiembre 10 de 1998 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA

Referencia: Expediente 5023

Magistrado Ponente:

Dr. Nicolás Bechara Simancas

Santafé de Bogotá, D.C., diez de septiembre de mil novecientos noventa y ocho.

Procede la Corte a decidir el recurso de casación interpuesto por EXPRESO TREJOS LTDA. contra la sentencia de 22 de marzo de 1994, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, Valle, en el proceso ordinario adelantado por ANA GERTRUDIS PINEDA DE LONDOÑO, en su propio nombre y como representante legal de sus menores hijos RAÚL ANDRÉS, DAVID JOSÉ Y LUZ KARIME LONDOÑO PINEDA; ADAN ADOLFO ESCOBAR SABOGAL, menor de edad representado por su progenitora María Concepción Sabogal; JESÚS MARÍIA CALDERÓN, GUILLERMO ESCOBAR MORENO Y PABLO JULIO ESCOBAR BECERRA, frente a la sociedad recurrente, MUNIF ALIF y MUNIR ALIF GHATTAS BULTAIFF.

Antecedentes

I. Según la demanda introductora del proceso, los nombrados demandantes solicitan que mediante sentencia judicial se hagan las siguientes o semejantes declaraciones y condenas:

1a. Que los demandados son responsables civilmente de todos los daños y perjuicios ocasionados a cada uno de los nombrados demandantes, con ocasión del accidente de tránsito relacionado en el punto 1 de la demanda.

2a. Que, en consecuencia, deberán pagar en forma solidaría las siguientes sumas de dinero, o las que se establezcan en el proceso, por concepto de perjuicios materiales y morales; según lo indicado en el punto 7 de los hechos:

a) A Ana Gertrudis Pineda de Londoño, Raúl Andrés Londoño Pineda, David José Londoño Pineda, Luz Karime Londoño Pineda, la suma de $ 150.000.000; b) a Adán Adolfo Escobar Sabogal, la suma de $ 25,000.000; c) a Jesús María Calderón, la suma de $ 20'000.000; d} a Pablo Julio Escobar, la suma de $ 3'000.000; y, e) a Guillermo Escobar Moreno, la suma de $ 2´000O(sic).

3a. Igualmente deberán pagar los correspondientes intereses, desde la fecha del accidente y hasta el momento del pago efectivo de la obligación; y las costas del proceso.

II. Los demandantes apoyaron sus pretensiones en los hechos que se compendian a continuación:

1. El 24 de octubre de 1987 en la ruta Buga-Guacarí, se presentó una colisión entre un bus afiliado a la empresa Expreso Trejos Ltda., de placas WL 0745, conducido por Carlos Alberto Cardona Páez, y un bus tipo escalera, afiliado a Trans Unidos, de placas SY 0994, conducido por Guillermo Escobar Moreno

2. El culpable de dicho accidente fue el conductor de Expreso Trejos, así lo declaró la justicia penal, quien conducía a alta velocidad, sin la respectiva licencia de conducción y careciendo de pericia en el manejo de dicha clase de vehículos.

3. Ana Gertrudis Pineda de Londoño, Raúl Andrés, David José y Luz Karime Londoño Pineda son, en su orden, la esposa y los hijos de José Rogelio Londoño, pasajero del bus escalera Mecido con ocasión del accidente; por su parte, Jesús María Calderón y Adán Adolfo Escobar, pasajeros del mismo bus, sufrieron lesiones con graves secuelas; Guillermo Escobar Moreno, su conductor, quedó “gravemente averiado (sic)”, y por lo tanto fue privado de su fuente laboral; Pablo Julio Escobar Becerra, su propietario, tuvo que pagar una cuantiosa reparación de su vehículo, además de haber dejado de recibir ingresos de su explotación económica.

4. Según la demanda, los daños y perjuicios “se avalúan” en la suma de $ 150.000.000 para Ana Gertrudis Pineda de Londoño, Raúl Andrés, David José y Luz Karime Londoño Pineda, dado que fundaban su existencia moral y material en lo que producía Rogelio Londoño García; Adán Adolfo Escobar Sabogal, quien quedó inválido de por vida de un brazo, en la suma de $ 25’000.000; Jesús María Calderón, quien quedó inválido de por vida en las extremidades inferiores, en la suma de $ 20.000.000; Guillermo Escobar Moreno, quien fue privado de su única fuente de ingresos y quedó cesante por seis meses, en la suma de $ 20.000.000; y Pablo Julio Escobar Becerra, por concepto del arreglo del bus tipo escalera y pérdida de ingresos derivada de suspender el bus las actividades, en la cantidad de $ 3’000.000.

III. Enterados de la demanda presentada en su contra, las personas naturales demandadas manifestaron su oposición a ella y sólo aceptaron la ocurrencia del accidente de tránsito; finalmente propusieron las excepciones perentorias de “petición de lo no debido, cosa juzgada e ilegitimidad en la persona del demandado”. Expreso Trejos Ltda. no contestó la demanda.

IV. Concluido el trámite procesal, el a quo dictó sentencia en la que declaró probada la excepción de ausencia de legitimación en la causa respecto de las personas naturales demandadas (puntos Primero y Segundo de la parte resolutiva), y consecuentemente las absolvió; en cambio, declaró únicamente que Expreso Trejos Ltda. es civilmente responsable de los perjuicios ocasionados por causa del referido accidente (punto Tercero); declaró no probada la objeción por error grave formulada al dictamen pericial (punto Cuarto), y la condenó a pagar las siguientes indemnizaciones (punto Quinto de la parte resolutiva):

A. Por concepto de perjuicios morales:

La suma de $ 1.000.000, en favor de cada uno de los siguientes demandantes: Ana Gertrudis Pineda Duque, Luz Karime Londoño Pineda, Raúl Andrés Londoño Pineda, David José Londoño Pineda, Jesús María Calderón y José Adán Escobar Sabogal, junto con los intereses legales causados, que ascienden a la suma de $ 301.999.99; y los que se causen hasta cuando se verifique el pago total.

B. Por concepto de perjuicios materiales:

1. En favor de Ana Gertrudis Pineda Buque la suma de $ 11´734.200, por concepto de lucro cesante y los intereses legales que suman $ 3'520.260.

2. En favor de Luz Karime Londoño Pineda, la misma indemnización e intereses a que se contrae el numeral anterior.

3. Para Raúl Andrés Londoño Pineda y David José Londoño Pineda, por concepto de lucro cesante, sendas sumas de $ 8'083.560, más los intereses legales causados que ascienden a la suma de $ 2'441.235.10.

4. Para Jesús María Calderón Osorio, por concepto de lucro cesante, la suma de $ 4´791.733.50, y los intereses legales causados por valor de $ 1'447.103.40.

5. Para José Adán Escobar Sabogal, por concepto de lucro cesante, la suma de $ 24’000.000, y los intereses legales causados que ascienden a $ 7’248.000.

6. Para Pablo Julio Escobar Becerra, por concepto de daño emergente, la suma de $ 872.800, los intereses causados por valor de $ 254.485.59; por concepto del lucro cesante, la suma de $ 598.000; y los intereses legales que suman $ 174.615.99.

7. Para Guillermo Escobar Moreno la suma de $ 86.666.66, “por el luce (sic) cesante para él generado”; y los intereses legales de $ 25´1306.62.

Agrega el fallo del a quo que “los intereses legales de las indemnizaciones antes relacionadas se causaran hasta el momento en que las mismas sean canceladas en su totalidad”.

Por último, como punto sexto, condenó en costas a la demandada.

V. Por su parte el Tribunal, al resolver el 22 de marzo de 1994 el recurso de apelación de la parte demandada condenada, confirmó los ordenamientos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto en su literal A —perjuicios morales—, y sexto; condenó en costas de segunda instancia a la empresa demandada; determinó que no había lugar a ellas en relación con los otros demandados; y, concretamente reformó la decisión de primera instancia en el punto quinto, literal B) - perjuicios materiales, el cual quedó así:

B) Por concepto de Lucro cesante pasado, actualizado: 1. para Ana Gertrudis Pineda Duque, la suma de $ 6.188.436.70, más los intereses legales que suman $ 2.011.242; 2. para Luz Karime Londoño Pineda, la suma de $ 2.062.812.23, más los intereses por $ 670.413.90; 3. para Raúl Andrés Londoño Pineda, la suma de $ 2.062.812.23, más los intereses por $ 670.413.90; 4. para David José Londoño Pineda, la suma de $ 2.062.812.23, más los intereses por 670.413.90.

Por concepto de indemnización futura:

1. Para Ana Gertrudis Pineda Duque, la suma de $ 8.311342.82; 2. para Luz Karime Londoño Pineda la suma de $ 2.770.441.32; 3. para Raúl Andrés Londoño Pineda la suma de $ 1.618.012.30; 4. para David José Londoño Pineda la suma de $ 1.618.012.30.

Total para este grupo de herederos del causante José Rogelio Londoño García, la suma de $ 30.717.165.83.

