CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

SECCIÓN CUARTA

Ref.: 50122-23-25-000-951422-01

Consejero Ponente:

Dr. Delio Gómez Leiva

Rad. 8952

Actor: Bedout Editores S.A.

Impuestos nacionales (ventas)

Fallo

Santafé de Bogotá, D.C., once de septiembre de mil novecientos noventa y ocho.

(...).

Consideraciones de la sección

Corresponda a la Sala determinar la legalidad de la actuación administrativa acusada, por medio de la cual, la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales de Medellín, rechazó por extemporánea la solicitud de devolución del saldo a favor originado en la declaración del impuesto a las ventas correspondiente al 6º bimestre del año gravable de 1991, toda vez que para la demandante la solicitud de devolución se presentó dentro del término legal (posición que acogió el ad quo ) mientras que, para la demandada hoy apelante, la solicitud es extemporánea, y por tanto procedía, como en efecto ocurrió, el rechazo definitivo de la solicitud de devolución.

La Sala, en primer lugar puntualiza que el trámite de las solicitudes de devolución de saldos a favor liquidados por los contribuyentes o responsables en sus declaraciones tributarias tiene regulación especial en el libro V título X artículos 850 a 865 del estatuto tributario, en el cual está consagrado el rechazo definitivo de la solicitud de devolución cuanto se hubieren presentado extemporáneamente, y, la “inadmisión” de la misma por incumplimiento de requisitos formales exigidos por las normas tributarias, mediante auto inadmisorio, donde debe ordenarse la entrega de la solicitud y la documentación anexa a la misma, para que el interesado subsane las omisiones observadas por la administración y presente una nueva solicitud con el lleno de las formalidades.

De este modo, no resultan afortunadas las conclusiones del tribunal en lo que hace a la aplicación del artículo 12 del Código Contencioso Administrativo, al sub judice, toda vez que como lo pone de manifiesto la procuradora delegada no existe el “vacío legal” que sugiere aquél, en cuanto al trámite de las solicitudes de devolución, y especialmente, en lo que al rechazo y corrección de las mismas se refiere, razón por la cual la procedencia de la solicitud de devolución discutida debe ser determinada con fundamento en las normas especiales que la regulan por ser éstas según las reglas contenidas en el artículo 1º del Código Contencioso Administrativo de preferente aplicación.

Ahora bien, como ya lo ha precisado la Sala en anteriores oportunidades de acuerdo con el procedimiento establecido en el inciso 2º del artículo 857 del estatuto tributario (antes de ser sustituido por el art. 141 de la L. 223/95) en el trámite de las solicitudes de devolución, verificado el incumplimiento de los requisitos formales pertinentes, la administración debe dictar el respectivo “auto inadmisorio” en un término máximo de quince (15) días.

Subsanadas las razones de la inadmisión y presentada nuevamente la correspondiente solicitud, la administración debe proferir la resolución respectiva, ya sea ordenando la devolución o rechazando la solicitud, pero no está facultada para dictar un segundo auto inadmisorio, porque éste no está previsto en las normas tributarias.

Ahora bien, ordenada la devolución la administración previas las compensaciones a que haya lugar debe devolver los saldos a favor dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de la solicitud de devolución presentada oportunamente y en debida forma, término que puede ser suspendido para adelantar investigación de fondo según los precisos términos del artículo 857 ibídem.

Se colige entonces, que la expedición de autos inadmisorios sucesivos resulta violatoria del procedimiento especial previsto en las normas tributarias, las cuales, se repite, no prevén la posibilidad de proferir sucesivos autos inadmisorios, y de otra parte, no puede pasarse por auto que las normas consagran de manera expresa un término perentorio (dos años a partir del vencimiento del término para declarar) para presentar la solicitud de devolución, el cual ante la expedición irregular de varios autos inadmisorios puede perjudicar al contribuyente, tal y como ocurrió en el presente caso.

En efecto, en el sub judice como lo señala la propia demandada el término para solicitar la devolución vencía el 28 de enero de 1994, pues el vencimiento del término para declarar correspondiente al 6º bimestre del año gravable de 1991 ocurrió el 28 de enero de 1992.

