Sentencia 9133 de noviembre 20 de 1998 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Ref.: 50422-23-24-000-960216-01

Consejero Ponente:

Dr. Daniel Manrique Guzmán

Apelación sentencia de abril 23 de 1998 del Tribunal Administrativo de Antioquia en el contencioso de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter fiscal. Impuesto renta 1990.

Actor: Jonás de Jesús Quinchía Agudelo.

Fallo

(...).

Consideraciones de la Sala

De conformidad con los términos del recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada, la Sala debe precisar la procedencia o no de la sanción por inexactitud determinada por la administración y levantada por el a quo.

El artículo 647 del estatuto tributario dispone que:

“Constituye inexactitud sancionable en las declaraciones tributarias, la omisión de ingresos, de impuestos generados por las operaciones gravadas, de bienes o actuaciones susceptibles de gravamen, así como la inclusión, de costos, deducciones, descuentos, exenciones, pasivos, impuestos descontables, retenciones o anticipos, inexistentes, y, en general, la utilización en las declaraciones tributarias, o en los informes suministrados a las oficinas de impuestos, de datos o factores falsos, equivocados, incompletos o desfigurados, de los cuales se derive un menor impuesto o saldo a pagar, o un mayor saldo a favor para el contribuyente o responsable. Igualmente, constituye inexactitud, el hecho de solicitar compensación o devolución, sobre sumas a favor que hubieren sido objeto de compensación o devolución anterior ...

“... No se configura inexactitud, cuando el menor valor a pagar que resulte en las declaraciones tributarias, se derive de errores de apreciación o de diferencias de criterio entre las oficinas de impuestos y el declarante, relativos a la interpretación del derecho aplicable, siempre que los hechos y cifras denunciados sean completos y verdaderos” (subraya la Sala).

Respecto de la norma transcrita la Sala ha precisado que:

Cuando el motivo de la desestimación de determinados derechos o beneficios de orden fiscal, como costos, deducciones, descuentos o pasivos, obedece a la falta de prueba, contable o no, o al incumplimiento de requisitos formales, esto no implica que el respectivo ítem fuera inexistente o falso o que proviniera de operaciones simuladas ni que se hubieran utilizado en la declaración tributaria “datos o factores falsos, equivocados, incompletos o desfigurados”, según la expresión del primer inciso del artículo 647 ib. y por consiguiente, que aunque resulten procedentes el rechazo del aludido ítem y la aplicación de multas por falta de información tributaria o por informalidades contables, cuando así se establezca, no procede inexorablemente la sanción por inexactitud, a menos que para el caso específico se establezca la inexistencia, falsedad o simulación quedando así desvirtuada la presunción de veracidad de la declaración tributaria. En este sentido se ha pronunciado la Sala en forma reiterada, entre otras, en las sentencias de junio 27 de 1996, expedientes 76.52, 7679 y 7680, consejera ponente Consuelo Sarria Olcos; agosto 9 de 1996, expediente 7599, consejero ponente Germán Ayala Mantilla; enero 24 de 1997, expediente 8062, consejero ponente Delio Gómez Leyva; febrero 21 de 1997, expediente 8086, consejera ponente Consuelo Sarria Olcos; marzo 7 de 1997, expediente 8088, consejero ponente Germán Ayala Mantilla; abril 18 de 1997, expediente 8170, consejero ponente Delio Gómez Leyva; junio 5 de 1998, expediente 0046-01.

Si bien en las sentencias del 14 de octubre de 1994, expediente 5756, actor Julio César Posada Gómez; del 8 de marzo de 1996, expediente 7545, Actor José Luis Wiesner González; del 8 de marzo de 1996, expediente 7503, actor Gustavo Adolfo Botero Isaza y del 7 de junio de 1996, expediente 7667, actor Julio Wiesner González, algunas invocadas por la parte recurrente, se mantuvo la sanción por inexactitud sobre el valor de los costos declarados y no aceptados como consecuencia de la falta de comprobación de los mismos por la parte actora y la necesidad de aplicar costos presuntos, tal interpretación no implica que proceda la aplicación de la sanción por inexactitud siempre que la administración exija la prueba específica de los costos y el contribuyente no la presente o establezca, ni que pueda ésta imponer sanción por inexactitud cuando se inadmita por cualquier causa un costo o deducción. Será necesario en cada caso, luego del análisis probatorio, establecer si hay o no verdadera inexistencia de los costos rechazados.

De esta manera precisa la Sala el alcance de la jurisprudencia contenida en los fallos anotados, pues legalmente, para que proceda la sanción por inexactitud, se requiere que se den las circunstancias previstas en forma taxativa por la ley, sin que pueda la administración, por vía de interpretación, extenderla a hechos no previstos en ella, como son los rechazos de costos o deducciones, que siendo reales no son aceptables en las cuantías solicitadas por disposición legal, o por incumplimiento de los requisitos formales o por defecto en su comprobación evento este que se da en el caso de autos.

En cuanto a la estimación de costos o su determinación presuntiva en los términos del artículo 82 del estatuto tributario cabe resaltar que la sustitución oficial del costo real por el estimado o presunto, no altera significativamente los elementos fundamentales de la tesis expuesta, toda vez que la estimación o presunción no demuestra la “inexistencia” material, falsedad o simulación del costo real, de suerte que cuando el inciso final de la citada disposición dice que el procedimiento estimatorio o presuntivo en cuestión opera “sin perjuicio de las sanciones que se impongan por inexactitud de la declaración de renta o por no llevar(se) debidamente los libros de contabilidad”, es de entender que la procedencia de tales sanciones no deriva del solo hecho de la estimación o presuntiva oficial, sino que debe ser consecuencia inmediata del establecimiento claro de la inexistencia material, la falsedad o la simulación del costo real.

Por último, es del caso precisar que la legislación tributaria prevé sanciones diferentes a las aquí cuestionadas para el caso de irregularidades o fallas en materia contable (E.T., arts. 654 y ss.), o en el suministro de información y expedición de facturas (E.T., arts 651 y ss.) y por ello en estos casos no es discrecional para la administración escoger entre estas sanciones y la sanción por inexactitud, decisión que puede resultar desfavorable para el contribuyente dada la diferente cuantía que la ley le asigna a cada una de ellas, sin que ello implique la imposibilidad de imponer simultáneamente las sanciones mencionadas cuando se configuren las causales consagradas para ello en la ley.

De acuerdo con lo anterior, como en el caso que se examina la sanción por inexactitud se fundó en el rechazo de los costos, y éste a su vez en la ausencia de contabilidad registrada y de soportes contables, por las razones expuestas, relativas a la no demostración por parte de la administración de la inexistencia de dichos costos, fue correcta la decisión del a quo al levantar la sanción por inexactitud, que constituyó el único punto materia de controversia planteado en el recurso de apelación.

Por las anteriores razones la Sala procederá a confirmar la sentencia apelada, no estando llamado a prosperar el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta de su Sala de lo Contencioso, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Confírmase la providencia apelada.

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