Para Jesús María Calderón, por concepto de daño emergente pasado, la suma de $ 6.042.434.02; futuro, $ 2.000.000; para Adán Adolfo Escobar Sabogal, la suma de $ 9.322.718.84, por concepto de daño emergente pasado; futuro $ 5.000.000; para Pablo Julio Escobar Becerra, por concepto de daño emergente pasado, la suma de $ 2.714.183; por lucro cesante, $ 1.844.830; para Guillermo Escobar Moreno, por concepto de lucro cesante, la suma de $ 267.366.65.

“todas las anteriores sumas de dinero pagarán intereses legales del 6% hasta que el pago se efectúe, a partir de la ejecutoria de esta sentencia”.

Fundamentos de la sentencia impugnada:

1. Comienza el ad quem por expresar que para establecer la responsabilidad civil extracontractual que consagra el artículo 2341 del Código Civil la víctima debe acreditar el hecho culposo o doloso imputable al demandado, el daño padecido y la existencia de un vínculo entre dichos elementos; salvo cuando el perjuicio viene como resultado del ejercicio de una actividad peligrosa, caso en el cual se presume la culpa del agente causante del daño, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 2356 ib.

2. Seguidamente discurre así, en lo pertinente, para el presente recurso:

a. La responsabilidad civil de la demandada es directa y dimana de ser el guardián de la cosa inanimada de la cual se hace usó, en este caso el vehículo afiliado a Expreso Trejos, y no es necesario demostrar la dependencia del conductor culpable del accidente; tanto el dueño del bus como la empresa de transporte que lo explota económicamente deben responder solidariamente por el daño causado; a menos que tal empresa administre de manera total el vehículo, caso en el cual debe responder únicamente la última.

b. Añade que resulta inane alegar que: “como el chofer fue condenado penalmente por determinada suma de dinero no puede demandarse al patrón o empresario responsable en un proceso civil por una suma igual o mayor, desde luego antes de que se regulara en el Código de Procedimiento Penal lo relativo a dicho tercero civilmente responsable, ya que antes el tercero no podía ser parte en el proceso penal, rigiendo ello solamente a partir del Decreto 2700 de 1991, ya que el Decreto 50 de 1987 por este aspecto tuvo corta vigencia”. Y más adelante concluye: “Pero es de observar que las empresas de transporte que no fueron parte en el proceso penal, no están obligadas tampoco por tal fallo y por ello no puede haber cosa juzgada penal al respecto”

c. Afirma el sentenciador que los daños causados a los derechos subjetivos patrimoniales y extrapatrimoniales deben indemnizarse, y con apoyo en la jurisprudencia fija los diferentes criterios que deben seguirse para concretar los perjuicios morales, el daño emergente y el lucro cesante en el caso de muerte o lesión de las víctimas del accidente; punto éste dentro del cual afirma que el monto del daño emergente pasado (sic) debe actualizarse, y en cuanto al “daño emergente para gastos futuros debe condenarse a pagar el interés legal del 6%”.

d. Con apoyo en lo anterior, estima el sentenciador que el fallo apelado se debe reformar en cuanto al monto de las indemnizaciones de los daños sufridos por las víctimas, especialmente el de los herederos de Rogelio Londoño García, y el de los señores Jesús María Calderón y Adán Adolfo Escobar, pero con corrección monetaria decretada de oficio; considera que ésta prácticamente fue tenida en cuenta por los peritos designados por el Tribunal en relación con la indemnización de los sucesores de dicho causante; todo ello en virtud de que está probada la ocurrencia del accidente de tránsito origen del litigio, que el responsable del mismo fue Carlos Alberto Cardona Páez chofer de Expreso Trejos limitada, que a consecuencia del mismo falleció Rogelio Londoño García y quedaron gravemente lesionados los demandantes Jesús María Calderón y Adán Adolfo Escobar Sabogal, y perjudicados en sus intereses materiales el dueño del bus escalera Pedro Julio Escobar Becerra y el conductor Guillermo Escobar Moreno”, según se demuestra con las copias del proceso penal en que fue condenado dicho conductor y especialmente con los testimonios de Héctor Fabio Castaño, María Fidelina Giraldo, Ludivia Londoño Guzmán y Jaime González Sierra, quienes fueron testigos presenciales del accidente; con los indicios derivados de la falta de contestación de la demanda por parte de Expreso Trejos Ltda., la copia de la Resolución de Tránsito y Transportes de Buga que sancionó al chofer de la citada sociedad por violar el Código Nacional de Tránsito; y con los dictámenes médico legales sobre el fallecido y los lesionados; pruebas que apreciadas en conjunto determinan que la sociedad demandada es quien “debe responder civilmente de los daños causados en el accidente, ante todo porque está demostrado que era guardiana de la actividad peligrosa”.

e. Expreso Trejos Ltda. no fue parte en el proceso penal y por ello “no puede alegar cosa juzgada en cuanto toca con la responsabilidad civil extracontractual en este caso”, aún observando que las pretensiones de la parte civil son semejantes a las que se han formulado en este proceso.

f. Está probado que “el finado JOSÉ ROGELIO LONDOÑO explotaba una finca con la cual sostenía a su mujer y a sus hijos...”, con los testimonios de José Vicente Millán, Jorge Acuña, José Leonel Gómez y José Reynaldo Giraldo; y en cuanto a los perjuicios, afirma el Tribunal que la experticia rendida en el trámite de la segunda instancia debe acogerse por estar debidamente fundamentada, pues los peritos tuvieron en cuenta el producido de la finca, los gastos de producción, la deducción de gastos personales de la víctima, 15 años de calculada supervivencia del causante y la edad de los menores.

g. Pasa enseguida el sentenciador a concretar los montos de las condenas por lucro cesante pasado actualizado y la indemnización futura, respecto de cada uno de los demandantes, que son las mismas que finalmente adoptó en la parte resolutiva del fallo impugnado.

La demanda de casación:

En ella se proponen siete cargos contra la sentencia del Tribunal, los cuales se despacharán en el orden que corresponde.

Cargo Segundo:

1. Con apoyo en la causal segunda de casación, en este cargo la censura tilda la sentencia impugnada de inconsonancia, por extra petita, al imponer unas condenas con base en hechos y pretensiones no deducidos en la demanda, los que por su ausencia no fundan ningún perjuicio

2. En el desenvolvimiento del cargo, el impugnante resalta que debió dictarse sentencia inhibitoria y no de mérito, y, en resumen, argumenta que la inconsonancia del fallo de segundo grado se da tanto frente a las pretensiones como a los hechos de la demanda, pues ni en aquéllas ni en éstos se puede fundar ninguna de las condenas deducidas en su contra; en el punto transcribe las pretensiones de la demanda, los hechos en que se apoyan y las condenas dispuestas por el Tribunal.

3. En general, el censor alude a que en ese sentido existen inconsonancias que son comunes frente a todos los demandantes, pues en la demanda no se mencionan, ni se cuantifican y clasifican los perjuicios por los conceptos de daño emergente, lucro cesante (pasado y futuro) y perjuicios morales, subjetivos u objetivados; pone de relieve que en la demanda se hace “una escueta cuantificación sin ninguna determinación o clasificación del concepto al que corresponde esa cuantificación, razón por la cual no podía imponerse ninguna condena en concreto con base en las pretensiones y hechos”, por falta de correspondencia.

4. Y específicamente frente a cada demandante señala que el sentenciador dispuso las siguientes condenas:

a) En favor de Ana Gertrudis Pineda, Raúl Andrés, David José y Luz Karime Londoño Pineda, por concepto de lucro cesante pasado y futuro, consolidado con corrección monetaria e intereses legales, con base en la producción de una finca cafetera que administraba el esposo y padre de aquéllos, no obstante que en ninguna parte la demanda alude a tal explotación agrícola, ni a ninguna finca.

b) En favor de Adán Adolfo Escobar S., condena por daño pasado y futuro, concepto en el que mezcla los rubros por lucro cesante, con base en el salario mínimo mensual y gastos médicos futuros, no obstante que ningún hecho de la demanda se refiere a los ingresos del demandante ni a tales perjuicios.

c) En favor de Pablo Julio Escobar, condena por daño emergente y lucro cesante pasados, con base en los daños causados al bus de placas SY 0994 y su temporal inmovilización, sin que la demanda se refiera a estos hechos.

d) En favor de Guillermo Escobar M., condena por lucro cesante pasado, con base en el salario como conductor del bus indicado, sin que la demanda aluda a ningún salario ni al tiempo que se dejó de percibir.

e) En favor de Jesús María Calderón, condena por daño emergente pasado y futuro, con base en el salario mínimo legal mensual y gastos médicos, sin que la demanda aluda a tales aspectos.

5. Por último, el recurrente transcribe apartes de jurisprudencia de esta Corporación sobre la materia, para concluir que en esa ocasión el proceso concluyó con sentencia inhibitoria.