La sociedad presentó la primera solicitud de devolución el día 2 de agosto de 1993 con suficiente anticipación al vencimiento del término (cinco (5) meses y 25 días antes), respecto de la cual la administración profirió el auto inadmisorio 10.454 de agosto 9 de 1993, en el cual señaló como razones de la inadmisión un error en el texto de la garantía y la existencia de algunas deudas por concepto de retención e la fuente por el mes de febrero de 1992 (fl. 79, C.P.).

Subsanadas tales inconsistencias la sociedad presentó nuevamente la solicitud de devolución en septiembre 9 de 1993, pero la administración en lugar de dictar la correspondiente resolución ordenando la devolución, profirió un segundo auto inadmisorio distinguido con el Nº 10.913 de fecha septiembre 26 de 1993, en el cual señaló el incumplimiento de requisitos formales toda vez que dos NIT no correspondían a la razón social informada en la relación de retenedores (fl. 77, C.P.).

La sociedad por tercera vez presentó la solicitud de devolución el día 25 de noviembre de 1993 y en esta oportunidad la administración nuevamente la inadmitió por medio del auto inadmisorio Nº 00051 de enero 6 de 1994, argumentado esta vez con apoyo en auto de verificación, falla de correspondencia entre la cuenta “IVA impuestos descontables” y el valor declarado por el mismo concepto (fl. 14 C.P.).

Por último, el día 15 de febrero de 1994 la sociedad presentó por cuarta vez la solicitud de devolución, y la administración a través de la Resolución 00001 del 29 de marzo de 1994 la rechazó en forma definitiva aduciendo, no haberse presentado la solicitud dentro del término legal (fl. 13, C.P.).

De acuerdo con lo anterior, para la Sala no cabe duda que la administración en el presente caso vulneró las normas que consagran el procedimiento para el rechazo e inadmisión de las solicitudes de devolución, pues es evidente que incurrió en varias irregularidades que terminaron por colocar al contribuyente por fuera del plazo establecido en la ley para la solicitud de devolución, pues no podía proferir más de un auto inadmisorio, y el mismo no podía emitirse sino por el incumplimiento de requisitos formales o por error aritmético en la declaración objeto de la devolución, pero no por razones diferentes y mucho menos de fondo, como es lo relacionado con inconsistencias en los impuestos descontables, aspecto que debía ser cuestionado si existían razones para ello dentro de la investigación previa a la devolución que autorizan las normas respectivas (art. 857-1 del E.T.).

En tales circunstancias, la actuación acusada por medio de la cual se rechazó la solicitud de devolución “porque no se presentó la solicitud dentro del término legal” no se ajusta a derecho, pues los errores de la administración no pueden perjudicar al contribuyente, quien en el presente caso, se repite, presentó la solicitud de devolución con suficiente anticipación, y aquélla pasando por alto las normas que consagran el rechazo y la inadmisión expidió varios autos inadmisorios por razones diferentes a las previstas en la ley, violando de esta manera las normas que consagran tal procedimiento.

Adicionalmente, la Sala observa que contrario a lo que manifiesta la apoderada judicial de la DIAN, es procedente ordenar como lo hizo el tribunal la devolución del saldo a favor en cuestión, pues no debe olvidarse que una vez ordenada la devolución la administración tiene un término de treinta (30) días para devolver los saldos a favor, como en el presente caso, no ordenó la devolución sino que la rechazó ilegalmente como ha quedado expuesto, es lógico que al quedar establecida la ilegalidad de la actuación, la consecuencia obvia no puede ser otra que la de ordenar la devolución para restablecer el derecho vulnerado con tal actuación.

Así las cosas, la sentencia del tribunal en cuanto acogió las súplicas de la demanda debe ser confirmada, pero por la razones que se han dejado expuestas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMARSE la sentencia apelada.

2. RECONÓCESE personería para actuar en nombre de la entidad demandada a la doctora Amparo Merizalde de Martínez, de conformidad con el poder que obra al folio 140 del cuaderno principal.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, devuélvase al tribunal de origen y cúmplase.

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