Sentencia 5028 de mayo 6 de 1998 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA

Magistrado Ponente:

Dr. Rafael Romero Sierra.

Ref.: Expediente 5028

Santafé de Bogotá, D.C., seis de mayo de mil novecientos noventa y ocho.

EXTRACTOS: «Consideraciones

La precisa controversia que aquí se ventila, cual quedó consignado en los antecedentes, gira alrededor de la simulación de un contrato. Significa esto que intrínsecante no encarna litigio alguno acerca de derechos que tengan manantial inmediato en el régimen económico matrimonial, toda vez que la decisión que ella reclama sólo impone el examen tendiente a establecer si el negocio jurídico cuestionado sólo existe en la apariencia.

A la verdad, el litigio suscitado en este caso no alude directamente a los derechos económicos que dimanan del matrimonio, como para que pudiera tener cabida entre los asuntos, que, como del conocimiento de los jueces de familia, menciona el numeral 12 del artículo 5º del Decreto 2272 de 1989. Ahora, que a la larga la decisión a tomar en el pleito incida en la conformación del patrimonio social partible no es factor que impulse a decir que ahí está la razón para que sean los jueces de familia quienes deban asumir el conocimiento de proceso tal. Porque la preceptiva enantes citada, dada la especialidad a que refiere, impide que a la hora de averiguar las facultades atribuidas a dichos jueces se aplique un criterio de derecho estricto, de donde precisamente se desgaja el apotegma de que lo que no esté puntualmente allí asignado, sencillamente no es de su competencia.

Justamente en caso análogo, en el que se cuestionaba que el contrato celebrado por uno de los cónyuges padecía, entre otras cosas, de simulación, esta corporación, en orden a desatar el conflicto suscitado entre jueces de familia y civil, acotó que todo dependía del “alcance que se le dé a la expresión “régimen económico del matrimonio” contenida en el artículo 5º del Decreto 2272 de 1989”, y determinó enseguida que las controversias allí mencionadas como del conocimiento de los jueces de familia debe tener un alcance restringido, pues que “no debe olvidarse que se trata de un norma de excepción que como tal no admite una aplicación analógica o extensiva”. Premisas sobre las cuales edificó el criterio de que los litigios que de esa estirpe están atribuidos a los jueces de familia son aquellos que apuntan rectamente a las instituciones que doctrinalmente conforman el régimen económico del matrimonio “y no por la repercusión que una determinada decisión judicial puede tener en relación con las mismas”, añadiendo que cuando un cónyuge opugna un contrato que el otro ha celebrado antes de la disolución de la sociedad conyugal, “el asunto no debe tildarse como de familia, así la prosperidad de la pretensión repercuta en el haber de la sociedad conyugal”. Y zanjó la discusión determinando que del asunto debía conocer el juez civil (proveído de 15 de septiembre de 1995).

Si, pues, este pleito refiere a la simulación de un contrato, es asunto meramente civil, así y todo se haya entablado entre cónyuges y pueda finalmente tener percusión en el haber social de la sociedad formada por el hecho del matrimonio. De manera que si él fue decidido por los jueces civiles, no hay sitio para hablar de nulidad procesal alguna.

(...).

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