Se considera

1. Como es sabido, desde la perspectiva de la demanda, toda resolución judicial debe ser una respuesta acompasada con los hechos y pretensiones aducidos en aquélla, pues así lo dispone el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil; en tal virtud, constituye vicio de procedimiento, enmendable en casación con apoyo en la causal 2a consagrada en el artículo 368 ib., el hecho de que el sentenciador para decidir la litis haya desbordado esos precisos límites, pasándolos de soslayo, para cuya corrección debe el recurrente indicar y demostrar claramente en qué consiste el mismo, y por supuesto a partir de qué el vicio que denuncia toca estrictamente con las reglas y limitaciones que rigen la actuación del juez al momento de dictar sentencia dentro del concepto de desarmonía entre lo suplicado por las partes y lo resuelto por el juzgador, y no con el cumplimiento del deber de interpretar la demanda y de fijar su alcance, ni tampoco con errores de juicio derivados de la aplicación del derecho o de la apreciación de los hechos y de las pruebas, los cuales, en caso de existir, deben denunciarse pero con acudimiento a la causal primera de casación.

2. Igualmente ha de recordarse que para constatar la deficiencia procesal como la que el cargo anota, debe la Corte confrontar el texto de la demanda que contiene los hechos y peticiones que formula la parte actora con la resolución del juez, para ver de establecer si se encuentra la desarmonía denunciada que aquí se hace consistir en que las condenas concretas que se le impusieron a la demandada no corresponden y sobrepasan las respectivas pretensiones de cada uno de los demandantes favorecidos con ellas, y también los hechos en que se sustentan.

3. Ahora bien, efectuado el parangón comentado, no se detecta la inconsonancia extra petita denunciada, y menos con la significación procesal que le otorga el recurrente para quien la demanda llegó huérfana de hechos y peticiones; ciertamente que en los términos en que ésta fue concebida se comprenden, sin duda alguna, toda clase de perjuicios materiales y morales, se fijan unas sumas concretas y se señalan los hechos rectores que justifican las indemnizaciones solicitadas; tales aspectos formales no decaen en modo alguno por la circunstancia de que los demandantes no hayan efectuado una más detallada exposición de los hechos y peticiones, ni menos por causa de la ulterior calificación jurídica que el sentenciador le otorgó a éstos para definir el litigio.

4. En efecto, para descartar el error de procedimiento aquí denunciado, basta ver que en las pretensiones se pide expresamente que se declare que los demandados “son responsables civilmente de todos los daños y perjuicios”, y que, por consiguiente, se les imponga condena a pagar unas sumas de dinero que la propia demanda concreta en cada caso, según ya se vio en los antecedentes, “por concepto de perjuicios materiales y morales, según lo indicado en el punto 7 de los hechos”; y que en este si bien escuetamente se sustentan dichas condenas, se dice básicamente en qué consisten tales perjuicios, así: la familia Londoño Pineda invoca la muerte de José Rogelio Londoño, como esposo y padre, dado que “fundaban su existencia moral y material” en lo que producía éste; de Adán Adolfo Escobar dice la demanda que “quedó inválido de por vida de un brazo, lo cual lo afecta moral y materialmente de Jesús María Calderón se aduce que “como consecuencia del accidente quedó invalido de por vida en las extremidades inferiores”, de Guillermo Escobar Moreno que “se vio privado de su única fuente de ingresos, a raíz del accidente, pues el vehículo en que trabajaba fue gravemente averiado y por ello quedó cesante por seis meses”; y de Pablo Julio Escobar que tuvo que pagar $ 2.000.000 “por concepto de arreglo del Trans Unidos”, y perdió $ 1.000.000 “por concepto de ingresos al suspender actividades el bus”.

5. Por su parte, en las condenas impuestas por el Tribunal para resolver sobre la demanda de indemnización de perjuicios, lo que obra de distinto es que el sentenciador entró a clasificar jurídicamente los perjuicios ( daño emergente, lucro cesante), a situarlos en el orden temporal (pasado, presente, futuro) y a fijar parámetros económicos para determinar el monto de algunas condenas, todo según lo demostrado en juicio y dentro de las consideraciones, fácticas propuestas de modo general en la demanda, lo que no representa la inconsonancia denunciada. En efecto, como lo ha dicho la jurisprudencia de la Corte, no se presenta vicio de actividad en las decisiones del sentenciador, cuando ellas obedecen a peticiones implícitas de la demanda por constituir un complemento obligado y necesario del pronunciamiento solicitado expresamente, que es lo ocurrido en el presente caso al haberse solicitado por los actores la indemnización de “todos los daños y perjuicios”, concepto dentro del cual está involucrado legalmente el del daño emergente y lucro cesante, variantes estas que doctrina y jurisprudencia recomiendan examinar, cuando sea del caso, en las modalidades de perjuicio pasado y futuro.

El cargo Segundo no prospera

Cargo Tercero

1. Acúsase la sentencia de inconsonancia, por mínima petita, al no haberse extendido, aún de oficio y en favor de EXPRESO TREJOS LTDA., los efectos de la cosa juzgada respecto del límite máximo de la indemnización establecido en el proceso penal que se siguió contra el conductor del bus afiliado a Expreso Trejos.

2. En la fundamentación del cargo se aduce que en ese proceso penal fueron aceptados, como parte civil, varios de los aquí demandantes, y se condenó al sindicado a pagar perjuicios morales en el equivalente a 100 gramos oro, y los materiales en la suma de $ 3.691.764, según fallo penal que se encuentra ejecutoriado; alega el recurrente que dicha condena produce efectos de cosa juzgada penal para señalar el límite máximo de la indemnización que corresponde a quienes allí fueron parte civil, el cual debe extenderse a la condena civil imponible a EXPRESO TREJOS LTDA. en el presente proceso, como obligada solidaria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 332 incisos 1º y 2º Código Civil, 17 y 50 Código de Procedimiento Penal (D. 50/87); 2341, 2342, 2343 inciso 1º, 2344 Código Civil, 103, 104, 105 C.P., 38 Código de Procedimiento Penal; 1568 inciso 2º, 1569, 1579, 1572 y 1577 Código Civil, que en conjunto regulan la cosa juzgada. Se funda en lo siguiente:

2.1. Entre el condenado penalmente y Expreso Trejos Ltda. existe responsabilidad civil solidaria pasiva para la indemnización de perjuicios derivados del accidente de tránsito; dicha obligación es una sola por lo que su monto es y debe ser el mismo para todos los codeudores, e implica, a su vez, que las defensas que ejerza cualquiera de ellos la extingue. Por consiguiente, como en el proceso penal se condenó a uno de los codeudores solidarios a pagar una determinada suma, esa misma indemnización es la que seguirán debiendo los demás deudores, quienes no pueden ser condenados a pagar una suma mayor por el mismo concepto, y se extinguirá cuando se solucione o extinga por uno, varios o todos ellos; de lo contrario, afirma el censor, se llegaría al absurdo de que aunque el chofer pague la condena indemnizatoria que le fue impuesta, subsistiría una obligación solidaria diferente a cargo de los otros obligados, desvirtuándose el régimen de esa clase de obligaciones.

2.2. Entre los procesos penal y civil existe identidad jurídica de partes, que no discute el ad quem, porque los mismos que se constituyeron parte civil y no impugnaron el monto de la indemnización fijado en el proceso penal son también demandantes aquí, al menos seis de ellos; y por razón de la responsabilidad solidaria comentada. Sobre el punto, el recurrente cita a varios autores en orden a demostrar la “conformidad doctrinal acerca de la solidaridad”, que avalan la fuerza legal de la excepción de cosa juzgada en el caso presente, la cual puede ser reconocida de aún de oficio.

3. Con apoyo en lo anterior, el impugnante solicita que se case parcialmente la sentencia en cuanto condenó a Expreso Trejos Limitada a pagar una indemnización superior a la que fue impuesta al incriminado en el proceso penal, y a cambio de ello pide se le condene a pagar una indemnización igual a la que ya le fue impuesta al conductor del bus.

Se considera

1. La causal segunda de casación que consagra el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil se halla erigida para enmendar el vicio de procedimiento que surge como consecuencia de que el juzgador en ejercicio de sus atribuciones no se haya ajustado, por exceso o por defecto, a los límites que le traza el cuadro de instancia que se configura por la demanda y las excepciones propuestas por el demandado; o que se da también cuando el fallo impugnado no está en armonía con las excepciones que el Juez ha debido reconocer de oficio. Por consiguiente, si el fallador guarda silencio sobre las excepciones incurre en un vicio de actividad que se plasma en haber omitido ejercer de manera plena la función jurisdiccional dentro de la órbita que le corresponde, y cuya secuela inmediata es el pronunciamiento de una sentencia diminuta o mínima petita.

2. Ahora bien, en principio, para establecer si esa incongruencia por omisión efectivamente se ha dado, debe buscarse el error en la parte resolutiva del fallo acusado; empero, por el hecho de que en esta no se haga un pronunciamiento expreso sobre las excepciones, no quiere decir que la inconsonancia se presenta, siempre que, mirada la sentencia en su integridad, no exista duda de que hubo definición sobre ellas.

