Sentencia 5042 de abril 12 de 2000 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA

PRÁCTICA DE LA PERITACIÓN

INTERVENCIÓN DE AUXILIARES DE LOS PERITOS

EXTRACTOS: «Cabe anotar que el hecho de que en esta diligencia hubiere participado el señor Luis Elder Castellanos, “persona que colaboró con los peritos en la medición de los terrenos y la demarcación de las líneas” (fl. 179, v. cdno. 1), no desdice de la experticia, y particularmente en torno al valor judicial asignado, al punto de edificar un yerro probatorio de la envergadura enrostrada, pues los peritos se encuentran autorizados para “utilizar auxiliares o solicitar por su cuenta el concurso de otros técnicos, bajo su dirección y responsabilidad”, según lo prevé el numeral 2º del artículo 237 del Código de Procedimiento Civil. De ahí la aprobación preliminar del juez de la primera instancia a ese específico respecto (fl. 140 vlto.), circunstancia esta que permite aseverar que no existe el error que predica el censor, menos aún de la magnitud requerida inveteradamente en materia del recurso que ocupa la atención de la Sala, conforme se acotó.

Téngase en cuenta, además, que en parte aLguna del dictamen rendido por los peritos Cardona-Zapata, se hace mención a la participación del señor Castellanos, quien no figura emitiendo concepto aLguno, ni respondiendo los diferentes cuestionamientos que las partes y el juez sometieron a experticia (fls. 170 a 178). Y si bien es cierto en la diligencia practicada el primero de junio de 1990, se hizo constar su intervención, ésta se redujo a colaborar “en la medición de los terrenos y la demarcación”, conforme a “la línea determinada por los peritos como la que divide los predios de demandante y demandado” (se resalta, fl. 179 vlto. cdno. 1), quedando así claro que fueron los auxiliares designados por el juez y no aquél, quienes emitieron el juicio técnico ordenado.

Conviene resaltar, para abundar en razones, que la participación de ayudantes —o colaboradores— en la producción del dictamen pericial, no sólo está permitida por la ley, sino que, en ocasiones, ademas, resulta imperativo para la cabal realización de la pericia. Tanto así, que es del resorte exclusivo de los técnicos designados por el juez para emitir un especializado concepto, acudir a ellos —sin necesidad de autorización judicial—, con el propósito de auxiliarse en las operaciones periciales, en áreas que son de mejor dominio de otros expertos, particularmente si le han de servir de apoyatura o son supuesto indispensable del dictamen solicitado.

Por lo tanto, aunque los peritos deben realizar en forma personal los experimentos e investigaciones que consideren necesarios (CPC, art. 237, num. 2º), “ello no quiere decir que el perito deba realizar personalmente todas las operaciones necesarias a la pericia”, como lo señala el siempre ilustrativo profesor Chiovenda, para quien “a veces esto sería imposible”, toda vez que “¿Quién puede pretender que el científico encargado de una peritación química haga personalmente toda la serie de observaciones y preparaciones que le son necesarias? ¿Que el arquitecto a quien se le encomienda la tasación de una obra realizada, tome personalmente las mil medidas conducentes a la aplicación de los precios unitarios de la tarifa? Es preciso, pues, distinguir el dictamen de las operaciones periciales preparatorios. El dictamen pericial comprende el juicio técnico pronunciado sobre los datos recogidos; y esto no puede hacerse sino por el perito designado. Pero las operaciones preparatorias para recoger esos datos pueden ser de naturaleza variadísima, según el objeto y la clase de la peritación; aLgunas elevadas, otras de inferior rango; unas difíciles, otras fáciles; tales materiales, tales intelectuales. Y no se debe excluir a priori que aLgunas de estas operaciones deban o puedan confiarse por los peritos a sus ayudantes” (2) , con tal que, agrega la Corte, de conformidad con la ley, en el cumplimiento de dichas tareas, esos auxiliares obren bajo la dirección y responsabilidad de los peritos.

(2) Instituciones de derecho procesal civil. Ed. Revista de derecho privado. Madrid. 1940. V. III. Pág. 241. En el mismo sentido Luis Mattirolo, Tratado de derecho judicial civil. Ed. El Buen Saber. 1990. Pág. 800 y Carlos Lessona, Teoría general de la prueba en derecho civil. Reus. Madrid. 1964. T. IV. Pag. 686.

En este orden de ideas, no puede reprocharse a la peritación que los expertos se hubieren apoyado en una persona que, a su juicio, podía colaborarles en la consecución de ciertos datos (medidas, ubicación de mojones, etc.), sin parar mientes en que este medio de prueba, de ordinario, comprende varias fases que, por su sustantividad, no se pueden confundir unas con otras: la preparatoria, que tiene como objeto la consecución de los elementos de juicio necesarios para rendir concepto (rastreo informativo); la de examen y análisis de aquellos, que deben adelantar —ésta sí— directamente los expertos designados por el juez y, finalmente, el dictamen propiamente dicho, esto es, el concepto que, a manera de conclusión o corolario del laborío realizado, refleja el juicio de valor que, desde el punto de vista científico, técnico o artístico, exponen los peritos al juez sobre los hechos que fueron objeto de apreciación desde la perspectiva de su especializado conocimiento. Por consiguiente, si la persona que es llamada por los peritos a prestarles su colaboración, se ocupa de alguna de las funciones que son inherentes a las dos últimas fases mencionadas, no podrá el juez darle mérito a la experticia por irregularidades en la producción del medio de prueba. No ocurre lo mismo, a contrario, si dicha participación se circunscribió a la etapa preparatoria».

(Sentencia de casación, abril 12 de 2000. Expediente 5042. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo).

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