3. En la materia ha dicho esta Corporación, lo siguiente:

“...Aunque el artículo 304 del Código de Procedimiento Civil, impera que en la parte resolutiva de la sentencia, entre otras cosas, <deberá contener decisión expresa y clara sobre cada una de las pretensiones de la demanda y de las excepciones>, el quebranto de este deber por el juez no constituye, per se, causa de incongruencia, pues lo que podría configurar la disonancia por mínima petita, no sería el hecho de que una determinada decisión no fuera incluida en la parte resolutiva del fallo, sino la circunstancia de que efectivamente la sentencia hubiera dejado de resolver un extremo de la controversia...” (G.J. CXLVUI, pág. 76).

4. Traído lo anterior a la especie de este proceso, observa la Sala que si bien es cierto que en la parte resolutiva del fallo impugnado nada se dijo sobre la excepción de cosa juzgada penal que fue propuesta por la demandada, no lo es menos que en la parte de las consideraciones el Tribunal se refirió expresamente a ese medio de defensa, explicando las razones por las cuales concluye que no tiene cabida en relación con Expreso Trejos Ltda.; en consecuencia, por el hecho de guardar silencio la sentencia en su parte dispositiva sobre la improsperidad excepción propuesta, no se puede colegir que el fallador omitió proveer sobre ese extremo de la litis, máxime que aquí decidió confirmar la sentencia condenatoria del a quo, después de descartarla en la parte motiva. En efecto, el Tribunal dejó sentado que “Expreso Trejos no fue parte en el proceso penal y por ello no puede alegar cosa juzgada en cuanto toca con la responsabilidad civil extracontractual en este caso...” (fl. 64 vto., cdno. 6), por donde resulta que no es cierto, como lo afirma la censura, que no hubiese discutido la identidad jurídica de las partes en los procesos penal y civil. Además viene bien recordar que la inconformidad y motivo de apelación de la aquí recurrente contra la sentencia de primera instancia, se dio exclusivamente en relación con el monto de los perjuicios.

5. De otra parte, bien se ve que los fundamentos de la acusación no se han dirigido tanto a resaltar la supuesta omisión que le imputa al fallador, como a ofrecer los argumentos de orden jurídico o fáctico que, en el sentir del impugnante, permiten la aplicación de la cosa juzgada penal en este litigio civil, opuestos a los que despliega el Tribunal; esta contraposición en cuanto atañe con el juicio o raciocinio del sentenciador, sobre dicho punto, no cabe proponerla en el ámbito de la causal segunda de casación.

En consecuencia, el cargo tercero no prospera

Cargo Primero

1. En él se denuncia la violación indirecta de los artículos 2341, 2342, 2343 inciso 1º y 2344 del Código Civil; 103, 104 y 105 del Código Penal vigente con el Decreto 100 de 1980, 8º de la Ley 153 de 1887 y 37-8 del Código de Procedimiento Civil; 1613, inciso 1º, 1614, 1615, 1616 inciso 1º, 1617 y 1649 inciso 2º; 1568 inciso 2º, 1569 y 1571; 2535 y 2536 inciso 1º del Código Civil, y 108 del Código Penal; como consecuencia de errores evidentes de hecho en la apreciación de la demanda que llevaron al sentenciador a suponer que estaba cumplido el presupuesto procesal de demanda en forma; incurriendo en violación medio, por falta de aplicación, de los artículos 4º, 5º, 6º, 37-8, 75-5-6, 85-1, 97-7, 99-4-5, 304, 305 inciso 1º y 333-4 del Código de Procedimiento Civil; 4º, 5º y 8º de la Ley 153 de 1887.

2. Señala el impugnante que el Tribunal dejó de ver que la demanda introductora del procesó carece de aptitud formal, no obstante las deficiencias siguientes que ostenta el libelo:

a) Por la indeterminación de las pretensiones frente a todos los demandantes, pues en la demanda se pide de manera indeterminada que condene a pagar “las siguientes sumas o las que se establezcan en el proceso”; no se determinan la procedencia ni los rubros de los perjuicios materiales y morales, ni la rata por concepto de intereses; el pago se reclama “en forma solidaria a los demandados”, lo que mirado en conjunto corrobora la ineptitud formal de libelo; en fin, no se sabe de dónde aparece la mezcla de los montos descritos en las condenas solicitadas. Otro tanto sucede con las pretensiones de dos grupos de demandantes que el recurrente singulariza para señalar que de la demanda no se desprende qué pretende cada uno de ellos y por cuáles conceptos.,

b) Por la indeterminación de los hechos, dado que en la causa petendi sólo se relata el accidente, la muerte y las lesiones sufridas por unas personas, y la cesación de labores de otra; pero no se determinan ni clasifican los hechos relativos a los perjuicios sufridos por los demandantes.

3. Por último, afirma el censor que por cuanto el Tribunal supuso que estaba cumplido el presupuesto procesal demanda en forma, dictó equivocadamente sentencia de fondo, en lugar de inhibitoria.

Se considera:

1. El artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, cuya vigencia temporal se ha venido prorrogando, consagra distintas reglas atinentes al recurso de casación; entre ellas se destaca en lo pertinente a la presente impugnación, su encabezamiento y la regla cuarta, que son del siguiente tenor:

Primer inciso. “Sin perjuicio de lo dispuesto en los respectivos códigos de procedimiento acerca de los requisitos formales que deben reunir las demandas de casación, citando mediante ellas se invoque la infracción de normas de derecho sustancial, se observarán las siguientes reglas:

Regla Cuarta. “... 4a. No son admisibles cargos que por su contenido sean entre sí incompatibles. Si se presentan y adolecen de tal defecto, la Corte tomará en consideración los que, atendidos los fines propios del recurso de casación por violación de la ley, a su juicio guarden adecuada relación con la sentencia impugnada, con los fundamentos que le sirven de base, con la índole de la controversia específica mediante dicha providencia resuelta, con la posición procesal por el recurrente adoptada en instancia y, en general, con cualquier otra circunstancia comprobada que para el propósito indicado resultare relevante”.

2. En la especie de este recurso de casación, fácilmente se advierte que el recurrente con la proposición del primer cargo propugna y busca que la Corte, ante la prosperidad del mismo, dicte en sede de instancia un fallo inhibitorio por motivo de faltar el presupuesto procesal de “demanda en forma”; mientras que en los cargos cuarto a sexto, por el contrario, propende porque el fallo sustituto se pronuncie sobre el fondo del litigio, aunque con las distintas modificaciones a las condenas que cada uno de ellos propone.

3. De este parangón inmediatamente brota que con el primer cargo, formulado con apoyo en la causal primera de casación, el recurrente reclama defectos formales del libelo que en su sentir deben conducir a un fallo inhibitorio, y con el otro grupo de cargos antes mencionado, los cuales también vienen respaldados en esa misma causal, busca la definición del asunto debatido pero ya en pos de obtener condenas más favorables a sus intereses, lo cual evidentemente refleja que el cargo inicial frente a ellos se resiente del defecto técnico de incompatibilidad de que trata la regla 4a del artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, cuya aplicación le permite a la Corte entrar a considerar los últimos en vez de aquél.

4. En efecto, la impugnación concebida en el primer cargo no sólo es abiertamente antagónica con la que se despliega en los cargos que tocan con la cuestión de fondo debatida en el proceso, sino que además y atendidos los fines propios del recurso de casación no guarda una adecuada relación con la posición procesal asumida por la parte recurrente en las instancias, con arreglo a la cual abogó siempre por una decisión desestimatoria de las pretensiones y sin que haya interpuesto en su momento las defensas conducentes para reclamar respecto de la constitución irregular del proceso, derivada de una defectuosa estructuración formal de la demanda.

5. Dicha actitud, además de ser inconsecuente con la conducta procesal asumida por la impugnante dentro del proceso, evidentemente atenta contra los principios de la buena fe y lealtad con que las partes deben proceder —Código de Procedimiento Civil, artículo 71-1, cuya aplicación exige de éstas un comportamiento sincero y, por sobre todo, exento de actuaciones destinadas a sorprender a la contra parte con argumentos de última hora y que denotan también, sin duda alguna, deslealtad frente al juez de instancia cuya decisión se impugna, quien en su momento obró, de acuerdo con lo que le mostró la actuación procesal y desde una perspectiva distinta de la que finalmente proyecta el censor.

6. En situaciones semejantes a la de ahora la Corporación ha sentado el mismo criterio, según puede verse en las sentencias 122 del 26 de agosto de 1993 y 128 de 6 de octubre de 1995. En ésta se dijo lo siguiente:

“En efecto, ab initio advierte la Sala la notoria incompatibilidad que existe entre el primer cargo y los cargos segundo y tercero, pues mientras aquel persigue la inhibición, los dos restantes aspiran a que casada la sentencia de segundo grado se profiera sentencia de mérito, razón por la cual no puede la Corte entrar a abordar el estudio de fondo de los tres cargos mencionados por la deficiencia técnica a la que se ha hecho alusión. Por consiguiente, siguiendo las consideraciones arriba anotadas la Corte centrará el estudio posterior a los cargos segundo y tercero, por cuanto son ellos los que más se acomodan a la conducta procesal de la parte recurrente en la instancia, esto es, al logro de una sentencia de mérito”.

7. No sobra añadir que el recurrente, queriéndose anticipar a las consecuencias de la anotada deficiencia técnica, invocó previamente a la proposición de todos los cargos, pero muy especialmente en relación con los dos primeros, la inaplicación del artículo 51 Decreto 2651 de 1991; aduce y sugiere el reconocimiento de la excepción de inconstitucionalidad; empero, su advertencia y solicitud no son de recibo por cuanto la Corte Constitucional la declaró ajustada en su totalidad a la Constitución Política, por medio de la Sentencia C-586 del 12 de noviembre de 1992, la cual produce los efectos de cosa juzgada material; ello, per se, excluye la aplicación de la referida excepción.

8. Síguese de todo lo anterior que la Corte se abstendrá de decidir sobre el cargo primero, dado que, por lo explicado, deviene inadmisible.

Cargo Cuarto

1. Aquí se tilda la sentencia impugnada de violar directamente, por errónea interpretación, los artículos 332 incisos 1º y 2º del Código de Procedimiento Civil; 17 del Código de Procedimiento Penal vigente con el Decreto 50 de 1987; 1568 inciso 2º, 1569, 1570, 1572 y 1577 del Código Civil; y por indebida aplicación, los artículos 2341, 2342, 2343 inciso 1º, 2344, 1613 inciso 1º, 1614, 1615, 1616 inciso 1º y 1617; 1649 inciso 2º, 2535 y 2536 inciso 1º, del Código Civil; 103, 104, 105 y 108 del Código Penal, 38, 50 y 56 del Código de Procedimiento Penal vigente con el Decreto 50 de 1987; 8º de la Ley 153 de 1887 y 37-8 del Código de Procedimiento Civil; por haber coartado el alcance legal de la cosa juzgada penal en perjuicio de la recurrente, en punto de la indemnización de perjuicios y en relación con los varios de los aquí demandantes que se constituyeron en parte civil dentro del proceso penal que se adelantó contra el conductor del vehículo.

2. Manifiesta el impugnante que el juzgador interpretando erróneamente los preceptos sobre el requisito de la identidad jurídica de las partes y los efectos de la cosa juzgada penal, no reconoció éstos a fin de establecer el límite cuantitativo máximo de los perjuicios indemnizables en favor de los codemandantes que allí se constituyeron en parte civil; recuerda que la sentencia se basa en que Expreso Trejos no fue parte en el proceso penal y a ese respecto en ella se afirma que es “Cierto que el chofer fue condenado a una pena menor, suma que no ha pagado en parte alguna, y si hubiera sido demandado en el proceso civil sí podría alegar cosa juzgada, pero no así Expreso Trejos, si, como, se repite, no fue parte en el proceso penal”.

3. A partir de lo anterior, la censura repite uno a uno los argumentos que expuso en el cargo anterior respecto de las obligaciones solidarias y sus efectos, en conexión con lo que dispuso el fallo penal en materia de indemnizaciones contra el chofer del bus, como deudor solidario, y la condena impuesta en este proceso civil a la empresa a la cual estaba adscrito el vehículo, siendo ésta también deudora solidaria de la misma indemnización. Solicita, entonces, que se case parcialmente la sentencia, a fin de que la Corte en sede de instancia reforme parcialmente la que profirió el a quo, y condene a Expreso Trejos Ltda. a pagar a los codemandantes Ana Gertrudis Pineda Duque, Raúl Andrés, David José y Luz Karime Londoño Pineda, Adán Adolfo Escobar Sabogal y Jesús María Calderón “un máximo de $ 3'691.764= y 100 gramos oro en favor de todos ellos —no de cada uno—” y se condene “en COSTAS de casación y de ambas instancias a esos codemandantes, en pro de la codemandada EXPRESO TREJOS LTDA., por ser mayor el éxito económico procesal de ésta frente a las exageradas pretensiones de aquéllos”.

Se considera

1. En punto de la responsabilidad civil que el sentenciador le imputa a la sociedad demandada y de la no incidencia del fallo penal en la definición de las indemnizaciones solicitadas en este proceso, el fallo impugnado descansa en tres pilares fundamentales:

a) Expreso Trejos Ltda., es persona jurídica que como tal debe responder directamente por los daños causados por el conductor del vehículo; una y otro responden solidariamente.

b) Como a la sazón del proceso penal instaurado contra el conductor del vehículo, dentro del cual algunos de los aquí demandantes se constituyeron en parte civil, no era posible demandar allí mismo la responsabilidad civil de terceros —en este caso de Expreso Trejos Ltda.—, ésta sólo podía demandarse en proceso civil aparte.

Son palabras del fallador las siguientes:

“Inane resulta, entonces, alegar que como el chofer fue condenado penalmente por determinada suma de dinero no puede demandarse al patrón o empresario responsable en el proceso civil por una suma igual o mayor, desde luego antes de que se regulara en el Código de Procedimiento Penal lo relativo a dicho tercero civilmente responsable, ya que antes el tercero no podía ser parte en el proceso penal, rigiendo ello solamente a partir del Decreto 2700 de 1991, ya que el Decreto 50 de 1987 por este aspecto tuvo corta vigencia... En ese entonces, no se podía demandar en acción civil, dentro del proceso penal, a las empresas de transporte, una de las especies de los terceros civilmente responsables” (fl. 59 vto. cdno. 11).

c) El fallo acusado añade: “...es de observar que las empresas de transporte no fueron parte en el proceso penal, no están obligadas tampoco por tal fallo y por ello no puede haber cosa juzgada al respecto” (fl. 60, cdno. 1); o sea que para el Tribunal no hay identidad de parte determinante del fenómeno de la cosa juzgada, y así lo reitera más adelante al afirmar que “cierto que el chofer fue condenado a una pena menor, suma que no ha pagado en parte alguna, y si hubiera sido demandado en el proceso civil él sí podría alegar cosa juzgada, pero no así Expreso Trejos, si, como se repite, no fue parte en el proceso penal” (fl. 64, cdno. 1). 

2. Por su parte la censura, en esencia, sustenta las infracciones a la ley sustancial con el argumento de que si el conductor del vehículo y la empresa a la cual este estaba afiliado son deudores solidarios, se extienden a la última y en relación con los demandantes que se constituyeron parte civil dentro del proceso penal seguido contra el conductor, los efectos de cosa juzgada derivados del fallo condenatorio fulminado contra éste; en cuanto resolvió sobre las indemnizaciones reclamadas allí por aquellos demandantes y sobre su monto.

3. La infracción directa de la ley que denuncia el impugnante no acontece, pues no son de recibo los argumentos de orden jurídico con base en los cuales pretende sujetar las condenas proferidas contra la sociedad demandada a la cuantía de indemnización que ya fue deducida en el juicio penal que concluyó contra el conductor del vehículo, únicamente por el hecho de ser ambos obligados solidariamente a reparar los perjuicios.

4. En efecto, de tiempo atrás la jurisprudencia de esta corporación viene diciendo que la solidaridad que establece el artículo 2344 del Código Civil, en el sentido de que “Si un delito o culpa ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o culpa...”, se halla establecida en beneficio de la víctima y que, en casos como el presente, configura una vinculación solidaria entre la persona jurídica y el agente autor del daño que los obliga a satisfacer en su totalidad la indemnización reparadora de los perjuicios que por su culpa han causado, sin importar la fuente de responsabilidad de la que derive su particular participación en el hecho dañoso. 

En esa dirección ha dicho la Corte: 

“En efecto, el concurso de varios patrimonios en la reparación de un mismo daño y la obligación de resarcimiento completo que aun obedeciendo a causas eficientes personales y distintas (G.J. CLXXX, pág. 280 ss.), gravita sobre cada uno de los titulares de dichos patrimonios en los términos en que lo dispone la norma que acaba de citarse, no es otra cosa que el producto de una imposición legal, establecida en interés del acreedor damnificado, en cuya operancia aquello que en realidad juega papel preponderante, no es el proceso mismo generador del daño, sino su resultado (G.J., t. CLII, pág. 123) y la necesidad jurídica de tutelar el derecho a la correspondiente indemnización...” (Sent. abr. 15/97). 

5. Lo dicho anteriormente significa que la solidaridad legal que consagra el artículo 2344 del Código Civil y por la cual se ata a varias personas cuando todas ellas concurren a la realización del daño, sin importar la causa eficiente por las que se les vincula como civilmente responsables, solidaridad legal que se presenta ante la concurrencia de varios sujetos que deben responder civilmente frente a la misma víctima por los daños que a ésta le han irrogado, tiene por único objeto garantizarle a ella la reparación íntegra de los perjuicios; es en tal virtud que le otorga la posibilidad de reclamar de todos o de cada uno de ellos el pago de la correspondiente indemnización, y para el efecto cuenta entonces con varios patrimonios para hacerla efectiva, de acuerdo con lo que más convenga a sus intereses. 

Vistas las cosas desde esa perspectiva hay que entender que la acción que finalmente instaura la víctima en orden a recabar la indemnización respecto de apenas uno de los responsables, constituye una actuación independiente, que, justamente por ser así, en tesis general, no da lugar a que se comunique la respectiva definición judicial en relación con los demás sujetos que son civilmente responsables que no han sido demandados o que lo son en otro proceso; salvo, claro está, en lo que sea para evitar que haya un doble o múltiple pago de la indemnización. 

Justamente por tener la víctima el derecho de reclamar la indemnización total de cada uno de los obligados solidarios, o de todos a la vez cuando ello sea posible; y porque no siempre ha sido viable involucrar a todos ellos en la acción civil que el perjudicado instaura dentro del mismo proceso penal en el que apenas uno de ellos es sujeto pasivo o sindicado; no se puede predicar que el influjo de la decisión de los jueces penales alcanza para disminuir ese derecho y hasta el punto de que la víctima se vea privada de poder hacer efectiva la reparación de perjuicios in integrum frente a otros de los sujetos que son responsables desde el punto de vista civil, pues en guarda del principio por el cual todo daño debe ser resarcido se debe acudir a tomar lo decisivo que en el pronunciamiento penal tenga carácter definitivo, irrecusable o irreversible, y al propio tiempo le deje a la jurisdicción civil la suficiente libertad para el ejercicio de la potestad que le es propia en orden a definir todos los aspectos atinentes al resarcimiento del daño que aquella providencia no tenía por necesidad que involucrar; desde luego sin que a los perjudicados con el hecho ilícito les sea permitido adoptar posiciones contrarias o incompatibles con aquellas que plantearon o asumieron ante la jurisdicción penal, ello por aplicación del principio venire contra factum proprium.

6. En esas circunstancias, entonces, mientras a la víctima no se le haya reparado íntegramente el daño que le ha sido irrogado, puede reclamar de cada obligado solidario la indemnización plena; obvio que lo que cada uno efectivamente paga por razón de la condena que se les imponga puede y debe ser deducido de una condena mayor que eventualmente pudiera llegar a darse, con el fin de evitar que el damnificado reciba un doble pago por el mismo concepto y, por ende, impedir que la indemnización se torne en fuente de enriquecimiento indebido. 

De acuerdo con lo anterior, no se puede aceptar la tesis del recurrente relativa a que el influjo del fallo penal, donde se decide sobre la indemnización únicamente en relación con el sindicado, determina para la víctima un límite cuantitativo respecto de las condenas que bien puede impetrar frente a obligados distintos de aquél.

7. Sirve para reafirmar la proposición de que no hay influjo de la cosa juzgada penal en punto del reclamo que después en proceso civil haga la víctima frente a terceros, por razón de estar obligados solidariamente al pago de la indemnización, el hecho de que el antiguo Código Judicial (art. 474, inc. tercero), hubiera consagrado el alcance de la cosa juzgada frente a todos los obligados solidarios, así se hubiera demandado a uno solo; y que, en cambio, el nuevo ordenamiento procesal civil que rige desde 1971 no haya consagrado esa extensión; modificación que se explica claramente porque hoy quedan vinculados a las resultas de un proceso únicamente quienes han sido notificados o emplazados, sus sucesores y los intervinientes por coadyuvancia o por causa de litisconsorcio.

8. Síguese de todo lo anterior que el cargo cuarto no puede prosperar.

Cargo Quinto

1. Se acusa la sentencia de haber violado indirectamente, por indebida aplicación, los artículos 2341, 2342, 2343 inciso 1º y 2344, 1613 inciso 1º, 1614, 1615, 1616 inciso 1º, 1617 y 1649 inciso 2º; 1568 inciso 2º, 1569,1571; 2535 y 2536 inciso 1º del Código Civil; 103, 104, 105 y 108 del Código Penal, 38, 50 y 56 del Código de Procedimiento Penal vigente con el Decreto 50 de 1987; 8º de la Ley 153 de 1887 y 37-8 del Código de Procedimiento Civil; como consecuencia de errores manifiestos de hecho en la apreciación de las pruebas sobre perjuicio indemnizable —lucro cesante— a favor de Ana Gertrudis Pineda, Raúl Andrés, David José y Luz Karime Londoño Pineda, y particularmente en la apreciación del interrogatorio de parte de la primera.

2. Asevera el censor que el fallador para determinar el lucro cesante equivocadamente se basa en la rentabilidad de un bien de propiedad de Ana Gertrudis Pineda Duque, el cual meramente administraba el causante José Rogelio Londoño García; bien que, además, no sufrió ningún daño con el accidente de tránsito.

3. Concretando los errores de hecho, señala el censor que el Tribunal:

a. Omitió “todas las pruebas” que a raíz del accidente ocurrido el 24 de octubre de 1987 en que murió el nombrado causante, indican que se originaron únicamente estos perjuicios a los demandantes referidos, por culpa exclusiva del conductor del bus afiliado a expreso Trejos Ltda., consistentes en la cesación de ingresos personales directos por la muerte de Londoño García y por daños morales.

b. Supuso que con la muerte de Londoño García quedó dañada la finca cafetera de propiedad de su esposa y que aquél administraba, hasta tal punto que reconoce indemnización plena por la rentabilidad de esa finca; que por la referida muerte ésta dejó de producir, que los ingresos de Londoño García consistían en el total de producción de la finca, cuando apenas era un administrador, y apreció erróneamente que él como administrador de una finca agrícola tenía que rendir cuentas a su propietaria.

c. Apreció erróneamente la confesión de la demandante Ana Gertrudis Pineda Duque, quien expresó que con motivo de la muerte de su esposo ella continuó encargada de la finca con la ayuda de un administrador, al igual que las conclusiones del dictamen pericial rendido por Florentino Martínez Bejarano y Eduardo Sandoval Zúñiga, y las declaraciones de los testigos José Vicente Millán, Jorge Acuña, José Leonel Gómez Pineda y José Reynaldo Giraldo, puesto que incurren en los mismos yerros, ya demostrados, por estimar que la rentabilidad de la finca de propiedad de la esposa del causante es indicativa de la capacidad productiva de ese causante.

4. Anota el impugnante que no es necesaria la inclusión de otras pruebas diferentes al interrogatorio de parte de Ana Gertrudis Pineda Duque, en virtud de que su confesión es suficiente para demostrar los denunciados yerros tácticos, máxime cuando el peritazgo que el fallador acogió en el punto se basa exclusivamente en el cálculo de la producción de esa finca.

5. Por último, afirma el recurrente que si el Tribunal no hubiese incurrido en los yerros fácticos censurados, necesariamente habría colegido que la producción de esa finca cafetera no podía tenerse como base de la tasación de los ingresos del causante, ni menos qué suma de dinero aportaba para el sostenimiento de su esposa e hijos.

Se considera

1. El Tribunal, en esencia, sustenta la condena indemnizatoria aquí impugnada en que haya probado que el fallecido José Rogelio Londoño García perdió la vida en el accidente de tránsito y en que a la sazón del suceso “...explotaba una finca con la cual sostenía a su mujer e hijos, y esto es, lo que realmente interesa, no su calidad de propietario que no está en discusión”..., aquello basado en lo que afirman los testigos José Vicente Millán, José Leonel Gómez Pineda y José Reynaldo Giraldo. De otra parte, agrega, el dictamen de los peritos practicado en la segunda instancia debe aceptarse porque los expertos “... no lo hicieron con datos sin fundamento o con meras suposiciones sino documentándose debidamente y acudiendo a entidades importantes como la Cooperativa de Caficultores del Centro del Valle, etc. Ellos tuvieron en cuenta lo producido por la finca, gastos de producción, costos, deducción por gastos personales de la víctima y también piezas procesales entre ellas testimonios...”. A lo anterior, el impugnante opone los argumentos de índole probatoria descritos en el compendio del cargo.

2. Ciertamente que el mismo enfoque que el censor le da a la acusación contenida en el cargo quinto, indica que ella está encauzada de manera cardinal a denunciar distintos yerros de apreciación probatoria, en los que pudo haber incurrido el sentenciador al dar por sentado que los perjuicios materiales sufridos y la consecuente indemnización reclamados por la cónyuge sobreviviente y por los hijos del señor José Rogelio Londoño, Mecido a causa del accidente de tránsito, equivalen a lo que producía la finca de propiedad de la primera y que “mangaba” o explotaba el último, habida consideración de que el sentenciador dedujo que la capacidad económica del jefe de familia Mecido es igual a la producción de la finca.

3. En esa medida se observa que el recurrente propiamente no objeta el hecho de que la familia Londoño Pineda dependiera de la actividad económica que en vida desempeñaba su protector, sino que se aparta de la cuestión fáctica en lo que se relaciona con la cuantificación del perjuicio que, en su sentir, fue erróneamente adoptada por el sentenciador. En verdad, no se ve, al menos de un modo preciso y claro, que el yerro apreciativo delatado recaiga sobre la conclusión del Mador, según la cual, éste parte de que los perjuicios materiales sufridos por tales demandantes tienen por causa la dependencia económica del cónyuge y padre fallecido.

4. Desde esa única perspectiva, es decir la del establecimiento del monto del perjuicio, se advierte al rompe la presencia del yerro de hecho en que incurrió el Tribunal, pues con esa finalidad prohijó a pie juntillas el resultado del dictamen pericial, el cual si bien se halla debidamente fundado para determinar la producción de la finca que manejaba el causante nombrado, de cuya explotación se afirma vivía la familia, no goza de la misma cualidad en orden a fijar cuál era la real capacidad económica personal del nombrado causante, o sea la que por virtud de su trabajo representara para él un ingreso personal destinado a su manutención y a la de las personas qué con el convivían.

Es decir, el error evidente consistió en apreciar que de las pruebas practicadas en el proceso a que alude el recurrente, y particularmente del dictamen pericial, se deducía la capacidad económica que tenía José Rogelio, y, por ende, que era posible fijar a cuánto ascendía la pérdida económica que sufría la familia ante la desaparición física de quien era cabeza de ella; error que resulta trascendente en la medida en que el monto de la indemnización que dispuso el sentenciador se hizo equivaler a la producción de un inmueble que por motivo de la muerte de aquél no deja de producir, y fue con base en ella que dispuso las respectivas condenas.

5. Síguese de lo anterior, que el cargo quinto debe prosperar y la sentencia acusada debe ser casada, a fin de que la Corte en sede de instancia y con el objeto de cuantificar correctamente el monto de los perjuicios, tome las medidas conducentes para ese efecto, a partir de que el punto de la dependencia económica de los demandantes frente a la víctima del accidente queda por fuera de toda discusión, en el bien entendido de que el cargo no da para que se recoja la conclusión sobre que el daño material si se produjo.

El cargo quinto prospera

Cargo Sexto

1. Acúsase en él la sentencia de quebrantar directamente, por falta de aplicación, el artículo 17 de la Ley 153 de 1887; y por indebida aplicación, los artículos. 2341, 2342, 2343 inciso 1º y 2344,1613 inciso 1º, 1614,1615, 1616 inciso 1º y 1617; 1649 inciso 2º; 2535 y 2536 inciso 1º del Código Civil; 103, 104, 105 y 108 del Código Penal; 38, 50 y 56 del Código de Procedimiento Penal vigente con el Decreto 50 de 1987; 8º de la Ley 153 de 1887 y 37-8 del Código de Procedimiento Civil.

2. Señala el recurrente que se concedieron indemnizaciones por lucro cesante y daño emergente futuros, cuando estos rubros no son constitutivos sino de meras expectativas que no tienen amparo legal; afirma que ninguna norma concede indemnización por perjuicios de futuro, sino meramente de pasado y, cuando más, de presente/pasado.

3. Por consiguiente, pide que se case la sentencia acusada y se absuelva a Expreso Trejos Ltda. de todas las condenas indemnizatorias de perjuicios futuros dispuestas en favor de los demandantes que reseña el cargo, y de la condena en costas de las instancias; además solicita que se les condene en costas del recurso de casación.

Se considera

1. Frente a lo que propone el recurrente, precisa decir que cuando una persona por su culpa causa daño a otra, su acción u omisión no solo puede repercutir súbitamente y de presente en la órbita patrimonial de la víctima; el daño puede proyectarse hacia el futuro a condición de que haya motivos suficientes para esperar su ocurrencia; ello obedece a que la obligación actual de reparar el daño a cargo de quien es civilmente responsable debe comprender la indemnización de todos los perjuicios que haya sufrido o pueda sufrir la víctima que provengan de la culpa que se le imputa al demandado, lo cual incluye aquellos que no se presentan de manera inmediata sino después, pero de los que existe la certeza de que sobrevendrán.

2. Otra cosa es que el perjuicio futuro pueda ser cierto, o eventual o incierto: el primero se configura si hay una probabilidad suficiente de su suceso; el segundo, si ésta no se presenta y por lo mismo puede acaecer o no; únicamente aquél puede ser objeto de resarcimiento, toda vez que justamente hay motivos valederos para prever que su llegada posterior va a afectar necesariamente el patrimonio de la víctima; por contera, no puede ser considerado como una mera expectativa.

3. En el punto la Corporación reafirma antigua doctrina, según la cual:

“... El derecho toma en consideración el futuro, las más veces no sobre la base de certidumbre plena, sino de lo que es de esperar conforme al normal curso de los acontecimientos. Dígase un futuro apenas virtual. Ocurre así, y para circunscribirlo al punto exacto que ahora importa, en materia de indemnización de perjuicios que halla venero en la responsabilidad civil extracontractual. La reparación que entonces debe el victimario tiene que ser omnicomprensiva, cubriendo no sólo los daños con existencia efectiva inconcusa, sino los que sin embargo de ser aún inexistentes son seriamente esperables; y sólo desde esta perspectiva es que la doctrina los llama daños ciertos; término éste que, por lo mismo, no ha de tomárselo con el carácter absoluto que de primera intención inspira -como grado superlativo del conocimiento que es y que tal vez ha sido preferido con el ánimo exclusivo de enfrentarlo sin ambages al daño que es puramente eventual o hipotético, y así encarecer su mayor relevancia.

“Lo que autoriza a decir que lo cierto del daño futuro está en que dentro de un devenir sin sobresaltos mayúsculos, se presentará; o, lo que es lo mismo, que, trasladada hacia adelante la causa (hecho ilícito), casi que es seguro que se producirá el efecto que hoy por hoy se está percibiendo (el perjuicio). No necesariamente, porque no es el derecho una ciencia natural; pero si harto probable.

“Sin perder de mira la advertencia hecha acerca de la relatividad del vocablo que suele utilizarse, cuando de reparar perjuicios se trata no es tanto de interés clasificar los perjuicios en presentes y futuros, cuanto en determinar que todos los perjuicios sean ciertos. Para, de ese modo, descartar los hipotéticos, basados en simples conjeturas o suposiciones y que no son atribuibles más que a desarrollo de la imaginación.

“Todos a una convienen en que aquéllos perjuicios futuros, pero ciertos, son objetos de indemnización, dado que la reparación tiene que ser global, lo que no sucederá si sólo es resarcida del detrimento recibido pero no del que a buen seguro recibirá Lo justifica, por otro lado, el sentido común, por lo absurdo que juera rechazar hoy una demanda que quizá mañana tuviera que admitirse; y no empecé la dificultad que ciertamente se ofrece para avaluar el perjuicio futuro, porque <Es preferible apreciarlo en forma aproximada que obligar a la víctima a renovar periódicamente su acción a medida que el daño se vaya realizando> (Arturo Alessandri Rodríguez, Responsabilidad Extracontractual).

“Patentizase así que no por ser un daño futuro es necesariamente incierto; y que cuando, por el contrario, es bien probable que suceda, dista de ser, para decirlo trópicamente, “un castillo de naipes”. No se trata de una “mera expectativa” con el sentido que le atribuye el casacionista, cuando dice que no debe ser indemnizable porque “nadie puede asegurar que mañana o pasado seguirá siendo “(la victima) sujeto vital del derecho”;...Y si bien no hay una norma que exactamente diga que el daño futuro sea reparado, tampoco la hay que lo excluya; y si más bien concurren las potísimas razones que la doctrina y la jurisprudencia suelen traer a colación para aseverar lo contrario. Desde que la ley diga que quien cause a otro un daño debe resarcirlo, en sana hermenéutica ha de entenderse que es todo daño, presente o futuro, con tal de que sea cierto; indemnizar significa, pues, borrar, aunque pecuniariamente, las secuelas del acto nocivo; si se dejara por fuera el daño futuro, necesariamente tendría que admitirse que el desmedro que habrá de experimentar la victima deberá soportarlo ella, aun cuando el autor de ese estado hubiese sido otro” (Cas. Civil, mayo 29/54, LXXVII, 712).

4. En consecuencia, como quiera que el reconocimiento de la indemnización por daños futuros está entonces de acuerdo con el ordenamiento jurídico civil, no se dan las infracciones a las normas sustanciales que reseña el cargo. Por lo tanto, el cargo sexto no alcanza éxito.

Cargo Séptimo

1. Con apoyo en la causal cuarta de casación, se le achaca a la sentencia del Tribunal el haber quebrantado el principio prohibitivo de la reformatio in pejus, en contra de la apelante Expreso Trejos Ltda.

2. Afirma el impugnante que la reformación en perjuicio de la nombrada apelante se presenta en relación con los siguientes demandantes: a) Ana Gertrudis Pineda Duque a favor de quien dispuso una condena total por $ 14'499.779.52, por concepto de lucro cesante pasado y futuro, excediendo la condena del a quo en $ 2´715.579.52; b) Jesús María Calderón, se excedió por los mismos conceptos en $ 3´250.700.52; c) Pablo Julio Escobar Becerra, se excedió en $ 1'841.683 por daño emergente pasado, y en $ 1´246.830 por lucro cesante pasado; y, d) Guillermo Escobar Moreno, en la suma de $ 180.699.99 por concepto de lucro cesante pasado. Advierte el impugnante que no toca las cifras reconocidas por el Tribunal a título de intereses legales, por ser una decisión que lo favorece.

3. Consecuentemente con lo anterior se pide que la Corte case parcialmente la sentencia del ad quem, a fin de que ella en sede de instancia y en favor de cada uno de los mencionados demandantes se confirme la sentencia de primer grado.

Se considera

1. Es preciso notar liminarmente, que habiendo resultado próspero el cargo quinto, en estas consideraciones no se aludirá a la violación del principio de la reformatio in pejus respecto de las condenas impuestas por el Tribunal en favor de Ana Gertrudis Pineda Duque.

2. La competencia que por el aspecto funcional está atribuida al sentenciador de segundo grado no siempre alcanza para permitirle que haga una revisión total del thema decidendum; de allí que para evitar que el juez ad quem se desborde, se halla instituida la causal cuarta de casación del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, destinada a preservar la aplicación del principio prohibitivo de la reformatio in pejus, consagrado en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, el cual se describe así: “La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurvo, el superior resolverá sin limitaciones”.

3. En el punto ha dicho la Corporación que:

“...Es un principio negativo, por cuanto le prohíbe al juez ad quem modificar la providencia apelada en perjuicio del recurrente, cuando la contraparte no ha interpuesto la apelación, ni ha adherido a dicho recurso...”, por ende para que se configure es indispensable la concurrencia de los requisitos siguientes: a) vencimiento de un litigante; b) que solamente una parte apele; c) que el sentenciador ad quem haya empeorado con su decisión al único recurrente, y d) que la reforma no se funde en puntos estrechamente ligados con ella”.

4. En la especie de este proceso varias personas decidieron acumular en una misma demanda sus respectivas pretensiones indemnizatorias contra un número plural de demandados; de éstos sólo Expreso Trejos Ltda. resultó condenada, siendo a su vez la única parte apelante; se conformó por activa, entonces, respecto de la nombrada sociedad, un litisconsorcio voluntario o facultativo, cuya presencia significa que cada uno de los actores debe ser considerado litigante separado en relación con esa demandada, pues igual hubiera podido cada uno por su lado promover un proceso para demandar lo suyo; por lo tanto, “los actos de cada uno de ellos no redundarán en provecho ni en perjuicio de los otros, sin que por ello se afecte la unidad del proceso”, según dispone el artículo 50 del Código de Procedimiento Civil; además son litisconsortes de esa estirpe, dado que la cuestión litigiosa no tendría por qué resolverse de manera uniforme para todos los demandantes.

5. La explicación precedente se ha hecho para señalar que la aplicación del principio prohibitivo que aquí se invoca debe ser examinada confrontando las condenas proferidas en primera instancia con las impuestas por el Tribunal, de modo separado respecto de cada uno de los recurrentes, nombrados en el compendio del cargo; es decir, se mira la suma total de cada condena impuesta a la demandada en favor de cada persona individualmente considerada, a fin de reducirla en cuanto haya superado las que se le impusieron de igual modo en la primera instancia, pues de esa confrontación debe salir si aquella vulnera los derechos de la apelante; ello, claro está, siempre que se reúnan todas las condiciones siguientes, las cuales aquí se cumplen: los demandantes frente a quienes se hace el reclamo en casación son considerados litigantes separados; que Expreso Trejos Ltda. es la parte vencida y la única que interpuso el recurso de apelación; que el Tribunal realmente empeoró la situación de la apelante, vista la cuestión en la condena total individual y no por especificación de conceptos; y que, en fin, frente a la fijación de las sumas por concepto de indemnización de perjuicios no podía el sentenciador ad quem, hacer más gravosa la situación de la sociedad apelante.

6. Ahora bien, que a los demandantes a que alude el cargo séptimo se les introdujo en la sentencia impugnada una variación económica en su favor, perjudicial a la única parte apelante, lo demuestra la siguiente comparación entre los valores de las condenas impuestas en primera y segunda instancias:

1. Demandante Jesús María Calderón:

En primera instancia: $ 4.791.733.50, lucro cesante; $ 1.447.103.40, intereses legales; para una condena total de $ 6.238.836.90

En segunda instancia: $ 6.042.434.02, daño emergente pasado; $ 2.000.000, daño emergente futuro; para una condena total de $ 8.042.434.02

Diferencia en perjuicio de la sociedad apelante, $ 1.803.597.

2. Demandante Pablo Julio Escobar Becerra:

En primera instancia: $ 872.800, daño emergente; $ 254.485.59, intereses legales; $ 598.000, lucro cesante; $ 174.615.99, intereses legales; para una condena total de $ 1.899.901.58.

En segunda instancia: $ 2.714.183, daños materiales; $ 1.844.830, lucro cesante; para una condena total de $ 4.559.013.

Diferencia en perjuicio de la sociedad apelante $ 2.659.111.42

3. Demandante Guillermo Escobar Moreno:

En primera instancia: $ 86.666.66, lucro cesante; $ 25.306.62, intereses legales; para una condena total de $ 111.973.28.

En segunda instancia: $ 267.366.65, lucro cesante; Diferencia en perjuicio de la sociedad apelante, $ 155.393.37

4. De lo anterior resulta que se impone la prosperidad del cargo, dado el perjuicio que en efecto le irrogó la sentencia del Tribunal a la demandada, según las diferencias apuntadas que agravan la situación precedente a la alzada, cuyo reconocimiento aritmético no implica que la Corte deba examinar las razones de orden táctico o jurídico por las cuales el Tribunal llegó a establecer una indemnización superior a la consignada en el fallo del a quo; ni tampoco de los conceptos que se consideraron en las instancias para fijar el valor de las correspondientes condenas; simplemente el exceso en que incurrió el ad quem, el cual refleja que el fallo acusado infringió el principio de la no reformación en perjuicio, se ha de corregir eliminándolo respecto de los demandantes nombrados con exclusión de Ana Gertrudis Pineda Duque, y para hacerlo la Corte en su oportunidad en el fallo de reemplazo se limitará a dejar intacta las decisiones sobre el valor de las indemnizaciones, por concepto de perjuicios materiales, dispuestas en la primera instancia; glosa que toca específicamente con lo que decidió el Tribunal al modificar el punto quinto, literal B, de la parte resolutiva del fallo de primer grado. En todo lo demás, se reproducirán los términos de las resoluciones de la sentencia impugnada que no fueron materia del recurso de casación, o que habiéndolo sido las respectivas acusaciones no resultaron exitosas; incluyendo el reconocimiento de intereses legales que se causan con posterioridad a #la ejecutoria# del fallo judicial y hasta que se efectúe el pago, dado que este punto no fue materia de impugnación.

El cargo prospera

Sentencia sustitutiva

Ante la prosperidad de los cargos quinto y séptimo se casará el fallo acusado. Empero, la Corte, antes de proferir el fallo sustitutivo correspondiente y tal como lo previene el artículo 375 del Código de Procedimiento Civil, dispondrá la práctica de la prueba de oficio que se determinará en la parte resolutiva de esta providencia.

Decisión

I. En mérito de lo anterior, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia 22 de marzo de 1994, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, Valle, en el proceso ordinario adelantado por ANA GERTRUDIS PINEDA DE LONDOÑO, en su propio nombre y como representante legal de sus menores hijos RAÚL ANDRÉS, DAVID JOSÉ Y LUZ KARIME LONDOÑO PINEDA; ADÁN ADOLFO ESCOBAR SABOGAL, menor de edad representado por su progenitora María Concepción Sabogal; JESÚS MARÍA CALDERÓN, GUILLERMO ESCOBAR MORENO Y PABLO JULIO ESCOBAR BECERRA, frente a la sociedad recurrente y los señores MUNIF ALIF GHATTAS BULTAIFF Y MUÑIR ALIF GHATTAS BULTAIFF.

II. Antes de dictar sentencia de segunda instancia la Corte, de oficio, dispone la práctica de la siguiente prueba:

Ordénase que los peritos Florentino Martínez Bejarano y Eduardo Sandoval Zúñiga, complementen su dictamen, en el término de diez (10) días, con el objeto de que determinen si se puede o no fijar, y de qué manera en caso afirmativo, de acuerdo con la actividad personal que desempeñaba el señor José Rogelio Londoño, a cuánto equivalían, para la época de su deceso, los ingresos personales que éste devengaba y con los que podía atender a las necesidades de su familia; y para que desde esa perspectiva avalúen los perjuicios que cada uno de sus dependientes, aquí demandantes, sufren por causa de la muerte del mismo.

Para efectos de la notificación a los peritos y de la práctica de la prueba anteriormente ordenada: hasta su completo perfeccionamiento, se comisiona al señor Juez de primera instancia, a quien se le librará despacho comisorio con los anexos e insertos pertinentes.

III. Condénase en costas del recurso de casación a la recurrente en favor de los demandantes, pero reducidas a un 80%, dada la prosperidad parcial de la impugnación; como son varios los demandantes favorecidos con esta condena, en su oportunidad se harán por separado las liquidaciones (CPC, art. 392-7a).

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Jorge Santos Ballesteros—Nicolás Bechara Simancas—Jorge Antonio Castillo Rugeles—Carlos Esteban Jaramillo Schloss—Pedro Lafont Pianeta—José Fernando Ramírez Gómez—Rafael Romero Sierra.